nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LA ARAUCANA

CERTIFICO: Que se anunciaron para alegar, escucharon relación y alegaron, contra el recurso, la abogado de la Caja de Compensación La Araucana doña nombre reservado, por 5 minutos; y el abogado de la Caja de Compensación Los Andes don Sergio Abarca Vargas, por 8 minutos.

Santiago, 11 de junio de 2018.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, once de junio de dos mil dieciocho.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Cristian Ignacio Trillo Molina, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien acciona de protección a favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación Los Andes, representada por nombre reservado, ingeniero, ambos domiciliados en domicilio reservado; y en contra de la Caja de Compensación La Araucana, representada por don nombre reservado, gerente general, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar que la orden de descuento por planilla de sueldos de la Caja Los Andes a la cual se encuentra afiliado el recurrente e instruye a su empleador a realizar un descuento de su remuneración por $190.636, por concepto de crédito social, por modalidad Inter Caja N°013000325088, por la Caja de Compensación La Araucana es arbitrario e ilegal.

Pide se ordene la detención inmediata de los cobros por ser ilegítimos, a fin de restablecer el imperio del Derecho con costas.

Funda su pretensión señalando que el 17 de abril de 2018, el actor tomó conocimiento a través de un correo electrónico enviado por don nombre reservado, Gerente de Recursos Humanos de Minera Gold Fields Salares Norte SPA, de que realizarían un descuento a su nombre por un monto de $190.636, por un crédito social de Caja La Araucana. Atendido la urgencia e inminencia del cobro que se deberá realizar por descuento de planilla a su sueldo, se le solicita algún certificado de la Caja a fin de detener el cobro, ya que de lo contrario debe proceder al descuento según el artículo 22 de la Ley 18.233.

Señala que efectivamente el recurrente el 17 de octubre de 2008 solicitó un crédito a la C.C.A.F. La Araucana por $4.500.000, monto que sería pagado en 36 cuotas, iguales y sucesivas de $190.636, la primera con vencimiento el 30 de noviembre del 2008 y la última el 31 de noviembre de 2011, siendo el monto a total del crédito de $ 6.862.896.

Explica que producto de graves problemas económicos a causa de su desempleo, alcanzo a pagar hasta la cuota N°22, pagando $188.488 de $190.638 y quedando morosas desde la cuota N°23 en adelante, cuya fecha de vencimiento fue el 30 de septiembre de 2010 y a pesar de lo anterior, la Caja La Araucana, hasta la fecha, no iniciado acción judicial alguna a fin de obtener el cumplimiento de la obligación contraída, razón por la cual se ha mantenido en inactividad de ejercer su acreencia, transcurriendo los plazos de prescripción.

Refiere que el actor se encuentra afiliado a la Caja de Compensación Los Andes, la cual pretende materializar el acto ilegal, mediante el descuento en lo sucesivo de la remuneración de su representado a través del sistema ínter cajas, respecto de una deuda que objetivamente se encuentra prescrita, con abuso de las normas contenidas en el artículo 22 de la Ley N°18.833, actos que afectan en forma directa y determinante, la remuneración mensual del actor.

Indica que la remuneración del recurrente es bien mueble que es parte de su patrimonio y que se encuentra resguardado por la garantía constitucional del derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política, derecho que se verá vulnerado por el descuento ejecutado por las recurridas.

Reclama que el descuento mediante planilla, constituye un ejercicio abusivo por parte de las recurridas, puesto que exceden las atribuciones legales contenidas en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, al realizarse en obligaciones prescritas, impidiendo defenderse del cobro de una acreencia, restringiendo su derecho de defensa a oponer alegaciones perentorias tales como la prescripción, lo que impide el ejercicio de la garantía del debido proceso legal contenido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

Estima que los actos ejecutados son ilegales, puesto que exceden el marco de atribuciones dispuesto en los artículos 22 de la Ley 18.833, 58 del Código del Trabajo, 22 de la Ley N° 17.322 y 49 de la Ley N° 15.386.

Señala que el artículo 22 de la Ley 18.833, puede operar en el caso de un crédito que sea exigible, en caso de admitir lo contrario estaríamos frente a una incerteza jurídica infinita, cuestión que es inaceptable jurídicamente, dado que el acreedor jamás ha iniciado una acción legal dentro de los últimos 8 años, ocasión que le impide al recurrente defenderse como un ciudadano común frente a una deuda que se encuentra prescrita.

Precisa que las recurridas han excedido con creces el marco dispuesto por la ley, toda vez que buscan hacerse del pago de una deuda prescrita, mediante un mecanismo establecido para el pago de créditos otorgados por Cajas de Compensaciones que se encuentran vigentes.

Segundo: Que, evacua su informe don Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien solicita el rechazo de la acción impetrada señalando que a contar del mes de marzo 2018 inició el cobro de retenciones de crédito denominado “Descuento Intercajas”, proceso integrado de recaudación de deuda por el cual la Caja de Compensación La Araucana ha solicitado se gestionen descuentos en la remuneración del afiliado Sr. nombre reservado, trabajador de la Empresa Minera Gold Fields Salares Norte Ltda., sin que se haya recibido pago alguno por parte de la empresa.

Alega el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y expone que en sus inicios las Cajas tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar. Con la dictación del D.F.L. N°245 de 1953, tales entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho y en la actualidad, se encuentran reguladas por la Ley N°18.833, siendo definidas como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”.

Señala que la ley determina sus funciones, las que se encuentran detalladas en el artículo 19 de la referida ley. El artículo 21 establece que, “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”, créditos que constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Expone que si bien las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N°18.833 recordando que no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales.

Dada la naturaleza de entidad de previsión social, el legislador ha establecido garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan y al efecto, el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga.

Señala que a fin de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., a partir del año 2010, la Superintendencia de Seguridad Social ha impartido instrucciones a las Cajas de Compensación, relativas a la implementación de un sistema de información sobre colocaciones de crédito social, vigentes y morosas, implementando una Central de Riesgo Financiero de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, las que están contenidas en las Circulares N° 2627 del año 2010, N° 2714 y N° 2743 del año 2011, N° 2839 del año 2012, N° 2925 del año 2013, por citar algunas.

Señala que para dar cumplimiento a esta normativa, el 15 de abril de 2013 las Cajas de Compensación celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, cuyo objeto es que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente.

Indica que en el contexto normativo antes descrito, la Caja Los Andes, a requerimiento de Caja La Araucana, y como diputada para recibir el pago del Crédito Social del Sr. nombre reservado, ha informado al empleador de la recurrente la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833.

Refiere que la prescripción de las acciones debe ser alegada y declarada judicialmente, la que no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer la actora. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. Agrega el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Expresa que no basta que la recurrente manifieste la antigüedad de las obligaciones emanadas del crédito social para que éstas se encuentren prescritas, debido a que la prescripción además de ser alegada por una de las partes, y debe ser declarada judicialmente mediante una sentencia y mientras no se dé cumplimiento a dichos requisitos, la obligación emanada del crédito social se mantiene como obligación civil, y por tanto exigible para la Caja acreedora.

En relación a la supuesta vulneración de la garantía de propiedad, indica que no es procedente, debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833 y una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción, lo que no ocurre en la especie.

Cita al efecto jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema en autos rol 16.679-2017.

Tercero: Que en apoyo de sus alegaciones, la recurrida Caja de Compensación Los Andes acompañó los siguientes documentos: 1.- Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo, Implementación y Operación del Sistema Nacional de Información de Cajas de Compensación celebrado entre Cajas de Chile A.G. y Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A. de 15 de abril de 2013; 2.- Contrato y Mandato del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar, de fecha 15 de abril de 2013.

Cuarto: Que, evacua el informe requerido doña Yasna Vukic Zalaquett, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien de manera previa solicita el rechazo de la acción por cuanto ha sido interpuesta en forma extemporánea.

Expone que de los antecedentes que constan en la base de datos de la recurrida, el último descuento practicado en su liquidación de remuneraciones del recurrente, vía sistema InterCajas fue en el mes de febrero de 2015, lo que lleva a concluir que el actor tuvo conocimiento del descuento efectuado en dicho mes, en atención a que la disminución afectó a sus ingresos mensuales, hecho que por una parte sale del ámbito acordado con su empleador al momento de contratar o simplemente se contradice con lo recibido mensualmente en relación con meses anteriores al descuento aplicado y por ende tuvo que tener conocimiento de dicha merma en su remuneración al momento en que su empleador le pagó en el mes de febrero de 2015, por tanto esta acción es extemporánea, al haber transcurrido más de treinta días desde que la recurrente adquirió conocimiento de su descuento.

Indica que lo anterior consta en correo electrónico acompañado por el recurrente al interponer el presente recurso de protección, en que se puede leer que su empleador le está informando que en la planilla de descuento de la Caja de Los Andes, viene una orden de descuento, por el crédito social otorgado por La Araucana, por lo que le indican acompañar algún certificado.

En subsidio, evacua informe, al señalando que conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social.

Agrega que para la finalidad anterior, conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la citada ley, las Cajas de Compensación deben formar un Fondo Social, compuesto por comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamo, rentas de inversiones, multas, aportes de los pensionados, intereses penales, producto de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley.

Expone que con el objeto de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., la Superintendencia de Seguridad Social ha impartido instrucciones a las Cajas de Compensación, relativas a la implementación de un sistema de información sobre colocaciones de crédito social, vigentes y morosas, implementando una central de riesgo financiero de las C.C.A.F., instrucciones contenidas en Circulares N°2627 del año 2010, N°2714 y N°2743 del año 2011, N°2839 del año 2012, N°2925 de 2013. En este contexto, las Cajas de Compensación, el 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ellas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, permitiendo regularizar la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud del carácter social de los mismos.

Cita el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, y señala que los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en dicha norma y en el artículo 11 del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y una vez detectado a quien mantiene una deuda con la recurrida, ya sea en calidad de deudor principal o codeudor solidario, su deuda se incorpora en la nómina de cobranza respectiva, con el objeto de aplicar el correspondiente descuento conforme la planilla de crédito que recibe la entidad pagadora de su remuneración.

En relación al crédito de autos, señala que en el año 2008, se le otorgó al recurrente el crédito social folio N°013000325088, por la suma nominal de $4.877.213.-, pactado en 36 cuotas mensuales de $190.636.- y a pesar de enviar las respectivas nóminas de descuento a su empleador, no se recibió pago alguno figurando el deudor como moroso hasta que en el mes de febrero de 2013, consta en la base de datos de La Araucana que se recibió documentación que acreditaba los descuentos efectuados pero no remesados a esta caja, procediendo a dar por extinguidas las cuotas N°1 a N°13, sin aplicación de reajustes o interés alguno. Posterior a esto, no existen más pagos por este concepto, pasando el actor a figurar como moroso hasta el mes de mayo del 2014, en que fue posible ubicar al recurrente por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a la C.C.A.F. Los Andes, procediendo a efectuarse los descuentos de su liquidación de remuneración vía Sistema Intercajas, sin que se hayan recibido descuentos por este concepto.

Finalmente, destaca que la Caja recibió descuentos correspondientes a las cuotas del crédito de marras, entre los meses de junio del 2014 a febrero de 2015, lo que fue de conocimiento del Sr. nombre reservado al recibir su liquidación de remuneraciones.

Cita el artículo 1546 del Código Civil y señala que malamente pudo La Araucana C.C.A.F. o Los Andes C.C.A.F. privar, perturbar, o amenazar derechos y garantías constitucionales del actor si en todo momento, ambas entidades han obrado conforme a derecho y además salvaguardando la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del deudor.

En relación a la prescripción, señala que debe ser alegada, declarada judicialmente y que no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer. En relación con lo dispuesto por el artículo 2518 del Código Civil, que establece: “La prescripción que extingue acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente.... ”, es posible inferir que la prescripción de la obligación emanada del contrato de mutuo en el caso de marras se interrumpió manteniéndose como obligación civil, y por tanto exigible para la Caja acreedora.

Reitera las mismas alegaciones señaladas por la otra recurrida, las que se reproducen por razones de economía procesal.

Quinto: Que, Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de particulares. Para que resulte pertinente recurrir de protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que el acto impugnado por el recurrente nombre reservado, consiste en el descuento mensual de sus remuneraciones que debiera efectuar su actual empleadora, la Minera Gold Fields Salares Norte SpA, por cuotas impagas de un crédito de consumo otorgado por la recurrida Caja de Compensación La Araucana el 17 de octubre de 2008, por la suma de $4.877.213.

Séptimo: Que, ambas instituciones recurridas sostienen en sus respectivos informes, que no puede estimarse su actuar como arbitrario o ilegal, toda vez que está ejerciendo una modalidad lícita de cobro en los términos originalmente pactados por las partes, destacando que entre las diversas Cajas de Compensación se ha suscrito un contrato de mandato denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, en virtud del cual, la Caja acreedora de un crédito social puede acceder a la información esencial y necesaria para detectar a sus deudores y permitir acordar con la Caja en que está actualmente afiliado, la recaudación de las cuotas pendientes,, procediéndose a descontar de sus emolumentos mensuales las cuotas insolutas del crédito otorgado.

Acerca de la concurrencia de los presupuestos de la prescripción como modo de extinguir la obligación de pago del saldo del crédito, sostienen que ésta debe ser declarada mediante sentencia judicial, no siendo esta la vía apta para tal fin y atendido a que el deudor no ha ejercido acción alguna, la obligación subsiste como civil.

Por lo anterior, afirman que su actuación en caso alguno puede ser calificada de arbitraria o ilegal, debiendo rechazarse la acción cautelar deducida.

Octavo: Que, para resolver la cuestión planteada, es menester señalar previamente que el inciso 1° del artículo 22 de la Ley N° 19.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Noveno: Que, de la lectura de la norma citada y de lo dictaminado sobre el particular por la Dirección del Trabajo en su Ordinario N°0262/004, de 17 de enero de 2012, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

Décimo: Que, asentado el marco regulatorio, lo anterior debe relacionarse con la existencia del contrato celebrado entre todas las Cajas de Compensación con la finalidad de recabar información y actuar como mandantes de la Caja acreedora para los efectos de proceder a exigir el pago de los créditos adeudados, acto jurídico validado por la Superintendencia de Seguridad Social que permite la realización de los descuentos de la remuneración en ejercicio e dicha convención.

Undécimo: Que, en cuanto a la alegación de prescripción del crédito que efectúa el recurrente, a consecuencia de lo cual habría perdido su carácter civil y por tanto, de fuerza coercitiva y exigibilidad, conviene precisar que no existe en autos ningún antecedente que dé cuenta de haberse declarado judicialmente dicho modo de extinguir obligaciones respecto de la obligación cuyo cobro se pretende. En esta perspectiva, no puede afirmarse fehacientemente que en el asunto sub judice operó la extinción de la acción de cobro por prescripción, puesto que es un hecho inconcuso del proceso que el crédito aún puede cobrarse, dado que la obligación de pago todavía mantiene vigente la acción cuya prescripción no ha sido judicialmente declarada, sin que pueda afirmarse, por tanto, que se transformó en una natural, de modo tal, que la entidad acreedora sigue estando facultada para perseguir su solución.

Duodécimo: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad, la misma será desestimada, por cuanto el acto cuya amenaza se reclama, se produjo, efectivamente, el 17 de abril de 2018, mediante el correo electrónico por el cual se le informó al actor del descuento pretendido por las recurridas, cuestión que pone de manifiesto que la acción fue interpuesta dentro de plazo.

Decimotercero: Que, por los motivos anteriormente señalados y teniendo en consideración que la garantía invocada por la recurrente no fue vulnerada por un acto ilegal o arbitrario imputable a la recurrida, es que la presente acción cautelar debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Que, se rechaza, sin costas, la alegación de extemporaneidad impetrada por la Caja de Compensación La Araucana;

II.- Que, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por don Cristian Ignacio Trillo Molina, a favor de don nombre reservado, en contra de las Cajas de Compensación Los Andes y La Araucana.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Zepeda Arancibia, quien fue del parecer de acoger el arbitrio intentado sobre la base de las siguientes consideraciones:

1° Que no ha sido desconocido el hecho base del recurso, desde que la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, no desconoce que el crédito que se pretende descontar directamente de las remuneraciones mensuales del recurrente, se origina en un préstamo suscrito en el año 2008, el que fue servido solamente parcialmente, reiniciándose el cobro de esta obligación sólo ocho años después, determinadamente, en el mes de abril de 2018.

2° Que, en consecuencia, el conflicto entre el derecho fundamental del recurrente al trabajo y a la no perdida de parte de su salario sino en los casos determinados, previstos expresa y excepcionalmente en la ley y el interés de la caja de compensación de cobrar el crédito, se debe buscar en el ejercicio equilibrado de tales intereses, a menos de que se trate de las exigencias de cumplimiento de las garantías constitucionales de la persona humana, caso en que no puede aceptarse una especie de proporcionalidad de derechos.

3° Que, en tal contexto, el cobro del crédito social concedido al recurrente por intermedio de la Caja de Compensación Los Andes - caja de compensación y asignación familiar distinta de la acreedora - basado en un sistema de recaudación "intercajas", se desvía del sentido y espíritu del legislador en la situación excepcional de cobro directo y expedito del artículo 22 de la Ley N° 18.833, por medio del descuento, retención y entero por el empleador a la caja acreedora de las remuneraciones de sus trabajadores, toda vez que, aceptar sin respaldo legal tal recaudación "intercajas", configura abuso del derecho, el dar efectos jurídicos de carácter legal a la convenciones de las cajas para facilitar el pago de la deuda; si se razona que dicha la ley especial no ha contemplado en esta materia tal procedimiento; en efecto, el abuso de la prerrogativa se manifiesta a partir de la falta de equilibrio de la relación de poder económico entre las partes del contrato, y más todavía, entre todas las cajas y el trabajador, por medio de la utilización del privilegio más extremo que posee la caja acreedora, de cobrar el crédito sin someterse ni a la regla legal general ni a la especial prevista para el cobro de tales obligaciones que el sistema legal chileno contempla, provocando con ello la indefensión del trabajador, por dos aspectos, primero, en cuanto al derecho limitado en la ley que tiene todo acreedor sobre todos los bienes del deudor, y, segundo, el afán recaudatorio de las cajas activan una persecución desigual en contra del trabajador en relación con los demás deudores; quedando, en consecuencia, el cobro del crédito en las manos de las cajas en su conjunto, quitándole a este una de las principales características jurídicas de toda convención personal, como lo es su transitoriedad o temporalidad, para transformarla en la práctica en una relación permanente o perpetua, por medio del mecanismo no establecido en la ley de permitir la participación en el cobro al deudor de todas las cajas que en Chile existan, según sea necesario conforme al contrato de trabajo que actualmente o en el futuro el trabajador encuentre, transformando de esa forma la obligación personal en una de carácter real, directa sobre el crédito personal, sin relación a un acreedor y a un deudor determinado.

En consecuencia, para el disidente, fa caja titular del crédito, recurrida en autos, se ha excedido en el ejercicio legítimo de un derecho, aun considerando el fin social de ese derecho, por cuanto, este aspecto jurídico, para que sea válido, debe estar rigurosamente regulado en la ley, lo que en la especie no sucede; y, de este modo, se han vulnerado al recurrente por vía de ilegalidad y arbitrariedad, las garantías de constitucionales de igualdad ante la ley y del legítimo ejercicio del derecho de propiedad sobre su remuneración, previstas en los numerales 2 y 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, respectivamente.

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N°Protección-32.710-2018.