Protección contra Televisión Nacional de Chile

CERTIFICO: Que, se anunció, escuchó relación y alegó, contra el recurso el abogado don Ignacio Castillo Val, por 10 minutos.

Santiago, 10 de junio de 2019.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, diez de junio de dos mil diecinueve.

Proveyendo escrito folio 9: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, tatuador, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Televisión Nacional de Chile, por su programa denominado Acosados, conducido por los periodistas nombre reservado y nombre reservado, por la emisión de su edición del día jueves 11 de abril, donde se atenta gravemente a sus derechos, específicamente el derecho a la vida e integridad física y psíquica; y el respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y de su familia, consagrados en el artículo 19 N°s 1 y 4 de la Constitución Política.

Pide se ordene a Televisión Nacional de Chile que elimine todo contenido audiovisual de sus plataformas informativas y redes sociales que atenten contra cualquiera de los derechos individualizados del recurrente en el más breve plazo posible, bajo la supervigilancia del Consejo Nacional de Televisión; y que en el mismo horario en que se emitió su programa, se disculpen por los daños causados y en un diario de circulación nacional se expresen públicas disculpas con expresa mención de los datos precisos para la comprensión de cualquier observador y lector.

Funda su pretensión cautelar señalando que el 11 de abril pasado, alrededor de las 22:30 horas se emitió el cuarto capítulo del programa Acosados en Televisión Nacional de Chile, conducido por nombre reservado y nombre reservado, siendo el protagonista y principal afectado el recurrente y las supuestas víctimas, pese a no existir pruebas que lo inculpen en semejantes delitos.

Precisa que no existe una carrera universitaria impartida por alguna entidad estudiantil acreditada en el área de los tatuajes, comprendiendo aquello, el arte de diseñar un dibujo, entregarle una forma, color y vida sobre un cuerpo, lo que es un oficio. Señala que cuenta con un diploma por haber aprobado el curso de “Manejo de Técnicas de Asepsia y Antisepsia para Tatuadores y Prácticas similares”, otorgado por el instituto AIEP el 27 de agosto de 2016, además, cuenta con premios de primer lugar en concursos, que con esfuerzo ganó desde el año 2015, comenzando a realizar sus primeros trabajos en su domicilio familiar, situación que se extendió por alrededor de tres años, domicilio en el que viven sus padres, hermano con su familia y el actor, quien tiene su estudio de trabajo implementado con camilla, poza brazo, útiles de aseo y todo lo necesario para tatuar.

Expone que hace alrededor de dos años y medio, por la plataforma Facebook, lo contactó una mujer para realizarse un trabajo, acordando precio y le indiqué su dirección quien fue acompañada por su pareja, tatuaje se realizó en la parte baja del estómago, siempre en presencia de su pareja.

Explica que aproximadamente el 10% de la tinta entra en la piel y el resto se esparce por el cuerpo y por higiene se va limpiando periódicamente la zona donde se trabaja y las zonas cercanas. Añade que, en el caso de la cliente, la tinta se corrió a la zona púbica y le consultó sí deseaba limpiarse ella, ya que es una zona íntima, a lo que respondió que lo hiciera el actor, siendo necesario que rápidamente sea limpiada la zona, ya que no puede quedar rastro de tinta por posibles infecciones.

Refiere que el trabajo fue terminado con la satisfacción de la cliente y su acompañante, programó hora para un nuevo tatuaje para el próximo día y al paso de algunas horas lo contacta y comenta que mintió en la edad, ya que no tenía 18 años como señaló y estaba por cumplir 15, reconociendo que no exigió cédula de identidad para comprobar su edad. Destaca que ya se había realizado un tatuaje en una de sus nalgas, lo que no lo hizo dudar de su mayoría de edad, máxime cuando ya contaba con un primer tatuaje que no fue realizado por el recurrente.

Destaca que por estos hechos se originó una denuncia por sus padres, que generó la causa Rit 1175-2018 del 5o Juzgado de Garantía de Santiago por la que se investiga un delito de abuso previsto y sancionado en el artículo 366 quater inciso 1o del Código Penal, por lo que se encuentra en calidad de investigado, más no acusado, debiendo presumirse su inocencia mientras no sea determinado como culpable por competente tribunal.

Refiere que en el espacio Acosados es tratado de la peor manera que puede ser tratado un hombre, sin que exista prueba de ser autor de ninguno de los delitos que allí individualizan, tanto las supuestas víctimas como los periodistas de TVN. Puntualiza que se vierten expresiones tales como “supuesto tatuador”, “abusador, enfermo y violador”.

Indica que dicho capítulo se extendió por una hora y comienza refiriéndose al actor como supuesto tatuador, pese a estar titulado del Instituto AIEP. En los primeros minutos se muestran acusaciones de tres supuestas víctimas que dicen haber sido tocadas, abusadas, calificándolo de ser un enfermo y aprovechar su trabajo para satisfacción sexual, además de no usar el procedimiento adecuado cuando se trata de tatuajes en zonas privadas. Las tres supuestas víctimas son nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. En los primeros momentos del programa sé ataca al actor sin fundamento, sin mostrar un solo antecedente que lo haga responsable de algún hecho de los varios que injustamente se le imputan. Entre los minutos 5 y 10 las dos primeras supuestas víctimas señalan que a petición del recurrente, “tenían que ir solas”, “les ofrecía marihuana”, “las tocó sin ser necesario por procedimiento”, “no dejar que se cubran partes íntimas de su cuerpo”, “aprovecharse de estar en su territorio”, “ofrecer que se queden en su casa para terminar el trabajo” en circunstancias que , jamás ha solicitado que vayan solas y al tatuar en su casa, siempre hay más gente. Muchas veces les ofrece de comer y sus padres ven a sus clientes al llegar y al retirarse, le da mayor comodidad al cliente.

En cuanto a ofrecer marihuana, precisa que jamás la ha consumido y tampoco la ha ofrecido, ya que no es parte de ningún procedimiento aprobado para tatuar, sin que tenga acceso a ella. En los tres años que realizó tatuajes, confeccionó en varias ocasiones sus trabajos en zonas íntimas, utilizándose pezoneras, toallas o cualquier objeto que logre cubrir y que provoque la comodidad y confianza del cliente hacia el artista y por ello, al sindicarlo como autor de infundados hechos, se lesiona su honra como persona y a su familia, al vivir en una sociedad prejuiciosa que se guía por lo que ve en televisión y que actúa sin pensar, que agrede sin meditar, siendo víctima de rayados en la fachada de su hogar, ha recibido insultos en la calle, lo han golpeado, sin que pueda salir tranquilo, pasándose a llevar su derecho a una integridad física y psíquica.

Expone que injusta e ilegalmente se le acusa y juzga por un canal de televisión, que no es un órgano competente, ni judicial que se permite destruir la honra de un ser humano y a partir de esto socialmente ya recibió un castigo por hechos que no cometió y que en un espacio televisivo, unos periodistas y supuestas víctimas dicen que realizó, sin contar con ninguna prueba, ya que no existe a la fecha tribunal penal que haya dictado sentencia alguna en su contra, por lo que su inocencia es clara y a esto le suma la irreprochable conducta anterior que mantiene.

Recalca que lo peor que ha provocado esta emisión y publicación de TVN por su señal abierta, página institucional y por youtube, es el castigo social que ha sufrido su familia, quienes son los más afectados, al ser consultados en sus lugares de trabajo, calles, negocios, por lo que se ha atropellado su derecho a la honra y de su familia y el derecho al respeto de la vida privada y pública de cada uno de ellos.

Posterior a estas acusaciones, señala que la conductora nombre reservado junto a una de las mujeres se dirigen a su domicilio, con el fin de determinar si aún vivo allí, realizando una suerte de trampa, al enviar un supuesto cartero privado para que indagara sobre su domicilio y si tatuaba ahí, lo que aparece en cámara con total detalle, mostrándose la fachada de su hogar, en el que viven sus sobrinos menores de edad junto a su hermano y sus padres que son de la tercera edad. Señala que entre los minutos 15 y 21 la conductora entrevista a un tatuador y le genera preguntas respecto al procedimiento de tatuaje en zonas intimas, induciendo a que cualquier observador se haga una idea de que el actor es culpable de los hechos, sin que existan pruebas de aquellos. En el minuto 25 la conductora y una actriz le tienden una trampa, con el fin de determinar si aún trabaja en su domicilio y a la cita asiste la actriz con una acompañante de género femenino (Javiera), pese a que según el programa, el actor solicitó ir sin compañía, donde se aprecia que no hubo problema y al cabo de una hora y media, salen del domicilio solo confirmando que aún trabajaba ahí. Posterior a esto, la actriz le pide que la salga a encontrar y la conductora, junto al equipo de camarógrafos y asistentes, lo detienen en una plaza cercana a su hogar y lo atacan verbalmente, obligando a mantener una forzada conversación manteniendo siempre las cámaras grabando, sin poder dar una oportunidad para explicar y desarrollar argumentos respecto de su inocencia, siendo atacado, golpeado y retenido ante su idea de escapar, al encontrarse ante 5 o 6 personas , pero al ver que era imposible arrancar, se sentó en una banca de la plaza, escuchó y se defendió verbalmente ante las acusaciones, estando consternado, agobiado por la situación, pero tranquilo y consciente de su inocencia.

Precisa que la actuación de la recurrida es, abiertamente, atentatoria y arbitraria e infringe en forma directa el artículo 19 N°1 inciso 1° de la Carta Fundamental, ya que los sentidos hechos relatados, son una muestra latente de la vulneración a su integridad física y psíquica, ya que a partir del 11 de abril su vida y seguridad, ya no es la misma, pues, la sociedad se hizo la peor opinión posible.

Asimismo, estima conculcada la garantía del artículo 19 N°4 de la Constitución Política, haciendo presente que toda persona se encuentra dotada de dignidad humana, que visualiza al hombre como ente ético, que puede por su propia naturaleza consiente, libremente, autodeterminarse, pero estima que con el actuar de la recurrida se he visto sobrepasada su dignidad, su honra y la de su familia, con el programa y los dichos emitidos, la exposición de su domicilio, datos personales.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, el recurrente acompañó copia del certificado de diploma de la realización del curso “Manejo de técnicas de asepsia y antisepsia para Tatuadores y prácticas similares”, otorgado por el Instituto Profesional AIEP.

Tercero: Que, evacua el informe requerido doña nombre reservado, abogada, en representación de Televisión Nacional de Chile, persona jurídica de Derecho Público, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien solicita el rechazo del recurso intentado, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que Televisión Nacional de Chile, es una empresa pública que tiene por objeto establecer, operar y explotar servicios de televisión así como otras plataformas de entrega de información. En ese contexto, dentro de las funciones propias de la Televisión Pública se abarcan contenidos disímiles como la entretención, información, educación, cultura, etc. La producción de estos contenidos puede ser tanto propia, como en convenio con productoras externas.

En el marco de la producción de programas, se reciben una infinidad de ideas, denuncias y proyectos en distintos ámbitos y en este contexto se recibió, durante el año pasado, una denuncia relacionada con una persona que tatuaba en circunstancias anormales, que no se ajustaban a los marcos propios de esta disciplina como el uso de distintos objetos para cubrir las partes íntimas de sus clientas y que, a propósito de hechos de esta misma naturaleza, estaba siendo investigado por el Ministerio Público.

Señala que, una vez recopilados los antecedentes, se consiguieron testimonios de distintas mujeres que se sentían víctimas del actuar del recurrente, quienes señalaban que nombre reservado las invitaba a dormir a su casa para tatuarlas y a propósito de los tatuajes tocaba sus partes íntimas, declaraciones que corresponden a lo que las entrevistadas por el programa sintieron, vivieron y quisieron libremente expresar. La producción del programa, externa a TVN, no inventa historias ni posibles víctimas o testigos, sino que se trata de un programa realizado bajo las exigencias establecidas por las orientaciones programáticas del Canal.

Reclama la inexistencia de acto ilegal o arbitrario, ya que, si se revisa el texto del libelo presentado, no existe una imputación específica a un acto preciso que importe, o pudiera importar, una vulneración de garantías fundamentales, ya que únicamente, se sostiene que el programa de Televisión lo trata como autor de delito pese a que sólo está siendo investigado y en virtud de la presunción de inocencia, esto constituiría un actuar vulnerador de derechos constitucionales.

Supone que lo verdaderamente denunciado como infracción es el hecho de que las que se muestran como víctimas del programa, sostengan que se sintieron abusadas o en definitiva, vejadas en su intimidad por el recurrente, es decir, se denuncia un delito de injurias o calumnias cometido por las denunciantes del recurrente.

Señala que, el recurrente si bien reconoce estar imputado por un delito de abuso sexual, es inocente al tenor de la presunción de inocencia que rige nuestro sistema de enjuiciamiento penal, lo que evidentemente es así. Sin embargo, desde el punto de vista de un canal de Televisión, ello no importa que no sea de relevancia pública la denuncia o incluso la imputación. En efecto, de seguir la tesis del recurrente, sólo podría informarse respecto de un proceso penal en la medida de que exista una sentencia de término, lo que no es razonable en atención a los principios que guían el actuar de los medios de comunicación en un estado democrático de Derecho, por cuanto lo relevante consiste en lo que tiene interés público.

Agrega que, el recurso no dedica siquiera una línea a explicar cómo el actuar de Televisión Nacional de Chile sería arbitrario o ilegal. Esto resulta particularmente relevante toda vez que la acción de protección establecida por nuestra Constitución Política de la República contempla requisitos para prosperar y en este contexto, resulta necesario preguntarse si la realización de cualquier tipo de grabación por parte de un canal de Televisión o en el caso particular, de imágenes de distintas personas que dan entrevistas para un programa de televisión pues se sienten víctimas de un actuar vejatorio, podrían ser calificadas de arbitrarias.

Refiere que en el marco de la definición referida, la actuación de un equipo de un canal de Televisión que entrevista personas, se hace de información que está disponible en páginas de libre acceso al público, la analiza, etc., donde el mismo recurrente reconoce que está formalizado por un delito de connotación sexual a una menor de edad en el marco de la realización de un tatuaje.

Concluye que, para sostener que se trata de una actuación arbitraria, habría que acreditar que se trata de una conducta “sin fundamento alguno”, cuestión que tratándose de un medio de comunicación resulta derechamente impensable.

En lo que dice relación a la legalidad de la actuación consistente en entrevistar a las personas que se han sentido afectadas o vejadas, así como a expertos que opinen en torno a la forma en que debe desarrollarse el oficio de un tatuador, la conclusión es más evidente aún. Esto se hace en ejercicio legítimo de la libertad de informar y emitir opinión, derecho garantizado por el numeral 12 del artículo 19 de la Constitución Política.

Cita una sentencia dictada por la E. Corte Suprema en causa Rol N°12.443-2018 y refiere que se descarta que lo obrado se trate de una actuación antojadiza al haber efectivamente un antecedente, respecto del actuar del recurrente., máxime porque el recurrente incluso esta formalizado por un delito de la naturaleza y en el contexto al que ya se ha hecho referencia.

Hace presente que los hechos que se narran en el referido programa de televisión son de interés público. En efecto, en el estado actual del debate nacional e internacional parece particularmente relevante y no una cuestión puramente privada del sujeto, el hecho de una imputación de un delito sexual contra un menor de edad.

Destaca que una de las cuestiones fundamentales que debe tenerse en consideración a la hora de resolver esta acción constitucional es que lo que la recurrente en verdad solicita es que se impida que un canal de televisión almacene determinado material audiovisual prohibiendo en definitiva cualquier referencia futura a él. Esto es algo que escapa a nuestro juicio de la legislación nacional e internacional vigente y en que definitiva constituye una censura.

Resalta que uno de los pilares fundamentales de un Estado democrático de Derecho es justamente la libertad para emitir información sin censura previa, lo que no significa que esta garantía no esté sujeta a límites, máxime cuando la norma constitucional establece cuáles son aquellos.

Invoca el fallo dictado en la causa Rol N°450-2018 de la E. Corte Suprema, concluyendo que sólo es posible concebir mecanismos represivos ex post cuando se ha excedido en el ejercicio de la libertad de información, ya que la censura previa violenta el Estado de Derecho. Al efecto, tanto el Código Penal como la ley 19.733 establecen tipos penales que buscan sancionar a quien se excede en el ejercicio del derecho de informar sin censura previa. Pero ello no es todo, en caso de que una persona se sienta injustamente vulnerada en su garantía, puede deducirse acciones civiles destinadas a reparar el daño causado. Y más aún todavía. Una persona que se sienta injustamente aludida por un programa de televisión -como sería este caso- tiene el derecho y un procedimiento establecido por la ley 19.733.- por el que puede pedir que el medio aclare la información entregada. El conocido como “Derecho de Aclaración y Rectificación”, prescrito en los artículos 16 y siguientes de la citada ley 19.733.

Concluye señalando que todos los profesionales de Televisión Nacional de Chile adecuan su actuar a las Orientaciones Programáticas que el canal ha definido y que contiene un conjunto de normas y criterios cuyo propósito es ajustar las decisiones de los trabajadores a la Política Editorial con el fin de cumplir su misión como canal público. Dentro de ellos, el criterio de Honestidad Profesional es el más importante. Otro criterio que prima y que se aplica con rigurosidad a la hora de evaluar cada caso antes de decidir grabarlo, es el de la Imparcialidad. Por último, el “Rigor profesional”, es parte del actuar de todos los funcionarios de TVN a la hora de revisar cada caso y cada tema a grabar. Esto se traduce en basarse en datos fidedignos y exactos entregados por fuentes oficiales; buscar pruebas que reafirmen o no lo que puedan comentar testigos y en definitiva, realizar investigaciones serias, carentes de prejuicios y respaldadas por antecedentes serios.

Cuarto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Quinto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que, el recurrente ha impetrado esta cautela constitucional con motivo de diversas expresiones proferidas junto a su imagen en el programa Acosados de Televisión Nacional de Chile, en razón de estimar que ellas se le acusa injustamente de la comisión de ilícitos que actualmente están siendo investigados y que, por tanto, violentan su derecho a la presunción de inocencia, junto con vulnerar su derecho a la vida, e integridad física y psíquica, junto con su derecho a la vida privada y honra, asegurados por los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que, por su parte, la recurrida se asila en la garantía constitucional de la libertad de expresión del artículo 19 N°12 de la Carta Fundamental y el carácter noticioso de la publicación efectuada, lo que impide la censura previa, estimando que no existe un acto específico que atente contra las garantías constitucionales del actor.

Octavo: Que, para la correcta decisión de la presente causa, es menester establecer que las afirmaciones que se cuestionan por parte del recurrente, han sido proferidas por personas que afirman ser víctimas de atentados a la esfera de su intimidad sexual, en el contexto de entrevistas dadas en un programa de televisión.

En este sentido, resulta esencial destacar que el inciso primero del número 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”.

Esa disposición constitucional es secundada por el artículo primero de la Ley N°19.733, Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, conforme al cual “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas (…)”. De esta forma, las manifestaciones de los recurridos son protegidas por el ordenamiento jurídico, en cuanto no constituyan figuras delictivas o sean abusivas en los términos que precise la ley, nada de lo cual puede concluirse a partir de los elementos aportados durante el procedimiento.

Noveno: Que, en primer término, resulta preciso establecer que el programa cuestionado entrega tanto opinión, como información. La doctrina constitucional ha establecido que la opinión es un juicio de valor pronunciado por quien tiene un conocimiento intermedio entre la ignorancia y la ciencia. Opina, en consecuencia, aquella persona que no está segura de lo que expresa, pero que tampoco desconoce por completo el asunto sobre el cual emite un juicio, como ocurre con los periodistas conductores del programa y las aseveraciones que realizan. Es necesario precisar que es un rasgo de la esencia de nuestra naturaleza de seres libres el de formular opiniones, las que nos permiten comunicarnos, dialogar y, finalmente, llegar a coincidencias o divergencias, sobre una base racional y argumentada.

Por su parte, la información es, por el contrario, el caudal de conocimientos y pensamientos que incluyen tanto la narración objetiva de los hechos, como las imágenes, descripciones, signos, símbolos, caricaturas, estadísticas, relatos y comentarios, sean subjetivos o no. En el proceso de comunicación social, la información cubre los denominados mensajes, los cuales se llaman noticias cuando se refieren a hechos de la actualidad, nacional o extranjera- La información es, sin duda, el supuesto o base de las opiniones, porque estas requieren la libre difusión de mensajes, como materia prima, para llegar a ser emitidas. Sin información previa, libremente emitida y recibida también así, resulta inconcebible la posibilidad de formar opiniones. (V. nombre reservado, nombre reservado, Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, 2° edición. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2012, p. 386).

Décimo: Que, en el ejercicio de estas libertades -opinar e informar-, muchas veces nos encontramos con la circunstancia que el hecho informado viene acompañado del juicio de valor introducido por el periodista o medio de comunicación, como ocurre en el caso sub judice.

En este sentido, esclarecedoras resultan las palabras del profesor Cea y que esta Corte comparte, quien expresa que “Afirmamos sobre el particular que no hay libertad de expresión allí donde sólo se autoriza, o se puede informar respecto de hechos objetivos, prohibiendo comentarlos, salvo que sea para aplaudirlos. Cuando así ocurre se está ya en el camino de la censura. Aunque la línea que separa las opiniones de las informaciones suele ser tenue, ello no significa que pueda ser aceptada la tesis que mutila la expresión de juicios u opiniones, sin cesura, aunque vayan entrelazados o inmersos en relatos descriptivos de noticias o mensajes. La cuestión resulta compleja, sin embargo pues no es raro que se argumente el ejercicio de la libertad de opinión para encubrir lo que, en realidad son afirmaciones descalificadoras del destinatario de ellas” (Ob. cit., p. 386).

Undécimo: Que, en consecuencia, bajo el amparo de la garantía constitucional de la libertad de expresión, el actuar de la recurrida no puede ser calificada de ilegal.

En relación con la arbitrariedad, conviene precisar que si bien las expresiones de las supuestas afectadas en el programa y la de sus conductores evidencian señales importantes de vehemencia, y por cierto, denotan un malestar intenso y un ánimo de reprobación significativo hacia el recurrente, no por eso resultan reprochables, pues precisamente el sentido del aseguramiento a nivel constitucional de la libertad de informar y emitir opinión es el de resguardar la circulación de aquellas expresiones que pueden resultar objetables, como así lo ha señalado el máximo tribunal en la sentencia dictada en causa rol N°12.443-2018.

Duodécimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, esta Corte pone de relieve que el recurrente tiene siempre a salvo su derecho a ejercer la acción penal por injurias graves o calumnias, en contra de quien estime como responsable, en el evento de ser procedente; como asimismo, la acciones civiles indemnizatorias y el derecho de aclaración y réplica asegurado en el inciso 3° del numeral 12 del artículo 19 de la Carta Fundamental, cuyo ejercicio se encuentra regulado en los artículos 16 a 21 de la Ley N°19.733.

Décimo Tercero: Que, por lo anteriormente razonado, el presente arbitrio deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de Televisión Nacional de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-33.053-2019.