UNIVERSIDAD DE ARTES CIENCIAS Y COMUNICACIÓN con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISION DE MEDI

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Jorge Pineda Jiménez, abogado, en representación de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC), quien interpone en su favor recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en haber dictado la Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-08781-2025, de 21 de enero de 2025, por la que se rechazó el reclamo de la recurrente, ratificando la decisión de la Asociación Chilena de Seguridad, que calificó como de origen laboral la enfermedad de una ex trabajadora de la Universidad, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 3 y 24 de la Carta Fundamental, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho, ordenando esta Corte dejar sin efecto la resolución impugnada, debiendo la recurrida pronunciarse nuevamente sobre el asunto sometido a su decisión.

Relata que UNIACC es una Universidad pequeña, de cerca de 7.000 estudiantes, cuya línea de trabajo académico, se encuentra, además, configurada por la educación a distancia, y en esas circunstancias, mantuvo una relación laboral con doña nombre reservado, quien se desempeñó prestando servicios en la Facultad de Psicología, como Directora de Escuela y Decana Interina.

Refiere que la Sra. nombre reservado, luego de una licencia médica y hacer uso de su feriado legal, solicitó trabajo a distancia, en modalidad híbrida, de media jornada, cuestión que fue negada por medio de un oficio, debidamente fundado por la Universidad, y particularmente por expresa disposición del nuevo artículo 152 quater O bis, introducido al Código del Trabajo por medio de la Ley N°21.645, norma que dispone que no se encuentra permitido el trabajo a distancia para aquellos trabajadores que detenten cargos de exclusiva confianza, como apoderados, gerentes, subgerentes, agentes, entre otros.

Hace presente que, en estas circunstancias, la trabajadora ejerció el derecho que le confiere el artículo 171 del Código del Trabajo y comunicó el término del contrato, mediante el mecanismo del despido indirecto, concurriendo, previamente, a la Asociación Chilena de Seguridad para recibir atención médica por sobrecarga laboral.

Precisa, que la Superintendencia de Seguridad Social, no indago el verdadero origen del padecimiento detectado a la Sra. nombre reservado, como son los antecedentes que dan cuenta de actividades docentes de la actora en múltiples instituciones, distintas a UNIACC, tales como Universidades y ONG, lo que sería el motivo de la sobrecarga laboral, incluso realizó actividades docentes encontrándose con licencia médica, y en este contexto fue que comunicó su despido indirecto, elementos todos que no fueron tomados en consideración por la SUSESO.

Detalla, que previo al despido indirecto, no se presentó algún reclamo por hostigamiento laboral o sintomatología psiquiátrica asociada a sobrecarga laboral, por lo que la consulta a la Asociación Chilena de Seguridad, lo fue, únicamente, por la negativa a que realizara trabajo a distancia, ello, en razón de desempeñar un cargo directivo, lo que tampoco fue abordado por la Resolución Exenta impugnada.

Fundamenta, que la actuación de la recurrida, es arbitraria e ilegal, por no haber sido adoptada conforme al estándar de fundamentación dispuesto por la Ley N° 19.880, dado que no se justifica, en los antecedentes allegados al procedimiento administrativo, limitándose únicamente a manifestar, por medio de expresiones genéricas, que existe un padecimiento de origen laboral por sobrecarga, pero sin atender, enumerar, o analizar otros elementos.

Por estas consideraciones, solicita dejar sin efecto la resolución impugnada, debiendo la recurrida, pronunciarse nuevamente, sobre el asunto sometido a su decisión.

Segundo: Que, informa don Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad social, solicitando el rechazo de la acción de protección, con costas.

Luego de reseñar las peticiones formuladas por la actora y el contexto de la acción de autos, arguye, en primer término, que el recurso de protección debe ser desestimado, por ser extemporáneo. Funda lo anterior en que la acción constitucional fue interpuesta con fecha 21 de febrero de 2025, en circunstancias que se recurre en contra de la Resolución que se limita a resolver un recurso de reposición interpuesto por la misma parte recurrente el 9 de octubre de 2024, en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-154988-2024, de 2 de octubre de 2024, la que a su vez ya había rechazado la reclamación interpuesta por la entidad empleadora con fecha 21 de julio de 2024, en contra de la Asociación Chilena de Seguridad, que con fecha anterior y luego del estudio del caso, había calificado como de origen laboral la afección de salud mental que padeció la trabajadora ya individualizada.

En subsidio de lo anterior, sostiene que la acción de protección debe ser desestimada, por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, agregando, que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional, por lo que debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que no es este caso.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo, relata que las normas que regulan la determinación del origen de una enfermedad o afección determinada, están contempladas en la Ley N° 16.744 y sus cuerpos reglamentarios, ajustándose la actuación de la SUSESO al cumplimiento de sus funciones al tenor de la letra c) del artículo 2 de la Ley N° 16.395, en tanto, se ha enmarcado dentro de sus competencias legales y técnicas en la materia, encontrándose la Resolución Exenta impugnada, dotada de fundamentos suficientes y en armonía con los antecedentes médicos y laborales del caso que se tuvieron a la vista por parte de los profesionales médicos de la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como para poder ser calificada de ilegal ni menos arbitraria, es decir, que esté basada en el mero capricho del autor del acto.

Refiere que la determinación de la calificación de una patología de salud mental, como enfermedad profesional o no, depende de si, en el caso concreto, se cumplen o no los presupuestos contemplados en la definición del siniestro denominado “enfermedad profesional”, establecida en el artículo 7 de la Ley N° 16.744, que la define como aquella causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte, lo que debe ser complementado por el artículo 16 del Decreto Supremo Nº 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que dispone que para que una enfermedad se considere profesional, es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico.

Arguye, que en el caso de marras, se pudo verificar, según la investigación o estudio efectuada por la Asociación Chilena de Seguridad, esta situación, por lo que no existe ilegalidad o arbitrariedad alguna en el dictamen mediante el cual, la Superintendencia atendió el reclamo de la ahora entidad empleadora recurrente, más allá de un resultado desfavorable para sus pretensiones, en cuanto no resultó legalmente procedente negar a la trabajadora la cobertura del seguro social de la Ley N° 16.744, respecto de la patología de salud mental que le afectó.

Fundamenta que de la revisión de los antecedentes médico – laborales del caso aportados a la SUSESO por la Asociación Chilena de Seguridad, la recurrida resolvió rechazar por medio de la Resolución Exenta N° R-01-UME-154988-2024, de 2 de octubre de 2024, la reclamación de la ahora recurrente, confirmando que la enfermedad de la Sra. nombre reservado debía ser calificada como una enfermedad profesional.

Puntualiza, que contra la mencionada Resolución, se dedujo recurso de reconsideración por UNIACC, solicitando el cambio de calificación de laboral a común, haciendo presente que la trabajadora tendría otras actividades laborales que no habrían sido consideradas por la SUSESO y que explicarían su sobrecarga laboral, confirmándose la determinación de la recurrida, mediante la Resolución Exenta impugnada de 21 de enero del año en curso, en cuanto a que la afección de salud mental de la trabajadora debe ser calificada como una enfermedad profesional, ya que su caso se encuadra con la definición del artículo 7 de la Ley N° 16.744.

Expresa finalmente, que lo pretendido por el recurrente dice relación en definitiva, con la existencia de la relación de causalidad entre la labor de la trabajadora y la afección de salud mental, en los términos que están definidos en el artículo 7 de la Ley Nº16.744, su interpretación y aplicación a un caso concreto, cuestiones que sobrepasan abiertamente el ámbito de aplicación de la acción o recurso de protección, agregando que UNIACC pretende igualmente que se modifique una resolución administrativa teniendo como base un supuesto derecho que no existe o que es a lo menos controvertido y no puede considerarse, por lo tanto, como un derecho indubitado.

Por estas consideraciones, solicita en definitiva el rechazo de la acción de protección deducida en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario, lo constituye el hecho de haber dictado la Superintendencia de Seguridad Social, la Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-08781-2025, de 21 de enero de 2025, por la que se rechazó el reclamo de la recurrente, ratificando la decisión de la Asociación Chilena de Seguridad, que calificó como de origen laboral la enfermedad de una ex trabajadora de la Universidad, lo que vulneraría las garantías constitucionales del artículo 19 N° 3 y 24 de la Carta Fundamental, correspondiendo a esta Corte determinar si dichas determinaciones se ajustan o no a derecho.

Quinto: Que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, como alegación principal, arguye que el recurso de protección sería improcedente toda vez que es extemporáneo.

En cuanto a dicha alegación porque de la sola lectura del recurso se puede advertir que la afectación de las garantías constitucionales del recurrente se vincula con la Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-08781-2025, de 21 de enero de 2025, por lo que la interposición del recurso se ha realizado dentro de plazo, no pudiendo prosperar esta alegación.

Sexto: Que la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, en subsidio de lo anterior, arguye que el recurso de protección sería improcedente, toda vez que el derecho a la seguridad social, consagrado por la Carta Fundamental en el N° 18 del artículo 19, no se encontraría amparado por el recurso de protección.

Corresponde desestimar dicha alegación, porque de la sola lectura del recurso es posible advertir que no se invocó en parte alguna como supuestamente vulnerado el derecho a la seguridad social, sino que se aludió a otras garantías fundamentales que se encuentran resguardadas por la presente acción cautelar.

Séptimo: Que, respecto del fondo del asunto, debe tenerse en consideración lo que dispone la normativa que regula la materia. Es así como el artículo 7 de la Ley N° 16.744, define la enfermedad profesional como aquella causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte, lo que debe ser complementado por el artículo 16 del Decreto Supremo Nº109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que dispone que para que una enfermedad se considere profesional, es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico.

Asimismo, se refiere por la recurrida, que en el expediente administrativo, la SUSESO requirió a la Asociación Chilena de Seguridad los antecedentes del caso, a partir de los cuales se determinó que la Sr. nombre reservado padece un trastorno adaptativo de origen laboral, precisando que “Dicha calificación se efectuó en base a que, según el EPT, fue posible corroborar la existencia de sobrecarga en sus funciones, evidenciando que ha cumplido con 2 roles por un periodo de 2 años, con frecuencia diaria e intensidad de moderada a alta, hasta diciembre del año 2023, ejerciendo los cargos de directora de carrera y decano, lo que implica el desempeño de funciones de alta carga y complejidad, siendo dicho factor de riesgo suficiente para causar una enfermedad profesional.

“Hacemos presente que inicialmente se calificó como de origen laboral la patología de la Sra. nombre reservado en base a sus antecedentes clínicos sin contar con EPT debido a obstaculización de su entidad empleadora, no obstante, posteriormente se realizó dicho estudio, corroborando el origen profesional de su afección.

“Por consiguiente, en virtud del artículo 7° de la Ley 16.744 se estimó que a doña nombre reservado le corresponde la cobertura señalada en el mismo cuerpo legal, debido a que la patología sufrida tiene como causa el desempeño de sus funciones como consejera técnica, criterio que solicitamos ratificar…”

Octavo: Que, con el mérito de estos antecedentes, se dictó por la SUSESO, en primer término, la Resolución Exenta N° R-01-UME-154988-2024, de 2 de octubre de 2024, que confirmó que la enfermedad de la Sra. nombre reservado debía ser calificada como una enfermedad profesional, y posteriormente la Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-08781-2025, de 21 de enero de 2025, en la que a diferencia de lo afirmado por la recurrente, la parte recurrida sí se hizo cargo de los argumentos planteados por UNIACC en el presente arbitrio, al sostener “…Que, al respecto, el caso fue nuevamente sometido al estudio de los profesionales médicos de este Servicio, quienes concluyeron que los nuevos antecedentes aportados por el empleador no constituyen fundamento suficiente para modificar la calificación de enfermedad. En efecto, se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica suficiente en el ejercicio del trabajo, derivados de un mal diseño organizacional expresado en sobrecarga, mantenida de manera recurrente o sistemático, que pudieran explicar la emergencia de la sintomatología presentada. …”

Esta determinación tuvo en consideración además la opinión especialista de la Unidad Médica del departamento contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, que sobre la alegación concreta de la actora, antes referida, puntualiza que “… Respecto al reclamo del empleador que la paciente habría trabajado remunerada durante su periodo de licencia, los profesores de diplomado son confirmados con meses de anticipación, y tampoco dan cuenta que responsabilidad diaria tuvo en ese diplomado, y en qué fecha exacta pudo haber realizado actividades y/o clases en ese diplomado, para acreditar trabajo remunerado durante el reposo médico…”

Noveno: Que, de este modo, consta que la recurrida ha referido la normativa y procedimientos aplicables al caso en estudio, habiendo la recurrente aprovechado las instancias existentes para la revisión de la decisión que impugna. En tal sentido, del propio recurso se desprende que la actora ha presentado su disconformidad con el rechazo de sus alegaciones ante las instituciones administrativas pertinentes, por lo que es posible concluir que se ha respetado la institucionalidad instaurada al efecto, y en ese entendido, la mencionada Superintendencia, ha actuado dentro de las prerrogativas que les confiere la ley, por lo que sus acciones no pueden calificarse de ilegales ni arbitrarias, más aún si éstas decisiones se han fundado en antecedentes médicos y técnicos, tal como se ha expresado en autos, lo que se puso en conocimiento de la recurrente, quien teniendo la posibilidad de deducir una serie de peticiones ante la autoridad administrativa para modificar lo resuelto, tal como consta que lo hizo, no acompañó antecedentes que lo hicieran variar, en los términos ya expresados.

Décimo: Que, lo anterior, permite arribar a la conclusión de que la actuación de la recurrida no puede calificarse de antojadiza o falta de razón, por lo que no concurre, en la especie, el presupuesto básico de procedencia de la acción de protección, por lo que es imperativo su rechazo, al dictarse la Resolución Exenta impugnada con base en antecedentes que descartaron la alegación de UNIACC, tal como se ha razonado por esta magistratura.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida por la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Sra. Barrientos.

No firma la ministra señora Marisol Rojas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Protección N°3281-2025.