nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.

Proveyendo los escritos folios 11 y 12: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado don Jaime Eduardo Alvear Flores, quien interpone acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, empleado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Expone que por esta vía impugna la decisión de la SUSESO en orden a rechazar o no pronunciarse por el pago de seis licencias médicas, las N° 36802494, N° 38281446, N° 36802458, N° 38354509; N° 38354547 y N° 38597223, por un total de 180 días, a contar del 16 de febrero de 2020, emanado de la Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, por reposo no justificado.

Hace presente que las licencias fueron rechazadas por varias resoluciones de la Subcomisión Poniente de la COMPIN, y que fueron otorgadas al actor por médico especialista en psiquiatría don nombre reservado, y rechazadas por reposo prolongado no justificado, lo que fue confirmado por la SUSESO.

Refiere que el 22 de febrero de 2021, el recurrente recibió y se dio por enterado de la Resolución Exenta N° R-01-UME-20968-2021, de igual fecha, en que se lee que estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que, el reposo de cuatro de las licencias no estaba justificado, conclusión que se basó en los informes médicos aportados, y que el período de reposo de más de 600 días ya autorizados por salud mental permite establecer que la dolencia le produce una incapacidad para trabajar crónica y no susceptible de revertir, por lo que no se justifica la prolongación del reposo por un período más allá de previamente autorizado y, respecto a las 2 licencias restantes (N° 38354547 y N° 38597223) no se pronuncia.

Luego de citar normas legales y referirse a atribuciones de la recurrida, da cuenta que el recurrente padece de “episodio depresivo moderato”, diagnosticado por el referido psiquiatra, mediante informes que tuvo a la vista la COMPIN, pero no se tuvo a la vista un nuevo informe de la condición actual del actor, ni se ordenó un nuevo estudio para resolver, y que no menciona en los fundamentos para sostener el rechazo, ni solicitó nuevos exámenes o estudios para justificar su resolución.

Señala que independiente que la SUSESO indique que el beneficiario debe tramitar su invalidez, resulta de toda lógica considerar la real afectación arbitraria que se produce en la estabilidad emocional y económica del recurrente, ya que el no pago de las licencias afecta directamente la base de su sustento, única fuente de ingreso que percibe, lo que se traduce en que no pueda contar con recursos para financiar sus necesidades básicas y médicas.

Argumenta que el actuar de la recurrida debe ser calificado de ilegal y arbitrario al no haber instado, mediante los mecanismos legales correspondientes, por la reevaluación de la situación médica actual del actor a fin de determinar su condición de salud, la necesidad del reposo y el pronóstico de recuperabilidad.

Cita como vulnerada la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, derecho de propiedad, desde que los rechazos importan la privación al derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley.

Finaliza solicitando que se acoja la acción, con costas, y se deje sin efecto la resolución exenta mencionada que confirmó el rechazo de las licencias médicas, debiendo ordenar a la Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana cursar y pagar las licencias rechazadas al beneficiario.

Segundo: Que, al informar la recurrida, solicitó el rechazo del recurso con costas, por las siguientes razones.

Alega, en primer término la extemporaneidad del mismo, por estimar que desde el reclamo interpuesto en contra de la COMPIN -pronunciamiento de 4 de febrero de 2021-, ha transcurrido sobradamente el plazo que contempla el Auto Acordado sobre la tramitación del presente recurso, de forma que al esperar el pronunciamiento de la Superintendencia, se utiliza el recurso como última instancia de reclamación, lo que corresponde a la COMPIN o a la Isapre respectiva, según el caso, citando abundante jurisprudencia en aquel tenor.

Indica que respecto a las licencias médicas N° 38354547 y N° 38597223 no emite pronunciamiento, ya que no se ha presentado recurso de reposición ante la COMPIN correspondiente.

En subsidio, señala que resulta improcedente la vía de impugnación, pues la materia de que trata es la seguridad social, no protegida mediante el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Finalmente, y también en subsidio, respecto al fondo, se refiere al procedimiento de autorización, rechazo o modificación de licencias y de las facultades que en ello le competen a la recurrida en orden a supervigilar el adecuado ejercicio el derecho a la seguridad social, de acuerdo a abundantes normas que cita y transcribe.

En lo que respecta al caso del recurrente, da cuenta que esa Superintendencia, a través de sus especialistas médicos elaboró un informe por la Dra. nombre reservado, que señala que se han autorizado 611 días, que las licencias fueron emitidas por médico psiquiatra adulto, el diagnóstico es episodio depresivo, y en los antecedentes médicos, se lee “Detalle: Sin fecha, emitido en Hospital Militar: en control y tto. en servicio de psiquiatría desde 10-2019 por episodio depresivo moderado a severo. Tf: Sertralina 200 mg, Clonazepam 2 mg, Zopiclona 7.5 mg, Bupropión 150 mg y Clonazepam 0.5 mg SOS. En psicoterapia. Cuadro con evolución tórpida, presentando mala tolerancia a los esquemas farmacológicos prescritos, persistiendo síntomas ansiosos y depresivos en relación a diversos estresores, pero principalmente a las molestias genitourinarias que presenta, además de procedimientos estéticos pendientes que resultan importantes para su proceso de cambio de imagen corporal.” En otros antecedentes relevantes, destaca “Detalle: Paciente en presentación señala que es portador de depresión crónica, pinzamiento de caderas, incontinencia urinaria, estenosis uretral, otoesclerosis, infecciones por bacterias a repetición, limitación en pierna izquierda por extracción de músculo, problema a la columna que necesita infiltración o cirugía.” Y en Fundamentos de la resolución: “Paciente con más de 600 días de reposo por salud mental y múltiples licencias por otras patologías. Informe escueto, sin acreditar psicoterapia. Periodo de tiempo extendido, se sugiere rechazar y solicitar inicio de TPI.”

Respecto de los derechos que se alegan como vulnerados, explica que no se cumple la exigencia de que sean indubitados, pues la sola extensión de una licencia médica por un facultativo no genera derecho alguno sino hasta su autorización, que es lo que no ha ocurrido y, finalmente expone que ha actuado dentro de sus facultades, razón por lo que no existe la ilegalidad o arbitrariedad que se le imputan.

Tercero: Que, al informar la COMPIN, refiere similares argumentos que la recurrida y agrega que, conforme a la normativa aplicable en la materia, es competencia privativa de la COMPIN o, en su caso, de la Isapre, rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el período solicitado, entre otros, precisando que es un organismo de carácter técnico, por lo que cuenta con conocimientos específicos y de carácter objetivo al momento de evaluar los diagnósticos.

Cuarto: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Quinto: Que, en cuanto a la extemporaneidad, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que la presente acción deberá interponerse en el plazo fatal de 30 días corridos desde el hecho que lo motiva, o desde que se tuvo conocimiento del mismo.

Basta para desestimar la extemporaneidad reclamada, considerar que el acto que el pronunciamiento más reciente de la Superintendencia de Seguridad Social, es de 22 de febrero de 2021 y la acción constitucional fue entablada el 19 de marzo de 2021, razón por la cual, aparece presentado dentro del plazo que contempla el Auto Acordado que rige la materia.

En cuanto al fondo:

Sexto: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas.

Séptimo: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

En efecto, el acto impugnado correspondió a la Resolución Exenta 01-UME-81907-2020 de 22 de febrero de 2021, la que reza: “Que, ha recurrido con fecha 04 de febrero de 2021 a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 36802494, 38281446, 36802458, 38354509, 38354547, 38597223, extendidas por un total de 180 días a contar del 16 de febrero de 2020, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 36802494, 38281446, 36802458, 38354509, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos aportados y el período de reposo de más de 600 días ya autorizado por salud mental, permiten establecer que la dolencia en cuestión le produce una incapacidad para trabajar crónica y no susceptible de revertir, por lo que, no se justifica la prolongación del reposo por incapacidad temporal más allá del período previamente autorizado. En caso de nuevas presentaciones debe adjuntar trámite de invalidez ejecutoriado o certificado actualizado de trámite de invalidez en curso otorgado por la Superintendencia de Pensiones.

Que, respecto a las licencias médicas N°s 38354547, 38597223, esta Superintendencia no emite pronunciamiento ya que no se ha realizado Recurso de reposición ante la COMPIN correspondiente.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 36802494, 38281446, 36802458, 38354509, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.

Esta Superintendencia no emite pronunciamiento respecto a las licencias médicas N°s38354547, 38597223.”.

Octavo: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Noveno: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Décimo: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Undécimo: Que, de esta forma, es dable colegir que con arreglo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1 de la Ley N° 16.395, que fija el Texto refundido de la Ley de Organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde a la Superintendencia la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2, 3 y 27 la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control de las instituciones de previsión, entre las que se encuentra la COMPIN.

Duodécimo: Que, como se advierte, la actividad realizada por la Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Decimotercero: Que, así las cosas, decidido el rechazo de las licencias del recurrente por la COMPIN, la SUSESO confirmó dicha decisión en cuatro casos y omitió pronunciamiento en dos, por no haberse respetado el orden recursivo legal, y luego resolvió las solicitudes que guardaban relación con lo mismo, obrando dentro de las facultades que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta y las facultades de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

Decimocuarto: Que por lo demás, lo decidido guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo 1 del Decreto Nº 3, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en cuanto “entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "COMPIN", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "SEREMI", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Decimoquinto: Que descartada ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de la garantía denunciada como vulnerada por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por a favor de don nombre reservado, en contra de la SUSESO.

Se previene que el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, estuvo por rechazar el presente arbitrio constitucional, además, teniendo presente que las alegaciones hechas valer por el actor, aun cuando, den por conculcados otros derechos constitucionales, en realidad se fundan en la garantía prevista en el artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental, la que no está incluida dentro de aquellas que enumera el artículo 20 del mismo texto constitucional.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-3232-2021.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, conformada por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Cristián Lepin Molina.