SOTRASER LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN S.A. con DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Santiago, seis de agosto de dos mil veinte.

VISTO:

En estos autos Ingreso Corte Rol 33.002-2020, compareció José Muñoz Eyquem, abogado, en representación de nombre reservado y Distribución S.A. e interpuso acción de protección en contra de la Dirección Nacional del Trabajo (DT) por el acto ilegal y arbitrario consistente en el registro de dos Resoluciones Administrativas de Multas en su contra, con carácter de ejecutoriadas, no obstante que no fueron debidamente notificadas a su parte, solicitando que se acoja el presente recurso y, en consecuencia, se ordene a la recurrida y/o a la Tesorería General de la República (TGR), retirar del sistema de deudas morosas aquellas identificadas con los folios Nros. 1666/2019/67-1 y 7593/2019/52-1 por $1.500.630 y $2.000.840, respectivamente, ambas vinculadas al formulario N° 42, ordenando además a la Dirección invalidar la notificación y disponer nuevamente este trámite dentro del plazo legal, respetando los términos para el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales que correspondan, con costas.

Explica que el 11 de marzo pasado, solicitó un certificado de deuda morosa en el sistema electrónico de la TGR, apareciendo aquellas identificadas con los folios antes referidos, que corresponden a multas cursadas por la DT. Con esta información, consultó en la “ventanilla de multas ejecutoriadas” de esa repartición, registrando las Resoluciones Nros. 1787/19/054-1 y 7593/19/051-1 en trámite en cobranza. Solo a través de esta modalidad tomó conocimiento de la existencia de aquellas Resoluciones, atendido que éstas no fueron notificadas a su parte conforme lo ordena el artículo 508 del Código del Trabajo, esto es, personalmente o por carta certificada. Sostiene que, aun cuando la recurrida demuestre el depósito de las antedichas multas en la oficina de correos, tal hecho resulta insuficiente, pues la presunción de esa norma es simplemente legal, razón por la que le cabe demostrar que fueron efectivamente recibidas. Con ello, se la ha privado del ejercicio de los derechos destinados a recurrir en contra de esas determinaciones.

A continuación asevera que el acto recurrido vulneró las garantías constitucionales que prevén los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental; la primera, por cuanto se informaron las multas aludidas, desatendiendo el tenor de los artículo 508 del Código del Trabajo y 45 de la Ley 19.880; normas que suponen la notificación de los actos administrativos, de manera que al dejar de cumplir ese requisito esencial a su respecto, se ha provocado la afectación a su derecho a la igualdad. Pone de relieve en este punto lo regulado en la Circular N° 65 de 11 de junio de 2012 de la recurrida, que prescribe que cuando no existe constancia de la notificación o en el caso de detectarse, de oficio o a petición de parte, error en la notificación de una Resolución, deberá notificarse correctamente y corregir los registros del sistema, retrotrayendo al estado de aplicarla y luego notificarla correctamente. Si por reclamación de los interesados se concluye que la notificación es defectuosa, se deberá dictar una resolución que declare la invalidación del trámite o gestión de notificación, ordenando que ésta se realice dentro de 5 días. Además de solicitar la eliminación de la multa respectiva en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral Previsional y el descargo de la TGR.

En lo tocante al derecho de propiedad, dice que su parte se verá obligada a pagar multas que tienen su origen en una actuación de la Administración del Estado que no fueron notificadas oportunamente y respecto de las que no tuvo ocasión de defenderse, lo que no resulta acorde con la garantía del N° 3 inciso 6° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Termina solicitando se acoja el recurso en los términos expuestos.

Informó la Dirección del Trabajo requiriendo se desestime la aludida acción. Refiere que las multas en cuestión obedecen a fiscalizaciones en las oficinas de Blue Express S.A. -empresa adquirida por Sotraser- realizadas en Santiago el 7 de agosto del 2019 (Resolución 7593/2019/52-1) y en Castro el 8 de noviembre del mismo año (Resolución 1666/2019/67-1), con la presencia de representantes de la empresa, oportunidad en que se detectaron los incumplimientos a las leyes laborales que pormenoriza. Ambas multas -afirma- son el resultado de un proceso de fiscalización, en el que la recurrente tuvo conocimiento y pudo participar oportunamente.

Aclara en relación a la multa cursada por la Inspección Provincial de Trabajo en Castro, que una vez recibido el presente recurso se requirió información, constatándose que existió un error en su notificación, pues fue devuelta por Correos de Chile, razón por lo que se ordenó practicar correctamente esa diligencia, previa gestión de la solicitud de cambio de estado en el sistema informático del Servicio (DT plus), lo que redunda en que esa multa no aparece actualmente en el certificado de deuda de la empresa.

La situación es diversa respecto de la segunda multa, en atención a que el sistema informático del Servicio arrojó que ella fue depositada en la Oficina de Correos el 3 de septiembre de 2019, por ende se entiende notificada el día 10 siguiente, conforme lo ordena el artículo 508 del Código del Trabajo, tal como se desprende de la copia del comprobante de envío timbrado por Correos de Chile, de conformidad a lo señalado en el Manual de Fiscalización elaborado por la DT.

Por otro lado, resalta que el cobro de la multa corresponde a la Tesorería General de la Republica y no a su parte.

Concluye señalando que al haber cumplido la Administración las gestiones para notificar correctamente la multa cuestionada, no puede existir vulneración al derecho de igualdad ante la ley ni al debido proceso. En cuanto al derecho de propiedad, su parte solo “carga” la multa en el sistema, correspondiendo a la TGR ejecutar acciones de cobranza.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que para que pueda acogerse el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe existir un acto u omisión arbitrario o ilegal que signifique una privación, una perturbación o una amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza, conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente, el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución.

Por otra parte, para que prospere la acción tutelar -que tiene una tramitación sumarísima- es requisito indispensable que el derecho que aparece amenazado, perturbado o vulnerado, sea indubitado, esto es que no exista discusión sobre la titularidad del mismo en poder del recurrente.

2°.- Que conforme se señaló por la autoridad, la notificación correspondiente a la multa cursada en el domicilio ubicado en domicilio reservado, fue dejada sin efecto, por errores en su ejecución, situación que no fue controvertida en los alegatos por el recurrente. Luego, el reproche queda reducido a cuestionar la notificación de la multa aplicada a propósito de la visita del domicilio del empleador ubicado en domicilio reservado.

3°.- Que del tenor del recurso de protección se desprende que este se construye exclusivamente sobre la base de imputar un acto ilegal a la Administración, y que redunda en la validez de la actuación sancionatoria. En este entendido, por un lado se esgrime la ausencia material de la notificación de la Resolución de Multa N° 7593/2019/52-1 y, por otro, que aquella no se realizó en los términos del artículo 508 del Código del Trabajo, entendiendo que esta norma contiene una presunción simplemente legal.

El quid del asunto, en los términos descritos, permite desatender cualquier alegación referida al cumplimiento o incumplimiento de la ley laboral y que sustentan las multas cursadas, y con ello la documental que en tales argumentaciones se apoya.

4°.- Que en este entendido, y aun reconociendo las limitaciones propias de una acción como la de la especie, es posible concluir que la carta certificada contenedora de la Resolución de Multa N° 7593/19/52 fue depositada en Correos de Chile, tal como se desprende de la documental acompañada por la DT, consistente en la guía de admisión de envíos postales de Correos de Chile, que consigna como cliente a “ICT. Santiago Poniente”, con timbre de la oficina de partes también de “ICT. Santiago Poniente”, de fecha 21 de agosto, registrando “06 unidades” designadas “desde D 1593 hasta D 2185”, lo que se corresponde con la “Guía de Retiro” también de Correos de Chile, de la misma fecha y con idéntico timbre, que en lo referente a la cantidad, señala “1” de “6” y en la parte superior del instrumento contiene el número “7593/19/52”, junto a ello, se acompaña la guía de despacho de correspondencia que identifica el “código del documento” “1” (correspondiente a Resolución de Multa Administrativa) “7593-19-52”, y registra como nombre del destinatario “Blue Express Logística S.A.” domiciliado en “domicilio reservado”; antecedentes que se relacionan con la guía de admisión de Correos de Chile de 22 de agosto de 2019, que registra como fecha de admisión el día 23 del mismo mes y año.

5°.- Que como consecuencia de lo que antecede, y dado que lo único que se cuestiona del acto es la supuesta ilegalidad de la notificación, solo resta concluir que la Autoridad se atuvo a la modalidad de esta diligencia que expresamente prevé el artículo 508 del Código del Trabajo, sin que esta Corte pueda entrar a discernir y resolver a través de un recurso de protección, si la aludida norma estatuye una presunción legal o de derecho para los efectos de entender desde cuándo debe iniciarse el computo del plazo con que cuenta el fiscalizado para reclamar en los términos de los artículos 503 o 511 del aludido código.

6°.- Que como corolario de lo que se viene diciendo, cabe desestimar la acción que se interpuso, sin que sea necesario adentrarse en la supuesta vulneración de las garantías constitucionales, desde que ello supone la concurrencia de una ilegalidad que no fue constatada.

Y de acuerdo, además, con lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se rechaza el deducido en estos autos.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra Lilian Leyton Varela.

Rol N° 33.002-2020