nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL - COMPIN

C.A. de Santiago Santiago, tres de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

Primero: Que comparece el 12 de abril de 2023 doña nombre reservado, por sí, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), por el rechazo de licencias médicas extendidas en su favor, invocando como vulnerado su derecho de propiedad.

Solicita que se aprueben las mismas y se le realice pago o, que se practique reevaluación médica.

En particular, sostiene que desde abril de 2022 que no le pagan sus licencias médicas, números: (1) 10211149; (2) 10433567; (3) 10727251; (4) 11028145; (5) 11598002; (6) 11893940; (7) 8436092; (8) 8731193; (9) 8976460; (10) 11300256 y (11) 9861426.

Invoca estar sufriendo una dolorosa situación por la pérdida de su hijo y nieto, que padece depresión y que quedó sin trabajo, conforme describe.

Acompaña copia de resoluciones de la Superintendencia de Seguridad Social de 2 de diciembre de 2022 y 6 de marzo de 2023, que dan cuenta del rechazo de las licencias antes indicadas. En ambos casos, por no encontrarse justificado el reposo. A su vez, acompaña informe psicológico de 6 de febrero de 2023, informe médico de 17 de marzo de 2023 y documento intitulado “Informe”, de 5 de septiembre de 2022, todos ellos emitidos por profesionales de COSAM Pudahuel. A su vez, incorpora informe médico de COMPIN de 22 de agosto de 2022, que recomienda valoración por psiquiatra y psicología para control de episodios agudos y recaídas.

Segundo: Que informando a folio 8, don nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien pide desestimar el recurso de protección, primeramente, por considerar extemporánea su interposición. Al efecto, considera que consta que la presente acción de protección fue interpuesta el 3 de abril de 2023, en circunstancias que la señora nombre reservado reclamó ante dicha Superintendencia el 9 de septiembre de 2022, apelando en contra de COMPIN, que rechazó las licencias médicas 8436092, 8731193, 8976460 y 9861426. Se resolvió lo anterior el 2 de diciembre de 2022, concluyendo que el reposo no estaba justificado. Ello fue notificado con esa misma fecha por correo electrónico, en tanto modalidad aceptada por la recurrente al efecto. De lo anterior, desprende la extemporaneidad antes expresada, ahondando sobre la procedencia de accionar de protección tan pronto tuvo conocimiento de los vicios habidos en las resoluciones de COMPIN, que alega.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, en cuanto dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio a las alegaciones precedentes, informa del presente recurso de protección solicitando su rechazo, por no existir acción ilegal o arbitraria alguna, siendo las resoluciones reclamadas actos fundados y dictados en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes de dicha entidad.

Inicia exponiendo el marco legal regulador de las incapacidades laborales temporales y permanentes, para luego referirse a las justificaciones médico-administrativas de la confirmación del rechazo de licencias de la recurrente dispuestas por COMPIN. Así, respecto a licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado detalla que como consta en el expediente administrativo que acompaña, la señora nombre reservado, con fecha 9 de septiembre de 2022, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social. Lo anterior, apelando en contra de la COMPIN de la Región Metropolitana, por cuanto había confirmado el rechazo de las referidas licencias médicas, extendidas por un total de 107 días de reposo a contar del 19 de diciembre de 2021, por reducción de reposo por no estar justificado. Señala que la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, basado en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, puesto que no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-165073-2022, de 02 de diciembre de 2022.

Respecto a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 11893490, manifiesta que como consta en el expediente de autos, la señora nombre reservado reclamó ante dicha Superintendencia mediante presentación de fecha 28 de diciembre de 2022, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región Metropolitana, que confirmó el rechazó las licencias médicas precedentemente enunciadas, extendidas por un total de 147 días, a contar del 30 de abril de 2022, por reposo no justificado.

Postula que, en razón de lo anterior, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado (920 días). En efecto, indica que la interesada presenta trámite de pensión de invalidez rechazado y ejecutoriado el 20-07-2021. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-30279-2023, de 06 de marzo de 2023.

Agrega que, por su parte, los facultativos de dicha Superintendencia, consistente con lo señalado, informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Se sugiere rechazar. Se trata de paciente con reposo ya autorizado de 1205 días, con TPI previo que rechazada PI Ahora reclama por 107 dado por psiquiatra institucional. A pesar de extensión de reposo se mantiene con dos antidepresivos en dosis iniciales., sin señalar ajuste o tratamiento acorde a tan largo reposo.”.

A mayor abundamiento, expresa que las resoluciones impugnadas señalan los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada “(…) los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado (920 días). En efecto, la interesada presenta trámite de pensión de invalidez rechazado y ejecutoriado el 20-07-2021. Puede someter a reconsideración licencias reclamadas, sólo si un segundo trámite de invalidez, fuera aprobado (…)”.

Precisa que la señora nombre reservado no dedujo recurso de reposición, ante dicha entidad.

Enseguida, pasa a desarrollar que su actuación se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. Asimismo, sostiene que esta materia excede la de una acción de protección y que no hay derechos indubitados ni garantías vulneradas.

Tercero: Que, finalmente, a folio 17, informó doña nombre reservado, presidenta de la comisión de medicina preventiva e invalidez región metropolitana (COMPIN R.M), quien expone no ha existido actuación ilegal o arbitraria de su representada, que haya causado vulneración de derechos a la actora.

Señala que, analizada la base del sistema Maestro Licencias Médicas Fonasa, se desprende que, las Licencias Médicas, fueron rechazadas porque no existe una causa médica que justifique el reposo, toda vez que los antecedentes médicos aportados no justifican el reposo. Esto, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 6 y 16 del Decreto Supremo N° 3.

Aclara que el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Entonces, desprende que las actuaciones realizadas por COMPIN al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto.

Por último, explicita que el presente caso ya ha sido analizado por la Superintendencia del ramo quien, en el marco de su competencia especializada, ha confirmado el rechazo de las licencias reclamadas.

Cuarto: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Quinto: Que, en lo concerniente a la extemporaneidad, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que la presente acción deberá interponerse en el plazo fatal de 30 días corridos desde el hecho que lo motiva, o desde que se tuvo conocimiento del mismo.

Basta para desestimar la extemporaneidad reclamada, considerar que los actos recurridos producen efectos permanentes, aunado a que la segunda Resolución Exenta de fecha 6 de marzo de 2023 y la acción constitucional fue entablada el 3 de abril de 2023, razón por la que el presente arbitrio aparece presentado dentro del plazo que contempla el Auto Acordado que rige la materia.

En cuanto al fondo:

Sexto: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas.

Séptimo: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó las licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Es así que conforme al fundamento consignado en la Resolución Exenta Nº R-01-UME-165073-2022 de SUSESO, de dos de diciembre de 2022, correspondiente a las Nºs licencias 8436092, 8731193, 8976460 y 9861426, concluye que el reposo no se encontraba justificado basado en que “los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, puesto que no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo”.

Por otro lado, en la Resolución Exenta Nº R-01-UME-30279-2023, de seis de marzo de 2023, de la misma entidad recurrida, se consigna que “esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 11893490, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado (920 días). En efecto, la interesada presenta trámite de pensión de invalidez rechazado y ejecutoriado el 20-07-2021. Puede someter a reconsideración licencias reclamadas, sólo si un segundo trámite de invalidez, fuera aprobado”.

Octavo: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Noveno: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Décimo: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

Undécimo: Que la parte recurrida, ha manifestado que para para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado, en los términos antes anotados.

Duodécimo: Que, en relación a los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 3 del Ministerio de Salud, de 1984 señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

Décimo tercero: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver. Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, consistente en la resolución que rechaza la licencia ya indicada, carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO, sólo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos, pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

Décimo cuarto: En efecto, este actuar vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, dado que tal rechazo implica la imposibilidad de recibir el subsidio que correspondía por el tiempo no trabajado, lo que obviamente afecta su patrimonio.

Décimo quinto: Que con fecha 18 de agosto de 2021, la Corte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que:

“Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

Décimo sexto: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales del recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se acoge, el recurso de protección interpuesto a favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dejándose sin efecto las Resoluciones Exentas N° R-01-UME-165073-2022 y la N° R-01-UME-30279-2023, de fechas dos de diciembre de dos mil veintitrés y seis de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad residual de la actora, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que dispone las licencias médicas, que resolvió confirmar el rechazo -10211149, 10433567, 10727251, 11028145; 11598002; 11893940; 8436092; 8731193; 8976460; 11300256 y 9861426- y cumplido ello, se pronuncie nuevamente -de manera fundada- acerca del objeto del presente libelo.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-3264-2023.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero, el Ministro (S) señora Paola Cecilia Díaz Urtubia y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, tres de agosto de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.