nombre reservado con A.F.P. PLANVITAL S.A.

Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece Patricio Gómez Benavides, abogado, en representación de nombre reservado, colombiana, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Planvital S.A., por haber incurrido en el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en negar la devolución de sus fondos previsionales en conformidad a la Ley N° 18.156.

Acusa que tal proceder vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, contempladas en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Refiere que la recurrente durante su estadía en Chile desempeñó variados trabajos, particularmente asesora del hogar, funcionaria de empresa comercializadora de alimentos y funcionaria de administración, labores que realizó entre marzo de 2016 a enero de 2020. Señala que estando bajo vínculo de subordinación y dependencia, sus empleadores realizaron retenciones en su remuneración, para efectos de ser enterados y pagados en las instituciones de seguridad social respectivas (previsión, salud y cesantía). Sin perjuicio de lo anterior, la actora manifestó su voluntad de seguir manteniendo la afiliación en el régimen previsional de la República de Colombia, lo cual no pudo plasmar en un anexo de sus contratos porque sus empleadores no le dieron dicha facilidad.

Expone que al término de su continuidad laboral, la reclamante inició los trámites para solicitar a la AFP Planvital S.A. la devolución de sus fondos previsionales de conformidad a la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales o su devolución a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Para dicho propósito recopiló los contratos suscritos con sus empleadores y anexos y los respectivos certificados extendidos para cumplir con los requisitos que le informó la recurrida. Asimismo, acompañó la afiliación a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, que certifica que la actora está inscrita en el sistema de pensiones de Colombia en la Administradora de Fondos Porvenir S.A.. Así entonces la documentación fue presentada, solicitándose el retiro de los fondos de la AFP, la cual mantuvo siempre una postura contumaz y poco colaborativa hacia la solicitud de la recurrente, propiciando injustamente una retención y apropiación de sus recursos previsionales, por lo que ante la falta de respuesta, pidieron la devolución de los documentos.

Luego, se presentó una nueva solicitud con fecha 05 de marzo de 2020, de la cual tampoco hay respuesta formal, aunque aparentemente estaría rechazada.

La AFP respondió que no se habría dado cumplimiento al requisito señalado en la ley, pero sin dar un argumento jurídico, pues sólo enumeró hechos que no tienen relación con lo exigido por la propia ley y sin especificar cuál es el requisito incumplido.

Hace presente que su parte acreditó que se encuentra afiliada a un régimen de previsión o de seguridad social en su país natal Colombia, que le otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Expresa que la AFP recurrida, en los hechos, está desconociendo el período de cotizaciones de la reclamante, despojándola de sus fondos previsionales y perjudicando las prestaciones que el sistema previsional colombiano le entregará en el futuro.

A continuación analiza lo dispuesto en la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y las garantías constitucionales que estima infringidas, poniendo de manifiesto que exigir a los ciudadanos colombianos mayores antecedentes que los establecidos en la propia normativa o permitir el retiro de fondos sólo a los extranjeros con título técnico o profesional, vulnera la igualdad ante la ley al establecer diferencias arbitrarias, con lo que infringe lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por un lado, y por otro, al no otorgarle a la recurrente la legítima devolución de sus fondos previsionales, la priva de parte de su patrimonio, transgrediendo el artículo 19 N° 24 de la Carta Política.

Termina solicitando que se ordene a la entidad previsional denunciada que haga devolución de la totalidad de los fondos previsionales de la recurrente, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia de autos o aquel término que se estime en justicia.

Al informar, AFP Planvital S.A., arguye que ha sido el regulador, la Superintendencia de Pensiones a través de su Compendio de Normas, quien ha establecido un procedimiento claro y uniforme sobre esta materia y cuyo cumplimiento es obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones. Dicho procedimiento prevé que los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la Ley N°18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora de Fondos de Pensiones, un formulario denominado “Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156”, disponible en todas las sucursales. Para la suscripción de dicho formulario, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación que acredite que cumple con los requisitos exigidos en el citado texto legal. Esta documentación es analizada por la Fiscalía de la Administradora, la que deberá darle su aprobación a más tardar dentro del quinto día hábil contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

Continúa argumentando que la Ley N°18.156 establece un beneficio consistente en la exención, tanto para las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero, como para dicho personal, de la obligación de efectuar cotizaciones de previsión en Chile. El artículo 1° de la Ley N° 18.156, en sus letras a) y b) señala los requisitos que deben concurrir para que opere esta exención y, a su vez, el artículo 7° contempla la situación de trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, señalando que éstos podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado texto legal.

Menciona que la exención establecida en dicho cuerpo legal altera la regla general del sistema previsional chileno, en cuanto a la obligatoriedad de efectuar cotizaciones de todos los trabajadores dependientes, por lo que las disposiciones de la Ley Nº18.156, en su carácter excepcional, deben interpretarse restrictivamente.

Por lo anterior, la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituyen un régimen de excepción que le es sólo aplicable a trabajadores dependientes de empresas o del sector privado, extranjeros que, además, detenten la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan con los requisitos impuestos por la ley en comento.

Explica que para que proceda la devolución de fondos previsionales a los técnicos extranjeros, las disposiciones legales reseñadas exigen que se reúnan los siguientes requisitos copulativos, a saber:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Asimismo, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones complementa el requisito de la letra a) de la Ley N°18.156, disponiendo que su cumplimiento debe acreditarse mediante una certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

En tal sentido, hace presente que el instrumento acompañado por la recurrente a su solicitud es un documento emitido por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. de 14 de enero de 2020, que solo certifica que la recurrente se encuentra afiliada al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir, y de su lectura se advierte que no cumple en lo más mínimo con los estándares que exige la norma para acceder a la solicitud, puesto que: (i) No se encuentra legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y/o apostillado por el respectivo país miembro del Convenio según corresponda; y (ii) tampoco permite determinar si esa institución otorga a la recurrente prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Por otra parte, respecto del requisito de la letra b), se entiende cumplido cuando el contrato de trabajo, anexo o finiquito del mismo, según corresponda, celebrado por el trabajador técnico extranjero con el o los distintos empleadores que le han enterado cotizaciones previsionales en una Administradora de Fondos de Pensiones, contenga además de las estipulaciones obligatorias a que se refiere el artículo 10 del Código de Trabajo, una que exprese inequívocamente la voluntad del trabajador de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile.

Dice que de la lectura de los contratos de trabajos y finiquitos acompañados por la recurrente -los que analiza pormenorizadamente-, permite apreciar que no contienen declaración alguna por la cual aquélla haya manifestado su voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile.

Por último, en cuanto a la calidad de técnico que debe tener el trabajador extranjero, el Compendio de Normas señala que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, la recurrente no ha acompañado ningún antecedente que acredite su calidad de técnico o profesional como dispone la norma.

Conforme con lo expuesto, sostiene la recurrida, resulta claro que la actora no cumple en lo más mínimo con los requisitos señalados en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones ni con aquellos señalados en la Ley N°18.156, para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Por resolución de 19 de agosto último se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia conjunta de los siguientes requisitos: a) una conducta, por acción u omisión, contraria a derecho, expresada bajo las modalidades de ilegalidad o arbitrariedad; b) que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales protegibles por esta vía; y c) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección pedida.

Segundo: Que cabe consignar que la solicitud cuya satisfacción pretende el recurrente, se encuentra regulada a través de un procedimiento en que el afiliado suscribe la petición y aporta los antecedentes exigidos por la ley, mientras que la Administradora de Fondos de Pensiones debe resolver la solicitud, ya sea aprobándola o rechazándola, dentro de un plazo establecido y en virtud de una resolución fundada que debe constar por escrito y ser notificada al interesado o requirente.

Tercero: Que, a su vez, la Ley N° 18.156 dispone que para que proceda la devolución de fondos previsionales a los trabajadores dependientes extranjeros, que detenten la calidad de técnicos o profesionales, se deben reunir los siguientes requisitos: 1- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y 2- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Por su parte, el Compendio de Normas complementa tales requisitos legales prescribiendo que su cumplimiento debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Cuarto: Que, en la especie, el rechazo de la AFP Planvital a la solicitud de retiro de los fondos previsionales de propiedad de la actora, se fundó en que ésta no cumplía ninguno de los requisitos o exigencias que contempla la normativa que regula esta materia. En efecto, no tiene la calidad de técnico, el documento que acompañó para demostrar que se encuentra afiliada a un sistema de seguridad social en su país de origen Colombia, no está legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ni apostillado por la entidad correspondiente, como tampoco permite determinar que la institución respectiva del referido país otorgue a la recurrente prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte y, finalmente, ni en el contrato de trabajo, anexo o finiquito del mismo aparece consignada la voluntad de la actora de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile.

Quinto: Que, como claramente es posible constatar, la recurrente no se halla comprendida entre los trabajadores extranjeros que pueden solicitar el retiro de sus fondos previsionales al alero de la Ley N° 18.156, no siendo en consecuencia la decisión de la recurrida contraria a la ley.

Sexto: Que, adicionalmente, AFP Planvital actuó dentro de sus competencias y/o atribuciones, de conformidad a lo prescrito por el legislador y en base a la información que la interesada le acompañó, de manera que se ajustó íntegramente a la normativa aplicable, sin que se aprecie una conducta que pueda catalogarse de arbitraria o antojadiza.

Séptimo: Que, por el contrario, acceder a la devolución de fondos que pretende la reclamante implicaría desatender la preceptiva antes citada por parte de una entidad previsional altamente fiscalizada, haciéndola incurrir en un grave incumplimiento normativo, quedando expuesta con ello a sanciones del ente regulador.

Octavo: Que en razón de lo dicho y por no configurarse los requisitos que hacen procedente este arbitrio de protección, debe necesariamente concluirse que el recurso deducido ha de ser declarado sin lugar.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A..

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D. No firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol Nº 32.559-2020.