TECNOLOGIA EN PROCESOS MINEROS SPA con SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA

Santiago, ocho de octubre de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a fojas 5, don nombre reservado, en representación de la sociedad “Tecnología en Procesos Mineros SpA.”, interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería “Sernageomin”, por el acto ilegal y arbitrario que vulnera los derechos fundamentales de su representada, al contravenir normas de orden público y carecer de lógica o razón, obedeciendo a un capricho injustificado de su parte, al haber dictado la Resolución Exenta N° 0996 de 23 de mayo de 2014, por medio de la que se dispuso el cierre total e indefinido de la planta de proceso de carbonato de calcio, ubicada en el Barrio Industrial de LlayLlay, Región de Valparaíso, de propiedad de la recurrida, sin tener competencia para hacerlo.

En efecto, señala el recurso que la resolución referida obedece a un accidente del trabajo sufrido por uno de los empleados de la recurrente. Independiente de las fallas de seguridad en que se pueda haber incurrido lo que se reclama en el recurso es que Sernageomin, no es competente para aplicar la sanción por no tener competencia a su respecto. En el evento que se estimare que la actividad es materia de competencia de dicho organismo el procedimiento seguido excede el ámbito administrativo de su competencia.

Señala la recurrente que su actividad es “la enmienda agrícola” que consiste en el aporte de un producto fertilizante o de materiales destinados a mejorar la calidad de los suelos en términos de estructura y composición ajustando sus nutrientes y su ph. La actividad que se realiza consiste en mejorar el empobrecimiento de los suelos que perjudica su capacidad para aceptar, almacenar y reciclar agua, materia orgánica y elementos esenciales mejorando así el aprovechamiento de los fertilizantes, plaguicidas y riegos en los cultivos y en síntesis mejorando la productividad del suelo.

El carbonato de calcio que se procesa por la recurrente no sufre ningún tipo de piro metalúrgico ni hidrometalúrgico, ni de refinación del mineral. Todos estos procesos buscan aumentar la ley del carbonato siendo el proceso que se efectúa uno que no aumenta ni disminuye la ley del carbonato de calcio, por ende, no es un proceso de extracción ni producción minera.

Describen técnicamente lo anterior por estimar que ello es importante para comprender el por qué la resolución recurrida incurre en un grave error de apreciación en cuanto considera a la fábrica de enmienda agrícola como una faena de carácter minero. Así el punto cuarto de la resolución recurrida señala “la actividad que se realiza en la planta (chancado) corresponde a una actividad propia de la industria extractiva minera”. Expresa que seguramente la confusión de la actividad recurrida nace desde que el proceso productivo de enmienda agrícola emplea una máquina chancadora primaria para poder iniciar su proceso, lo que indujo al ente administrativo a suponer que por ese sólo hecho la faena es minera. En este aspecto concluye que bajo ese mismo razonamiento todos los procesos industriales en los que se utilice maquinaria de uso mayoritariamente minero debería ser objeto de fiscalización por parte de Sernageomin quien estima entonces que el proceso en comento también resultaría minero.

Señala luego que las faenas que desarrolla la recurrida no se efectúan en una pertinencia minera de extracción de mineral concebible. Por el contrario la faena se encuentra situada en un barrio industrial, ubicado en un costado de Cristalerías Chile, empresa ésta última que no está sujeta a la fiscalización minera y que al igual que la recurrente también procesa carbonato de calcio en su proceso industrial. Añade a mayor abundamiento que el mineral que procesa, como yacimiento, no les pertenece. Ellos compran dicho material a diferentes proveedores de piedras que desarrollan la actividad de extracción y explotación minera. La recurrente no tiene propiedad minera, ni de carbonato ni de ningún otro material concesible. Mal puede entonces colegirse que como empresa desarrollan actividades mineras de fiscalización del servicio recurrido. Por el contrario, son otros los organismos administrativos los que podrían someter a su control a la recurrente pero de ninguna manera el recurrido.

En cuanto al derecho los recurrentes señalan que se encuentran afectados por una medida que se puede calificar de ilegal y arbitraria; ilegal toda vez que no se encuentra en norma o fundamento legal en que se pueda fundar sino, por el contrario, contraviene normas de orden público. Sería arbitraria, además, porque carece de lógica o razón obedeciendo a un capricho injustificado de los recurridos.

Los recurrentes estiman conculcadas sus garantías constitucionales, en particular, la igualdad ante la ley, su derecho de propiedad, el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas. En cuanto a la primera garantía citada sostiene que el estatuto de la igualdad en este caso, es precisamente que la fiscalización de Sernageomin sea efectuada a las empresas que realizan efectivamente actividades mineras y no a las demás, como es el caso de la recurrente. Así de produce una diferencia de trato cuando se pretende que la recurrente sea sujeto de control y otras empresas como la que es vecina a la planta de la recurrente, no lo sea. Además el actuar del servicio se ajusta a la legalidad por cuanto no fiscaliza a los que no están autorizados a controlar, pero en el caso de la recurrente se infringe dicha igualdad por cuanto se les fiscaliza sin razón. Resulta obvio, en su concepto, que se está frente a una discriminación de carácter arbitrario, el único parámetro que usa el fiscalizador es precisamente el inmiscuirse en atribuciones que no le son propias, haciendo excepción de los demás entes no mineros a los que, por cierto, no fiscaliza. Cita como ejemplo la industria que produce cemento que trabaja con un 77% de carbonato de calcio en su composición y que no es fiscalizada por el servicio recurrido.

En cuanto al derecho de propiedad sostiene la recurrente que el Sernageomin ha transgredido o prevén la posibilidad que se transgreda el goce pacífico y tranquilo de la esencia misma de la propiedad de los recurrentes, toda vez que en su actuar impiden en términos efectivos, desarrollar una actividad en un terreno del cual son dueños y respecto del cual no posee potestad regulatoria alguna.

Por último en cuanto al derecho a desarrollar actividades económicas lícitas se sostiene que al ser sancionados injustificadamente y prohibir el funcionamiento de su planta, se atenta severamente contra la libertad de desarrollar actividades económicas en su calidad de comerciante, pues se les afecta el derecho a realizar una actividad legal, lícita y que no contraviene derecho ajeno. Más adelante se expresa que la resolución de clausura en su punto cuarto menciona como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 5° letra d) del Decreto Supremo N°132, reglamento de seguridad minera, al señalar que la recurrente incurriría en lo preceptuado en dicha norma, la que describe la industria extractiva minera señalando que “designa todas las actividades correspondientes a letra b) proceso de transformación pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos y refinación de sustancias minerales y de sus productos.” El carbonato de calcio que procesa la recurrida para enmienda agrícola, no sufre ningún tipo de proceso pirometalúrgico, hidrometalúrgico ni de refinación de mineral todos los cuales buscan aumentar la ley del carbonato siendo, que el proceso efectuado por la recurrente no aumenta ni disminuye la ley del carbonato de calcio.

En relación con la incompetencia del Sernageomin para conocer de esta materia, se señala que la propia resolución recurrida indica que la materia es de competencia del servicio por cuanto el mineral de carbonato de calcio es un mineral concesible de acuerdo a lo que establece la ley 18.097. La recurrente plantea que la confusión del servicio en su resolución omite que no todos los materiales de concesión minera están bajo la supervisión de dicho servicio. Así el artículo 7° del D.S. N° 132, sobre Reglamento de Seguridad Minera señala que no se considerarán faenas mineras las refinerías de petróleo, las industrias metalúrgicas no extractivas, las fábricas de vidrio, cemento, ladrillo, cerámica o similares como también las que señale expresamente el Código de Minería, vale decir, las arcillas superficiales y las arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la construcción. Tampoco se considerarán faenas mineras las salinas artificiales formadas en las riberas del mar, lagunas o lagos. Luego la fabricación de cemento o similares no son consideradas faenas mineras. Si se estableciera que la empresa recurrente es una faena minera, el servicio debiera fiscalizar la totalidad de las plantas cementeras y de fabricación de enmiendas del país lo que no ha ocurrido.

Agrega que si se estimare que el actuar del servicio se ajusta a su competencia, de todos modos se trataría de una actuación excesiva, arbitraria e injusta. Señala que el decreto que se pretende aplicar se publicó con fecha 14 de junio de 2013 y el inicio del funcionamiento de la planta de la recurrida fue en marzo de 2013, esto es en una fecha anterior a la entrada en vigencia de la normativa que se les está aplicando, por ello no correspondería su aplicación para faenas futuras a la fecha de publicación de esa normativa. Además se les está aplicando la máxima sanción establecida por la ley siendo que es primera vez que la faena es fiscalizada por el servicio, siendo que la normativa señala que el cierre sólo se debe producir en dos situaciones, la primera reincidencia de actos graves y la segunda atendida la naturaleza de la infracción y los perjuicios ocasionados o que se puedan ocasionar, ninguna de las situaciones concurre en la especie.

Concluye solicitando que el recurso sea acogido en razón de los argumentos que ha expuesto y se adopten todas las medidas que se estimen pertinentes para revertir la ilegalidad y arbitrariedad que describe el recurso y, en su virtud, se ordene al servicio recurrido dejar sin efecto la resolución recurrida que procedió al cierre total e indefinido de la planta de de proceso de carbonato de calcio; se decrete, sin más, la apertura de la planta señalada; y, se le condene al pago de las costas procesales y personales que correspondan. Termina señalando que éstas son “meras proposiciones”, por lo que solicita se adopten las medidas que se estimen necesarias para garantizar la tutela de los derechos de los recurrentes.

SEGUNDO: Que mediante resolución de fecha 13 de junio de 2014, que rola a fojas 24, esta Corte declaró admisible la acción de protección intentada y dispuso se pidiera informe a la recurrida. Luego, a fojas 26 consta la negativa de esta Corte a conceder la orden de no innovar solicitada en el libelo del recurso. Más adelante, a fojas 39 consta que fue nuevamente denegada la orden de no innovar pedida, esta vez, en presentación de fojas 34.

TERCERO: Que, a fojas 40, informa la abogada Doris Roa Moraga, que lo hace en representación del Servicio Nacional de Geología y Minería “Sernageomin”, quién solicita desde ya el rechazo de la acción de protección, con expresa condenación en costas.

En cuanto a los antecedentes de hecho, señala que el día 1° de mayo de 2014, ocurrió un accidente grave en la faena “Planta de Proceso Carbonato de Calcio”, ubicada en LlayLlay, provincia de San Felipe Región de Valparaíso. Esta planta consta de una unidad de chancado, que reduce de tamaño las colpas de carbonato de calcio. El circuito de clasificación se realiza mediante un ciclón conectado a un sistema de captación de polvos, con un filtro de mangas incorporado, la descarga del carbonato desde el ciclón se realiza en maxi sacos de 1.000 kilos previo paso por una válvula rotatoria que sella el paso de aire al sistema. El accidente del trabajador señor nombre reservado, ocurrió durante el llenado de los maxi sacos, quien sufrió el aplastamiento y amputación traumática de los dedos índice y medio, a la altura de la segunda falange y el anular primera falange, de su mano derecha, al ser atrapado por las aspas de la válvula rotatoria de descarga del ciclón.

Por medio de un formulario del Ministerio de Salud, el Servicio informante fue avisado del accidente el día 6 de mayo, a raíz de lo cual se realizó una fiscalización para investigar las causas del mismo y verificar el estado de cumplimiento de la normativa sobre seguridad minera en la instalación. En esta fiscalización se constataron los hallazgos que se indican, los que quedaron registrados en el acta de inspección. a).- La empresa no contaba con un proyecto para la planta de tratamiento de minerales y plan de cierre aprobado por el servicio; b).- La empresa no notificó de inmediato al servicio la ocurrencia del accidente; c).- No contaba con procedimientos específicos de trabajo seguro; d).- No acreditó las capacitaciones a los trabajadores sobre métodos y procedimientos de trabajo seguro; e).- No contaba con un inventario de riesgos críticos de tareas, equipos y materiales; f).- No contaba con señalética e instrucciones destinados a restringir y advertir los riesgos al personal; g).- La superficie de trabajo y zona de tránsito presentan una capa gruesa de material fino en gran parte de la instalación; h).- No había protección en las correas de transmisión del ventilador del molino, chancador y elevador de capachos; e, i).- Se observó acumulación de material particulado, en gran parte de la superficie de trabajo evidenciando falta de control de las emisiones del carbonato de calcio.

Por resolución de 23 mayo de 2014, que constituye la resolución recurrida, el Servicio dispuso el cierre total e indefinido de la instalación minera, considerando que la planta operaba sin un proyecto de tratamiento de minerales, de conformidad al artículo 597 del Reglamento de Seguridad Minera. Además, se le aplicó una multa de 90 U.T.M. por las demás infracciones señaladas precedentemente y por no haber avisado de inmediato al Servicio la ocurrencia del accidente, de conformidad a lo que dispone el artículo 625 letra d), del mencionado Reglamento. Con anterioridad a la dictación de esta resolución, la empresa recurrente presentó un avance de las respuestas a las medidas correctivas y requerimientos levantados en el acta de fiscalización. Luego, la empresa recurrió de reposición administrativa, de conformidad a las normas de la ley 19.880, cuya tramitación se encuentra pendiente. Más adelante, con fecha 12 de junio interpuso el recurso de protección de autos. Luego de 8 días, la empresa recurrente presentó un informe de accidente y respuesta a las medidas correctivas levantadas por el Servicio en la ya señalada fiscalización de 7 de mayo.

En cuanto a las consideraciones de derecho señala primeramente y como cuestiones preliminares, la improcedencia del presente recurso, al existir un recurso de reposición administrativo pendiente que persigue los mismos efectos. Así, de acuerdo al artículo 54 de la ley 19.880, si se interpone una reclamación ante la administración, no podrá el mismo reclamante deducir la misma pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras ella no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para estimarla desestimada. En efecto la recurrente dedujo un recurso de reposición ante el Director Nacional del Servicio, el día 30 de mayo de 2014 con exactamente la misma pretensión que formula ante esta Corte, encontrándose aún pendiente el plazo para resolver, que menciona el artículo 59 de la ley ya citada. Por ello mientras no se resuelva esa reposición, la recurrente está impedida de deducir el presente recurso por lo que éste resulta improcedente.

Más adelante agrega que, el presente recurso, es además improcedente en virtud de que en conformidad a lo establecido en el artículo 591, del Reglamento de Seguridad Minera son, expresa y especialmente aplicable a la resolución impugnada, el recurso de reclamación judicial establecido en el artículo 503 del Código del Trabajo. En efecto, el inciso 2° del artículo 591 del Reglamento, establece que las reclamaciones y el cumplimiento de la resolución mediante la cual se apliquen sanciones, se regirá por el procedimiento establecido en el artículo 474 del D.F.L. N° 1 del año 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que corresponde al Código del Trabajo, la referencia al artículo 474 debe entenderse realizadas al artículo 503 de su actual texto. Así, entonces, y tal como lo ha precisado la jurisprudencia, existiendo una vía de reclamación especial o contenciosos administrativos especiales, como en el caso de autos, no procede el recurso de protección de garantías constitucionales. Cita jurisprudencia a este efecto.

Continúa el informe, expresando que el D.L. 3.525 que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, así como el D.S. N° 132 de 2002, que contiene el texto vigente del Reglamento de Seguridad Minera establecen, en síntesis, que por faena minera deberán entenderse las instalaciones y lugares de la industria extractiva minera, considerando las instalaciones, servicios de apoyo e infraestructura necesaria para asegurar su funcionamiento. El artículo 5° del reglamento citado, establece lo que se entiende por industria extractiva minera, señalando que el concepto involucra las actividades mineras de “explotación, extracción y transporte de minerales, estériles, productos y subproductos dentro del área industrial minera” y los “procesos de transformación pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos y refinación de sustancias minerales y subproductos”. Los procesos de chancado, se asocian con actividades de extracción y transporte de minerales y a las actividades que corresponden a los procesos de refinación. Así, el chancado es un proceso intermedio en que las sustancias minerales son transformadas para obtener un producto específico. Luego el artículo 7° del mismo reglamento, establece las excepciones al concepto de faena minera dentro de las cuales no se encuentra la faena realizada por la recurrente, entre las que figuran las faenas que tienen por objeto sustancias que no se consideran concesibles, las refinerías de petróleo, las industrias metalúrgicas no extractivas y las fábricas de vidrio, cemento, ladrillos, cerámicas o similares. Respecto de todas ellas Sernageomin no tiene competencia, en la medida que no se adicionen aditivos en los procesos. Así, en el proceso de chancado de buzolana, necesario para la producción de cemento, Sernageomin sí tiene competencia y fiscaliza esas instalaciones hasta el proceso de chancado. En otras palabras, la producción de cemento no es de competencia de Sernageomin, pero sí lo es el proceso destinado a disminuir la granulometría de la buzolana, que consiste en el proceso de refinación de dicha sustancia concesible.

En cuanto al argumento que señala el recurso, en el sentido que la actividad de Sernageomin excede el ámbito administrativo de su competencia, dado que su actividad sería de “enmienda agrícola” y que el producto del proceso sería un fertilizante destinado a mejorar la calidad de los suelos, el informante precisa, en primer término, que el destino final del producto no es relevante ni determinante para definir si un proceso es o no minero. Así por ejemplo, el salitre o los nitratos son sustancias mineras no metálicas tal como el carbonato de calcio y son también utilizados como abono entre otros usos, pero su beneficio es minero. El argumento de que la planta no estaría asociada a una pertenencia minera para que su actividad fuera minera, no resulta efectivo puesto que la propiedad minera es necesaria solamente para amparar la extracción de material que se realiza en la instalación mina. Para procesar el mineral no se requiere concesión minera alguna. Además, el hecho de que el material que emplea la planta del recurrente, provenga de una o más pertenencias mineras, como lo reconoce, es relevante para considerar que se trata de una sustancia mineral concesible no metálica, que continúa en un proceso productivo minero muy simple (el chancado) pero que no por eso deja de ser minero. En consecuencia, el proceso de la recurrente es una actividad de aquellas señaladas en el artículo 5° del reglamento, que le da contenido a lo que se debe entender por industria extractiva minera.

En relación con las garantías que estima le habrían sido conculcadas, la recurrente señala la igualdad ante la ley, toda vez que el servicio fiscaliza empresas que no realizan actividades mineras, pero sin embargo contrario a lo que señala la recurrente, las actividades que realiza son mineras y por tanto están dentro del ámbito de competencia del servicio y se le aplican las mismas normas que a cualquier faena minera. Luego señala el derecho de propiedad, sosteniendo que Sernageomin habría transgredido el goce pacífico y tranquilo de la esencia del derecho de propiedad, al no poseer potestad regulatoria alguna sobre ella. Sin embargo, la actividad minera es una actividad regulada, la extracción minera es ilegal sino cuenta con una concesión minera y su titular es libre para explotarla. El titular de una planta de esta naturaleza, no está exento de cumplir con la normativa de la seguridad minera, dado que el reglamento respectivo lo hace extensivo a estas instalaciones. El objetivo de los reglamentos de policía y seguridad minera, es proteger la vida y la integridad de las personas que se desempeñan en dicha industria o de aquellas que bajo circunstancias específicas y definidas están ligadas a ella, persigue además “proteger las instalaciones e infraestructura que hacen posible las operaciones mineras y por ende, la continuidad de los procesos”. En cuanto a la garantía prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, esta señala la forma en que se adquieren las propiedades y se ejercen sus atributos de usar, gozar y disponer de ella, así como las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, entendiendo ésta cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública, así como la conservación del patrimonio ambiental. Luego, el constituyente previó como límite al derecho de propiedad la salubridad pública, que es el objeto del tantas veces citado Reglamento de Seguridad Minera. En este aspecto, recuerda que la fiscalización de Sernageomin se produjo a propósito de un aviso de accidente derivado por el Ministerio de Salud. En cuanto al derecho a realizar actividades económicas lícitas, es suficiente reiterar lo que se ha dicho precedentemente y entender que el derecho de desarrollar actividades económicas reconoce como limitación “las normas legales que lo regulan”. El Reglamento de Seguridad Minera, es una de esas normas. Cita jurisprudencia sobre este particular.

Por último el servicio recurrido expresa, en relación a que su obrar habría sido ilegal y arbitrario, que el recurrente dice que no todos los materiales están bajo la supervisión del Sernageomin, en relación a ello precisa que no son los “materiales” los que están sujetos a la fiscalización, sino la actividad que se realiza. En cuanto a que el D.S. N° 34 de 2013, no sería aplicable a la faena debido a que fue publicado con posterioridad a la instalación de la misma, señala que el título 15 del referido reglamento, tiene por objeto regular las condiciones de seguridad para la pequeña minería, estableciendo normas compatibles con la naturaleza de esa actividad que se diferencian naturalmente de los estándares de seguridad que maneja la gran minería y parte importante de la mediana minería. Agrega que el cierre de la instalación, sólo se puede producir de acuerdo al artículo 592 del tantas veces citado reglamento, en dos situaciones, señalando el caso de reincidencia grave y atendida la naturaleza de la infracción y los perjuicios ocasionados o que se pudieran ocasionar. En este aspecto, la empresa señaló que ella no es reincidente y que el accidente que ocurrió, si bien es grave, no es accidente con causa de muerte.

Al respecto el funcionamiento de una planta de tratamiento de minerales, sin un proyecto aprobado por el Servicio, es una infracción cuya naturaleza puede motivar el cierre de la instalación minera por cuanto se encuentra operando sin las condiciones mínimas para hacerlo. El artículo 597 del Reglamento dispone que la empresa minera “sólo podrá operar después de obtener la aprobación del servicio”.

Concluye el informe, solicitando a esta Corte rechazar con costas el recurso de protección deducido.

CUARTO: Que, con fecha 2 de julio del año en curso, según consta de resolución de fojas 68, se trajeron estos autos en relación. Luego, se procedió a la vista de la causa, escuchándose las intervenciones orales de los apoderados de ambas partes.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 del texto constitucional, dentro de las cuales se encuentran las alegadas por la recurrente.

Además, debe señalarse que el recurso de cautela de derechos constitucionales, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

SÉPTIMO: Que, en la especie, los derechos que reclama la recurrente se encuentran precisamente en discusión, como aparece del examen del proceso y de las presentaciones de las partes, así como de la documentación acompañada, todo según se señaló extensamente en los considerandos expositivos precedentes. Se discute por el recurrente, como ha quedado expuesto, la facultad o competencia de la entidad recurrida para adoptar las medidas que, según se sostiene, afectaron a la recurrente en sus derechos salvaguardados en la Carta Fundamental.

Por lo tanto, cabe concluir que la sede naturalmente llamada a conocer de la materia a que se refieren estos autos, es la justicia ordinaria, pero a través de un procedimiento de lato conocimiento, ya que estando en controversia, elementos, procesos, procedimientos y actividades de la empresa recurrente, así como las facultades y competencias del Servicio recurrido, respecto de todo lo cual, existen posiciones antagónicas como ha quedado demostrado, hace que una discusión jurídica así planteada, no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, precisamente porque el derecho que se ha esgrimido como base de la pretensión no es indubitado, sino que, por el contrario, está discutido por las partes.

OCTAVO: Que, en este aspecto, la Corte coincide con lo expuesto por el Servicio recurrido en su informe, cuando expresa que la legislación contempla un procedimiento judicial especial para impugnar el acto administrativo materia de estos autos. En efecto, el inciso segundo del artículo 591 del Reglamento de Seguridad Minera, contenido en el Decreto Supremo N° 132 del Ministerio de Minería, publicado en el Diario Oficial de 7 de febrero de 2004, establece “Las reclamaciones y el cumplimiento de la Resolución mediante la cual se apliquen sanciones, se regirán por el procedimiento establecido en el artículo 474 del DFL Nº 1, del año 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

La remisión al citado artículo 474, debe entenderse hecha al actual artículo 503 del Código del Trabajo, en virtud de lo que dispone el número 17 del artículo único de la Ley N° 20.087, que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo. Este número establece: “17. Sustituyese el artículo 474, que pasa a ser artículo 503, por el siguiente:

Artículo 503.- Las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe.

En todos los trámites a que dé lugar la aplicación de sanciones, regirá la norma del artículo 4° de este Código.

La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días hábiles contados desde su notificación. Dicha reclamación deberá dirigirse en contra del Jefe de la Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción.

Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del Título I del presente Código, a menos que la cuantía de la multa, al momento de la dictación de la resolución que la impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos Mínimos Mensuales, caso en el cual, se sustanciará de acuerdo a las reglas del procedimiento monitorio, contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código.

En contra de la sentencia que resuelva una reclamación se podrá recurrir conforme a lo establecido en el artículo 502 del presente Código”.

Que como resulta fácil de apreciar, es precisamente este el procedimiento que debió haber utilizado la actora, el que le habría permitido deducir su impugnación en un procedimiento de lato conocimiento, que le habría otorgado la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso, todo lo que no le resulta posible de efectuar en un procedimiento de naturaleza cautelar, como el que se tramita en estos autos.

NOVENO: Que no se aprecia la razón de porqué este conflicto específico podría ser revisado en sede de protección y no otros, que pudieran incidir en controversias similares, cuando de modo uniforme, tanto la doctrina y la jurisprudencia lo han descartado, al señalarse en reiteradas oportunidades que el recurso de protección, no es un sustituto jurisdiccional. En todo caso, nada habría obstado a que una vez resuelto este arbitrio constitucional, se pudiera haber sometido la controversia, a una instancia jurisdiccional como la descrita precedentemente y que pudiera conocer de ella, como en derecho corresponda.

DÉCIMO: Que, que sobre la base de lo razonado puede concluirse, sin necesidad de extenderse mayormente en el análisis de esta cuestión, que en la especie no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, de tal manera que el recurso deducido no está en condiciones de prosperar y deberá rechazarse.

UNDÉCIMO: Que sin perjuicio de estimar que se está frente a derechos que no son indubitados de la actora, lo que no permite acoger la presente acción cautelar, los antecedentes aportados por las partes, debidamente apreciados, hacen concluir, además, a esta Corte que no se encuentra acreditado que el hecho invocado en el recurso constituya un acto arbitrario o ilegal del Servicio recurrido, que amague, altere o prive a la actora del legítimo ejercicio de sus derechos, que la Constitución Política de la República le garantiza y que según ella se le han afectado, considerando que no se aprecia la ilegalidad o arbitrariedad con que podría haber actuado la recurrida, todo lo cual lleva a que se desestime el presente recurso, también por esta causa.

Por estas consideraciones, disposiciones constitucionales y legales citadas y de acuerdo, además, a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA la acción cautelar deducida en lo principal de fojas 5, por don nombre reservado, en representación de la sociedad “Tecnología en Procesos Mineros SpA.”, en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería “Sernageomin”, sin costas.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense estos autos.

Redacción del abogado integrante Sr. Asenjo.

N° Protección: 33151 - 2014.- Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra e integrada por el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.