nombre reservado con AFP HABITAT S.A

C.A. de Santiago Santiago, ocho de agosto de dos mil veinticinco.

Al folio N° 24: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por el acto que califica arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales acumulados en la cuenta individual de capitalización del recurrente, en su calidad de técnico extranjero, al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, lo que estima vulnera sus garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2º y 24º de la Constitución Política de la República.

Expone que, el día 12 de diciembre de 2024, solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, que exime a los técnicos extranjeros de cotizar en el sistema previsional chileno, cuando demuestran estar afiliados a un sistema de previsión en su país de origen, y que dicha solicitud fue rechazada el 23 de diciembre del mismo año, aduciendo que el certificado presentado para acreditar afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encontraba vencido —más de 120 días desde su emisión—, además de referirse a cotizaciones posteriores a la fecha del documento.

Señala que el 3 de enero del año en curso, tras interponer un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, esta ordenó una nueva revisión documental, sin embargo, la recurrida rechazó nuevamente la solicitud mediante carta de esa data reiterando los fundamentos ya esgrimidos.

Atendido un nuevo reclamo del recurrente, el 15 de enero de 2025, mediante Oficio Ordinario N° 18116, la Superintendencia instruyó tener por acreditada la cobertura previsional del recurrente en Venezuela, considerando que el documento estaba debidamente legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y dada la suspensión de funciones consulares de la Embajada de Venezuela en Chile desde el 28 de julio de 2024, no era factible obtener una nueva legalización.

Refiere que, a pesar de ello, la Administradora recurrida mantuvo su rechazo a la solicitud, por lo que interpone la presente acción constitucional, estimando que la recurrida ha hecho una interpretación arbitraria y restrictiva de la normativa, contraria al espíritu de la ley y a la jurisprudencia administrativa y judicial vigente.

Alega que la negativa se funda en una interpretación formalista del requisito de vigencia del certificado de afiliación previsional extranjero, el cual habría sido legalizado oportunamente conforme al procedimiento establecido en la normativa nacional y avalado por la Superintendencia de Pensiones, a través de los oficios N° 24982, N° 767 y N° 18116.

Por estas razones, solicita que se deje sin efecto dicho acto ordenando a la recurrida dar curso a la devolución de los fondos dentro de un plazo de cinco días o el que esta Corte determine, acompañando los documentos que sostienen su pretensión.

Segundo: Que evacuando informe la recurrida expone en primer término que la acción incoada no resulta aplicable en el caso en comento, dado que excede su alcance al no ser el recurrente titular de un derecho indubitado.

No obstante lo anterior, refiere adicionalmente que la solicitud del actor fue rechazada por no cumplir los requisitos copulativos que impone el artículo 1° de la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio de devolución de fondos previsionales, sosteniendo que el recurrente presentó un certificado de afiliación previsional vencido y en copia simple, sin contar con apostilla o legalización vigente y verificable.

Agrega que la validación de dicho documento se tornó inviable debido al cierre de la Embajada de Venezuela sumado al hecho que la documentación electrónica presentada carece de las formalidades legales requeridas, razón por la cual no resulta admisible para respaldar la solicitud de devolución.

Sostiene que su actuar se encuentra plenamente ajustado a derecho, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156 y al principio de legalidad que rige a los órganos del sistema previsional.

Finalmente, y previa referencia a los antecedentes de derecho en los que funda su pretensión, plantea que no se configura acto ilegal ni arbitrario alguno, y que el presente recurso carece de fundamento, por lo que solicita su rechazo en todas sus partes.

Tercero: Que evacuando informe a requerimiento de esta corte, comparece la Superintendencia de Pensiones, que previa referencia a los antecedentes del recurso y de la tramitación de los respectivos reclamos administrativos, expone los presupuestos que dispone la Ley Nº18.156 para la procedencia de la devolución de los fondos previsionales de técnicos extranjeros, entre los que se considera la necesidad de aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Refiere que hasta el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile la delegación consular de ese país extendía a los afiliados venezolanos las certificaciones respectivas para los efectos de acreditar la cobertura previsional en el extranjero por todos los riesgos señalados en conformidad a la citada letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156. Dicha certificación debía ser legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo anterior, sostiene que todas las Administradoras de Fondos de Pensiones informaron en su oportunidad sobre la imposibilidad para llevar a cabo la revisión de las solicitudes de los trabajadores venezolanos, asociada particularmente con la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), no siendo posible verificar código alguno a partir del día 5 de agosto de 2024.

Indica que en razón de dicha problemática, y mediante el oficio reservado N°4062, de fecha 3 de septiembre de 2024, la División de Servicios Consulares de la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores (DEVADI) respondió el oficio N° 15.202, de 2024, señalando, en lo pertinente que, con ocasión del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, dicha representación diplomática gestionó documentos para sus connacionales hasta el 26 de julio del 2024, los cuales fueron presentados para ser legalizados ante ese Ministerio durante la semana del 29 de julio del 2024, existiendo una nómina respecto de los que fueron validados en dicho periodo.

Señala que en razón de lo expuesto, y a través del Oficio N° 18116, de 30 de septiembre de 2024, su parte instruyó a la AFP Habitat S.A. que diera por acreditado el cumplimiento de cobertura previsional en el extranjero exigida sobre la base de la legalización efectuada a las Constancias de Afiliación al IVSS, según lo informado en el citado oficio reservado N°4062, respecto de los casos de afiliados venezolanos incluidos en nómina que se adjuntó a dicho oficio, indicando al efecto que en dicha nómina no figura el recurrente de autos, por lo que no le es aplicable la instrucción del Oficio N° 18116.

Finalmente manifiesta que en el caso del recurrente y considerando su particular situación, por oficio N°767 de 2025, se instruyó a la AFP Habitat S.A. que, de manera excepcional, aceptara el certificado de la sección Consular de la Embajada de Venezuela respecto a la cobertura previsional del Instituto Venezolano del Seguro Social - IVSS, no obstante estar vencido, siempre que se verifique la validez de dicho documento, lo que de acuerdo al mérito de los antecedentes no habría sido posible, dado que de acuerdo a lo expuesto por la AFP el recurrente nunca ha presentado el documento original, sino una mera fotocopia.

Cuarto: Que el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto tutelar, mediante una acción expedita y eficaz, los derechos y garantías que dicha norma asegura a todas las personas, en caso de ser estas privadas, perturbadas o amenazadas en su legítimo ejercicio por actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Quinto: Que en la especie, el recurso ha sido interpuesto por don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien alega la comisión de un acto ilegal y arbitrario por parte de AFP Habitat S.A., consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, pese a haber acompañado, a su juicio, la documentación exigida por la Ley N° 18.156 para acceder a dicho beneficio como trabajador técnico extranjero.

Sexto: Que la Ley N° 18.156, en su artículo 7°, permite a los trabajadores extranjeros que hubieren efectuado cotizaciones previsionales en una AFP, solicitar la devolución de los fondos depositados, siempre que acrediten su afiliación a un régimen previsional extranjero que cubra, a lo menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que exista constancia expresa en su contrato de trabajo de la voluntad de mantener dicha afiliación, conforme a lo exigido en el artículo 1° de la misma ley.

Séptimo: Que el acto administrativo impugnado —esto es, el rechazo de la solicitud de devolución— se sustenta en la falta de vigencia y validez probatoria del documento base presentado por el recurrente: el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, presentado en diciembre del mismo año, y acompañado solo en copia simple, sin apostilla ni nueva legalización en Chile, y sin verificación funcional del código QR por cierre del consulado respectivo.

Octavo: Que esta Corte advierte que, aun cuando la Superintendencia de Pensiones haya emitido oficios orientadores respecto a la posibilidad de aceptar documentación cuya legalización ya fue realizada antes del cierre del consulado, la naturaleza y efectos de dichos actos administrativos no pueden sustituir las obligaciones legales específicas que recaen sobre las AFP, las cuales, conforme a su mandato legal y reglamentario, deben verificar de manera indubitada el cumplimiento de los requisitos copulativos exigidos por la ley para proceder a la devolución de los fondos previsionales.

Noveno: Que, en consecuencia, no puede estimarse que la conducta de la recurrida haya sido ilegal, en cuanto ha actuado dentro del marco de sus competencias legales y reglamentarias, evaluando los antecedentes a su disposición y aplicando el criterio de legalidad que la obliga a constatar los requisitos normativos, máxime cuando el documento central ofrecido por el recurrente se encuentra vencido, no apostillado ni legalizado vigente, y sin verificación activa en la plataforma electrónica extranjera.

Décimo: Que, por otra parte, tampoco se configura arbitrariedad, entendida como un proceder caprichoso, inmotivado o ajeno a razón suficiente. Por el contrario, la AFP motivó debidamente su resolución, mediante carta formal de fecha 3 de enero de 2025, en la que explicó los fundamentos técnicos y normativos de su decisión, dando cumplimiento al deber de motivación exigido por el principio de juridicidad y de control del interés fiscal.

Undécimo: Que, en atención a lo razonado precedentemente, y no existiendo un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y vistos además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y demás normas legales pertinentes; se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de AFP Habitat SA.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 3287-2025.