nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN LAS BARRANCAS

Santiago, quince de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

1°.- Que recurre de protección el abogado don Ricardo Retamal Ortíz, en nombre de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos Directores de Escuelas dependientes de la recurrida Servicio Local de Educación Barrancas, representado por su Director Ejecutivo don nombre reservado y/o don nombre reservado, por el acto que estiman ilegal y arbitrario consistente en la negativa de pagarles un bono mensual de responsabilidad directiva de $500.000.-, que aparece en las bases de los respectivos concursos que se adjudicaron los afectados, lo que les fue informado de manera verbal entre los días 27 y 28 de marzo de 2019.

Como fundamentos de hecho de su recurso exponen que en el mes de septiembre de 2018 se publicaron las bases del concurso público para proveer los cargos de Director en los Establecimientos Educacionales que forman parte del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, llevándose a cabo el concurso a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Todos los actores se adjudicaron sus respectivos concursos, nombre reservado, el cargo de Directora de la Escuela Millahue RBD 10093; nombre reservado, el cargo de Directora de la Escuela Provincia de Arauco RBD 10098; nombre reservado, el cargo de Director de la Escuela Herminda de la Victoria, RBD 10088; y nombre reservado, el cargo de Director de la Escuela Alianza RBD 10074, tomando posesión en sus funciones en los respectivos establecimientos educacionales con fecha 25 de febrero de 2019 Conforme con las bases de los concursos, se ofreció a los postulantes que “se asignará adicionalmente un bono mensual de responsabilidad directiva de $500.000”, no siendo pagado dicho bono junto con la remuneración de marzo del presente año.

Entre los días 27 y 28 de marzo de 2019, los recurrentes fueron convocados a una reunión con la Subdirectora Técnico Pedagógica del Servicio Local recurrido, donde se les indicó que no percibirían el bono mensual de responsabilidad directiva en cuestión, ya que dicho pago no era procedente conforme con lo preceptuado en el artículo 47 del Estatuto Docente, comunicándoles que se había efectuado una consulta a la Contraloría General de la República a fin de aclarar la legalidad del pago del mismo. Les señalaron que las autoridades no son responsables de la elaboración de las bases del concurso y se les comunicó que se abriría un sumario administrativo para determinar la responsabilidad y posibles sanciones a los responsables.

A raíz de lo anterior, pidieron una reunión con el Director Ejecutivo Subrogante del Servicio Local recurrido nombre reservado, la que se efectuó el 2 de abril de 2019, efectuando éstos una presentación por escrito en esa misma ocasión. En respuesta a dicha misiva, el 12 de abril del año en curso, se les comunicó que el bono se sujetó en cuanto a montos y condiciones, a lo dispuesto en los artículos 47 del Estatuto Docente y 7 transitorio de la Ley N°20.903 que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y que, con el objeto de evaluar su pago, se han realizado consultas a la Contraloría General de la República.

Hasta la fecha aún no se les pagaba el bono de responsabilidad, el que forma parte de sus remuneraciones, según las bases de los respectivos concursos, existiendo una amenaza seria de persistencia de la negativa al pago del mismo.

Sostienen que el actuar de la recurrida es un acto ilegal, pues implica el incumplimiento de lo ofrecido en las bases de los respectivos concursos, oferta que aceptaron los recurrentes, postulando y adjudicándose el concurso público, formándose de este modo el consentimiento entre las partes en lo relativo al monto de la remuneración, vulnerando así lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil. Asimismo, el acto ilegal y arbitrario denunciado vulnera el artículo 55 inciso primero del Código del Trabajo que se refiere a la obligación del empleador de pagar la remuneración convenida y asegurar su periodicidad.

Este acto ilegal y arbitrario configura una retención ilegal de parte de la remuneración, o una figura de “descuento provisorio de la remuneración”, ambas prohibidas en la ley en cuanto no haya consentimiento del trabajador.

Asimismo en cuanto a la arbitrariedad, la actuación denunciada no tiene fundamento razonable, y resulta desproporcionado el mecanismo de descuento o retención de la suma de $500.000 de sus remuneraciones, mientras supuestamente consultan la supuesta ilegalidad del bono que claramente se encuentra indicado en las bases de los respectivos concursos.

Estiman que el actuar de la recurrida vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y su derecho de propiedad, establecidas en los N° 2, 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Piden que se acoja el recurso y se disponga que la recurrida se abstenga de retener y/o descontar el bono referido en lo sucesivo, reintegrado las sumas por dicho concepto indebidamente descontadas, o lo que esta Corte estime de acuerdo a derecho, con el fin de asegurar el imperio del derecho y la debida protección de los afectados, con expresa condena en costas del recurso.

2°.- Que en su informe la Directora Ejecutiva Subrogante del Servicio Local de Educación Pública Barrancas doña nombre reservado, solicitó el rechazo del presente recurso.

En primer lugar, alegó que la acción interpuesta por los recurrentes tiene por objeto el cobro de las remuneraciones, por lo que estamos en presencia de una controversia de carácter laboral que excede la naturaleza cautelar del recurso de protección.

En cuanto al fondo, señaló que el Servicio Local de Educación Pública Barrancas, inició sus funciones el 01 de marzo de 2018 y adquirió la calidad de sostenedor de los establecimientos que le fueron traspasados desde las Corporaciones Municipales de Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia, y durante el segundo semestre el año anterior, se iniciaron las gestiones para convocar a concursos con el objeto de proveer los cargos de directores de varios establecimientos del territorio, de acuerdo a la Ley N°19.070.

Explica que los recurrentes fueron seleccionados y asumieron las funciones el 25 de febrero de 2019.

Agrega que por razones que son objeto de un sumario administrativo, las bases de los concursos no se sometieron a control de legalidad, ni fueron aprobadas mediante la correspondiente resolución, por lo cual sólo al momento de revisar las condiciones contractuales que correspondían a cada nombramiento, se percataron que se había dispuesto un bono adicional por un monto de $500.000.- pagaderos a todo evento. Siendo que éste tiene un tope de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° transitorio de la Ley N°20.903, esto es, el equivalente al 30% de la remuneración mínima nacional docente, que asciende a $194.587.- para los directores de establecimientos de media y de $184.942.- para directores de básica, por lo que no es efectivo que no se hayan pagado la totalidad de los bonos.

En cuanto a las condiciones para el pago, se orientó a que el referido bono, sólo se pagará previa comprobación del cumplimiento de metas asociadas a materia de convivencia que son de gran relevancia para ese Servicio Local, para cuyo efecto se suscribió un documento con cada uno de los directores seleccionados, en que se fijaron metas, supuestos y verificadores.

Asimismo, se solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República para que determinara si el tope antes indicado, es aplicable al servicio recurrido o sólo debe entenderse que afecta al sector municipal.

De esta forma, el actuar no ha sido ilegal ni arbitrario, y se han tomado todas las medidas necesarias para ajustarse a la legalidad vigente en el pago del bono, y tampoco existen actos contrarios a la razón.

3°.- Que la Contraloría General de la República, al momento de evacuar su informe, manifestó que dicho órgano de control se abstuvo de emitir el pronunciamiento requerido debido a que la materia planteada se encuentra radicada ante el conocimiento de esta Corte.

4°.- Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

5°.- Que según consta del tenor del recurso de protección, los actores reclaman por el no pago de un bono mensual de responsabilidad directiva por $500.000.-, que le correspondería percibir en su calidad de Directores de colegios que forman parte del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, y que estaba incluido en las bases del concurso para proveer tales cargos, el que se verificó a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Por su parte, el recurrido aduce que el mentado bono debe sujetarse en cuanto a su procedencia a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 19.903, que creó el Estatuto Docente, y que es una facultad de los sostenedores establecer asignaciones especiales de incentivo profesional; y en cuanto a su monto al artículo 7 transitorio de la Ley 20.903, que creo el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que estableció un topo equivalente al 30% de la remuneración básica mínimas nacional docente, equivalente a $194.587.- para directores de establecimientos de enseñanza media y de $184.942.-, para los directores de colegios de educación básica.

6°.- Que, como se advierte, el problema sometido al examen de esta Corte, consiste en determinar el correcto sentido alcance y aplicación de distintos cuerpos legales, a fin de fijar si los actores tienen derecho al bono que pretenden y por la cantidad que señalan, o bien por la suma que indicó el recurrido en su informe; y también si las bases de licitación en que se estableció tal incentivo, forman o no parte del contrato de trabajo de los recurrentes, materia que debe ser dirimida en un proceso declarativo de lato conocimiento, mas no en un procedimiento de naturaleza cautelar, que por su naturaleza persigue la protección inmediata o restablecimiento de un derecho fundamental preexistente e indubitado del cual el afectado ha sido privado, perturbado o amenazado por un acto u omisión ilegal o arbitrario. Ergo este recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones, de acuerdo además con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, sin costas, el deducido por el abogado don Ricardo Retamal Ortíz, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio Local de Educación Barrancas, representado por su Director Ejecutivo don nombre reservado y/o don nombre reservado.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Ministro Sr. Carreño.

Protección N° 31.974-2019.- No firma la abogado integrante señora Herrera, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.