ISS SERVICIOS GENERALES LTDA con INSPECCION DEL TRABAJO SANTIAGO NORTE

Santiago, veintiocho de junio de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 4 de mayo de 2018, comparece doña Jeannette Contreras Sepúlveda, abogada, en representación de ISS Servicios Generales Ltda., domiciliados para estos efectos, en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, representada por don nombre reservado, o quien lo reemplace o subrogue legalmente, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso señalando que con fecha 21 de marzo del 2018, la recurrida, dictó el ordinario número 370, siendo notificada a su parte con fecha 7 de abril del 2018, según lo dispone el artículo 508 del Código del Trabajo, en la que se niega la reconsideración de multa ingresada a la Dirección del Trabajo el 1° de diciembre del 2017, manteniendo firme las multas cursadas a su representada, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal que ha provocado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales, especialmente el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, establecido en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política y el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental.

Señala que con fecha 21 de septiembre de 2017, el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Santiago Norte, don nombre reservado, dictó la resolución número 8508.17.20, notificado a su parte el día 30 de octubre del 2017, por medio de la cual se aplicaron dos multas administrativas a su representada por los siguientes hechos: 1. “Pagar las remuneraciones por periodos que exceden de 1 mes” y 2. “No llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo”.

Indica que con fecha 1 de diciembre de 2017, se ingresa a la Dirección del Trabajo, formulario F 10 junto con un anexo, con el objeto de obtener una rebaja sustancial de la multa a través de un recurso administrativo de reconsideración de multa y en dicha solicitud se exponen los argumentos que darían cuenta de que la infracción fue subsanada.

Señala que, sin embargo, la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, al momento de resolver la solicitud formulada decide no dar curso a ella considerando, en el Ordinario N° 370 de fecha 21 de marzo del 2018, que: “No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación”, es decir, según el criterio de la Inspección, la solicitud era extemporánea.

Sostiene que nuestra Constitución Política contempla en el Nº 3 del artículo 19 el derecho que tiene toda persona a la igual protección en el ejercicio de los derechos y en este orden de ideas, existe una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 26 de abril del año 2013, N° Ingreso 11-2013 que concluye que el artículo 512 del Código del Trabajo no consagra reglas que señalen como debe computare el plazo de 30 días para deducir reconsideración administrativa, es decir, si se trata de días hábiles o corridos. Por lo anterior, y ante el vacío de procedimiento que no ha sido normado, se debe acudir a la normativa de la Ley N°19.880 y en atención a resultar conciliable con la naturaleza del procedimiento administrativo especial que se trata, cabe dar plena aplicación a su artículo 25, el cual indica que los plazos de días establecidos en la ley son de días hábiles, entendiendo que son inhábiles los sábados domingos y festivos, agregando que el mismo razonamiento utilizó la Corte Suprema en los fallos: Rol N° 2789-2013 de fecha 20 de junio del año 2013; Rol 4015-2015 28 de abril de 2015 y Rol 8727-2015 de 16 septiembre de 2015, Rol 314-2017 30 de marzo 2017, recurso interpuesto por otra sociedad ISS, y el más reciente, también de otra Empresa del Holding Rol 30254-2017, fallada el 16 de octubre del presente.

Refiere que en definitiva, la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte ha incurrido en hechos graves excediendo sus atribuciones desconociendo un derecho que le ha entregado el ordenamiento jurídico a su representada, agregando que en materia de derecho público sólo se puede hacer aquello que la ley permite expresamente realizar, principio de juridicidad o legalidad, que en materia de órganos del Estado está establecido en el artículo 6º y 7º de la Constitución Política, agregando que la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, no sometió su actuación a las normas legales dictadas conforme a la constitución y excedió la órbita de su competencia, por cuanto no debió resolver como lo hizo, al desconocer un derecho a su representada que fue ejercido válidamente conforme la normativa que regula la materia.

Señala, en cuanto al derecho de propiedad, que con la resolución pronunciada el funcionario recurrido afecta gravemente el derecho de propiedad de su representada, ya que en forma indebida y arbitraria la obliga a pagar a una multa de 120 UTM, habiendo ejercido correctamente el derecho al recurso administrativo y, en consecuencia se le ha impedido hacer uso de la rebaja y/o dejar sin efecto la multa, que contempla la norma para este tipo de procedimientos, todo lo cual se ha hecho sin existir motivo justificado para ello, actuando de esta forma en contra del texto expreso de la normativa.

Previas citas legales, solicita que se acoja el recurso a objeto de que se restablezca a la brevedad el pronto imperio del derecho y la Corte adopte todas las providencias que juzgue necesarias para tal efecto, dejando desde luego sin efecto la resolución N° 370 de fecha 21 de marzo de 2018, que niega lugar al recurso administrativo y en consecuencia deja firme las multas N° 8508.17.20 cursadas a su representada por la suma de 120 UTM, declarando en consecuencia, que el recurso administrativo se encuentra presentado dentro del plazo, ello, sin perjuicio de las demás consideraciones que esta Corte estime pertinentes, con costas.

Acompaña copia de multa administrativa Nº 8508.17.20 de fecha 21 de septiembre de 2017 y el respectivo sobre que la contenía y que da cuenta del depósito en Correos de Chile; copia del ingreso de Reconsideración a la Dirección del Trabajo Santiago Norte (Formulario 10 y anexo) con fecha 01 de diciembre de 2017; copia del ordinario N° 370 de fecha 21 de marzo de 2018 pronunciada por Inspección Comunal de Santiago Norte, y el respectivo sobre que la contenía y que da cuenta del depósito en Correos de Chile.

Segundo: Con fecha 15 de junio pasado, comparece doña Anita Días Rosas, abogado, en representación de la recurrida, quien informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo.

En cuanto a las alegaciones que fundamentan el recurso de protección de la actora, controvierte la interpretación de la recurrente, señalando que según lo ha resuelto sostenidamente la Dirección del Trabajo, del análisis de las normas contenidas en el Código del Trabajo, en relación a los plazos, se advierte que por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles en materia laboral, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil que establece la regla que los plazos son de días corridos, a menos que el plazo sea de días útiles, expresándose así, y en ese caso no se contarán los feriados, agregando que esta situación se aprecia en diferentes artículos del Código del Trabajo, por ejemplo en artículo 162, inciso 2º y 7º, art.168 inciso 1º; art. 171 inciso 1º; art. 201 inciso 4º; art. 223 inciso 4º; art. 282 incisos 1º y 4º y 503 inciso 3º - este último sobre reclamación de multas que establece que el plazo para reclamar judicialmente es de días hábiles. Sin embargo, en el caso de la especie, el legislador solo estableció que el plazo era de 30 días, por lo cual se debe entender que es de días corridos, ya que de lo contrario lo hubiera establecido expresamente.

Señala que la interpretación realizada por la Dirección del Trabajo respecto del plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo se ajusta plenamente a lo señalado por la Contraloría General de la República en dictamen Nº 064985N09, de fecha 20 de noviembre de 2009, en el cual se establece que el plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, transcribiendo el referido Dictamen.

Indica que posteriormente la Contraloría General de la República, con fecha 10 de Marzo de 2014, reitera y ratifica nuevamente la tesis sustentada por la Dirección del Trabajo en orden a que el plazo es de 30 días corridos ante requerimiento que la propia Dirección del Trabajo formuló ante la reiterada jurisprudencia en sentido opuesto y señala que el Dictamen Nº 17344, reitera que no es aplicable el artículo 25 de la Ley 19.880 supletoriamente y transcribe en lo pertinente dicho dictamen.

Agrega que la Dirección del Trabajo al ser un órgano de la administración pública y por tanto sujeto a la fiscalización y supervigilancia de la Contraloría General de la República, está obligada a aplicar las decisiones que este órgano contralor indique en respuesta a los requerimientos que el Servicio que representa le formule, de lo contrario, se verían expuestos sus funcionarios a las medidas disciplinarias que este organismo dictaminase.

Sostiene que los antecedentes de hecho y derecho que ya se han expuesto, queda de manifiesto que la Resolución impugnada se ajusta plenamente a derecho, no procediendo que sea dejada sin efecto.

A continuación alega la legalidad de la actuación por la que se recurre, señalando que nuestra Constitución Política consagró en los artículos 6° y 7° el denominado “principio de legalidad” o de “juridicidad” concluyendo que en la especie la actuación de los Inspectores del Trabajo que dictaron los actos impugnados, se encuentran sujetas a las prerrogativas legales vigentes y en cumplimiento al mandato legal para la que fue investida, calificando la misma dentro de la más absoluta legalidad prevista y prescrita en los Artículo 6° y 7° de nuestra Carta Fundamental, normas de la legislación laboral, ley Orgánica de su servicio y jurisprudencia administrativa aplicable al mismo.

Más adelante alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para la interposición del recurso de protección, señalando los presupuestos o requisitos que de forma copulativa deben concurrir para su procedencia indicando que las alegaciones de la contraria, carecen de todo sustento jurídico y hacen ineficaz la acción constitucional ejercida, toda vez que la acción impugnada es totalmente legal y carece de rasgos arbitrarios.

En cuanto a la ausencia de acto arbitrario e ilegal, señala que se entiende por ilegal aquel acto que se aparta de la normativa legal destinado a regirlo y por arbitrario aquel acto que es inmotivado, carente de fundamento razonable, que parece ser fruto del mero capricho o de la sin razón, indicando que el Ordinario Nº 370, no es ilegal, pues fue cursado con estricta sujeción a la ley y lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y a lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, transcribiendo dichas normas.

Agrega que el Ordinario objeto de esta acción, fue resuelto teniendo en consideración la doctrina que al respecto ha sostenido invariablemente en el tiempo el Servicio en relación al cómputo del plazo para interponer la solicitud de reconsideración.

En cuanto a las supuestas garantías constitucionales vulneradas, del artículo 19 Nº3 y Nº24 de la Constitución Política, señala en primer término que la recurrente se limitó a señalar que el Servicio ha vulnerado con su actuar sus garantías constitucionales, argumentando en torno a la naturaleza del plazo del artículo 512 del Código del Trabajo y en este sentido, no se percibe relación alguna con la supuesta vulneración invocada, ni qué habría afectado a la recurrente vulnerando dicha garantía constitucional, menos aún, cuando su Servicio ha mantenido inalterablemente su postura respecto a la presentación de la solicitud de reconsideración de multa administrativa, que es de 30 días corridos, no existiendo antecedente alguno que demuestre lo contrario, siendo imposible de esta manera que estando fuera del plazo la misma solicitud, la actora pretenda invocar una vulneración que en la práctica no existe bajo ningún punto de vista, pues el tratamiento que se le ha dado, es el mismo que se la da a todo usuario en relación a la solicitud resuelta y que es motivo del presente recurso y agrega que respecto a la afectación a su derecho de propiedad no se da por la inadmisibilidad de su solicitud de reconsideración, sino por las infracciones a la legislación laboral que fueron constatadas por el fiscalizador, y no puede pretender la actora, que su derecho de propiedad le permita infringir la normativa laboral u otra.

Concluye señalando que la Inspección del Trabajo está obligada a resolver de la forma en que lo ha hecho, porque debe ajustar su actuar a lo dispuesto por la Contraloría General de la República, puesto que lo contrario, implicaría responsabilidades administrativas para el funcionario que así no lo hiciere, y si la Corte estima que el plazo para solicitar reconsideración debe computarse de días hábiles administrativos, considerar esto al momento de decidir sobre la condena en costas, eximiendo a su parte de dicha carga procesal, por actuar conforme a las instrucciones emanadas del órgano contralor.

Solicita el rechazo del recurso, rechazo con costas y, en subsidio, si la Corte estimare que el plazo para solicitar reconsideración es de 30 días hábiles, como sostiene la recurrente, ordenar a su representada a resolver derechamente las solicitudes respectivas, eximiendo a su parte de condena en costas.

Acompaña dictámenes N° 64985 de 20 de Noviembre de 2009 y N° 17344 de 10 de Marzo de 2014.

Tercero: Que son hechos no controvertidos que con fecha 21 de septiembre de 2017, se dicta la Resolución 8508.17.20, notificada a la recurrente con fecha 30 de octubre de 2017, por la cual, la Inspección del Trabajo de Santiago Norte, aplica dos multas administrativas.

Que con fecha 1° de diciembre del año señalado se ingresa a la Dirección del Trabajo un recurso de reconsideración administrativa ante el Órgano Fiscalizador, al cual no se le dio curso por no estar presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación.

Cuarto: Que, en relación a las multas que aplica la Dirección del Trabajo, el artículo 511 del Código del Trabajo establece un procedimiento de carácter administrativo, en cuya virtud, y en los casos que la citada norma dispone, el afectado puede solicitar reconsideración de las mismas, en el plazo de 30 días que indica el artículo 512 del mismo Código.

Que no existiendo una norma expresa que señale que el plazo referido es de días corridos, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, del cual forma parte la recurrida, en el cual se regula el cómputo de los plazos para esta clase de procedimientos, disposición que expresa que aquellos son de días hábiles, señalando que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, la cual, por su naturaleza especial, prima por sobre las normas generales del Código Civil.

Quinto: Que en consideración a lo antes expuesto no cabe sino concluir que la actuación de la recurrida Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte resulta contraria a la ley y que ha vulnerado el legítimo ejercicio del derecho que la Constitución Política reconoce a la sociedad a la recurrente en el N° 2 del artículo 19, esto es, la igualdad ante la ley, pues no obstante haber deducido su reclamo en forma oportuna, este fue declarado inadmisible en razón de una inexistente extemporaneidad.

Si bien tal derecho fundamental no fue invocado como transgredido en el recurso, corresponde a esta Corte en uso de sus facultades conservadoras examinar y dirimir la existencia de alguna amenaza, perturbación o vulneración a las garantías fundamentales de quien solicita la tutela judicial y, tras ese análisis, se concluye que es esa y no otras, la que efectivamente ha sido conculcada a consecuencia del acto ilegal o arbitrario, previamente asentado.

En tales condiciones, corresponde que la acción de protección sea acogida.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido por doña Jeannette Contreras Sepúlveda, abogada, en representación de ISS Servicios Generales Ltda., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, representada por don nombre reservado, y a fin de restablecer el imperio del derecho, se deja sin efecto el Ordinario N° 370, de 21 de marzo de 2018, de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte y se ordena dar la tramitación de rigor a la solicitud de reconsideración administrativa de las multas formulada por la mencionada compareciente.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Astudillo Contreras, quien fue de opinión de rechazar el recurso de protección en virtud de las siguientes consideraciones:

1.- Esta acción constitucional es de un carácter esencialmente cautelar, de tutela de urgencia, de manera que no puede transformarse en un sustituto jurisdiccional porque ello distorsiona su naturaleza;

2.- La circunstancia de que el artículo 20 de la Constitución Política de la República señale que la procedencia de la protección lo es sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante los tribunales competentes, solo confirma esa naturaleza cautelar. Lo que se quiere significar es que el resultado de la acción constitucional no obsta a las posteriores declaraciones que puedan efectuarse por la sede jurisdiccional correspondiente, pero no implica que pueda superponerse la una a la otra ni menos que puedan efectuarse declaraciones a través de este medio;

3.- La distorsión que se viene señalando se produce en este caso, porque el artículo 512 del Código del Trabajo confiere precisamente al administrado el derecho a la correspondiente reclamación judicial, incluso para impugnar la supuesta extemporaneidad de su reconsideración y prueba de ello es que la situación planteada en esta causa es motivo de frecuentes pronunciamientos tanto por los Juzgados de Letras del Trabajo como por esta misma Corte a través del recurso de nulidad laboral. Únicamente a modo de ejemplo: Roles 295-2011, 265-2011, 345-2013, 1353-17, 1970-15, 1046-2016, 1312-2014, 678-2017, 1963-2017, entre otros;

4.- En suma, el objeto de esta causa atañe a una cuestión de estricta interpretación de ley o de aplicación del derecho, en términos tales que no puede ser un asunto que motive y justifique la intervención reclamada por medio de una acción constitucional de esta índole.

Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández y de la disidencia, su autor.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte N° 31.827-2018 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra (S) señora María Luisa Riesco Larraín y el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.