RG CORP SPA con BANCO DE ESTADO DE CHILE

Santiago, quince de julio de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, ingeniero comercial, actuando en representación de RG Corp SpA, sociedad del rubro financiero, quien interpone recurso de protección en contra de Banco del Estado de Chile, en razón del acto que estima arbitrario e ilegal consistente en el cierre de la cuenta vista Nº [cuenta reservada], de la que es titular la compañía antes referida, lo que estima vulnera las garantías contenidas en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que pide se ordene al Banco a: (i) reabrir la Cuenta Vista RG Corp, y reestablecer todos los productos asociados a ésta; y, (ii) abstenerse de ejercer, en lo sucesivo, cualquier conducta que pudiera atentar en contra de los derecho de propiedad de la recurrente y de su derecho a desarrollar libremente una actividad económica.

Para fundar su recurso expone que RG Corp es una sociedad que se dedica a la inversión en una serie de activos, y para realizar sus funciones, RG Corp cuenta con una cuenta vista en el Banco Estado, para lo cual suscribió con éste, un contrato de Cuenta Corriente Emprendedor.

Explica que con fecha 13 de enero de 2022, luego de intentar efectuar una transacción, advierte que la Cuenta Vista de RG Corp no estaba funcionando, por lo que el 14 de enero del año en curso el banco recurrido informa que la Cuenta Vista de RG Corp había sido cerrada con fecha 16 de diciembre de 2021. Agrega que con fecha 17 de diciembre de 2021, esto es, un día después del cierre de la Cuenta Vista de RG Corp, se recibió en la casilla de spam del correo electrónico de uno de los socios, un correo enviado por el Banco Estado en el que se limitaba a comunicar el cierre de una “chequera electrónica”, el que se produciría transcurridos 60 días contados desde la fecha de emisión de la aludida notificación, sin que se les haya informado previamente la decisión, ni se les haya dado motivos de ello.

Refiere que la decisión detallada es ilegal, porque el cierre se realizó sin que exista una comunicación (ni previa ni posterior a la fecha del cierre) en la que se dé cuenta de la causal en virtud de la cual se estaba cerrando, lo que contraviene expresamente lo dispuesto por los artículos 16 letra a) y 17 B letra b) de la Ley Nº 19.496; y arbitraria porque ninguna de las causales de término expresamente señaladas en el contrato se ha verificado en los hechos; y, en cualquier caso, porque la decisión de término no fue fundada ni razonada.

Finalmente, sostiene que incluso de considerarse que el cierre se fundamentaba en una posible norma que permita el cierre unilateral a los bancos, ello no evitaría la ilegalidad o arbitrariedad de la decisión, ya que la ley exige siempre que se dé un plazo razonable antes del cierre. Sin embargo, el hecho que, en este caso, la comunicación de cierre haya llegado una vez que esa decisión ya se encontraba materializada, y que el plazo de 60 días dado por el Banco Estado no se haya respetado, refuerza todavía más el carácter de ilegal o arbitrario de la decisión.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En lo que atañe al recurso, refiere que la recurrente mantiene actividades económicas en el Servicio de Impuestos Internos, asociadas a fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares y empresa de asesoría y consultoría en inversión financiera. En razón de lo anterior, se le solicitó información sobre sus actividades, detectando que el recurrente se dedica a la compra y venta de BITCOINS- CRIPTOMONEDA, lo que llevó a determinar por parte del banco que correspondía proceder al cierre de la Cuenta ya individualizada.

Explica que el giro de la recurrente comprende la compra y venta de monedas virtuales y criptodivisas, que consisten en programas computacionales, específicamente en algoritmos, que como tales, carecen de manifestaciones físicas y no tienen valor intrínseco, siendo definidas y controladas por un grupo descentralizado de usuarios que utilizan el protocolo de Bitcoin en internet, a lo que se suma que actualmente las actividades financieras que se realizan con ellas carecen de marco regulatorio.

Agrega que lo anterior plantea una imposibilidad del Banco del Estado de Chile de cumplir con las obligaciones legales que surgen de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, así como de las obligaciones que emanan del Capítulo 1-14 de la Recopilación Actualizada de Normas (Bancos) de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), normativa que por provenir de la autoridad fiscalizadora competente, quien la dictó en ejercicio de sus facultades legales, le resulta vinculante para las instituciones financieras.

Indica, que en lo que se refiere al empleo de productos financieros del Banco del Estado de Chile para destinarlos al giro de compra y venta sobre monedas virtuales y criptodivisas, la recurrida ha adoptado una determinación de carácter general en orden a no operar con empresas que se dediquen a la emisión o creación, corretaje, intermediación o sirvan de plataforma a las llamadas criptomonedas u otro tipo de empresas de esta naturaleza, mientras no exista un reconocimiento regulatorio de la actividad, esto a fin de dar cumplimiento a la normativa legal y a aquella emanada de la entidad encargada por ley de fiscalizarla, que busca evitar que el banco y sus productos puedan ser instrumentalizados con la finalidad de llevar a cabo operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, entre otras posibles actividades riesgosas, por lo que se puede concluir que la decisión comercial- y de carácter general- no puede ser calificada como ilegal o arbitraria.

Finalmente, sostiene que para la procedencia del recurso de protección debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie porque el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene la calidad de indubitado, muy por el contrario, atendida las declaraciones del recurrente y las informadas por su parte, es un hecho que es materia de prueba y por tanto de un procedimiento declarativo, resultando imprescindible agotar la vía jurisdiccional correspondiente, lo que también le lleva a colegir que el conflicto planteado excede el marco de una acción de protección.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, no existe controversia que la recurrida, con fecha 16 de diciembre de 2021, cerró la cuenta vista N° [cuenta reservada] de la que era titular la recurrente, en el contexto del contrato de Cuenta Emprendedor, celebrado entre las partes el 26 de septiembre de 2017.

Que, la recurrente sostiene que dicha decisión de cierre, es ilegal y arbitraria, vulnerando las garantías constitucionales del artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, en primer término, la ilegalidad la hace consistir, en que el cierre se realizó sin que exista una comunicación -ni previa ni posterior a la fecha del cierre- en la que se dé cuenta de la causal en virtud de la cual se estaba cerrando, lo que contraviene expresamente lo dispuesto por los artículos 16, letra a) y 17 B, letra b), de la Ley Nº 19.496.

Que la primera de dichas normas dispone que: “No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que: a) Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o de suspender unilateralmente su ejecución, salvo cuando ella se conceda al comprador en las modalidades de venta por correo, a domicilio, por muestrario, usando medios audiovisuales, u otras análogas, y sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen.”

Por su parte, el artículo 17 B establece que “Los contratos de adhesión de servicios crediticios, de seguros y, en general, de cualquier producto financiero, elaborados por bancos e instituciones financieras o por sociedades de apoyo a su giro, establecimientos comerciales, compañías de seguros, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, y toda persona natural o jurídica proveedora de dichos servicios o productos, deberán especificar como mínimo, con el objeto de promover su simplicidad y transparencia, lo siguiente: letra b) Las causales que darán lugar al término anticipado del contrato por parte del prestador, el plazo razonable en que se hará efectivo dicho término y el medio por el cual se comunicará al consumidor”.

SEXTO: Que, el recurso en este punto será desestimado, por cuanto las normas citadas como infringidas, apuntan a regular las cláusulas de los contratos de adhesión, permitiendo a los contratantes solicitar la nulidad de una o varias de sus cláusulas que incurran en las infracciones establecidas y, además, reglamentan las especificaciones mínimas que deben contener.

En cambio, lo cuestionado en esta sede, es la determinación del banco recurrido de poner término a dicho contrato y la falta de comunicación de esta decisión, situación que no se encuentra recogida ni amparada por las normas referidas, siendo improcedente su aplicación al caso concreto.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, el recurrente alega la arbitrariedad del cierre de la cuenta, fundado en que ninguna de las causales de término expresamente señaladas en el contrato se ha verificado en los hechos; y, en cualquier caso, porque la decisión de término no fue fundada ni razonada.

Al respecto, se encuentra acompañado por la recurrente, el correo electrónico de fecha 16 de diciembre de 2021, mediante el cual el recurrido informa a la recurrente, que “ha resuelto el cierre de su chequera electrónica N° [cuenta reservada] de la cual usted es titular de conformidad a la facultad dispuesta en el Contrato de Chequera Electrónica.”

A su vez, el recurrido al evacuar el informe señala que el cierre de la cuenta se debió a que de conformidad a la información solicitada a la recurrente sobre sus actividades, se detectó que ésta se dedica a la compra y venta de Bitcoins-Criptomoneda, actividad financiera que carece de marco regulatorio, lo que pone a su parte en la imposibilidad de cumplir con las obligaciones legales que surgen de la Ley N° 19.913 y las que emanan del Capítulo 1-14 de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero.

De lo anterior, se concluye que la ocurrencia de los hechos que fundan el cierre de la cuenta por parte del Banco del Estado y la oportunidad de la comunicación de dicha decisión de conformidad al contrato, no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre, por lo que el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder al recurrente.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por RG Corp SpA en contra de Banco del Estado de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra (s) Jorquera.

No firma el Ministro (s) señor Fuica, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por cesar funciones en esta Corte.

N°Protección-322-2022.