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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 3280-202130 dic 2021

Protección contra Dirección Nacional de Vialidad

Fecha
30 de diciembre de 2021
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Novena
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 3280-2021, sentencia de 30 de diciembre de 2021

Resumen

Se acoge la protección contra la Dirección Nacional de Vialidad y se ordena tramitar el aumento de grado de la recurrente al 13° de la Escala Única de Sueldos, por ser arbitrario mantenerla en un grado inferior al de los profesionales, vulnerando la igualdad ante la ley.

Texto íntegro

Santiago, treinta de diciembre de dos mil veintiuno VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Carlos Lineros Alday, abogado, quien interpone acción de protección en favor de nombre reservado, funcionaria pública y en contra de la Dirección Nacional de Vialidad, representada por su Director Sr. nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en no haber efectuado el cambio de estamento y aumento de grado de la recurrente en el servicio.

Señala que la actora ingresó a la administración pública en el año 2015 en el estamento técnico, desempeñando funciones de auxiliar administrativo y que el año 2016 obtuvo su título profesional, asignándole su jefatura nuevas y mayores funciones en su departamento. Durante dos ocasiones seguidas se ha solicitado vía administrativa la resolución de ascensión de estamento, lo cual no ha sido tramitado ni afinado, tanto por la Dirección Regional de Vialidad de Tarapacá, de la cual depende directamente como por la Dirección Nacional que es la recurrida.

Sostiene que en febrero del curso, su jefatura directa le informó de manera verbal que su ascensión de estamento y grado no sería solicitada, lo que estima constituye una arbitrariedad e ilegalidad, afectando el derecho de la igualdad ante la ley, pues a diferencia de otros funcionarios en la misma situación que su representada, a quienes durante todo el período, incluido el presente año, sí se les ha tramitado con éxito el ascenso de estamento, provocando un detrimento psicológico, laboral, previsional y patrimonial.

Aclara que tomó conocimiento del acto ilegal y arbitrario el 27 de febrero del curso, en forma verbal por otro funcionario de mayor rango de su repartición, quien le informó sobre su solicitud de ascensión de estamento.

Además, indica que se infringen los artículos 1°, 6° y 7° de la Constitución Política de la República; la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo; la Ley N°18.575, Sobre Bases Generales de la Administración del Estado; y la Ley N°19.880 Sobre Procedimientos Administrativos.

En virtud de lo precedentemente expuesto, pide que se acoja la acción de protección y se ordene restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida a realizar el procedimiento, en el más breve plazo para tramitar su cambio de estamento y de esa manera resguardar su derecho ante la igualdad ante la ley, con costas.

SEGUNDO: Que, la recurrida evacúa informe, señalando que la Dirección Regional de Vialidad de Tarapacá, mediante resolución (E) N°309, de 22 de febrero de 2016, designó a la funcionaria técnico a contrata, doña nombre reservado, grado 19° E.U.S. a contar del 23 de febrero de 2016, como Jefa de la Unidad de RR.HH. y administración de las Provincias de Iquique y Tamarugal.

Hace presente que con motivo de la designación de Jefatura antes mencionada, la Dirección Regional de Vialidad, gestionó mediante solicitud de personal N°188-2016, la petición de cambio de estamento y de grado de la recurrente, al último grado de los profesionales que se contrata en la región de Tarapacá, es decir, a grado 13° E.U.S., solicitud que fue rechazada por falta de financiamiento, según consta en correo electrónico institucional, de 12 de abril de 2016 del funcionario, el Sr. nombre reservado.

Sostiene que atendido el rechazo de la solicitud, la Dirección Regional, mediante solicitud SP-1229-2016, ingresó nuevamente el requerimiento de cambio de estamento y de grado de doña nombre reservado, en las mismas condiciones solicitadas inicialmente, por cuanto desde febrero de 2016, ésta se desempeñaba como Jefa de RR.HH. de las provincias de Iquique y del Tamarugal.

Indica que posteriormente y por razones que no guardan relación alguna con el desempeñó de la funcionaria a cargo, la Dirección Regional debió dejar sin efecto la Resolución (E) N°309, de 2016, que la designaba como Jefa de la Unidad de RR.HH. y Administración de las Provincias de Iquique y Tamarugal, alcanzando a desarrollar la función de jefatura, durante un periodo de 06 meses, en el mismo estamento técnico y con el mismo grado 19° E.U.S.

Añade que mediante resolución DRVT (E) N°177, de 29 de julio de 2016, se designó a la funcionaria, a contar del 01 de agosto de 2016, como asistente técnico de contratos, manteniendo a esa data el grado 19°.

Refiere que desempeñándose la recurrente como Asistente Técnico del Departamento de Contratos es designada como “Encargada Regional Titular de Liquidación de Contratos de obra, consultorías y otros, de Tarapacá”, mediante Resolución (E) DV. N°5148, de 04 de octubre de 2018, designación que a la presente data se ha mantenido y ha sido actualizada año a año, por las siguientes resoluciones; la Res. (E) DB N°113, de 21 de enero de 2019, por la Res. (E) DV N°1050, de 04 de mayo de 2020 y recientemente por resolución (E) DV N°840, de 15 de abril de 2021, que aumentó el número de funciones a desarrollar, por los encargados de gestionar la liquidación de contratos.

Explica que en los hechos la actora ejercía la función de Analista desde el año 2018, por ello, la Dirección Regional de Vialidad recién a contar del 30 de junio de 2020, mediante Resolución (E) DRVT. N°818, de 02 de julio del mismo año, designó a la referida funcionaria, como Analista del Subdepartamento de Administración y Gestión de Contratos, del Departamento de Contratos, Región de Tarapacá.

Asevera que a consecuencia de la referida designación de funciones, la Dirección Regional de Vialidad, solicitó de Oficio el cambio de estamento de la mencionada funcionaria y el aumento de grado correspondiente de la E.U.S., con motivo de la nueva función asignada y los requisitos específicos establecidos en el DFL N°276, de 2009, del Ministerio de Obras Públicas, mediante Ord. DRVT N°15, de 09 de noviembre de 2020.

Señala que el año 2020, dada la emergencia sanitaria, el Ministerio de Hacienda dictó la Circular N°15, instructivo sobre austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos durante la emergencia sanitaria y se debió suspender a contar del día 8 de abril de 2020, toda nueva contratación personal, mejoramientos y cambios de estamento con mejoramiento y cambios de estamento con mejoramiento por parte de la Dirección de Vialidad.

Aclara que el 19 de abril de 2021, se procedió a concretar el cambio de estamento de la recurrente, mediante la tramitación de la Resolución SIAPER N° 97/267/2021, la cual comenzará a tener efecto a contar del 01 de mayo de 2021.

Manifiesta que no ha existido actuación u omisión arbitraria e ilegal, pues la actuación del recurrente se debió y debe a razones presupuestarias del servicio, contenidas en el instructivo Presidencial 002, de 11 de febrero de 2019, sobre austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos; el Oficio D.V. N°9297, de 24 de septiembre de 2018, sobre medidas por restricción presupuestaria del oficio circular N°15, de 09 de abril de 2020, sobre instructivo sobre austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, del Ministro de Hacienda, los cuales han sido observados por ese Servicio.

Expresa que la modificación de estamento no implica necesariamente un aumento de grado, pues la Dirección de Vialidad, en el ámbito de la gestión de personas desde el año 2019, no ha contado con la disponibilidad presupuestaria para aplicar la matriz de mejoramiento aprobada mediante Resolución (E) D.V. N°5037, de 20 de octubre de 2017 y actualizada mediante Resolución (E) D.V. N°982, de 26 de abril de 2021, documento que tiene por finalidad establecer criterios objetivos que permitan el acceso a mejoramientos de remuneraciones de los funcionarios a contrata y sujetos al Código del Trabajo.

Indica que con el fin de reconocer el mérito académico y la labor profesional se creó el 2021, una Mesa de Trabajo en la Dirección de Vialidad para generar cambios de estamento a fin de evaluar el quehacer de cada funcionario que realizando labores profesionales se encuentra en un estamento distinto al profesional. Como resultado del trabajo de la Mesa se ha logrado cambiar de estamento, inicialmente, son en el mismo grado, debido a la falta de disponibilidad presupuestaria para generar un cambio de grado con esta iniciativa.

Añade que durante el año en curso se ha priorizado la contratación de personas que ocupen las plazas vacantes (con ocasión de funcionarios que han dejado la institución), ya que su reposición es necesaria para dar continuidad operativa a la institución. Dentro de la reposición de cargos vacantes, se encuentran jefaturas de distintos niveles organizacionales, las cuales han sido provistas por concurso público o movilidad interna (Contratación Directa o Contratación por concurso).

Expone que durante el año 2021, la Dirección de Vialidad a nivel nacional, ha abierto procesos de selección para contratar personal a honorarios, enmarcándose en el Plan de reactivación económica que anunció el Presidente de la República. Esas contrataciones son parte de una aprobación presupuestaria excepcional por fondos de emergencia Covid, por lo cual esos recursos no pueden ser ocupados en mejoramientos o regularizaciones de funcionarios del presupuesto regular de la Dirección de Vialidad.

Señala que la recurrente no se encuentra en ninguna causal para el aumento de grado, sin embargo, en cuanto exista disponibilidad presupuestaria, se podría aplicar la matriz y, en consecuencia, obtener un aumento de grado en caso de contar con el puntaje requerido.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión de naturaleza arbitraria o ilegal y que impida, amague o moleste dicho ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de esta acción cautelar la constatación de la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, vale decir, carente de sustento racional o producto del mero capricho de quien incurre en él, y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la recurrente ha alegado que se ha afectado su derecho de igualdad ante la ley, consagrada en el numeral segundo del artículo 19 de la Constitución Política; ello mediante un acto arbitrario consistente en la omisión por parte de la Dirección Nacional de Vialidad de efectuar el cambio de su estamento y aumento de su grado, en atención a las nuevas funciones desempeñadas y capacidades demostradas con la obtención de su título profesional.

QUINTO: Que, en lo que se refiere a la igualdad ante la ley, es preciso señalar que la misma apunta a garantizar que todas las personas que se encuentren bajo las mismas circunstancias se encontrarán sometidas al mismo tratamiento a la luz de la normativa aplicable, de manera uniforme y sin discriminaciones injustas o arbitrarias; garantía que también limita las decisiones de la autoridad, las que no pueden atentar contra este principio.

Por su parte, un acto o una omisión atentará de manera arbitraria contra el derecho a la igualdad ante la ley cuando implique incurrir en diferenciaciones o distinciones que carecen de justificación racional o razonable, lo que puede ocurrir, a modo de ejemplo, cuando una autoridad, en el ejercicio de sus funciones, aplica un tratamiento diverso a personas que se encuentran en circunstancias similares.

SEXTO: Que, en el caso sometido a esta Corte, la propia recurrida ha reconocido que con posterioridad a su ingreso a servicio, la recurrente obtuvo su título profesional y ha pasado a desempeñar nuevas labores, las que han ido aumentando en el tiempo, refiriéndose a diversas resoluciones en tal sentido, y mencionando como la más reciente la resolución (E) DV N°840, de 15 de abril de 2021, que aumentó el número de funciones a desarrollar por los encargados de gestionar la liquidación de contratos, que es precisamente una de las labores que desempeña la recurrente.

Asimismo, la propia recurrida reconoce que con fecha 19 de abril de 2021, se procedió a concretar el cambio de estamento de la recurrente, mediante la tramitación de la Resolución SIAPER N°97/267/2021, con efecto a partir del 1 de mayo de 2021, y que no obstante dicho cambio al estamento profesional, no se efectuó modificación en el grado de la recurrente, a la que se mantuvo en el grado 19° de la Escala Única de Sueldos. Lo anterior, en circunstancias que, como la propia recurrida reseña en su informe, el último grado de los profesionales que se contrata en la región de Tarapacá donde se desempeña la recurrente, es el grado 13° de la Escala Única de Sueldos.

SÉPTIMO: Que a este respecto, no parece razonable la explicación de la recurrida en cuanto a que esta omisión obedecería a restricciones presupuestarias que impedirían aumentar el grado a la recurrente al referido grado 13° no obstante pasar al estamento profesional, pues según reconoce la recurrida, durante el año en curso se han abierto diversos procesos para nuevas contrataciones, y conforme aparece de los antecedentes allegados, tales contrataciones, cuando han recaído en profesionales, se han asimilado al grado 13° de la Escala Única de Sueldos (por tratarse de contrataciones a honorarios).

OCTAVO: Que conforme a lo referido en los motivos anteriores, resulta claro a esta Corte que la omisión consistente en no aumentar el grado de la recurrente, manteniéndole en un grado inferior a aquel en que se contrata a los funcionarios del estamento profesional al cual pertenece, carece de fundamento razonable y constituye una omisión arbitraria, en tanto implica un tratamiento diverso de aquel que la autoridad recurrida otorga a las demás personas que se encuentran en circunstancias similares, lo que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley de la recurrente, por lo cual el presente recurso debe ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge sin costas el recurso deducido a favor de doña nombre reservado, en contra de la Dirección Nacional de Vialidad, en cuanto se declara que la recurrida deberá tramitar, en el más breve plazo posible, el procedimiento para aumentar el grado de la recurrente al grado 13° de la Escala Única de Sueldos, correspondiente al último grado de contratación de los profesionales de acuerdo a lo informado por la propia recurrida.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogado Integrante Gloria Flores Durán.

No firma el Ministro (s) señor Hidalgo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones en esta Corte.

Ingreso Corte N°3280-2021 Protección.