nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Santiago, cuatro de agosto de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que comparece don Roberto López Pinilla, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, abogado, Jueza del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, e interpone recurso de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la negativa de la recurrida a pagarle el incremento por desempeño institucional y colectivo, regulado en el artículo 4° de la Ley 19.531. Estimando que la norma vulnera las garantías del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política, solicita se acoja el recurso y se ordene el pago de los incrementos omitidos en su liquidación del mes de marzo de 2020, disponiendo además que deben pagarse aquellos que corresponde a los meses de junio, septiembre y diciembre del año en curso, con costas.

Señala que durante el año 2019 su representada estuvo más de 6 meses con licencia médica, (siquiátrica y Ley Sanna), debido a una enfermedad grave padecida por su hijo, de actuales 13 años y que le fuera diagnosticada en el año 2011, por encontrarse con Leucemia Linfoblástica aguda.

Expone que si bien la ley señalada contempla sólo como hipótesis de pago del bono aquellas ausencias por más de seis meses que se justifiquen en accidentes del trabajo y permisos pre y post natal, no resulta razonable cuál es el motivo para excluir a aquellas personas que han debido ausentarse también por motivos de salud tanto o más graves que un accidente del trabajo, como el caso de la recurrente, por lo que la norma es arbitraria. Además, el artículo 4° de la ley citada es un precepto inconstitucional, al realizar una discriminación arbitraria respecto de los casos en que no se pagará el bono de desempeño institucional.

2°.- Que informando por la Corporación Administrativa del Poder Judicial el abogado César Miguel Deramond Rubio, solicita se rechace con costas la acción impetrada en contra de su representada.

Expone que la recurrida usó durante el año 2019 un total de 208 días de licencia médica por enfermedad común, y entre ellos 75 días de licencia médica por la Ley Sanna, ninguno de los cuales está exceptuado legalmente de considerarse ausencia laboral para efectos de los incrementos referidos.

De consiguiente, la recurrente no tuvo en el año 2019 los seis meses de servicios efectivos que exige el artículo 4° de la ley 19.531, modificada por la 20.224, para devengar los incrementos que reclama.

En consecuencia, excluir a la recurrente del pago de dichos incrementos no constituye un acto ilegal ni arbitrario de parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial sino que, al contrario, obedece al cumplimiento estricto de lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 4° de la ley citada, cuyo claro tenor literal no puede sino acatar y cumplir.

3º.- Que para la procedencia del recurso de protección se requiere, como requisito esencial, que quien lo intente justifique la existencia de un derecho constitucionalmente protegido, siendo indispensable establecer que el derecho que se invoca como vulnerado sea indubitado, esto es, claro en su origen y ejercicio, de modo que su interrupción constituya una perturbación o privación ilegítima que permita a la jurisdicción adoptar las medidas necesarias y urgentes para restablecer el imperio del derecho.

4º.- Que resulta un hecho no discutido por las partes, que la recurrente hizo uso de licencia médica por 208 días por enfermedad común, y entre ellos 75 días de licencia médica por la Ley Sanna, esto es, por más allá de seis meses.

5°.- Que para la resolución del asunto de marras, ha de tenerse presente lo prescrito en el inciso quinto del artículo 4° de la Ley N° 19.531, el que dispone: “No tendrán derecho a percibir los incrementos a que se refieren los literales b) y c) precedentes, los funcionarios que sean calificados en lista condicional o deficiente, ni aquellos que, durante el año anterior al pago del mismo, no hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial, en la Academia Judicial o en la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante a lo menos seis meses, con la sola excepción de los períodos correspondientes a licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la ley Nº 16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo.”

Por su parte, el Acta N° 134-2015 de la Excma. Corte Suprema, en su artículo 9°, señala lo siguiente: “Los funcionarios que se desempeñen en las instituciones contempladas en el artículo 4° de la Ley N° 19.531 durante a lo menos seis meses del año calendario de implementación de metas, serán afectos a metas institucionales y tendrán derecho al bono de desempeño institucional consecuente”.

Cabe tener presente que la Excma. Corte Suprema en su Acta N° 121 de 2019, atendidas las dificultades advertidas en la interpretación de las normas que rigen la obtención del bono de desempeño institucional, aclara en su acápite “B.- En materia de bono de desempeño institucional y colectivo”, en lo pertinente, lo siguiente: “Se considera como efectivamente no trabajado para efectos de incrementos variables las ausencias por: … Licencias médicas de tipo común, enfermedad de hijo menor de un año, de la ley 21.063 (SANNA), otro tipo de licencias médicas no indicadas en el artículo 4° de la Ley 19.531”.

De acuerdo a las disposiciones precedentemente transcritas la decisión de la recurrida no resulta ilegal o arbitraria.

6º.- Que en cuanto a la primera garantía constitucional que se dice vulnerada, esto es la igualdad ante la ley, no es posible determinar que ésta haya sido vulnerada, máxime si en casos iguales, la recurrida ha actuado de la misma manera como ocurre en el caso de marras. Respecto del derecho de propiedad, cabe tener presente que la garantía del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República no contempla una supuesta propiedad del bono reclamado, toda vez que éste, para ser percibido, requiere a lo menos un cumplimiento efectivo de las funciones por seis meses, lo que en el caso en análisis no ha ocurrido.

7º.- Que, en consecuencia, no resulta comprobada la existencia de un derecho indubitado al que dar protección urgente, ni puede atribuirse ilegalidad o arbitrariedad a la conducta de la recurrida, ni es posible estimar vulnerados los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad que se dice violentados, ni de ningún otro que merezca la protección constitucional que se impetra.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por don Roberto López Pinilla, en representación de doña nombre reservado, deducido en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministro señora Solís.

Protección Nº 33.216-2020.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Jéssica González Troncoso, conformada por las Ministros señora María Rosa Kittsteiner Gentile y señora Gloria Solís Romero.