Protección contra División de Personal del Ejército de Chile

C.A. de Santiago Santiago, tres de diciembre de dos mil veinticinco.

A los folios 45 y 46: estese a lo que se resolverá.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

Primero: Que en estos autos comparece Rafael Harvey Valdés, en representación de nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la División de Personal del Ejército de Chile, por haber dispuesto la destinación del recurrente desde la Jefatura Administrativa y Logística del Estado Mayor General (JAL EMGE) en la ciudad de Santiago, a la 3ra Brigada Acorazada "La Concepción" (3RA BRIACO) de la ciudad de Antofagasta.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que provocaría la inevitable desintegración del grupo familiar, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la vida e integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, libertad de trabajo y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto dicha destinación.

Expone el recurrente fue destinado arbitraria e ilegalmente desde Santiago a Antofagasta, lo que producirá consecuencias perniciosas a toda la familia, incluyendo la inevitable desintegración del grupo familiar. Señala que su cónyuge también es funcionaria pública y se encuentra en Etapa de Destinación y Formación, estando obligada a permanecer en Santiago al haber sido incorporada al Programa de Especialización Médica en Anestesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, financiado por el Servicio de Salud de la Región de Magallanes, por lo que no puede trasladarse a residir en Antofagasta ni en ninguna otra ciudad.

Agrega que el hijo mayor del matrimonio, de sólo 3 años, se verá gravemente afectado por la desintegración familiar, situación que también afectará a la hija menor de poco más de 1 año, quien además padece de enfermedades desde su nacimiento y se encuentra en tratamiento clínico especializado.

Manifiesta que tras publicarse el plan de destinaciones del Ejército de Chile, se reconsideraron y dejaron sin efecto todas aquellas destinaciones que habrían de producir una desintegración familiar, excepto la destinación del recurrente, lo que resulta arbitrario, ilegal y discriminatorio.

Indica el recurrente que los Tribunales Superiores de Justicia ya han acogido acciones de protección deducidas por integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad debido a que sus destinaciones ocasionaban riesgo de desintegración familiar y/o perjuicios a niños, niñas y adolescentes.

Relata que el actor, tras incorporarse a la planta institucional de Oficiales del Ejército en 2010, ha sido destinado a diferentes unidades y ciudades, siendo destinado en 2023 a la JAL EMGE en Santiago, y recientemente se le comunicó su destinación a la 3RA BRIACO en Antofagasta. Por su parte, la Sra. nombre reservado se tituló de Médico Cirujano en 2019, debiendo trasladarse a Punta Arenas al ser destinado allí su cónyuge, postulando a un cargo público en el Servicio de Salud de la Región de Magallanes. Posteriormente, al ser destinado su esposo a Santiago en 2023, ella debió solicitar un permiso sin goce de remuneraciones en su empleo público para evitar la desintegración familiar.

Expone que el Servicio de Salud de la Región de Magallanes patrocinó la postulación de la Sra. nombre reservado al Programa de Especialización en Anestesiología de la Universidad Católica para el trienio 2025-2028, siendo aceptada en dicho programa, el cual será financiado por el SSRM, pero incluyéndose una millonaria cláusula penal en caso de reprobar. Añade que ambos debieron realizar gestiones administrativas para traspasarse el permiso de alimentación de la hija menor, lo cual fue aprobado por el Ejército mediante Resolución EMGE NUM000 del 18 de diciembre de 2024.

Sostiene que el Anexo N° 4 de la Cartilla de Destinaciones del Ejército establece que el personal destinado en reparticiones castrenses como las de Santiago debe permanecer un mínimo de 3 años y un máximo de 5 años en ellas. Agrega que la destinación a la 3RA BRIACO no obedece a necesidades institucionales reales, ya que en aquella unidad existe un superávit de personal especializado del Arma de Caballería Blindada, y que lo que realmente necesitaba era un Oficial de Intendencia que se desempeñara como Oficial de Abastecimiento.

Señala que la hija menor del matrimonio padece de braquicefalia y presenta un retraso del desarrollo psicomotor motor grueso, encontrándose en tratamiento médico especializado a través de profesionales de la Red Salud UC CHRISTUS, debiendo asistir a sesiones semanales. Según informe de la médico tratante del 30 de septiembre de 2024, la niña se encuentra en terapia de rehabilitación de kinesiología motora infantil especializada, en la cual se ha observado una discreta mejoría, por lo que debe mantener al menos una sesión semanal.

Expone el actor que presentó estos antecedentes ante sus mandos institucionales, quienes le brindaron apoyo y estimaron que su destinación era improcedente, disponiendo que la Asistente Social elaborara un informe social, el cual concluyó que la destinación era inadecuada. Presentó una solicitud de reconsideración, la cual fue rechazada mediante Oficio DIVPER NUM001 del 6 de febrero de 2025, en el que se indicaba que su destinación obedecía a necesidades institucionales relacionadas con cursos de tanques militares en que había participado, pese a que será encuadrado como Oficial de Abastecimiento en labores netamente administrativas y logísticas.

Sostiene que la acción de protección es admisible conforme al artículo 54 de la Ley N° 19.880, que interrumpe los plazos para ejercer acciones judiciales. Argumenta que las decisiones administrativas impugnadas son arbitrarias e ilegales por no responder a necesidades del servicio específicas y por infringir los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, relativos a los requisitos de motivación y fundamentación. Agrega que son ilegales por infracción a lo dispuesto en los artículos 10, 17 letra f), y 41 de la Ley N° 19.880, al no emitirse pronunciamiento sobre las alegaciones formuladas, y también por ser discriminatorias, infringiéndose el derecho establecido en el artículo 17, letra i), de la Ley N° 19.880 y la prohibición contemplada en el artículo 84, letra l), de la Ley N° 18.834.

Argumenta que se amenazan y perturban: 1) Los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica, al restablecimiento de la salud y a la libre elección de un sistema de salud público o privado (artículo 19 N° 1 y N° 9 de la Constitución), al impedir la continuidad del tratamiento médico especializado de la hija menor; 2) El derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), al no dar igual trato que a otros funcionarios en situación similar; y 3) Los derechos a la libertad de trabajo y de propiedad (artículo 19 N° 16 y N° 24), al afectar la carrera profesional de la Sra. nombre reservado y sus derechos adquiridos sobre su empleo público.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la destinación del actor desde la JAL EMGE en Santiago a la 3RA BRIACO en Antofagasta, decretándose además una orden de no innovar que suspenda dicha destinación.

Segundo: Que informa don nombre reservado, General de Brigada, Comandante de la División de Personal del Ejército de Chile, quien solicita el rechazo de la acción constitucional, argumentando que la destinación del recurrente fue dispuesta mediante Resolución Exenta CDO.

CJE. CGP. DIVPER II/2/a/1 (R) NUM002 de 27 de septiembre de 2024, la cual se enmarca dentro del Plan Anual de Destinaciones del 2025.

Explica que las resoluciones que disponen las destinaciones de los Oficiales del Ejército de Chile son realizadas anualmente conforme a un exhaustivo trabajo que contempla los requerimientos de los distintos Comandos y Unidades, considerando las necesidades de personal, tablas de distribución, especialidades de cada funcionario, perfil necesario y disponibilidad presupuestaria.

Sostiene que argumentar en el sentido del recurrente implica desconocer las políticas de funcionamiento y organización institucional, las potestades que el ordenamiento vigente ha conferido a las autoridades competentes y, especialmente, la primacía de las necesidades del servicio.

Enfatiza que la adecuada satisfacción de las misiones institucionales constituye el elemento determinante en la administración del personal en el Ejército, lo que se traduce en el cumplimiento del principio de probidad administrativa dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley 18.575, que obliga a priorizar el interés público por sobre consideraciones individuales e inclusive familiares.

Señala que el recurrente, con su actuar, desconoce la obligación que libre y voluntariamente conoció y aceptó al ingresar a la institución, cuya naturaleza jerárquica y militar exige ciertas concesiones de parte de sus miembros. En este sentido, considera infundado alegar ilegalidad o arbitrariedad a la Resolución recurrida, que tuvo por fin único disponer al actor y más de 800 Oficiales Subalternos a una nueva destinación conforme a criterios técnicos, ponderaciones y fundamentos analizados por las autoridades competentes, manifestación de la discrecionalidad técnica de la administración.

Agrega la destinación del recurrente, como todas las demás dispuestas anualmente a nivel institucional, fueron establecidas por las autoridades competentes en atención al artículo 147 del Estatuto de Personal de las FAs, que establece que las destinaciones de los Oficiales las dispondrá el Comandante en Jefe Institucional en atención a las proposiciones efectuadas por la DIVPER, previa ponderación de criterios económicos y técnicos derivados del cumplimiento de las misiones institucionales.

Indica que el personal de las Fuerzas Armadas está constituido por personal de planta, a contrata y de reserva llamado al servicio activo, conforme al artículo 4° de la Ley N° 18.948. El párrafo 2° del Capítulo V, artículos 145 y siguientes del DFL N° 1 de 1997, regula las destinaciones, definiéndolas como "la designación del personal para servir en una unidad o repartición, en calidad de planta o agregado, sin especificar el cargo o puesto que en ella le corresponda." Enfatiza que la institución, al disponer la destinación del recurrente y de cualquier otro personal institucional, no decide el cargo, puesto o función exacta que desempeñará en su nueva Unidad, siendo el mando de ésta quien determinará qué función cumplirá el reciente destinado. Esto es coherente con la definición legal de destinación y con la Cartilla de Destinaciones, que establece una etapa de "Encuadramiento" correspondiente a los Comandantes de Unidad.

Argumenta que la autoridad cuenta con la facultad discrecional de destinar a su personal, encontrándose regulada en la Cartilla de Destinaciones. Esta necesidad se manifiesta en la designación de un Oficial con competencias en una Brigada Acorazada, considerando al actor como competente para dicha destinación por pertenecer al Arma de Caballería Blindada y haber estado anteriormente en unidades de similares características como la 4° Brigada Acorazada "Chorrillos".

Explica que el Oficio DIVPER II/2/a/1 (R) NUM001 de 6 de febrero de 2025 informa al recurrente la decisión de mantener su destinación a la 3° BRIACO "La Concepción", fundamentando esta decisión en la importancia prioritaria de las Brigadas Acorazadas dentro de la Institución debido al material bélico que poseen. Además, enumera los cursos del recurrente relacionados con tanques y material bélico. La recurrida aclara que, ante el argumento de la salud del núcleo familiar, se mantuvo la decisión considerando que Antofagasta, como capital regional, cuenta con suficiente oferta médica y un Hospital Institucional (Hospital Militar del Norte).

Refuta las alegaciones sobre insuficiencia de fundamentos, señalando que no es cierto que se dejaron sin efecto otras destinaciones por producir una supuesta disgregación familiar. Asimismo, controvierte la afirmación del recurrente sobre su historial de postulaciones, señalando que él mismo ha solicitado en repetidas ocasiones ser destinado a zonas alejadas de la capital donde se encuentran unidades acorazadas, e incluso en 2024 solicitó ser enviado en comisión de servicio a Bosnia y Herzegovina para el período mayo-noviembre 2025, demostrando una contradicción en su actuar.

Rechaza que exista afectación al derecho a la vida e integridad física y psíquica (Art. 19 N° 1) y derecho a la salud (Art. 19 N° 9), argumentando que la ciudad de Antofagasta cuenta con los servicios sanitarios necesarios.

Respecto a la igualdad ante la ley (Art. 19 N° 2), sostiene que el recurrente no acredita un actuar institucional diverso frente a funcionarios en idéntica situación. En relación al derecho a la libertad de trabajo y propiedad (Art. 19 N° 16 y 24), indica que el recurrente confunde el objeto de estas disposiciones constitucionales.

Solicita, en definitiva, tener por evacuado el informe y, en definitiva, declarar que no ha existido vulneración de derechos y garantías constitucionales, atendido que los hechos alegados como arbitrarios e ilegales se han enmarcado dentro del ejercicio de atribuciones válidamente conferidas a la autoridad institucional.

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en relación al fondo del presente arbitrio, lo que se pretende a través de él, es que esta Corte declare ilegal o arbitraria la Resolución Exenta CDO. CJE. CGP. DIVPER II/2/a/1 (R) NUM002 de 27 de septiembre de 2024, que destina al recurrente desde la JAL EMGE a la 3ª BRACO “La Concepción”, es decir, desde la ciudad de Santiago a Antofagasta.

Quinto: Que, sobre el particular, resulta indispensable mencionar que el inciso primero del artículo 145 del DFL N°1/1997, Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, prevé: “La destinación es la designación del personal para servir en una unidad o repartición, en calidad de planta o agregado, sin especificar el cargo o puesto que en ella le corresponda”.

Por su parte, el inciso primero del artículo 101 de la Constitución Política de la República señala: “Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. El inciso tercero de dicha norma agrega: “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.

A su turno, los artículos 1 y 2 de la Ley 18.948, en lo pertinente, disponen: “Las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, están integradas sólo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, constituyen los cuerpos armados que existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República.

La consecución de los fines anteriores es permanente y descansa en un adecuado nivel de alistamiento del personal y del material y en el cumplimiento del juramento de servicio a la patria y defensa de sus valores fundamentales.

Derivado de las particulares exigencias que impone la función militar y la carrera profesional, los organismos y el personal que la desarrollan, así como sus institutos de formación profesional, se ajustarán a normas jurisdiccionales, disciplinarias y administrativas que se establecen en esta ley y en la legislación respectiva.

El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determinen los reglamentos de disciplina y las ordenanzas generales de las respectivas Instituciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle”.

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizados y disciplinados”.

En este orden de ideas, el inciso primero del artículo 138 del citado del DFL N° 1/1997 establece: “El personal estará sujeto a los deberes y restricciones inherentes a la profesión militar contenidos en la Ley Nº18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, en el presente Estatuto, en el Código de Justicia Militar, en el Reglamento de Disciplina respectivo y en la Ordenanza de la Armada, según corresponda. Igualmente, el personal estará sujeto a las obligaciones y prohibiciones establecidas para los empleados de la Administración Civil del Estado en la Ley Nº18.834, Estatuto Administrativo, en cuanto fuere procedente”;

Sexto: Que para apreciar si una medida como la que se reprocha reviste la calidad de ilegal o arbitraria debe tenerse presente que la misma se funda en el legítimo ejercicio de las facultades de la autoridad respectiva de la institución, cuyos miembros por su solo ingreso, se han comprometido a acatar las destinaciones y desempeñar las tareas y funciones que se les encomienden según las necesidades del servicio, lo cual, lo cual no es sino el reflejo de la estructura jerárquica y el sistema disciplinado de la institución.

En consecuencia, una medida de esta clase no es ilegal ni arbitrario si se encuentra justificado por las necesidades del servicio y se enmarca dentro de las facultades de la institución.

Séptimo: Que si bien el principio general antes expresado, admite desde luego excepciones, estas deben encontrarse fundadas en razones altamente calificadas y, en la especie, analizados los supuestos y alegaciones planteadas por el recurrente, así como lo informado por la parte recurrida, esta Corte no advierte que concurran los elementos que permitan configurar las razones de gravedad requeridas para que opere la excepción, razones que en consecuencia conducen a desestimar el recurso intentado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta en estos autos en contra de la División de Personal del Ejército de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción: Ministro Dobra Lusic, quien no firma por encontrarse en funciones en la Excma. Corte Suprema.

N°Protección- 3283-2025.