nombre reservado con CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Santiago, doce de mayo de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 1, comparece doña nombre reservadoöfflinger nombre reservado, y recurre de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por haber actuado en forma arbitraria e ilegal, al no otorgarle el derecho a percibir los incrementos por desempeño institucional y colectivos correspondientes a las metas de gestión del año 2014, resolución de la que tomó conocimiento con fecha 19 de marzo de 2015. Todo ello, por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley N° 19.531, esto es, haber trabajado a lo menos 180 días durante el año 2014.

Señala que el acto de la recurrida afecta el derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, derechos que se encuentran reconocidos en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile. Respecto el artículo 19 N° 2, refiere que se ha vulnerado su derecho de Igualdad ante la Ley, por cuanto hay otros funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que sí han gozado de los incrementos por desempeño institucional y colectivo correspondientes a las metas de gestión del año 2014, y atendido que el Derecho a la Salud es un derecho fundamental irrenunciable, no se puede entender o permitir que se me discrimine no otorgándose el beneficio. En cuanto al Derecho de Propiedad establecido en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, entiende ésta como adquirida sobre sus remuneraciones, habiéndose aplicado una errónea interpretación de la Ley y que ha significado un perjuicio de percibir el bono de gestión 2014 que han percibido el resto de sus colegas.

Estima además vulnerado el artículo 19 N° 9 de la Carta Magna, la que establece el derecho fundamental a la protección de la salud, toda vez que las licencias médicas que hizo uso constituyen un derecho vinculado a la Protección de la Salud.

Finalmente, solicita que se deje sin efecto la resolución que ordena no otorgar el derecho a percibir los incrementos por desempeño institucional y colectivos correspondientes a las metas de gestión del año 2014 y/o adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del Derecho, ordenando el pago de dichos incrementos, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que a fojas 16, la Corporación Administrativa del Poder Judicial en su informe señala que excluir a la recurrente del pago de dichos incrementos no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino que al contrario, obedece al cumplimiento estricto de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.531, substituido por el artículo 1° de la Ley N° 20.224, y del inciso quinto del articulo 40 de la Ley N° 19.531, que establece los incrementos por desempeño colectivo y por desempeño individual, y que la Corporación Administrativa del Poder Judicial no puede sino acatar y cumplir.

Por otra parte señala, que la Excma. Corte Suprema, en Auto Acordado de 11 de diciembre de 2009, que consta en el Acta N° 312-2009, establece normas para la aplicación de la Ley N° 20.224 y los Decretos Supremos que la reglamentan, dispuso expresamente que para determinar el tiempo efectivamente trabajado se restarán todas las ausencias que registre el funcionario, salvo las excepciones que especifica: “Artículo 66°: No tendrán derecho al pago de bonos....... Para efectos de determinar el tiempo efectivamente trabajado se restarán todas las ausencias que registre el funcionario, con excepción de las licencias pre y post natal, patología del embarazo, accidente o enfermedad profesional debidamente reconocida por la ACHS y feriado legal. Las comisiones de servicio se entenderán como tiempo efectivamente trabajado, con excepción de aquellas autorizadas para asistir al Programa de Formación de la Academia Judicial, para ingresar al Escalafón Primario del Poder Judicial. Las licencias médicas parciales, se computarán como medio día no trabajado, considerando las excepciones indicadas en el párrafo anterior.”

Por lo anterior, no puede estimarse ilegal una actuación -excluir a la recurrente del pago de los incrementos reclamados- que se ajusta estrictamente a ley expresa y vigente, y a lo instruido por la Excma. Corte Suprema. Y por lo mismo, racionalmente tampoco tal actuación puede ser arbitraria.

Indica, además, que la Corporación Administrativa no puede apartarse del claro tenor literal del inciso quinto del precitado artículo 4°, toda vez que la norma excepcional es siempre de interpretación restrictiva, aplicable sólo al caso expresamente previsto por el legislador. En el caso de la especie, la regla es que para devengar los incrementos debe tenerse a lo menos seis meses de servicios efectivos, pero excepcionalmente se consideran como de servicios efectivos los períodos con licencias médicas por accidente del trabajo o en los eventos a que se refieren los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo, más no puede la Corporación considerar incluida en esas excepciones a la situación que ha afectado a la recurrente.

Finalmente solicita se rechace el presente recurso de protección.

Tercero: Que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal.

Cuarto: Que como es unánimemente aceptado, requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que quién lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quién ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Quinto: Que, en lo que concierne a los fundamentos del recurso, se expone que el 11 de agosto de 2009 falleció por accidente un hijos de 16 años de la recurrente. La médico siquiatra doña nombre reservado le prescribió licencia médica indefinida con medicamentos para dormir y antidepresivos. Estuvo 8 meses con licencia médica más 2 meses de vacaciones. La licencia médica comenzó el 23 de diciembre de 2013 y terminó el 2 de noviembre de 2014 con 2 meses de feriado incluidos. Sus ausencias no fueron por capricho ni falta de compromiso institucional. Se infringen la igualdad ante la ley, pues hay otros funcionarios que han percibido las remuneraciones por metas de gestión y el derecho de propiedad sobre dichos emolumentos como también la garantía de protección de la salud.

Sexto: Que de conformidad al inciso quinto del artículo 4° de la Ley N° 19.531 no tienen derecho a percibir los incrementos a que se refieren los literales b) y c ) de dicha norma, los funcionarios que sean calificados con lista condicional o deficiente, ni aquellos que durante el año anterior al pago del mismo, no hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial durante a lo menos seis meses, con la sola excepción de los períodos correspondientes a licencias médicas por accidentes de trabajo a que se refiere la Ley N° 16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo. De esta manera, habiendo la Excma. Corte Suprema, mediante Auto Acordado de 11 de diciembre de 2009 (Acta N° 312-2009), establecido normas para la aplicación de la Ley N° 20.224, en concordancia con lo previsto en la ley, no cabe sino desestimar la acción constitucional pues no se divisa ilegalidad alguna ni tampoco arbitrariedad, pues concurren los fundamentos fácticos que impidieron dar curso a la solicitud, al haberse establecido claramente que en la especie la actora no prestó servicios efectivos a la institución durante al menos 6 meses en el año anterior.

Atendido, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia y artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 1 por doña nombre reservadoöfflinger nombre reservado, en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Muñoz Pardo.

Rol Corte N° 33123-2015 No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma la Ministra señora Kittsteiner, por ausencia.

Pronunciada por la Quinta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo e integrada por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile y la Ministra (S) señora Ana María Hernández Medina.

Autorizada por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, 12 de mayo de 2015, notifiqué en Secretaría por el estado diario la resolución precedente.