nombre reservado con AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (ANID)

Santiago, treinta de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que Marco Antonio Ossandón Luengo, abogado, interpone recurso de protección en favor de nombre reservado y en contra de la Dirección del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en adelante Conicyt / Anid, por su actuar ilegal y arbitrario al dictar la Resolución Exenta Nº 2086/2021, de 11 de febrero de 2021, notificada el día 17 del mismo mes, y previamente la Resolución Exenta Nº 3507, de 20 de febrero de 2019, que declara el incumplimiento por parte de nombre reservado de las obligaciones que impone la beca de doctorado en el extranjero Becas Chile, y solicita la restitución total de los fondos entregados en virtud de ella. Actuar que, asegura, es ilegal y arbitrario el que ha vulnerado, privado, perturbado o al menos amenazado, el derecho a la igualdad ante la ley, a la igual protección en el ejercicio de sus derechos y el de propiedad, garantizados en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que su representado se licenció de ingeniero en la Universidad Técnica Federico Santa María el año 2009, postulando al concurso de becas de magister en el extranjero, Becas Chie, convocatoria 2011, adjudicándose en dicha oportunidad una beca, otorgada por la ANID, mediante Resolución Exenta Nº 4165/2011, obteniendo el grado académico en la University of Illinois at Urbana - Champaign de Estados Unidos, el 13 de mayo de 2012.

Que su representado luego postuló al concurso de becas de doctorado en el extranjero, Becas Chile, convocatoria 2012, adjudicándose una beca para cursar este grado académico en la Universidad of Warwick, Reino Unido, donde obtuvo el Doctorado en Economía, obteniendo finalmente el grado de doctor con fecha 29 de julio de 2017.

Que, posteriormente, su representado fue notificado el día 12 de marzo de 2019, de la Resolución Exenta Nº 35017/2019, mediante la cual se declara el incumplimiento de las obligaciones que impone la beca entregada por la ANID, solicitando la restitución de los fondos entregados en virtud de ella.

En cuanto a los fundamentos entregados, indica que en la Resolución en cuestión se señala que de conformidad con las bases del concurso, en su numeral 15, se estableció que la ANID se reserva el derecho de exigir los becarios la restitución de los beneficios económicos entregados respecto de quienes no cumplan con las obligaciones establecidas en las bases, y en ese sentido, se indica que se habría acreditado mediante certificado de viajes que su representado durante la vigencia de su beca registró entradas al país que suman 654 días, lo que infringe el numeral 13 de las bases que exige al becario contar con autorización de Conicyt para ausentarse de su país de estudios por más de seis meses.

Finalmente, se indica que las bases del concurso deben interpretarse de manera estricta en forma que frente al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, el Servicio debe disponer la solicitud de restitución total de los fondos otorgados.

Indica que frente a dicha decisión el recurrente el día 14 de marzo de 2019, dedujo recurso de reposición administrativo, indicando que si bien reconoce no haber informado de esos viajes a Chile, explicó que éstos fueron parte de su trabajo de investigación doctoral, ya que junto a su profesor guía realizó una evaluación del programa “habilidades de vida”, perteneciente a la Junaeb, debiendo coordinar in situ la revisión del desarrollo del programa en 172 cursos de segundo básico en más de 30 comunas, trabajo que inició el año 2012, y que terminó en el año 2016, además de haberse sometido a una operación en Chile por un tumor en la órbita de uno de sus ojos, acompañando la documentación necesaria para acreditar lo aseverado.

Expresa que, sin embargo, la recurrida mediante Resolución Exenta Nº 2086, de 11 de febrero de 2021, la que fue notificada el día 17 del mismo mes, rechazó el recurso de reposición casi dos años después, concluyendo que no se presentaron antecedentes que sean constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor que permitan desvirtuar la Resolución Exenta Nº 3507/2019, y que no hay antecedentes que permitan estimar que ha existido un error de hecho o falta de sujeción a las bases imputables a ANID.

Expresa que el recurso de protección se deduce en contra de ambas resoluciones, la que declaró el incumplimiento de las bases y la que rechazó la reposición administrativa, debiendo tenerse en consideración que el artículo 54 de la Ley Nº 19.880, establece que interpuesto un recurso administrativo se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, debiendo contarse el plazo desde que se notifique el acto que resuelve dicho recurso administrativo.

Indica que las resoluciones impugnadas son ilegales ya que se han dictado invocando una cláusula que no se ajusta a los hechos y no han respetado las reglas básicas de un procedimiento administrativo.

Lo anterior por cuanto, si bien reconoce que en el numeral 13 de las bases del concurso se señala que los becarios deben solicitar autorización a Conicyt si la ausencia del país es por seis meses o más, y que luego se indica que en caso de cualquier incumplimiento de dicha obligación se procederá de conformidad con lo establecido en el numeral 15 de las presentes bases, la que regula las sanciones, y en donde se indica que: "Conicyt se reserva el derecho de exigir a los becarios la restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan o abandonen sus labores de estudios e investigación, sin causa justificada, así como a quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición de becario establecidas en las presentes bases o han alterado sus antecedentes o informes. Además, éstos no podrán postular o participar nuevamente a cualquiera de los concursos de Becas Chile”.

Al respecto, afirma que el motivo por el cual fue declarado el incumplimiento de las bases de su representado sería, por cuanto, se habría acreditado por certificado de viajes que éste durante la vigencia de su beca registra entradas al país que suman 654 días, lo que infringiría el numeral 13 de las bases, que exige al becario contar con autorización para ausentarse del país de estudios por más de seis meses, sin embargo, sostiene que ninguna de las ausencias de su representado se prolongó por más de seis meses, por lo que se le está sancionando por una infracción inexistente.

Además, reclama que el procedimiento sancionador no respetó las reglas básicas de un procedimiento administrativo, ya que la Anid impuso una sanción de plano, sin haber siquiera formulado previamente un cargo o haber escuchado a su representado.

Afirma que dichas omisiones implican un actuar ilegal, por cuanto, no existe una resolución que de inicio al procedimiento y únicamente se cita en dicha resolución la existencia de una “Acta Sesión Nº 177 del Comité Evaluador de Solicitudes de Becas Chile", de 28 de septiembre de 2018, que propone la dictaminó del acto por el supuesto incumplimiento de su representado, sin embargo, asevera que no hay siquiera constancia de que el procedimiento administrativo se haya llevado adelante en la forma que establece la Ley Nº 19.880.

Observa que todo procedimiento administrativo tiene como principio la contradictoriedad y el derecho a ser escuchado antes de la dictación de una resolución de esta naturaleza, que impone consecuencias económicas muy severas.

Hace presente que se incurrió en otras irregularidades, tales como no consignar quienes conformaron el Comité Evaluador, esto ante la imposibilidad de poder tener conocer supuestas incompatibilidades de sus miembros, o por ejemplo el que las notificaciones fueron efectuadas por correo electrónico, vulnerando la regla del artículo 46 de la Ley Nº 19.880, además de la excesiva tardanza de casi dos años para resolver su solicitud de reposición administrativa.

Estima que a raíz de lo señalado no puede sino considerarse que todo el procedimiento ha sido ilegal, habiéndose vulnerado por la administración los principios que rigen el funcionamiento y que han sido reconocidos también por la Contraloría General de la República, tales como los principios de servicialidad, eficiencia, eficacia, coordinación y celeridad.

Reclama también que las resoluciones son arbitrarias, por cuanto no han expresado justificaciones razonables al cumplimiento del fin principal que perseguía la beca asignada.

Insiste en que las resoluciones no se hacen cargo en sus fundamentos de las razones entregadas por el becario para justificar su ausencia en el país de estudios, siempre con fines académicos y habiendo señalado su supervisor que los viajes fueron estrictamente necesarios.

Explica luego cual fue el motivo de sus viajes desentendiendo del período de los mismos, y que su profesor guía Clément de Chaisemartin de la Universidad de Warwick, el día 22 de enero de 2020, respaldó mediante carta las razones por las cuales se efectuaron los viajes de su representado, y de las tareas realizadas, indicando que el becario cumplió de manera permanente con sus labores académicas, completando su doctorado de buena forma y sin contratiempos.

Añade que, además de lo anterior, hubo un viaje efectuado por razones médicas, el día 3 de marzo de 2016, donde se extirpó un tumor en la órbita de su ojo izquierdo, acompañando un informe efectuado por la Clínica Las Condes.

Señala que resulta arbitrario solicitar la restitución de todos los fondos a una persona que habría incumplido una obligación accesoria a la principal, la que, si fue debidamente cumplida, debiendo tenerse en consideración que todos los viajes fueron por razones estrictamente necesarias.

Además, refiere que se debe tener en consideración que la beca exige la obtención del grado académico de doctor dentro del plazo de 24 meses luego de finalizada la beca en septiembre de 2016, sin embargo, su representado obtuvo dicho grado el 29 de julio de 2017 esto con una anticipación superior al año respecto de lo exigido por las bases, cumpliendo fielmente la finalidad propia de las becas, que es generar capital humano avanzado en las distintas áreas del conocimiento, y que los graduados retornen a Chile con dichos conocimientos.

Así, sostiene, entender que solamente puede enervarse la sanción que le fue impuesta al recurrente al justificar el caso fortuito o la fuerza mayor, implica el no ponderar o examinar las razones otorgadas, cuestión que resultaría totalmente arbitrario, por cuanto la sanción impuesta se torna totalmente desproporcionada, teniendo en consideración que la supuesta infracción se refiere a obligaciones accesorias, que en ningún caso deberían conllevar la devolución de total de los fondos, los que indica ascenderían a una suma cercana a los 65 millones de pesos.

Indica que se ha visto vulnerado, en primer término, el derecho de igualdad ante la ley, pues su representado obtuvo el título de doctor dentro de los plazos establecidos, al igual que otros becarios que no están obligados a restituir los recursos entregados, además, indica que el Fisco de Chile estaría exigiendo la restitución del dinero, aun cuando de todas formas logró conseguir el interés público envuelto en el otorgamiento de la beca.

En cuanto al derecho de propiedad, sostiene que no cabe duda que el cobro forzado de la obligación de restitución que se reclama vulnera el patrimonio de su representado, por cuanto se podría encontrar sujeto a una cobranza judicial de un pagaré por un monto que es totalmente excesivo e imposible de pagar para su representado.

Afirma que además se v vulnerado su derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, especialmente, en cuanto se establece la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, ya que en el caso en concreto, indica que el organismo recurrido actuó sin obedecer un debido proceso y arrogándose la atribución de determinar un incumplimiento y ordenar el reembolso referido, sin obedecer a una tramitación legal que corresponde para estos casos, actuando por tanto mediante una autotutela, pues debe ser un tribunal quien debiera conocer estos hechos y declara el incumplimiento que se le imputa.

En definitiva, quien comparece solicita que sea acogida la presente acción constitucional de protección, y ordenar dejar si n efecto los actos recurridos, así como adoptar cualquier otra providencia o medida que esta Corte juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que nombre reservado, por la recurrida Conicyt/Anid, al informar solicita, en primer lugar, se declare la extemporaneidad del recurso, dado que lo que se intenta impugnar por esta vía es la Resolución Exenta Nº 3507/2019, de 3 de diciembre de 2019, habiendo sido deducida la acción constitucional el 19 de marzo de 2021, estimando que la interposición de un recurso administrativo en su contra no suspende el plazo de 30 días señalado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

En segundo término expresa que el presente recurso de protección es improcedente y por lo tanto, también inadmisible, pues excede el ámbito de su aplicación, destinado solamente a la protección de casos urgentes y de derechos indultados, sin embargo, la controversia planteada por el recurrente versa en determinar si el postulante se encuentra o no incumpliendo las obligaciones impuestas por la beca, cuestión que a su juicio no puede ser resuelta por esta vía, sino mediante el correspondiente juicio de lato conocimiento ante los tribunales ordinarios de justicia competentes.

Luego, en cuanto al fondo refiere que el recurrente fue beneficiado con dos becas para cursar estudios en el extranjero, la primera de magister y la segunda de doctorado, con fecha de inicio el 10 de octubre de 2012 y término el 30 de septiembre de 2016.

Sin embargo, con fecha 26 de octubre de 2016, se recibió el Oficio Ref. Nº 221.895/2016 de la Contraloría General de la República de parlamento de atención y denuncia ciudadana, donde se solicita a Conicyt (Anid), información respecto de la: “denuncia formulada por una persona, bajo reserva de identidad, asociada a eventuales irregularidades en el pago de la dieta de don nombre reservado, electo concejal por el período 2012-2016 en la Municipalidad de Lo Prado, quien en simultáneo se encontraría cursando un programa de doctorado en la Universidad de Warwick, en Reino Unido(…)”.

Que, de acuerdo a la Resolución Nº 359/2018 de la Policía de Investigaciones de Chile que informó los movimiento migratorios para este tipo de becas de estudio de doctorado en el extranjero, actualizado al 5 de mayo de 2018, se contabilizó que el becario registró 16 entradas al país durante el transcurso de su beca, lo que implicó una permanencia en el país de 654 días.

Sostiene que se estableció en las bases del concurso como una obligación del becario la de informar al servicio, en caso de ausencia del país de estudios, sea por motivos académicos o de investigación, haciendo presente que en caso particular el recurrente no informó ninguna notificación o solicitud en los términos exigidos por la normativa, debiendo tenerse en consideración que los beneficios son para realizar exclusivamente estudios en el extranjero y no se admite que los becarios perciban beneficios mientras se encuentran en Chile.

Además, consta en la página web del Servel que el becario fue elegido concejal para el período 2012 - 2016, mismo período para el cual le fue otorgada la beca de doctorado.

Por lo anterior, sostiene que proceden las consecuencias jurídicas contempladas en el numeral 15 de las bases y el reglamento que regularon la convocatoria, solicitándose la restitución de los fondos entregados con ocasión de la beca.

Que con fecha 20 de febrero de 2019, a través de la Resolución Exenta Nº 3507/2019 se declaró el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de Becas Chile Doctorado PDH in Economics, impuestas al becario, recalcando que el numeral 1 de las bases señala que la finalidad de las becas es financiar estudios y perfeccionamiento en el extranjero y no en nuestro país, razón por la cual la ausencia del becario en ningún caso, ni aún con motivo de la realización de trabajos de campo, podrá exceder del 25% del período total de duración del programa.

Agrega que el numeral 15 de las bases citadas, expresamente dispone que Conicyt se reserva el derecho de exigir a los becarios la restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados, a quienes, dentro de otras causas, no cumplan con las condiciones inherentes a su condición de becarios establecidas en las bases.

Indica que la finalidad de las becas es financiar los estudios y además entregar una asignación de manutención mensual para el becario y su cónyuge, durante el programa que se corresponde con el país y ciudad donde realice sus estudios, no correspondiendo la entrega de dichos montos si reside en Chile, además, indica que los becarios se comprometen a residir en el extranjero junto a su cónyuge e hijos menores de 18 años durante el tiempo que dure el programa.

Expresa que el cumplimiento de las condiciones de las bases y el reglamento de Becas Chile debe ser cumplido en su totalidad, no siendo suficiente para justificar la infracción por parte el recurrente el hecho de haber completado los estudios. Sin perjuicio de ello solicita tener presente que el propio recurrente reconoce que se ausentó del país durante la beca sin ningún aviso previo, percibiendo los beneficios de la misma además de realizar actividades remuneradas en Chile, sin autorización de Conicyt (predecedor legal de Anid) no dando cumplimiento a la normativa concursal, omitiendo deliberadamente dos situaciones: 1. Se encontraba ejerciendo el cargo de concejal. 2. No solo incumplió con la obligación de informar a la Anid sus ausencias del país, sino que sumadas estas corresponden a 654 días, las cuales exceden con creces el 25% del período total de duración del programa, en los términos del numeral 13.9 de las bases concursales.

En cuanto a las alegaciones formuladas por el recurrente, indica que los hechos que justifican la infracción se encuentran reconocidas, además, se acredita que el becario mantenía su cargo de concejal en nuestro país, infringiendo además otra prohibición expresa del reglamento de Becas Chile, establecida en el artículo 14 letra m), en donde se señala expresamente que el becario debe: “abtenerse de ejecutar cualquier actividad remunerada. Solo se aceptarán la realización de actividades académicas y/o de investigación u otras remuneradas aceptadas que estén en directa relación con sus estudios”.

Enfatiza que el incumplimiento es flagrante y de acuerdo al artículo 1547 del Código Civil, podría el recurrente eximirse del cumplimiento de su obligación encontrándose en una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o al menos haber acreditado la diligencia o cuidado que ha debido emplear en su cumplimiento, todas circunstancias que no han sido acreditadas, y desistir alguna discordancia al respecto, este asunto debe ser ventilado en el juicio de lato conocimiento correspondiente.

Sostiene que el servicio ha actuado bajo el principio de juridicidad y de resguardo de los fondos públicos, siendo imperativo en declarar el incumplimiento de las obligaciones del becario y solicitar la restitución de los recursos públicos otorgados, ante el incumplimiento del becario de la normativa que regula la concesión de la beca, la que era de su conocimiento.

Luego, en cuanto a la infracción de la normativa del procedimiento administrativo, indica en primer lugar que el procedimiento administrativo, como tal no tiene la naturaleza sancionadora, sino que es una revocación de un beneficio, siendo esto una respuesta prevista por la propia normativa ante el incumplimiento por el particular de las obligaciones asumidas al recibir el acto favorable.

Sostiene que no puede considerarse que bastaría únicamente con obtener el grado académico para cumplir con la finalidad de la beca, siendo dicha alegación improcedente, insistiendo en que las condiciones de la beca se encuentran debidamente reguladas en la propia normativa y convenio firmado con el becario, estableciéndose una serie de obligaciones que deben ser cumplidas, sin imponer algunas de primer o de segundo orden, ni tampoco algunas de mayor o de menor relevancia, no siendo lícito por tanto distinguir entre ellas.

Hace presente que las becas se rigen por bases, las que al igual que todo concurso público, deben ser cumplidas con estricto apego, sin que corresponda interpretar acerca de la finalidad y preponderancia de algunas obligaciones con respecto a otras, sobre todo por cuanto la finalidad de las mismas es precisamente el correcto uso de los fondos públicos.

Agrega que en cuanto al procedimiento, consta que se produjeron una serie de comunicaciones con el becario, quien pudo allegar todos los antecedentes en su oportunidad, los que además fueron acompañados en sus descargos en el recurso de reposición, por lo que no sería efectiva la supuesta infracción al debido proceso o al derecho de defensa del recurrente, el que además fue notificado de todo el procedimiento a través de la plataforma de atención a becarios, cuestión que no fue objetada por el recurrente, ya que incluso el mismo utilizó dicha vía para dichos fines de comunicación, sin que pueda entenderse algún tipo de vicio en este punto, ya que el recurrente tampoco impugnó en esa oportunidad dicha circunstancia.

Respecto al plazo en la tramitación del procedimiento, los mismos no son fatales, tal como ha sido reconocido en diversos dictámenes de la Contraloría General de la República.

En cuanto a las garantías constitucionales supuestamente afectadas, respecto a la igualdad ante la ley, se ha aplicado correctamente la normativa vigente, y en caso de acceder a la pretensión del recurrente s produciría en cambio una discriminación arbitraria y afectación de la igualdad respecto de otros becarios que si han sido cumplido con sus obligaciones en tiempo y forma.

Respecto del derecho de propiedad, la solicitud de restitución de fondos no puede entenderse ilegal o arbitraria, ya que indica se debe tener en consideración que la beca no es una donación y su otorgamiento se encuentra condicionado al cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa que la regula, por cuanto los recursos entregados son públicos, debiendo cumplirse estrictamente con las condiciones por el becario, lo que no ocurre en la especie, por lo que no resulta razonable que haya gozado de los beneficios de una beca, cuyo objeto es realizar estudios en el extranjero, mientras reencontraba en Chile, máxime si ostenta un cargo público durante el mismo período.

En cuanto a la supuesta infracción de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, estimando que fue juzgado por una comisión especial, sostiene que estas alegaciones deben ser desestimadas, ya que en ningún caso ello fue así, ya que su asunto no fue resuelto por alguna comisión especial, sino que por el organismo público al que precisamente la ley le otorga dicha facultad, sin que tampoco le haya sido aplicado una sanción administrativa como lo ha indicado.

Por todo lo anterior, y estimando que Conicyt/Anid ha actuado con total respeto a la normativa vigente, solicita el rechazo de la presente acción constitucional con expresa condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es la acción constitucional de carácter cautelar y autónoma, establecida en nuestro ordenamiento jurídico con el fin de dar una protección eficaz y rápida que permita al afectado, que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza, obtener por parte de la Corte de Apelaciones competente, mediante la adopción de las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección inmediata y evitarle daños mayores a los derechos y garantías fundamentales que la Constitución garantiza, sin perjuicio de las demás acciones ordinarias ante los tribunales que correspondan.

CUARTO: Que, la recurrida Conicyt/ Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, reclama la extemporaneidad del recurso de protección fundada en que, de acuerdo al Auto Acordado de tramitación en la especie el plazo fatal de 30 días corridos para su interposición, se cuenta desde que fue notificado el recurrente nombre reservado de la Resolución Exenta Nº 3507/2019, de fecha 20/02/2019, mediante la cual se declaró el incumplimiento de parte de aquél, de las condiciones establecidas en las bases del concurso de becas de doctorado en el extranjero, Becas Chile, convocatoria 2012, de acuerdo a las numerales 13 y 15 de las bases.

A este respecto se difiere del criterio de la recurrida Conicyt /Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, pues es necesario considerar, atendida la naturaleza del acto arbitrario e ilegal que motiva la presentación del recurso de protección, que el recurrente intentó agotar la vía administrativa reglamentada e interpuso en contra de la resolución antes singularizada recurso de reposición y jerárquico en subsidio a la Resolución Exenta Nº 3507/2019, de lo que se colige en forma inequívoca que la decisión que se considera lesiva nace solo desde que consolidó dicho carácter para el recurrente, es decir, solamente una vez que se desechó completamente tal vía administrativa, esto es, mediante la Resolución Exenta Nº 2086/2021, de fecha 11 de febrero de 2021, notificada el día 17 del mismo mes y año. Por consiguiente, el plazo en cuestión debe ser contado desde que se notificó al recurrente la resolución administrativa que desechó la impugnación en contra del acto administrativo, y, en consecuencia, desde esa fecha y la de interposición del recurso, el plazo de interposición finalmente no es extemporáneo.

QUINTO: Que, además la recurrida Conicyt/ Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, considera que otros son los medios de impugnación para la resolución que ha adoptado en torno al asunto, pues la controversia versa acerca de determinar si el recurrente se encuentra o no en incumplimiento de las obligaciones impuestas con su beca, lo que según la recurrida no puede ser resuelta por esta vía, debiendo ser conocida por medio de otros procedimientos de lato conocimiento.

Que se disiente de tal criterio si se considera que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, establece en su inciso primero frase final, que el recurso de protección procede: “sin perjuicio de los demás derechos que (el recurrente) pueda hacer valer ante la autoridad o tribunales correspondientes”. Por consiguiente, conforme a tal norma constitutiva, este arbitrio constitucional es compatible con otras acciones o recursos, ordinarios o especiales, que el afectado tenga para hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, sea que estas acciones se hagan valer ya sea en forma previa o posterior a la interposición de la acción de protección.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo del recurso de protección, es del caso considerar que la recurrida Conicyt/ Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, mediante Resolución Exenta Nº 3507/2019, de fecha 20 de febrero de 2019, declaró el incumplimiento del recurrente nombre reservado, en el marco del Concurso de Becas de Doctorado en el Extranjero, Becas Chile, convocatoria 2012, y solicitó la restitución total de los fondos conferidos en razón de la beca dada al recurrente, de acuerdo al numeral 15 de las bases concursales y ordena iniciar las acciones judiciales, una vez agotada la vía administrativa, de conformidad al certificado de deuda Nº 3836. La suma ordenada restituir corresponde, según el considerando g, a que "la beca en cuestión es una especie de subvención, un auxilio económico excepcional, a través del cual la Administración fomenta actividades que aportan un beneficio directo al beneficiario proporcionándole ingentes recursos recursos financieros, respecto de los cuales el becario no se encuentra obligado a realizar una prestación directa a la Administración, sino que debe cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio, entre ellas, la de obtener el grado de doctor, esta es la que le permite que se alcancen los objetivos de interés general que se tuvieron presentes al asignar los fondos. Por ello, la naturaleza de esta actividad de fomento exige la existencia de un régimen obligaciones estricto y una actividad rigurosa de control por parte de nuestra institución.”.

SEPTIMO: Que, enfrentando dicha pretensión el recurrente opuso administrativamente recurso de reposición y jerárquico en subsidio, argumentando que el incumplimiento de las bases concursales que se le atribuye radicaría en que registra entradas al país por más de 30 días, no habiendo informado, de acuerdo a lo que dicta el numeral 13.9 de las bases referidas. Añade que reconoce no haber informado las entradas al país, debido a que los motivos de estas entradas se debieron a temas relacionados con el doctorado, realizando varios estudios en Chile, como por ejemplo la evaluación de impacto del programa “Habilidades para la Vida” (HpV) realizado a través de la aleatorización (sic) de dicho programa en 172 cursos de 2º básico, 32 comunas, dos regiones y más de 6.000 estudiantes. Indica que este proceso implicó una larga etapa previa de convencer a quienes están a cargo a nivel nacional de la necesidad de hacerlo. Dado que el programa es administrado localmente, inició el proceso de invitación a comunas y colegios. Para llegar al número de 32 comunas se invitó alrededor de 40 equipos comunales en las regiones de Santiago y Valparaíso. A su vez, para alcanza 172 cupos invitaron a más de 100 escuelas a participar. Este proceso, aduce, se realizó en su mayoría con reuniones y entrevistas presenciales, lo cual demandó mucho de su tiempo en terreno. Luego que este grupo de colegios aceptó participar, tuvieron que diseñar la aleatorización (sic) y estar mientras duró el estudio de campo. Finalmente, como parte del proceso de retribución con JUNAEB, tuvo que proveer presentaciones e informes técnicos acerca de la evaluación antes y después de la realización del estudio. Todo esto en coordinación con su supervisor Dr. Clement de Chairmartin, quien además es coautor del proyecto. Por otro aspecto, el recurrente explica que una parte del tiempo que estuvo en Chile se debió a que, durante el 23 de marzo de 2016, se sometió a una cirugía reparadora debido a un tumor en el techo de la órbita del ojo izquierdo.

OCTAVO: Que la recurrida rechazó el recurso interpuesto mediante Resolución Exenta Nº 2086/2021, de fecha 11 de febrero de 2021, por las razones contenidas en el informe técnico elaborado por el Programa de Capital Humano Avanzado (considerando d).

NOVENO: Que, en el recurso se encuentra establecido, sin que las partes lo discutan, que el recurrente nombre reservado y la recurrida Conicyt /Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en el marco del concurso de Becas de Doctorado en el Extranjero, Becas Chile, Convocatoria 2011, mediante Resolución Exenta Nº 5883 - 06 de diciembre de 2012 - se aprobó el convenio de beca par el doctorado en la Universidad de Warwick, en el programa PHD en Economía, Reino Unido, con inicio de programa el 01 de octubre de 2012 y fin el 30 de septiembre de 2016, respectivamente. El propósito de la Beca de Conicyt, denominada Sistema Bicentenario de Capital Humano Avanzado en el Extranjero, fue financiar el otorgamiento de becas de doctorado a chilenos y extranjeros con permanencia definitiva en Chile, para iniciar o continuar estudios conducentes a la obtención del grado académico de doctor en instituciones académicas foráneas de excelencia, de tal manera que a su regreso a Chile apliquen sus conocimientos y contribuyan al desarrollo nacional.

DECIMO: Que también está acreditado en autos y es un hecho no discutido por las partes que, el recurrente, en la convocatoria 2011, se adjudicó la beca de la Agencia nacional de Investigación y Desarrollo, mediante Resolución Exenta Nº 4165/2011, obteniendo el grado académico de Magister en la University of Illinois at Urbana - Campaign, de Estados Unidos de América.

UNDECIMO: Que, asimismo, está asentado que el recurrente obtuvo en la University of Warwick, Reino Unido, el doctorado de Economía, obteniendo el grado de doctor con fecha 29 de julio de 2017. Logro cuyo antecedente es la Resolución Exenta Nº 2101/2012 de Conicyt que adjudicó el concurso de Becas de Doctorado en el extranjero Becas Chile, convocatoria 2012, antecedente de la Resolución Exenta Nº 5883, de 06 de diciembre de 2012, que aprueba el convenio suscrito por el becario nombre reservado y de otros postulantes, y Conicyt, en el marco el concurso de becas de doctorado en el extranjero, Becas Chile, convocatoria 2012.

DUODÉCIMO: Que el incumplimiento que se le atribuye al recurrente fue al numeral 15 de las bases concursales en la hipótesis ii- incumplimiento de las obligaciones inherentes a su condición de becario/a, según la Resolución Exenta Nº 3507/2019, de 20 de febrero de 2019, considerando f. "...dado que fue acreditado mediante certificado de viajes que éste durante la vigencia de su beca registra entradas al país que suman 654 días, lo que infringe el numeral 13 de las bases, que exige al becario contar con autorización de Conicyt para ausentarse de su país de estudios por más de seis meses, conforme a la normativa que regula su beca,…”.

DECIMO TERCERO: Que el recurrente reconoce las entradas al país sin haber solicitado autorización de la recurrida las que funda “en temas relacionados con el doctorado" necesarios para continuar con su formación académica y en razones médicas pues fue diagnosticado con un tumor en el techo de la órbita del ojo izquierdo, debiendo someterse a una cirugía reparadora, adjuntando antecedentes.

DECIMO CUARTO: Que la Resolución Exenta Nº 233, de fecha 26 de enero de 2012, de Conicyt, Aprueba Bases Concurso Becas de Doctorado en el Extranjero Becas Chile, Convocatoria 2012, y el numeral 13.9.2 dispone que es obligación del becario:

“Solicitar autorización a Conicyt si la ausencia es por seis meses o más. La solicitud de autorización deberá se justificada igualmente por el/la directora/a del programa de postgrado o profesor guía”.

Luego esas mismas bases concursales en el numeral 15, disponen:

"Sanciones. Conicyt se reserva el derecho de exigir a los becarios la restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan o abandonen sus labores de estudios e investigación, sin causa justificada, así como quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición de becario establecidas en las presentes bases o hayan alterado sus antecedententes o informes”.

DECIMO QUINTO: Que en relación con la Resolución Exenta Nº 3507/2019, de 20 de febrero de 2019, que declara el incumplimiento del recurrente, ésta debe ser considerada como el acto administrativo que genera el perjuicio que éste reclama y que debe ser calificada de "acto terminal", de acuerdo al concepto de “procedimiento administrativo” dado por la Ley N° 19.880, al enseñarlo en su artículo 18º como “una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto terminal”.

Por ello, tal decisión administrativa contenida en el acto administrativo debe considerar el procedimiento administrativo que lo precede, por ello que su formalidad o exteriorización como "acto terminal”, se extiende necesariamente a la substanciación del procedimiento administrativo, del que no es posible separar y le resultan aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.880, en la parte que dispone “ …en caso de que la ley establezca procedimiento administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter de supletoria”.

DECIMO SEXTO: Que se aplican, en consecuencia, todos los principios que inspiran el procedimiento administrativo indicados en el artículo 4º de la Ley N° 19.880, al expresar esta disposición que: "…el procedimiento administrativo estará sometido a los principios de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabildiad, impugnabilidad, transparencia y publicidad”. Aplicándose lo concerniente a los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración descritos en el artículo 17 de dicha ley.

DECIMO SEPTIMO: Que, asimismo, cabe considerar que el recurrente nombre reservado, recibió de la recurrida los recursos financieros convenidos, con el fin de obtener en la University of Warwick, Reino Unido, el grado académico de doctor de Economía, obteniéndolo con fecha 29 de julio de 2017, según lo dispuesto en el Convenio suscrito mediante la Resolución Exenta Nº 5.883, de 06 de diciembre de 2012, integrado este convenio a las Bases del Concurso Becas de Doctorado en el Extranjero, Becas Chile, convocatoria 2012, Resolución Exenta Nº 233, de 26 de enero de 2012.

DECIMO OCTAVO: Que, enseguida, la autoridad recurrida al solicitar al recurrente mediante la Resolución Exenta Nº 3.507, de 2019, la devolución de los fondos por estimar que hubo incumplimiento de las obligaciones contraídas, lo que hace, según lo dice en el recurso, conteste al principio de eficiencia administrativa, para cumplir con el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los fondos públicos y el debido cumplimiento de la función pública, sin embargo, la autoridad debió tener presente que este principio opera, como se infiere de los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, junto al derecho del recurrente y, en consecuencia, debe llevarse a cabo tal misión mediante una resolución fundada, conforme al principio de juridicidad que contiene la exigencia de que los actos administrativos deben tener motivación y fundamento racional.

En efecto, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, luego establecer el principio de imparcialidad y disponer en el inciso primero que la administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, a continuación el inciso segundo del mismo artículo, dispone que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan asuntos administrativos.

Por su parte el artículo 41 de la Ley N° 19.880, se refiere al contenido de la decisión final, así su inciso primero indica que la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados, luego, la primera parte del inciso cuarto de ese artículo, dispone que las resoluciones contendrán la decisión que será fundada.

DECIMO NOVENO: Que, desde luego, lo anterior se conforma al principio de juridicidad que contempla la exigencia de que el acto administrativo debe contener los requisitos esenciales de motivación y de un fundamento racional. Sin embargo, consta de los antecedentes que, en la especie, se omitió en él expresar en detalle los motivos que incidieron en la decisión que la autoridad administrativa toma, y ello resulta contrario a lo ordenado en el inciso segundo del artículo 13 de la citada ley, que destaca que el vicio de forma afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado.

VIGESIMO: Que, en efecto, la autoridad acepta que el recurrente cumplió con el objeto principal de la beca, siéndole conferido el grado de doctor el 29 de julio de 2017. No obstante, es notificado el 12 de marzo de 2019, de la Resolución Exenta Nº 3.507/2019, la que no considera la obtención del grado académico objeto de la beca de estudios, y solo le atribuye al recurrente el incumplimiento de la obligación de residencia en el país extranjero, sancionándolo mediante la solicitud de la restitución total de los fondos otorgados, determinadamente, imputándole al afectado que se ha acreditado mediante certificado de viajes, que durante la vigencia de ésta registró entradas al país que suman 654 días, infringiendo el numeral 13 de las bases concursales, que exige al becario contar con autorización de la recurrida Conicyt, para ausentarse de su país de estudios por más de seis meses.

El recurrente ante la decisión administrativa, con fecha 14 de marzo de 2019, dedujo recurso de reposición administrativo, reconociendo que son efectivos sus viajes a Chile y que no informó de ellos a la recurrida, justificándolos - con la documentación que acompaña - que formaron parte de trabajo de investigación del doctorado efectuado junto al profesor guía, para realizar la evaluación del programa “Habilidades para la Vida" perteneciente a la Junta Nacional Escolar y de Becas (JUNAEB), el que se inició el año 2012 y terminó el año 2016, además de haberse sometido a una operación quirúrgica en Chile a consecuencia de un tumor en la órbita de uno de sus ojos.

De esta forma, desde la perspectiva de la comprensión del acto decisorio al tenor de los principios de motivación y fundamento racional, en la especie, en él no se aprecia que el incumplimiento atribuido al recurrente, la autoridad administrativa lo haya establecido resguardando tales derechos, ni aplicando un sentido de proporcionalidad en la decisión, considerando que, el incumplimiento imputado al afectado no conlleva ipso facto la aplicación de la cláusula sancionadora contenida las bases concursales, sin que previamente se haya dado cabal cumplimiento a un procedimiento que haya resguardado sistemáticamente tales derechos del recurrente, determinadamente, los de haber podido este último justificar la afirmación sancionatoria de la autoridad administrativa, de poder presentar prueba e impugnar la que se hace valer en su contra, además, el que sus peticiones hayan sido resueltas objetivamente en un plazo justo, razonable y oportuno, y que los fundamentos de la impugnación y la obtención de una decisión, en que se basa la afirmación de imputación, esté de acuerdo con el mérito de todos los antecedentes del caso concreto.

VIGESIMO PRIMERO: Que, enseguida, mirada la situación desde el ángulo de la reposición administrativa en contra de la Resolución Exenta Nº 3.507 de 2019, la parte recurrida la rechaza mediante Resolución Exenta Nº 2.086/2021, de fecha 11 de febrero 2021, y se revela que lo hace únicamente considerando el informe técnico elaborado por el Programa de Capital Humano Avanzado, como consta de la misma decisión, el que, para justificar y recomendar el rechazo del recurso de reposición administrativa deducido por el recurrente, considera hacerlo proponiendo la existencia de supuestas faltas totalmente ajenas y que no se consideraron en el procedimiento que antecede y dentro de la respectiva Resolución Exenta Nº 3.507 de 2019, en contra de la cual se dirige la reposición administrativa. Entre otras:

“…en razón del incumplimiento declarado por su beca de Doctorado en el extranjero Becas Chile, convocatoria 2012 y la fecha de exigibilidad de las obligaciones derivadas con ocasión de la beca de Magister Becas Chile 2011, debido a que con fecha 12/09/2012, a través de la Res Ex Nº 4.283/2012, se autorizó la suspensión de la obligación de retorno y retribución en el marco del concurso Magister Becas Chile, convocatoria 2012…”.

Llevando de esa forma los fundamentos del rechazo del recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta Nº 3.507 de 2019, a distintas supuestas faltas que no pudieron ser representadas por el recurrente al deducir el recurso en contra de esta última, antecedentes que, por consiguiente, son totalmente nuevos y no fundados, los que no fueron parte de los que se tuvieron en consideración en la Resolución Exenta Nº 3.507 de 2019, y que, en consecuencia, no hubo ningún margen para el recurrente para formular una protesta y reclamar en debida forma de los supuestos nuevos antecedentes en virtud de los cuales ahora se rechaza la reposición.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, por todo lo anterior, la decisión impugnada de exigir al recurrente la restitución de la totalidad del dinero entregado para financiar los estudios en virtud de los cuales obtuvo el grado de Doctor en Economía, resulta arbitraria, pues carece de racionalidad, en tanto se funda en un incumplimiento de las bases concursales, sin considerar el cumplimiento del objeto principal de la Beca y sin que la recurrida haya cumplido a su vez con el procedimiento tendiente a establecer las justificaciones que el recurrente fundó el supuesto incumplimiento, esto es, en razones propias para el cumplimiento de la beca y médicas, que le hacían posible continuar en Chile parte del programa, tal como se ha razonado en el presente recurso.

VIGESIMO TERCERO: Que, por consiguiente, tal conducta arbitraria vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad, reconocidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues la obligación de dinero solicitada al recurrente cumplir no tiene consistencia y en consecuencia no es exigible respecto de otras personas que se encuentren en la misma situación, dado que a nadie puede exigírsele ipso facto la aplicación de la cláusula sancionatoria en cuestión, y, además, amenaza su patrimonio al requerir la entrega de una suma de dinero que es suya.

Y, vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, se resuelve:

1º Que se rechaza la excepción de extemporaneidad del recurso al haber sido éste interpuesto dentro de plazo establecido en el Auto Acordado aludido.

2º Que se rechaza la excepción de inadmisibilidad del recurso “por no ser ésta la vía”.

3º Que se acoge el recurso de protección en favor nombre reservado en contra de la Dirección del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y, en consecuencia, se dejan sin efecto los actos recurridos consistentes en Resolución Exenta Nº 2.086/2021, de 11 de febrero de 2021, y la Resolución Exenta Nº 3.507, de 20 de febrero de 2019, respectivamente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro Jorge Zepeda Arancibia.

Rol N° 3281-2021 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por el ministro señor Omar Astudillo Contreras y el abogado integrante señor Octavio Pino Reyes.

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