nombre reservado con nombre reservado

Santiago, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 9 de mayo de este año comparece el abogado don Luis Ahumada Castillo, en representación de nombre reservado, ex Capitán de Carabineros de Chile, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, por el acto que estima ilegal y arbitrario, el que no individualiza, que en lo que específicamente objeta por esta vía, determinó el cese del pago de “sus remuneraciones como funcionario activo de Carabineros de Chile, no hallándose ejecutoriado el sumario administrativo que en definitiva resolverá sobre su reincorporación o eliminación de Carabineros” a contar de la fecha en que se hizo efectivo su llamado a retiro temporal -lo que aconteció en el mes de octubre de 2016-, situación que vulneraría, en su concepto, su garantía constitucional prevista en el numeral 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Señala, en síntesis, que se le han retenido ilegalmente sus remuneraciones, en circunstancias que el sumario incoado a raíz de los hechos que motivaron tal medida disciplinaria se encuentra aún en tramitación, por lo que, en tal escenario, dicha medida no se encuentra firme ni ejecutoriada.

Solicita, en definitiva, se tenga por interpuesto el presente recurso y se lo acoja, arbitrando al efecto “todas las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho que se ha visto gravemente quebrantado por un acto arbitrario, al conculcársele el dominio de las remuneraciones activas del recurrente sin que exista sumario administrativo a firme y ejecutoriado, todo con expresa condenación en costas”;

SEGUNDO: Que mediante resolución de 11 de mayo del año en curso se declaró admisible el recurso interpuesto, por lo que, consecuentemente, se requirió el informe de rigor al recurrido;

TERCERO: Que informando don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, solicita el rechazo de la presente acción cautelar.

Argumenta, en resumen, la extemporaneidad del recurso; la falta de legitimación pasiva de la autoridad recurrida; la ausencia de derecho indubitado; y la legalidad de las actuaciones indirectamente impugnadas a través del recurso.

Explica que las razones del alejamiento del recurrente de la institución dicen relación con haber incurrido en conductas reprochables que afectan la integridad moral y el prestigio de Carabineros de Chile, al estar involucrado en hechos de violencia intrafamiliar; mantener conductas impropias con personal de la entidad; y por provocar la generación de un procedimiento por “presunta desgracia” respecto de su persona.

Expone que en mérito de lo anterior, mediante Decreto N° 866, de 10 de junio de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se dispuso su retiro temporal de la institución, quedando las condiciones de su retiro definitivo supeditadas al dictamen del sumario administrativo correspondiente, medida que le fue notificada el día 12 de octubre del mismo año, cesando consecuentemente el pago de las remuneraciones posteriores.

Hace mención, finalmente, de la normativa que justificó la medida que se impugna por esta vía y de los Dictámenes de Contraloría y jurisprudencia que la respaldan;

CUARTO: Que en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte con fecha 3 de julio de 2018, informó también acerca de la presente acción cautelar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, agregando a los antecedentes aportados por el recurrido, que la desvinculación del recurrente de las filas de Carabineros de Chile fue requerida a dicha entidad por el Director General por medio de oficio ordinario N° 414, de 24 de marzo de 2016, en el que se exponen diversas irregularidades relacionadas con conductas reprobables de carácter grave que afectaron el régimen disciplinario y la integridad moral y el prestigio de la institución.

Reitera, finalmente, las alegaciones de extemporaneidad, ausencia de derecho indubitado e inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad alguna de las actuaciones relacionadas con la situación funcionaria y legal que actualmente exhibe el actor;

QUINTO: Que con fecha 6 de agosto de 2018, se trajeron estos autos en relación. El 2 de octubre del año en curso se procedió a la vista de la causa, escuchándose la intervención oral de los apoderados del recurrente y del recurrido;

SEXTO: Que previo a entrar a conocer del fondo del asunto y habiéndose alegado la extemporaneidad en la interposición del presente recurso, es deber de este Tribunal revisar la regularidad formal del procedimiento en lo que atañe a dicho trámite;

SÉPTIMO: Que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección establece que esta acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos;

OCTAVO: Que en la especie la acción de protección de derechos constitucionales la dedujo don nombre reservado mediante presentación de 9 de mayo de este año, en la que señala que habría tomado conocimiento del acto arbitrario e ilegal que motiva el recurso -que no individualiza- y que se relaciona con el cese de pago de sus remuneraciones desde el año 2016 en adelante, a contar de la misma fecha de interposición de éste, “al ser informado” por su abogado del derecho conculcado.

Luego, resulta incuestionable que el presente recurso de protección es extemporáneo, puesto que el conocimiento a que hace referencia la regulación precedentemente citada dice relación con el acto u omisión que ocasiona la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de un derecho tutelado por esta acción constitucional y no con el discernimiento acerca de la juricidad del mismo, exegesis que de aceptarse podría conllevar la absoluta negación de la existencia de un plazo asociado a la interposición de esta acción constitucional y que contraviene expresamente lo previsto en el artículo 8° del Código Civil.

Así las cosas, es indudable que la pretendida transgresión de garantías constitucionales fue conocida por el recurrente a lo menos en octubre de 2016 y, por consiguiente, habiéndose deducido la presente acción cautelar el 9 de mayo del año en curso, esto es, un año y siete meses después de haber tomado el recurrente conocimiento cierto del acto que objeta, lo fue luego de transcurrido el plazo señalado en el considerando Séptimo de esta sentencia;

NOVENO: Que habiendo alegado la autoridad recurrida, además, la falta de legitimación pasiva respecto de la acción cautelar impetrada, deberá indudablemente otorgársele razón también respecto a tal moción.

En efecto, la decisión administrativa que impuso el efecto que se impugna por esta vía -cese de pago de remuneraciones-, no fue adoptada por él sino por Ministerio del Interior y Seguridad Pública en uso de las facultades legales que le son propias, a través del Decreto N° 866, de 10 de junio de 2016, de modo que esa sola constatación amerita desestimar asimismo, por ese solo hecho, el recurso en análisis;

DÉCIMO: Que sin perjuicio de lo señalado precedentemente, atendido que la acción constitucional de protección posee un carácter eminentemente cautelar del legítimo ejercicio de derechos fundamentales, esta Corte estima pertinente de todos modos reflexionar respecto de la denuncia de ilegalidad y arbitrariedad del acto en contra del cual se recurre, consistente en el no pago de remuneraciones al recurrente a contar de la fecha en que se hizo efectivo su retiro temporal de la institución.

En este escenario, aparece pertinente destacar que conforme al claro tenor de la normativa que rige la materia, esto es, artículos 5° y 40 letra a) de la Ley 18.961; 109 letra e) del D.F.L. N° 2/1991 del Ministerio de Defensa; y 65 letra b) del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, interpretados sistemáticamente y teleológicamente a la luz de lo prescrito en el artículo 41 del Código del Trabajo, es menester concluir que ciertamente dicha decisión se ajustó estrictamente a derecho, puesto que al haberse desvinculado temporalmente al funcionario de la institución, sin perjuicio de encontrarse supeditadas las condiciones de su retiro definitivo al dictamen del respectivo sumario administrativo, las prestaciones que se reclaman carecen actualmente de causa que las legitime.

Luego, descartada como se ha dicho la supuesta ilegalidad del acto que se objeta, debe indicarse, enseguida, que tampoco se advierte arbitrariedad en él, por cuanto no ha sido el capricho el motivo del cese de pago de la remuneración correspondiente a los meses posteriores a su separación de la institución, sino precisamente tal desvinculación, la que, a su vez, se sustentó en el hecho cierto de haber incurrido el recurrente en las conductas que se explicitan latamente en las consideraciones del Decreto N° 866, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 10 de junio de 2016, por lo que en tal escenario, su pago carece en este momento de causa;

UNDÉCIMO: Que en estas circunstancias, debería indefectiblemente desestimarse el arbitrio en análisis por los motivos formales y sustantivos antes enunciados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se niega lugar al recurso de protección deducido por el abogado don Luis Ahumada Castillo, en representación de nombre reservado, en contra de don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, sin costas.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 32.937-2018.- No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el Ministro Señor nombre reservado, por ausencia.

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