nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de julio de dos mil diecinueve.

A los escritos folios 270716 y 270717: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, asistente comercial, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, domiciliada en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el descuento unilateral y sin orden judicial de parte de sus remuneraciones a partir de marzo del año en curso, desde sus liquidaciones de sueldo, cuyo pago se encuentra en manos de su empleador “Global Healthcare Chile LP Oficina de Representación en Chile”, para el pago de una deuda social que en la actualidad se encuentra prescrita.

Arguye que el 25 de marzo de 2014 solicitó un crédito de consumo a la recurrida, por un monto de $7.559.309, pagadero en 36 cuotas mensuales y sucesivas de aproximadamente $281.173 cada una, suscribiendo un pagaré al efecto, pactándose que las cuotas se descontarían directamente de su sueldo.

Refiere que dejó de cumplir funciones para su ex empleador el 12 de junio de 2015, incurriendo en mora del pago del referido crédito desde el mes de mayo de dicho año, quedando un saldo por pagar ascendente a $3.208.055, sin que hasta hoy haya sido objeto de alguna demanda judicial o se haya protestado el pagaré en cuestión.

Sostiene que en enero del año en curso fue recontratado por la misma empresa y que desde el mes de marzo pasado su empleador comenzó a descontar parte de sus remuneraciones para remitirlos a la Caja de Compensación Los Andes, sin previa autorización de su parte o una orden judicial que lo establezca, deduciendo de la remuneración correspondiente a dicho mes la cantidad de $492.052, percibiendo en consecuencia solo la suma de $130.025.

Reclama que el pagaré en que la deuda fue documentada se encuentra prescrito, por lo que la recurrida optó por no demandar judicialmente en los plazos establecidos en la ley, pretendiendo revivir su acción de cobro por medio de la retención de su sueldo, haciendo un uso abusivo de los mecanismos de la Ley de Cajas de Compensación, actuación que estima arbitraria e ilegal y vulneratoria de las garantías constitucionales de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y de propiedad, contempladas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de nuestra Constitución.

Sostiene que se vulnera la primera de ellas por cuanto se le ha puesto en una situación desventajosa o precaria en consideración al resto de los deudores civiles, respecto de los cuales solo puede perseguirse el cumplimiento forzado de un crédito mediante la respectiva demanda judicial, y en lo concerniente al derecho de dominio o propiedad, estima que sus remuneraciones deben ser incorporadas a su patrimonio en forma íntegra, sin que proceda el descuento ilegal y extrajudicial que practica la recurrida y que es motivo del presente arbitrio.

Pide en definitiva se acoja el recurso y se ordene a la recurrida la restitución de los montos que fueron descontados de sus remuneraciones, con intereses y debidamente reajustados, y que suspenda cualquier descuento o solicitud de retención de sus ingresos a su actual empleador por causa del préstamo ya referido, con costas.

Segundo: Que la recurrida procede a evacuar el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el recurrente efectivamente el año 2014 le solicitó un crédito, en las condiciones referidas en el recurso, correspondiendo el primer vencimiento de las 36 cuotas mensuales pactadas, al 30 de abril del año 2014.

Indica que por dicha operación de crédito la Caja Los Andes recaudó las cuotas pactadas de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, correspondiente a descuentos mensuales de las cuotas que se devengaron entre el 10 de mayo de 2014 al 10 de abril de 2015, correspondiente a las cuotas N°s 1 a 12.

Agrega que además fueron descontadas dos cuotas en los meses de abril y mayo del presente año, correspondientes a las N°s 13 y 14 del crédito, cuyo valor asciende a $492.052 cada una, comprendiendo en ello la respectiva cuota, intereses por la mora y gastos de cobranza, por lo que actualmente el recurrente está en mora del pago de las cuotas N°s 15 a 36 del referido crédito, cuyos vencimientos corren desde junio de 2015 a marzo de 2017.

Arguye que se trata en consecuencia de un crédito vigente, y actualmente exigible de acuerdo al mecanismo establecido en la Ley N°18.833.

Se refiere, luego, al carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación y el mecanismo de cobro establecido en el artículo 22 de la precitada ley. Explica que el artículo 21 de dicho cuerpo legal les permite establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero el cual se regirá por un reglamento especial, créditos que se orientan a satisfacer necesidades del trabajador, del pensionado y de sus causantes de asignación familiar.

Indica que se trata de instituciones sin fines de lucro, por lo que su sistema crediticio, y los beneficios económicos que de aquel se obtengan, están destinados a mejorar la calidad de sus prestaciones sociales, por lo que el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan, disponiendo el artículo 22 de la Ley N°18.833 que lo adeudado a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

De lo anterior colige que su actuar no solo significa el ejercicio de una facultad conferida por la ley y los acuerdos contractuales, sino que obedece al cumplimiento de un imperativo legal en orden a cautelar el fondo social.

Añade a ello que la obligación es actualmente exigible y que la prescripción debe ser judicialmente declarada, no operando de pleno derecho como pretende el recurrente, siendo el recurso de protección una vía inidónea para ello.

Sostiene que aún de declararse prescrita la acción ejecutiva que emana del pagaré suscrito por el actor, ello no extingue la obligación emanada del mutuo al que dicho pagaré accede, cuya acción ordinaria prescribe en el término de 5 años desde que aquella se hizo exigible, encontrándose en situación de morosidad respecto a aquellas cuotas cuyo vencimiento van desde junio de 2015 en adelante.

Señala, finalmente, que no existe ninguna vulneración a garantías constitucionales del recurrente, pues es la propia ley la que le permite solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible conforme al mecanismo del precitado artículo 22, el cual no requiere sentencia ni proceso previo.

Tercero: Que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que, cabe consignar que la impugnación que realiza el actor se refiere al descuento que realiza la recurrida de sus remuneraciones de las cuotas impagas de un crédito que le fuera otorgado en el año 2014.

Quinto: Que sobre el particular es menester traer a colación lo que ha dicho la Excma. Corte Suprema sobre la materia, en causa Rol N°22223-2016, cuando sostiene: “…el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 19.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Continúa, “Cuarto: Que conforme se colige de la lectura del precepto antes citado y también de lo dictaminado sobre el particular por la Dirección del Trabajo en su Ordinario N° 0262/004, de 17 de enero de 2012, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: El empleador deber deducir de “las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

“Quinto: Que, por consiguiente, al haberse descontado desde la remuneración de la actora las cuotas impagas del crédito que se le otorgó, estando la recurrida facultada para ello, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección, por lo que el mismo será rechazado.

Por lo demás, en los mismos términos antes expuestos se ha pronunciado esta Corte en los autos Rol N° 18.404-2015, 15.032-2016 y 19.666-2016.”.

Sexto: Que, de lo anterior y luego de examinar los antecedentes proporcionados - los que se aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica- y escuchar en estrados lo expuesto por la recurrida, única compareciente en esta instancia, puede concluirse que no es posible advertir ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el proceder de la caja de compensación.

En las condiciones descritas, faltando el supuesto básico y elemental que supone el éxito del recurso a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, cual es la existencia de una acción u omisión que pueda calificarse de contraria a la ley o motivada por el mero capricho, la acción intentada no puede prosperar. En efecto, en el caso en estudio la recurrida ha dado estricto cumplimiento a lo que la ley le obliga.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, y en lo tocante a la prescripción de la acción de cobro que se ha deslizado en el recurso, lo cierto es que la presente vía cautelar de urgencia no es el medio oportuno para discutir y resolver aquello, desde que se trata de un asunto propio de un juicio de lato conocimiento, cuyo no es el caso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° Protección -32801-2019.-