nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil trece.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que a fs.18 don nombre reservado, ingeniero comercial, y nombre reservado, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado; recurren de Protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, en adelante SII, representado por su Director don nombre reservado, y en contra de la abogada jefa de la Unidad Jurídica doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.; recurso que funda en las circunstancias y fundamentos que expone.

Que el actor, fundando la acción de amparo constitucional deducida señala, en síntesis, en lo pertinente, que es menester referirse a los antecedentes pretéritos de la vulneración de derechos de que han sido víctimas por parte de la recurrida, señalando que en el año 2002, realizaron una denuncia ante el SII por graves infracciones y delitos Tributarios cometidos al interior de Juegos Electrónicos S.A., y que posteriormente, concurrieron a declarar en calidad de testigos por delitos tributarios ante el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, en la causa Rol 201002-1, seguida en contra de nombre reservado, nombre reservado y otros, sujetos pasivos que eran administradores, responsables legales de la Empresa Juegos Electrónicos S. A, dictándose en dicho proceso sobreseimiento.

Sostiene que el Servicio de Impuestos Internos dedujo una ampliación de la querella ante el Trigésimo Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, incluyendo a estos testigos y recurrentes como querellados, sin que mediara antecedente alguno que justificare dicha situación procesal. La causa signada con el Rol 311-05-21105, para lo cual manifiesta el débil fundamento se desprendía del hecho de resultar accionistas de Piedra Negra S.A., sociedad propietaria del 2,5% de las acciones de Juegos Electrónicos S.A, porcentaje que por cierto, los mantenía absolutamente ajenos al poder decisorio de aquella sociedad. Posteriormente con fecha 23 de mayo de 2007, su Declaración de Impuestos es objetada por la Subdirección Jurídica del SII, por la misma observación “J91", en atención a que estaban siendo investigados por presunto delito tributario.

Agregan que dicha observación tiene origen en la causa antes mencionada, en la que tuvieron la calidad de querellados, para lo cual sostienen con fecha 24 de julio de 2008, se dictó sentencia de sobreseimiento en la causa que estaban siendo investigados, decisión que fue con posterioridad ratificada. Sostienen que en el año 2009, se encontraban libres de todo bloqueo y que una vez demostrada ante el Servicio de Impuestos Internos, su completa y absoluta desvinculación en los hechos que eran investigados.

Afirman, que, sin mayor explicación nuevamente, de manera arbitraria e ilegal, se les rechazó su Declaración de Impuesto a la Renta, por la misma causal J 91, haciendo uso de una investigación penal sobreseída en nombre reservado de 2008.

Aseveran que los hechos denunciados vulneran el derecho al debido proceso contemplado en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política del Estado, que al efecto señala: “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción, debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”. Añaden, que este principio a su vez, debe relacionarse con el de imparcialidad que rige el actuar de la administración previsto en el artículo 11 de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, publicada en el D.O el 22 de mayo de 2003, con la probidad en la actuación de la Administración del Estado y la razonabilidad de sus decisiones, así como también con la presunción de inocencia, para lo cual los recurrentes definen cada uno de estos conceptos, sin indicar de qué manera se habrían transgredido, sino que señalan únicamente que la objeción no se basa en el ejercicio de la actividad fiscalizadora de ese Servicio, sino que en los hechos, que en su concepto no ocurrieron, es decir en supuesto delitos sobreseídos y respecto de los cuales se declaró su inocencia.

Indican, además, que se ha vulnerado el principio de Igualdad ante la Ley, contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental “ya que se discrimina en forma arbitraria e ilegal a contribuyentes de buen comportamiento, por el sólo hecho de que en alguna oportunidad fueron querellados, no obstante se demostró su completa inocencia.

Finalmente los recurridos, sostienen que han sido privados de su derecho de propiedad sobre sus devoluciones de impuestos correspondientes al Año Tributario 2013, ya que afirman, que en tanto permanezcan “bloqueados” por el Servicio de Impuestos Internos, no pueden aspirar a obtener la devolución por los montos correspondientes, afectando la garantía contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Procedimental.

Solicita se ordene al Servicio de Impuestos Internos en el plazo que se le fije al efecto y en definitiva disponer el restablecimiento del derecho, dejando sin efecto la observación J91 hecha a las Declaraciones de Renta, pues todos actos realizados por el recurrido revisten el carácter de arbitrarios e ilegales y vulneran consagrados en los numerales 2, 3, 6 y 24 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República, todo ello, con costas.

2°) Que, informando a fojas 33 y siguientes, la recurrida, en atención a los antecedentes que expone y haciéndose cargo del fondo del arbitrio constitucional deducido, solicita su rechazo.

Hace presente que, con fecha 25 de abril de 2013, los contribuyentes don nombre reservado don nombre reservado, presentaron sus Declaraciones Anuales de Impuesto a la Renta , solicitando la devolución de $2.981.985 y una de $2.450.821, respectivamente, posteriormente con fecha 13 de mayo de 2013, el Servicio objetó dichas declaraciones por tener la observación J91, cuya observación se registró de manera automática por sistema computacional, en la Operación Renta, al realizar un proceso de cruce de información y detectar que el contribuyente se encuentra con la observación 4001 (contribuyente querellado), en efecto cada vez que los contribuyentes son querellados, traen aparejada la observación J 91.

Es del caso que dicho organismo interpuso en el año 2002 una querella en contra de los recurrentes, por el delito tributario contemplado en el artículo 97 N° 4 inciso 1 del Código Tributario, tramitada en la causa Rol N° 311-2005, ante el 33° Juzgado del Crimen de Santiago, por haber efectuado declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas o falsas que indujeron a la liquidación de un impuesto inferior al que les correspondía, si bien la referida causa fue sobreseída temporalmente en virtud de los artículos 407 y 409 N° 4 del Código de Procedimiento Penal, el sistema computacional de manera automática registro en la Operación Renta la observación J 91 como un medio de alerta a fin de revisar la situación particular de los contribuyentes.

Cabe hacer presente que dichos contribuyentes se les comunicó mediante cartas a sus domicilios que debían concurrir a la Oficina del SII de su domicilio el día 30 de julio del año en curso, interponiendo éstos dicha acción constitucional, sin esperar el término del proceso de revisión, para lo cual hace presente que todas las declaraciones de impuestos observadas, durante el año comercial 2012, están siendo examinadas en el proceso de revisión que comenzó a regir del mes de junio de este año, es por ello que revisando la situación de los recurrentes y verificando que no existen reparos, se procedió ordenar la liberación de impuestos con fecha 28 de junio de 2013.

Hace presente, en atención a lo antes señalado, solicita que el recurso de protección interpuesto por los recurrentes por la vulneración al debido proceso, contemplado en el artículo 19 N°3 inciso 6° de la Constitución Política de la República, se declarado inadmisible, en atención a que excede del ámbito de las garantías constitucionales amparadas por el recurso de protección que taxativamente señala el artículo 20 de la Carta Magna y, debido a que dicha vulneración, no existe.

Señala que de lo expuesto quedaría de manifiesto que el recurso presentado por los recurrentes carece de todo fundamento puesto que el acto es completamente ajustado a derecho y no se vulnera derecho alguno, ya que el Servicio de Impuestos Internos, ha procedido conforme a las facultades de fiscalización que legalmente le están conferidas y luego de ejercerlas, ha procedido a efectuar la devolución solicitada, razones por las cuales el presente recurso, deberá ser rechazados en todas su partes.

3°) Que previo al análisis del negocio sub lite, cabe precisar, como reiteradamente lo ha señalado en los últimos años la Excma. Corte Suprema, que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4°) Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1° del Código Civil - o arbitrario - producto del mero capricho de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que es materia de estos antecedentes.

5°) Que, atendido lo consignado en los basamentos precedentes, es dable concluir que son variadas las exigencias que deben concurrir respecto de la presentación del arbitrio constitucional antes indicado, así como para acogerse por el Tribunal respectivo, atendida su naturaleza. Empero, para los fines que importan en la especie, viene al caso destacar la naturaleza cautelar o de emergencia de esta acción constitucional, que la aleja de la realización de declaraciones abstractas o teóricas. Su finalidad es eminentemente práctica: poner remedio a una situación ilegal o arbitraria, restablecer el imperio de los derechos fundamentales.

6°) Que conforme a lo razonado en los considerandos que anteceden y considerando especialmente el mérito de los antecedentes –de los cuales surge que ha desparecido la situación de hecho que motivara el ejercicio de la acción de protección-, puede concluirse, sin necesidad de extenderse mayormente en el análisis en cuestión que, en la especie, no concurren los presupuestos que permitan su acogimiento, ya que esto implicaría, en definitiva, un pronunciamiento judicial declarativo. En efecto, no existe a estas alturas ninguna medida que adoptar, puesto que el servicio público respectivo ya dilucidó la situación de los recurrentes, dejó sin efecto los reparos preliminares y provisionales y ordenó la liberación de los impuestos con fecha 28 de junio de 2013.

Y de acuerdo, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, 1°, 3° y 5° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA el recurso deducido en lo principal del escrito de fojas 18 y siguientes, sin costas por estimarse que hubo motivo plausible para recurrir.

Redacción del abogado integrante señor Fernández Ledesma, quien no firma por ausencia.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° protección- 32091-2013.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra (S) señora Jenny Book Reyes y por el Abogado Integrante señor Hugo Fernández Ledesma.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones de Santiago.´ En Santiago, a veintisiete de septiembre de dos mil trece, autoriza la resolución que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.