nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
- Fecha
- 20 de agosto de 2020
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 32773-2020, sentencia de 20 de agosto de 2020
Resumen
Se rechaza sin costas la protección del sindicato contra la empresa de recolección de residuos: no se acreditó que omitiera medidas de prevención del Covid-19 y sí consta que adoptó actos positivos de resguardo.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, veinte de agosto de dos mil veinte.
Al escrito folio 13: téngase presente.
Vistos y teniendo presente.
Primero: Que comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, ambos en representación del Sindicato de Trabajadores Interempresa Dimensión Base Norte Nº 3, quienes deducen acción constitucional de protección en contra de la empresa Dimensión S.A., representada por don nombre reservado, por las omisiones que estiman ilegales y arbitrarias, en la toma de medidas concretas de prevención de la vida y salud de sus trabajadores, por la pandemia del Covid-19, lo que vulneraría ámbitos garantizados por el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República.
Fundan su acción denunciando que desde la llegada del Coronavirus a Chile, se han adoptado diversas medidas por la autoridad para prevenir y combatir el contagio en el marco de esta emergencia sanitaria, disponiendo una serie de acciones y recomendaciones al efecto, y que, sin embargo, la empresa recurrida, dedicada al giro de recolección de residuos, basura y reciclajes, como contratista, entre otras, de las Municipalidades de Renca, Providencia y Huechuraba, prácticamente no ha cumplido ninguna de aquellas respecto de sus trabajadores de camiones recolectores en Quilicura, salvo a partir del día 20 de marzo de este año en que les hizo entrega de un bidón de agua y un jabón en barra para el lavado de manos, el que ni siquiera tienen en los baños, lo que se suma a las escasas providencias que han tomado las municipalidades en particular con el rubro.
Agregan que en la página web de la recurrida, se publicó un comunicado por la emergencia del Coronavirus, en el que se señala que está implementado un plan de emergencia con una serie de medidas sanitarias y de prevención, todo lo cual indican no se condice con la realidad, incumpliendo derechamente con su obligación de seguridad, lo que resultaría arbitrario e ilegal, pues pone en peligro la vida y salud de todos los trabajadores, y no sólo da pie para que detengan sus funciones conforme al artículo 184 bis del Código del Trabajo, sino que pone en riesgo que el servicio se paralice por eventuales licencias médicas derivadas de los contagios, afectando con ello su derecho a la vida e integridad física.
Por todo lo expuesto, piden a esta Corte que acoja el presente arbitrio, ordenando al empleador adoptar las providencias de entrega de guantes, alcohol gel y mascarillas al personal de la empresa, junto a la habilitación de teletrabajo, permiso con goce de sueldo para personas con factores de riesgo y toma de temperatura al ingresar a dependencias de la misma, junto con las demás que resulten necesarias para asegurar la debida protección de los trabajadores afectados, disponiendo además la suspensión de toda actividad en las dependencias de la empresa, sin afectar la remuneración de sus trabajadores y trabajadoras, hasta que se puedan adoptar mecanismos que resguarden eficazmente su vida y su salud, con expresa condena en costas.
Segundo: Que informando la recurrida, solicitó el rechazo del presente arbitrio, en primer término, alegando la falta de legitimación activa de los recurrentes, pues piden la adopción de medidas concretas a favor de los trabajadores del sindicato, pero no identifican a ninguno de ellos en particular, considerando que cuenta con 39 asociados, y destacando que la empresa mantiene 3.248 en su personal, además de otros 9 sindicatos de los que no han recibido reclamo alguno, pretendiendo con ello darle el carácter de acción popular a esta vía constitucional, haciendo presente, en todo caso, que la parte recurrente no ha deducido ningún reclamo por estos hechos en contra de la empresa, ni directamente, ni ante algún órgano fiscalizador.
En segundo término, en cuanto al fondo, pidió se desechara la acción promovida, por no existir de su parte, actuación u omisión ilegal o arbitraria alguna que vulnere el derecho invocado por la recurrente, toda vez que, desde el inicio de la pandemia en Chile, afirma que tomó de inmediato todas las medidas posibles y pertinentes, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, y los protocolos fijados por el departamento de Prevención de Riesgos de la empresa de la mano con la Asociación Chilena de Seguridad, las que han sido revisadas y actualizadas en forma permanente.
Explican que la propia Organización Mundial de la Salud, publicó en abril pasado un informe con base en evidencia científica, en el que no recomendaba el uso de mascarillas para el público general, si no, sólo para el personal médico y enfermos, y sólo el 17 de abril de los corrientes, la autoridad sanitaria dispuso el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público o el transporte privado sujeto a pago, por lo que a la fecha de presentación del recurso no existía indicación alguna al efecto.
Añade que el 24 de marzo implementó una serie de medidas que detalla, entre las que destacan, capacitación y charlas de seguridad al personal, uso de pistola de medición de temperatura a distancia, refuerzo de medidas de higiene y desinfección, envió de trabajadores en riesgo a sus domicilios, cambio de horarios y frecuencias en los servicios, y elementos de protección personal como mascarillas, protectores faciales de mica para todos sus trabajadores, y que al 26 de mayo pasado, la empresa ya había invertido más de cien millones de pesos en insumos de higiene y protección personal.
Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.
Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.
Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.
Cuarto: Que sobre la base de lo expuesto en el motivo anterior, especialmente lo dicho en el párrafo segundo, y sin perjuicio de las alegaciones promovidas sobre la falta de legitimación activa de los actores para instar por esta vía en representación de los trabajadores asociados al sindicato que representan, cabe señalar que éstos no allegaron antecedente alguno que, aún valorado conforme a las reglas de la sana crítica -como lo autoriza el inciso segundo del número 5 del Auto Acordado que regula la materia-, permita tener por justificada la existencia del hecho sobre el que se sustenta el recurso, esto es, que la empresa recurrida omitió la ejecución de medidas concretas de higiene y prevención de contagios en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus, cuestión cuya efectividad evidentemente habrá de determinarse, de ser el caso, en un procedimiento de naturaleza diversa y no en uno cautelar de protección de derechos indubitados como lo es el de la acción que consagra el citado artículo 20 de la Carta Fundamental, y esta sola circunstancia justifica que el recurso sea desestimado.
En efecto, los antecedentes disponibles no permiten establecer la veracidad de los asertos de la acción intentada, sino que por el contrario, aparece del mérito de los diversos documentos aparejados por la recurrida a su informe, que ésta sí ha desplegado actos positivos para hacer frente a las necesidades de resguardo de su personal en el funcionamiento de su giro durante la crisis sanitaria que actualmente aqueja al país, acompañando incluso un resumen de gastos preventivos en que habría incurrido por la pandemia, con las respectivas facturas electrónicas que justificarían la adquisición de diversos insumos al efecto.
Quinto: Que, en razón de lo expuesto, no cabe sino concluir que no se ha demostrado que la recurrida haya cometido acto ilegal o arbitrario alguno, de manera tal que no configurándose el supuesto de hecho básico que justifica el presente arbitrio constitucional, el recurso interpuesto debe ser necesariamente declarado sin lugar.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas el recurso deducido por don nombre reservado y don nombre reservado en representación del Sindicato de Trabajadores Interempresa Dimensión Base Norte Nº 3, en contra de la empresa Dimensión S.A. Sin perjuicio de lo resuelto, mantendrá la recurrida las medidas informadas respecto de sus trabajadores, atendida la gravedad de la pandemia.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol Corte N° 32773-2020 Protección.