Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Provida S

C.A. de Santiago Santiago, seis de mayo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 19 de marzo de 2021, en estos antecedentes Rol I.C. N° 3285-2021, a la que acumuló Rol I.C. N° 3289-2021, comparece nombre reservado, chileno, arquitecto, domiciliado en domicilio reservado, e interpone acción de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., (en adelante AFP Provida), representada por su gerente general nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la Municipalidad de Santiago, representada por su alcalde Felipe Alessandri Vergara, ambos con domicilio en domicilio reservado, por las actuaciones ilegales y/o arbitrarias consistentes en la vulneración de las medidas de prevención obligatorias y en la no adopción de ninguna medida seria y responsable, en los lugares donde se formen filas en la vía pública y en donde se exige el uso de mascarilla, en el marco del proceso de tramitación del cobro del 10% de los fondos de pensiones de los afiliados de la primera recurrida.

Expone que la sucursal de la AFP Provida de domicilio reservado es su oficina matriz; por tal motivo, es muy concurrida, la que lleva operando dos años con normalidad. Sin embargo, en la actualidad se encuentra superada en su capacidad de gestión, lo que ha provocado una crisis de desorden público y sanitaria, con permanentes altercados entre sus clientes por no contar con un método de atención adecuado y el espacio necesario para atender las necesidades urgentes que afectan actualmente a todas las personas, debiendo concurrir permanentemente Carabineros de Chile, para controlar estas situaciones.

Señala que en las oficinas de AFP Provida todos los días desde las 9.00 hasta las 16.30, solo cuatro funcionarios atienden a cientos de personas y que estas personas se agrupan en una estrecha fila que se extiende en ocasiones por casi toda la manzana comprendida entre las calles Huérfanos, San Martín, Agustinas y Amunátegui, manzana en que se encuentran accesos a viviendas, ministerios, oficinas públicas y privadas, clínicas privadas, comercio, restaurantes, etc. Estos accesos se encuentran todos obstruidos por las personas que esperan la atención de la Administradora, afectando además el derecho a desarrollar una actividad económica de los vecinos. Agrega que estas personas deben esperar horas a la intemperie, de pie y sin ningún servicio higiénico para cubrir las necesidades de una larga espera, personas de la tercera edad en su mayoría, de movilidad reducida, niños y adultos.

Alega como garantías constitucionales conculcadas las consagradas en los numerales 9, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En razón de lo expuesto solicita se acoja el recurso, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de cesar, en forma inmediata, en la ejecución de cualquier acto material que implique o pueda implicar afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas en esta presentación sin perjuicio, además, de establecer su obligación en orden a proceder, también en forma inmediata, a reparar, a su propio costo y a entera satisfacción de los afectados, los daños que, actualmente, se producen en los inmuebles, sus actividades económicas y el derecho a vivir en paz, todo ello, con expresa condenación en costas.

Segundo: Al evacuar informe, la recurrida Ilustre Municipalidad de Santiago, alega la falta de legitimación pasiva del municipio, ya que el recurrente reclama en su contra por una supuesta omisión de éste, que consistiría en no haber adoptado las medidas conducentes para evitar que el público asistente a la sucursal de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., se aglomerara a la entrada de ese establecimiento. En razón de aquello, imputa al Municipio la vulneración de las medidas de prevención obligatorias, que afectan a la vía.

Cabe señalar, sin embargo, que el Municipio carece de facultades legales, y por ende de competencia, para controlar y fiscalizar el cumplimiento por parte de la población de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, siendo facultad exclusiva de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud la focalización de dichas medidas sanitarias.

Cita al afecto los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, los artículos 3, 8 y 9 del Código Sanitario y el D.F.L. N° 1 de fecha 23 de septiembre de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469.

De la normativa citada concluye que la Municipalidad no ha incurrido en ninguna omisión de carácter ilegal o arbitraria que amerite reproche alguno.

Tercero: Que, también presenta su informe la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

En primer término, indica que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento, donde exista un carácter contradictorio. En efecto, el recurrente sostiene que AFP Provida ha vulnerado sus garantías constitucionales como el derecho a la salud, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad, pero su parte -AFP Provida- sostiene que se ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente.

A continuación alega falta de legitimación pasiva, ya que en estos autos don nombre reservado recurre contra AFP Provida producto de las largas filas que se generan en la salida de la agencia Huérfanos, no obstante los hechos que se le imputan son del todo injustificados, atendido que su representada solo está dando cumplimiento a las leyes dictadas por la autoridad competente.

Refiere una ausencia total de ilegalidad y arbitrariedad en su actuar, y que en la especie no existe vulneración alguna en las garantías constitucionales del recurrente de autos. En efecto, lo que ocurrió en los hechos fue que producto de las publicaciones de las Leyes N° 21.248; N° 21.295 y N° 21.339, que permitieron el primer, segundo y tercer retiro de los fondos previsionales, lo que produjo una situación de sobrecarga de trabajo en las operaciones de AFP Provida, y que a mayor abundamiento, se les encomendó pagar el beneficio estatal del bono de $ 200.000, para todos aquellos afiliados que habían quedado sin fondos previsionales en sus cuentas de capitalización individual, situación que generó aún más retraso en sus operaciones, pese a haber contratado personal de contingencia, y si todo lo señalado no fuere suficiente, con la aprobación de la Ley N° 21.254, las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen la obligación de retener y pagar las deudas de alimentos de sus afiliados en virtud de una orden judicial emanada de los Juzgados de Familia del país, llevando a la fecha 42.060 oficios con requerimientos judiciales de los referidos Juzgados, a lo que deben sumarse los requerimientos del resto de los Tribunales y Cortes del país.

Sin perjuicio de lo anterior, AFP Provida implementó medidas de aumento de dotación de externos, quienes apoyan en organizar fila general, realizar fila preferencial, reiterar mantención del distanciamiento social y evitar obstaculizar ingreso de locales vecinos, aclarando que en la sucursal se encuentra atendiendo con 19 ejecutivos y 2 direccionadores y tiene un aforo de 43 personas.

Agrega que a todo lo señalado se suma que su agencia de Huérfanos se tuvo que cerrar producto de brote Covid-19 y qué no cabe duda que en los hechos no existe vulneración de garantías constitucionales del recurrente de autos, sino que un estricto cumplimiento a la normativa vigente, hecho que genera la alta demanda de afiliados que consultan por sus trámites en todas las agencias de AFP Provida, y que tanto la situación de pandemia que afecta no solo al país, sino que al mundo entero, la publicación de las leyes que involucran un completo despliegue de su AFP y sus colaboradores en beneficio de la sociedad, no son responsabilidad de su parte, quien solo cumple las normas legales dictadas por las autoridades competentes.

Finalmente expresa que el recurso no da cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que el primer impedimento para acceder al presente arbitrio se encuentra en la petición concreta del recurso, pues lo que se solicita es que se “restablezca el imperio del derecho sobre la base de cesar, en forma inmediata, en la ejecución de cualquier acto material que implique o pueda implicar afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas en esta presentación sin perjuicio, además, de establecer su obligación en orden a proceder, también en forma inmediata, a reparar, a su propio costo y a entera satisfacción de los afectados, los daños que, actualmente, se producen en los inmuebles, sus actividades económicas y el derecho a vivir en paz, todo ello, con expresa condenación en costas.”

De lo reproducido se puede advertir que no hay ninguna medida concreta que se pida en ambos recursos a esta Corte para restablecer el imperio del derecho que dice haberse quebrantado. En efecto, ante esa vaguedad e imprecisión, mal puede esta Corte adoptar medida alguna, lo que basta para desechar sendos arbitrios.

Sexto: Sin perjuicio de lo anterior, es claro que a esta fecha las acciones cautelares han perdido oportunidad, pues los motivos que tenía el público para acercarse a la AFP Provida han ido desapareciendo, situación -por lo demás- que no puede ser rechazada por esa institución previsional, dado que obedece al cumplimiento regular de sus obligaciones con sus afiliados.

Séptimo: Por último, a mayor abundamiento, en cuanto al objeto que persigue este recurso, teniendo en cuenta que el origen de la masiva concurrencia de las personas a esa dependencia de AFP Provida obedece a múltiples razones, explicadas por la recurrida, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en su proceder, pues solo se limitó a recibir y atender a los usuarios que concurrían a ese local, para satisfacer las distintas inquietudes en materias previsionales, generados a raíz de la crisis sanitaria.

Asimismo, en lo que respecta a la Municipalidad de Santiago, tampoco puede colegirse a su respecto arbitrariedad o ilegalidad en su accionar, pues el mantenimiento del orden público –que es en rigor el reproche del recurrente- escapa a sus facultades legales, unido a que la autoridad encargada del respeto a las normas de higiene y salud pública es la autoridad sanitaria, ante la cual debieron formularse estos reclamos.

Octavo: En virtud de todo lo anterior, siendo vaga e imprecisa la petición del recurso; habiendo perdido oportunidad el arbitrio y no existiendo en los hechos que dieron origen a esta presentación algún acto ilegal o arbitrario de las recurridas, la acción cautelar debe ser desestimada.

Por los fundamentos precedentes, más lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y otros en contra de AFP Provida y de la I. Municipalidad de Santiago, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N° Protección N°3285-2021 y acumulada N° 3289-2021.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la ministra señora señora nombre reservado, e integrada, además, por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y el abogado integrante señor José Ramón Gutiérrez Silva, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, seis de mayo de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.