nombre reservado con (TGR) TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, seis de mayo de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Patricio Ignacio Órdenes Ramírez, abogado, e interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, pensionado, en contra de la Tesorería General de la República, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en haber compensado con deudas fiscales una suma obtenida mediante sentencia ejecutoriada, alegando vulneración de sus garantías constitucionales de los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representado dedujo demanda de indemnización de perjuicios por crímenes de lesa humanidad, causa seguida ante el 20º Juzgado Civil de Santiago, rol C-31502-2019, en la que el 8 de noviembre de 2022 se dictó sentencia definitiva y condena al fisco a pagar a título de daño moral la suma de $60.000.000.-, lo que fue confirmado por esta Corte el 14 de abril de 2023, quedando un monto definitivo, con reajustes e intereses, de $60.530.400.- Refiere que, ejecutoriada la sentencia, el recurrente comenzó con las gestiones para obtener el cumplimiento de la misma, haciendo presente que mantenía una deuda por concepto de impuestos, procediendo la Tesorería General de la República, el 4 de diciembre de 2023, a compensar con la suma obtenida a título de indemnización, tratándose de giros exigibles hace más de veinte años, por un total de $57.207.849.- Alega que esta compensación es ilegal, por cuanto no se cumplen los requisitos para su procedencia, toda vez que ambas obligaciones no son actualmente exigibles, conforme la regla tercera del artículo 1656 del Código Civil, al tratarse de créditos prescritos.

Por otro lado, aduce que la compensación en materia tributaria no opera por el sólo ministerio de la ley, sino que requiere pronunciamiento del Tesorero General, según ha resuelto la jurisprudencia, no existiendo siquiera notificación válida al contribuyente.

En este contexto, sostiene se vulneran sus garantías constitucionales del debido proceso, al no haberse oído al recurrente, y su derecho de propiedad, toda vez que se encuentra privado de una indemnización obtenida por violación a sus derechos humanos.

Conforme lo expuesto, pide se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la compensación efectuada por la recurrida y, en consecuencia, se le ordene a devolver al recurrente los $57.207.849.-, debidamente reajustados desde la fecha de la compensación, debiendo abstenerse en lo sucesivo de incurrir en los mismos actos de compensación, con costas.

Segundo: Que, informa Paulo Cerpa Opazo, abogado de la Tesorería General de la República, quien pide el rechazo del recurso por improcedente.

Sostiene que no existe actuación arbitraria o ilegal por parte del Servicio de Tesorerías, por cuanto el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil establece que, ejecutoriada una sentencia que condene al Fisco a pagar una contraprestación, el tribunal remitirá un oficio al ministerio respectivo y, conforme a la letra p) del artículo 2° del Decreto Ley Nro. 3.346 de 1980, Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, se establece que es función del Ministerio de Justicia dictar el acto administrativo necesario para el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas.

Así, explica que, mediante Resolución Exenta Nro. 2804, de 16 de noviembre de 2023, del Ministerio de Justicia y DDHH, se ordenó a Tesorería a pagar a la recurrente $60.530.400.-, en cumplimiento a la sentencia firme y ejecutoriada dictada en la causa rol C-31502-2019, pago que no se verificó al operar una compensación entre deudas reciprocas de la recurrente y del Fisco.

Hace presente que, al momento de verificarse el pago, Tesorería, en uso de sus facultades legales, procedió a compensar las deudas morosas del actor por cuarenta y cinco formularios 21 y 29, folios 7520395, 7520165, 7519355, 7522135, 7521985, 7518485, 106505448, 7521675, 7519095, 7517905, 7518745, 4213456, 7520695, 7519555, 7519915, 7519725 y 7518185, por concepto de deuda de impuestos (diferencias IVA, renta, PPM, multas), así como también con el formulario 42, folio 4344021491, por multa Inspección del Trabajo, habiéndose iniciado los procedimientos de cobro respectivos, según consta en expedientes Roles Nros. 528-2005, 539-2003 y 1010-1999, todos de la comuna de Recoleta.

Precisa que se compensó la suma de $57.207.849.-, quedando pagada íntegramente la deuda por impuestos y créditos fiscales que mantenía el actor, remitiéndosele un cheque por el saldo correspondiente a $6.082.768.- En cuanto a la facultad legal invocada, indica que la compensación de deudas del contribuyente es una prerrogativa que asiste a Tesorería que, además de estar contemplada en el artículo 6° del DFL Nro. 1 de 1994, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, debe concordarse con el artículo 1656 del Código Civil, que dispone que la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan como requisitos que dos personas sean deudoras una de otra, que ambas deudas sean de dinero, líquidas y actualmente exigibles.

Afirma, en relación con la exigibilidad, que este requisito se cumple por cuanto a la data en que operó la compensación se encontraban vigentes y en tramitación, no habiéndose dejado sin efecto las obligaciones, ya por prescripción u otro modo de extinguir, por lo que los giros en cuestión estaban en Tesorería en condiciones de ser pagados.

Arguye, igualmente, que no es necesario dictar un acto administrativo, pues aquello no está establecido en la normativa, por lo que, en suma, la acción constitucional es improcedente al no existir ilegalidad ni arbitrariedad.

Finalmente, destaca que la actora no cuenta con un derecho indubitado, por lo que la pretensión exigida no puede ser conocida mediante esta acción cautelar, ni se verifica, igualmente, vulneración de garantías constitucionales al tratarse del ejercicio de una facultad legal.

Tercero: Que, como se ha dicho en innumerables fallos por los Tribunales Superiores de Justicia y la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Se ha sostenido, a base de una interpretación sistemática relacionando los artículos 20 y 5° inciso 2° de nuestra Carta Fundamental y con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a que “[…] el recurso de protección es también un derecho esencial de la persona humana, el derecho a la acción y a la tutela jurisdiccional efectiva ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales a través de los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental” (En ese sentido: Henríquez, Miriam. Acción de protección. Der Ediciones, Santiago, 2021, p. 4. Citando a su vez a nombre reservado).

Cuarto: Que, analizado el mérito de los antecedentes, resulta que lo discutido entre las partes es la procedencia de la compensación para solucionar la acreencia del actor, derivada de deudas de impuestos y de multas de la inspección del trabajo, según ha referido el servicio recurrido al momento de evacuar su informe.

Quinto: Que, la compensación en materia tributaria es conceptualizada como “[…] un modo de extinción de la obligación tributaria que consiste en la cancelación de la obligación tributaria por tener –el contribuyente y la Administración tributaria– créditos y deudas recíprocas de manera que se extinguen las prestaciones de ambas partes” (nombre reservado. Derecho Tributario. Teoría General. Edit. nombre reservado, Buenos Aires, 2012, p. 434).

Sexto: Que, en la especie, la compensación procede en los mismos términos previstos en los artículos 1655 y siguientes del Código Civil.

Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia han discutido si la compensación tributaria opera de pleno derecho o bien si se necesita de una declaración o acto administrativo de la Tesorería que así lo declare.

Séptimo: Que, de la revisión del artículo 177 del Código Tributario, en principio, se puede sostener que la compensación procedería a petición del deudor. En efecto, el inciso 4°, dice “[Sin perjuicio de las excepciones enumeradas en este artículo, el ejecutado que fuere a su vez acreedor del Fisco podrá solicitar administrativamente la compensación de las deudas respectivas extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

Octavo: Que, en cuanto a las facultades de la recurrida, el artículo 2° del D.F.L. Nro. 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, establece que tendrá, entre otras, la función de efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de los impuestos, multas y créditos que indica en el numeral 2.- y en su artículo 6° autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos están en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

Noveno: Que, sin perjuicio de lo anterior la compensación se encuentra aquí prohibida en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.662 inciso 2° del Código Civil, al regular que no puede oponerse compensación a la demanda de indemnización por un acto de violencia o fraude, como ha ocurrido precisamente con la sentencia que ha concedido al protegido una indemnización que ha tenido por objeto reparar el daño generado en él por el actuar desplegado por agentes del Estado.

Décimo: Que, en consecuencia, el acto denunciado es ilegal, ya que se ha apartado de las normas mencionadas, lo cual vulnera el derecho de propiedad del recurrente, contemplado en el artículo 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República, al privarlo del crédito que le corresponde legítimamente percibir, lo que es suficiente para acoger la acción de protección interpuesta en estos autos.

En mérito de lo razonado, disposiciones legales citadas y revisadas y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Patricio Ignacio Órdenes Ramírez, abogado, en favor de nombre reservado, en contra de la Tesorería General de La República, debiendo dar estricto cumplimiento a la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintidós dictada por el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago en causa Rol Nro. 31502-2019, según da cuenta la Resolución Exenta Nro. 2804 de 16 de noviembre de 2023 expedida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debiendo, en consecuencia, pagar al recurrente la suma de $57.207.849., debidamente actualizada según la variación del IPC, desde la fecha de la compensación.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

Redacción del ministro Miguel Eduardo Vázquez Plaza.

Rol Corte Nro. 32-2024 (Protección)