Protección contra Jefe del Centro de Conciliación y Mediación de la Región Metropolitana Poniente

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veinte.

A los escritos folios 19 y 20: téngase presente.

Vistos:

Comparece don Ignacio Molina González, abogado, en representación de doña nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien interpone recurso de protección en contra del Jefe del Centro de Conciliación y Mediación de la Región Metropolitana Poniente de la Dirección del Trabajo, don nombre reservado o por quien lo subrogue o reemplace, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, por los actos ilegales y arbitrarios que constan en la Resolución, Ordinario N° 071 de 21 de enero de 2020, que se pronuncia respecto de la petición de sustitución de la multa administrativa N° 4101.2019.16 por programa de capacitación, rechazándola.

El acto es arbitrario e ilegal en atención a que no contiene fundamento alguno que dé razón o motivación de la decisión adoptada, requisito mínimo para todo tipo de acto administrativo, constituyendo en consecuencia privación directa de la garantía del artículo 19 N° 2° de la Constitución Política de la República, igualdad ante la Ley; artículo 19 N° 3 inciso 5° referida al debido proceso y; artículo 19 N° 24° referido al derecho de propiedad.

Señala que la recurrente fue objeto de una fiscalización por parte de la Inspección Comunal del Trabajo, nombre reservado, en virtud de la cual se le cursaron las infracciones contenidas en la Multa N° RUT reservado-2-3-4-5, ascendentes a un ingreso mínimo mensual, 5, 9, 10 y 9 Unidades Tributarias Mensuales, respectivamente.

Precisa que en contra de la resolución anterior, la recurrente decidió no recurrir de acuerdo con los mecanismos de los artículos 503 y 511 del Código del Trabajo y optó por solicitar la sustitución de las multas por una capacitación, según lo autoriza la norma del artículo 506 Ter del mismo cuerpo legal, solicitud que ingresó con fecha 09 de diciembre de 2019.

Aduce que el 21 de enero de 2020, se dictó la resolución recurrida ORD. N° 71, la que no fundamenta ni da motivos de ninguna especie para rechazar la solicitud de sustituir las multas y por expresa disposición de la normativa legal, especialmente la Ley N° 19.880 de Bases del Procedimiento Administrativo, todo acto administrativo debe estar fundada, lo que implica que la Administración debe hacerse cargo de todas y cada una de las cuestiones planteadas en el respectivo procedimiento administrativo, fundamentar y dar a conocer los motivos por los cuales rechaza las peticiones planteadas por el administrado.

De esta forma, refiere que lo que se indica para rechazar la petición es la reiteración de los argumentos que justificaron cada una de las multas. Así con respecto a la primera multa señala que: La multa se cursó por “no exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización” respecto del reclamo de la ex trabajadora doña nombre reservado, RUT N° RUT reservado. La empresa invoca como causal de despido del artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo. Añade que los descargos de la empresa en su presentación no resultan suficientes y atendibles para tener por corregida la infracción respecto de la ex trabajadora mencionada en la multa, por cuanto no exhibió finiquito requerido en notificación de presentación de reclamo ante la Inspección del Trabajo, citación a comparendo de conciliación y requerimiento de documentación N° 1318/2019/15170, fecha de ingreso 25 de junio de 2019, código de oficina 1307.

Luego con respecto a la segunda multa, se indica en la columna respectiva que: La multa se cursó por “no escriturar contrato de trabajo en micro o pequeña empresa” respecto de reclamo de la ex trabajadora doña nombre reservado, RUT N° RUT reservado. La empresa invoca como causal de despido el artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo. Indica que los descargos de la empresa en su presentación no resultan suficientes y atendibles para tener por corregida la infracción respecto de la ex trabajadora mencionada en la multa, por cuanto efectivamente no escrituró el contrato de trabajo.

Respecto de la tercera multa, se indica como razones las siguientes: La multa se cursó por “no pagar remuneraciones” respecto de reclamo de la ex trabajadora doña nombre reservado, RUT N° RUT reservado. La empresa invoca como causal de despido el artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo. Agrega que los descargos de la empresa en su presentación no resultan suficientes y atendibles para tener por corregida la infracción respecto de la ex trabajadora mencionada en la multa.

Afirma que las razones de la cuarta resolución de multa son: La multa se cursó por “no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo” respecto de reclamo de la ex trabajadora doña nombre reservado, RUT N° RUT reservado. La empresa invoca como causal de despido el artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo. Indica que los descargos de la empresa en su presentación, no resultan suficientes y atendibles para tener por corregida la infracción respecto de la ex trabajadora mencionada en la multa.

Finalmente, la quinta resolución de multa indica que: La multa se cursó por “no otorgar finiquito de trabajo y no poner el pago a disposición del trabajador dentro del plazo de 10 días” respecto de reclamo de la ex trabajadora doña nombre reservado, RUT N° RUT reservado. Indica que la empresa invoca como causal de despido el artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo. Asevera que los descargos de la empresa en su presentación no resultan suficientes y atendibles para tener por corregida la infracción respecto de la ex trabajadora mencionada en la multa.

Afirma que leídas y analizadas las razones invocadas, se comprueba que éstas pretendieron fundamentar el rechazo a la solicitud de sustitución con motivos y fundamentos que no son atingentes al ámbito del contenido de la solicitud presentada; ya que ellos son expresión del mérito de las resoluciones de multa que se dictaron, cuestión distinta al ámbito de la cuestión que se sometió al conocimiento de la autoridad por la recurrente el 9 de diciembre de 2019, esto es, acerca de la solicitud de sustitución de la multa por la capacitación contemplada en el artículo 506 ter del Código del Trabajo.

Señala que lo anterior denota un trato discriminatorio y vulneratorio tanto con respecto a la garantía constitucional de la igualdad ante la ley como con respecto a la garantía del debido proceso, por cuanto el Administrado está en posición -y en el derecho- de saber cuáles fueron los motivos que fundamentaron el rechazo a su petición, para de esa manera poder ejercer los arbitrios que la ley le otorga para la impugnación del acto en cuestión.

Realza que las vulneraciones que el acto recurrido producen tanto a la igualdad ante la ley como al debido proceso, se ven agravadas por el hecho que la norma del artículo 506 ter del Código del Trabajo, reviste el carácter imperativo y la autoridad no puede negarse a sustituir la multa por capacitación, si se cumplen los requisitos normativos. Es decir, la norma impone al Inspector del Trabajo la obligación de sustituir la multa por la capacitación desde que se encuentra redactada en términos imperativos y no facultativos.

Concluye que la autoridad solo pudo haber rechazado la solicitud de la recurrente por la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 506 ter del Código del Trabajo, indicando para ello cuál o cuáles requisitos se habrían incumplido y de qué forma dichos incumplimientos se habrían manifestado o comprobado.

En cuanto a lo tocante a la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, señala que el ORD. N° 71, en los términos en que fue dictado, supone vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, tanto por la ausencia de razones, motivaciones o fundamentos que justifican la decisión adoptada cuanto por el mero hecho de rechazar la solicitud cumpliéndose todos los requisitos para ello.

Por los mismos motivos, indica que constituye privación de la garantía del debido proceso, ya que uno de los elementos del mismo, es el conocer las motivaciones y razones que tuvo la autoridad para no sustituir las multas, más aún cuando dicha sustitución es un derecho que le asiste a todos quienes cumplen con los requisitos taxativos del artículo 506 ter del Código del Trabajo.

Finalmente, en lo referido a la perturbación y amenaza al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, el rechazo a la solicitud de sustitución de las multas, conlleva la afectación sobre las cantidades con que se le pretende sancionar, negándosele el derecho a conmutarlas.

Pide dejar sin efecto la resolución administrativa recurrida, ordenando dictar otra en su reemplazo que acoja la solicitud de 9 de diciembre de 2019 y sustituir las multas por capacitación según lo dispuesto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo, con costas.

Por su parte, comparece don Nicolás Zanzo García, abogado, en representación de la recurrida, pidiendo el rechazo del recurso deducido en su contra con costas, arguyendo que la norma del artículo 506 ter del Código del Trabajo regula el procedimiento de sustitución de multa por asistencia a programas de capacitación, dictados por la Dirección del Trabajo. La norma dispone en su numeral segundo aplicable al caso: “Tratándose de micro y pequeñas empresas, y en los casos en que el afectado no hubiere recurrido de conformidad a los artículos 503 y 511 de este Código, el inspector del trabajo respectivo autorizará, a solicitud del sancionado, y sólo por una vez en el año respecto de la misma infracción, la sustitución de la multa impuesta por alguna de las modalidades siguientes:

2. En el caso de multas no comprendidas en el número anterior, y previa acreditación de la corrección, de la o las infracciones que dieron origen a la sanción, por la asistencia obligatoria del titular o representante legal de la empresa de menor tamaño, o de los trabajadores vinculados a las funciones de administración de recursos humanos que él designe a programas de capacitación dictados por la Dirección del Trabajo, los que tendrán una duración máxima de dos semanas”.

Señala que de acuerdo al procedimiento administrativo que contempla el numeral 2° del artículo 506 Ter del Código del Trabajo, una vez recibida la solicitud de sustitución, la autoridad administrativa, unidad u oficina operativa responsable, en este caso, el Jefe del Centro de Conciliación, debe constatar el cumplimiento “copulativo” de los siguientes requisitos:

a) Plazo previsto en el artículo 506 Ter del Código del Trabajo, esto es, dentro de los 30 días hábiles de notificada la multa objeto de la solicitud;

b) Existencia de menos de 50 trabajadores contratados, a la fecha de la constatación de la infracción, considerando todos los trabajadores de su dependencia, incluidas todas las sucursales o establecimiento que tenga en el país;

c) Que no se trate de multas por infracciones a normas de higiene y seguridad;

d) No haber hecho uso del beneficio de sustitución de multa dentro del último año respecto de la misma infracción sancionada. Este plazo debe entenderse como un período de doce meses, contados desde la fecha de la anterior resolución de sustitución que deja sin efecto o que aumenta en un 25% la o las multas que procedieren;

e) El cumplimiento o corrección de las infracciones que dieron origen a la multa, a satisfacción de la Dirección del Trabajo. Si la solicitud de sustitución es por más de una multa, contenidas todas en una sola resolución, se aceptará el trámite de sustitución sólo por las que acredite corrección. Por aquellas que no acredite o no conste el cumplimiento de los antecedentes presentados, no se acogerá la solicitud y, deberá ponerse en conocimiento del infractor al momento en que se le notifique el resultado del examen de admisibilidad, positivo o negativo;

f) No haber reclamado judicialmente la multa, y g) No haber solicitado reconsideración administrativa.

Expresa que el artículo 506 Ter numeral 2° del Código del Trabajo, establece la obligatoriedad para el infractor de “acreditar la corrección de la infracción” para acceder al beneficio de sustitución de multa por capacitación.

En el presente recurso no se hace referencia alguna, ni se adjunta documentación que se refiera a la exigencia principal del recurso administrativo de sustitución de multa por la asistencia a programas de capacitación impartidos por la Dirección del Trabajo, esto es, la acreditación o corrección de las infracciones.

Refiere que la petición de la recurrente exigía que acreditara la reparación de las infracciones cometidas, pero ello finalmente no ocurrió y así le fue expuesto en el Ordinario N° 71.

Para una mejor comprensión de los antecedentes expone que con fecha 25 de junio del año 2019, doña nombre reservado, ingresó el reclamo administrativo N° 1318.2019.15170, por el término de la relación laboral, en contra de doña nombre reservado, indicando que durante el período comprendido entre el 10 de septiembre del año 2018 al 31 de mayo del año 2019, prestó servicios para la recurrente en calidad de trabajadora de casa particular, llevándose a cabo la pertinente audiencia de conciliación durante la cual la funcionaria Conciliadora Individual, pudo constatar la existencia de varias infracciones que fueron las que motivaron la multa impuesta.

Precisa que el fundamento del Ordinario N° 71, para rechazar la solicitud respecto a la primera infracción por no presentar un proyecto de finiquito fue el incumplimiento de la exigencia del artículo 506 Ter del Código del Trabajo: “Razón del rechazo: Que los descargos de la empresa en su presentación no resultan suficientes y atendibles para tener por corregida la infracción respecto de la ex trabajadora mencionada en la multa (…)”.

Afirma que es contradictorio lo señalado por la recurrente, en cuanto sostiene que la resolución recurrida no fundamenta ni da motivos de ninguna especie para rechazar la solicitud de sustituir las multas, ya que el Ordinario N° 71 señala la fundamentación del rechazo, la que es del todo atingente a la norma legal que regula el procedimiento de sustitución de multa por capacitación.

A diferencia de lo que afirma la recurrente, se habría vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley, si hubiere permitido la sustitución, puesto que no existiría un trato igualitario respecto de otros infractores, que también invocaron este recurso administrativo de sustitución y obtuvieron rechazos por no acreditar la reparación exigida por el legislador laboral.

Idéntica situación ocurre con respecto a la segunda infracción, ya que se constató que no se escrituró contrato de trabajo y el Ordinario N° 71, se fundamentó del mismo modo anterior, es decir, la recurrente no acreditó la corrección de la infracción.

En el caso de la tercera multa, expresa que aquella se cursó por no pagar las remuneraciones con la periodicidad de un mes. En la solicitud de sustitución de multa por capacitación, la recurrente no acreditó el pago de esa remuneración.

La cuarta multa fue por no tener un registro control de asistencia y la quinta sanción se aplicó al no haberse puesto a disposición del trabajador, el finiquito, dentro de los diez días hábiles siguientes a su separación. Expresa que ambas, infracciones no fueron corregidas al momento de solicitar la sustitución de multa por capacitación.

Manifiesta que la recurrente ha afirmado en su recurso, que ha cumplido todos los requisitos para acceder a la sustitución de multa por capacitación. Es decir, está sosteniendo que ella acreditó la reparación de todas y cada una de las infracciones cometidas, cuestión que evidentemente es falso ya que ello no ocurrió.

Para afirmar el cumplimiento de la norma debería acompañar el “proyecto de finiquito” por el que se le cursó la primera de las multas, acompañar el contrato de trabajo suscrito y firmado por las partes para acreditar la corrección de la segunda, para el caso de la tercera infracción, acreditar el pago de las remuneraciones adeudadas, en relación a la cuarta multa adjuntar copia del registro de asistencia firmado por su ex trabajadora y con respecto a la quinta infracción, poner el finiquito a disposición de su ex trabajadora.

Con todo lo expuesto, es posible concluir que no se ha vulnerado garantía alguna de la recurrente y que el Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente se pronunció en virtud de una facultad descrita en la ley, relativo a un procedimiento también regulado por el legislador.

Se tuvo por evacuado el traslado conferido, y se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección puede conceptualizarse como una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicios de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia uniformemente han sostenido que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado.

Segundo: La recurrente denuncia en su libelo de protección que el supuesto acto arbitrario e ilegal consistiría en la negativa de la recurrida de acceder a la sustitución de las multas administrativas, decisión que le fue comunicada por una resolución que se trataría de un acto administrativo sin fundamentación.

Tercero: Del tenor del recurso y del análisis del informe evacuado y la documentación acompañada por la recurrida, consta que el 20 de enero de 2020, se dictó la resolución Ord. N° 701, negando lugar a la sustitución de multa solicitada en virtud de los dispuesto en el artículo 506 Ter del Código del Trabajo, fundado en que la actora no acreditó la reparación de las infracciones cometidas, señalando en la resolución indicada, frente a cada una de ellas, el motivo de tal negativa.

En efecto, el fundamento del Ordinario N° 71, para rechazar la solicitud respecto a la primera infracción por no presentar un proyecto de finiquito fue el incumplimiento de la exigencia del artículo 506 Ter del Código del Trabajo, a saber: “Razón del rechazo: Que los descargos de la empresa en su presentación no resultan suficientes y atendibles para tener por corregida la infracción respecto de la ex trabajadora mencionada en la multa (…)”.

Idéntica situación ocurre respecto a la segunda infracción, ya que se constató que no se escrituró contrato de trabajo y el Ordinario N° 71, se fundamentó del mismo modo anterior, es decir, la recurrente no acreditó la corrección de la infracción.

En el caso de la tercera multa, se expresa que aquella se cursó por no pagar las remuneraciones con la periodicidad de un mes. En la solicitud de sustitución de multa por capacitación, la recurrente no acreditó el pago de esa remuneración.

En cuanto a la cuarta multa, se indica que se cursó por no tener un registro control de asistencia y la quinta sanción se aplicó al no haberse puesto a disposición del trabajador, el finiquito, dentro de los diez días hábiles siguientes a su separación, por cuanto ambas, infracciones no fueron corregidas al momento de solicitar la sustitución de multa por capacitación.

Cuarto: En efecto, de acuerdo a lo previene el artículo 506 inciso segundo: “Tratándose de micro y pequeñas empresas, y en los casos en que el afectado no hubiere recurrido de conformidad a los artículos 503 y 511 de este Código, el inspector del trabajo respectivo autorizará, a solicitud del sancionado, y sólo por una vez en el año respecto de la misma infracción, la sustitución de la multa impuesta por alguna de las modalidades siguientes:

2. En el caso de multas no comprendidas en el número anterior, y previa acreditación de la corrección, de la o las infracciones que dieron origen a la sanción, por la asistencia obligatoria del titular o representante legal de la empresa de menor tamaño, o de los trabajadores vinculados a las funciones de administración de recursos humanos que él designe a programas de capacitación dictados por la Dirección del Trabajo, los que tendrán una duración máxima de dos semanas”.

En este orden de ideas para afirmar el cumplimiento de la norma, la recurrente debía acompañar el “proyecto de finiquito” por el que se le cursó la primera de las multas; acompañar el contrato de trabajo suscrito y firmado por las partes para acreditar la corrección de la segunda; para el caso de la tercera infracción, acreditar el pago de las remuneraciones adeudadas; en relación a la cuarta multa adjuntar copia del registro de asistencia firmado por su ex trabajadora y con respecto a la quinta infracción, poner el finiquito a disposición de su ex trabajadora.

De este modo, la resolución respecto a la que se recurre cumple con la exigencia de tratarse de un acto en que se describen los supuestos fácticos objeto de cada una de las sanciones y los fundamentos de derecho en que se funda, conforme lo previenen los artículos 11 inciso segundo y 41 de la Ley N° 19.880 en relación a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y artículos 2 y 13 de la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado, por lo que con su dictación no se vislumbra afectación alguna a las garantías constitucionales en que se funda el recurso.

Quinto: De esta forma, se desprende que no concurre la conducta vulneratoria de derechos alegada en la acción cautelar deducida, por cuanto el Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente se pronunció en virtud de una facultad descrita en la ley, relativo a un procedimiento también regulado por el legislador, de modo tal que esta Corte no se encuentra en situación de adoptar medida alguna a favor de la parte que recurre.

En las condiciones descritas el recurso deducido debe necesariamente ser declarado sin lugar por haber perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don Ignacio Molina González, en representación de doña nombre reservado, en contra del Jefe del Centro de Conciliación y Mediación de la Región Metropolitana Poniente de la Dirección del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° Protección- 32.971-2020.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por las Ministros señora Jenny Book Reyes, señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero y el Ministro (S) señora Blanca Rojas Arancibia.