COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE LIMITADA Ó COOPEUCH LTDA. con INSPECCIÓN PROVINCIAL

nombre reservado, veintiocho de enero de dos mil veintiuno.

Proveyendo los escritos folios 24, 25, 26 y 27: a todo, téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece debidamente representada la Institución Financiera Cooperativa Coopeuch, e interpone acción constitucional de protección de garantías fundamentales en contra de la Inspección Provincial del Trabajo nombre reservado Centro, por el acto arbitrario e ilegal, consistente en la dictación de la Resolución N°8674/20/7, de 27 de febrero de 2020, que le impuso una multa ascendiente a 40 Unidades Tributarias Mensuales, estimando vulneradas las garantías del Artículo 19 N°3 inciso 5°, N°21 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Funda su arbitrio en que con fecha 19 de febrero de 2020, por medio de la Resolución N°8674/20/7, la Inspección del Trabajo le cursó una multa por el siguiente hecho infraccional: “No contener el contrato de trabajo la estipulación referida a bono de gestión del desempeño respecto de los trabajadores: don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado”. Estimando infringido lo dispuesto en los artículos 10 y 506 del Código del Trabajo, e imponiéndole una multa ascendiente a 40 Unidades Tributarias Mensuales.

Indica que el llamado “bono de gestión anual” Coopeuch lo entrega a diversos trabajadores, de forma anual, en la medida que se hayan cumplido las condiciones para su procedencia y devengo, las cuales no son uniformes, sino variables en el tiempo, por lo que esencialmente constituye un estipendio de carácter voluntario, según lo determine la Cooperativa.

En tal contexto, argumenta que la resolución de multa constituye un acto ilegal, y que deviene en nulidad, ya que interpretó administrativamente el contrato individual de trabajo, entendiendo que el beneficio anual se debía incluir en la relación contractual entre los trabajadores objeto de la multa y Coopeuch, es decir, estableció la existencia de una remuneración no escriturada en el contrato de trabajo, determinando por sí y ante sí la existencia de una cláusula tácita.

En consecuencia, estima que se han infringido los artículos 6° y 7° de la Constitución Política por la recurrida, ya que si bien la letra a) del art. 1° del DFL N°2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social del año 1967 le confiere la facultad de fiscalizar la aplicación de la legislación laboral, esta facultad sancionatoria se encuentra limitada a la constatación de vulneraciones claras, precisas y determinadas al ordenamiento jurídico laboral, ya que la Inspección no se encuentra facultada para interpretar o calificar jurídicamente la aplicación de contratos individuales o colectivos de trabajo, y menos aún declarar la existencia y procedencia de cláusulas tácitas, como ocurrió en la especie, ya que estas son materias de conocimiento privativo de la judicatura laboral, conforme dispone el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, lo que estima evidente, dado que establecer la existencia de una cláusula tácita requiere rendir prueba y ponderarla, para determinar si se dan los requisitos de reiteración, voluntad y no afectación de normas de orden público para que se configuren.

Cita diversa jurisprudencia en apoyo de su tesis, entre ellas las causas 354 y 436, ambas del año 2006, de la Excma. Corte Suprema; así como actuaciones de la propia recurrida, Ordinario N°2362, de fecha 23 de mayo de 2018, Dictamen N°5411/253, de fecha 17 de diciembre de 2003, Dictamen N°4531/179, de fecha 21 de octubre de 2003 y Ordinario N°1263, de fecha 20 de marzo de 2017, que esencialmente consagran que no pueden emitir juicios en relación a hechos que requieran prueba y ponderación.

En consecuencia, estima vulneradas las garantías del artículo 19 N°3, inciso 5° de la Constitución Política, ya que en la especie la recurrida se extralimitó en sus funciones, arrogándose facultades propias de la judicatura laboral, al interpretar un contrato individual del trabajo; del artículo 19 N°21 de la Carta Fundamental, ya que la Inspección del Trabajo obliga a Coopeuch a modificar su régimen de contratación y las modalidades de remuneración, de forma absolutamente arbitraria; y del artículo 19 N°24 del mismo cuerpo legal, ya que se le aplicó una multa administrativa, que grava su patrimonio, a través del uso de facultades que la ley no concede a la recurrida.

En consecuencia, pide dejar sin efecto la resolución de multa N°8674/20/7 de fecha 27 de febrero de 2020, con costas.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida, alega improcedencia del recurso, primero, en relación con el estado de la multa, ya que esta fue cancelada voluntariamente por la recurrente, con fecha 3 de septiembre de 2020, por lo que cualquier solicitud a su respecto carece actualmente de objeto y causa.

Segundo, en relación con la naturaleza del acto recurrido, fundado en que la presente acción cautelar se está utilizando como un sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias de reclamación de multa, establecidos en procedimientos específicos y reglados -de reconsideración administrativa y reclamación judicial de multas-, consagrados en los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo, que permiten su conocimiento y resolución en procedimientos concentrados, breves y efectivos, que permiten a las partes rendir prueba para acreditar sus alegaciones; por lo que aceptar que estas reclamaciones se ventilen por vía proteccional implica transformar tales procedimientos en letra muerta.

Asimismo, alega falta de requisitos para la interposición del recurso, esto por cuanto no se ha cometido acto arbitrario o ilegal alguno, al haberse dictado la resolución de multa con estricto apego a las normas constitucionales, del Código del Trabajo y del D.F.L. Nº2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

Indica que no se ha vulnerado la garantía del art. 19 N°3, inciso 4° de la Constitución Política, ya que la resolución sancionatoria se adoptó únicamente en el ejercicio de las facultades que la ley le confiere, sin haber incurrido en ejercicio de facultades jurisdiccionales propia de los tribunales, ya que el fiscalizador actuante procedió a cursar la multa materia de este recurso luego de haber constatado la existencia de hechos objetivos y precisos, enmarcándose su actuar dentro de los límites propios de su labor, y entender lo contrario significaría desproveerlo de la facultad de fiscalizar las infracciones a la normativa laboral, en desmedro de los trabajadores, como ha sido entendido, entre otros, en los fallos roles 1003 – 2004 y 2040 – 2019 de la Excma. Corte Suprema.

Por lo demás, argumenta que la resolución de multa impuesta es impugnable, ya sea por la vía del procedimiento administrativo de reconsideración, o a través del procedimiento judicial de reclamación de multas.

En cuanto a la vulneración del art. 19 N°21 de la Carta Fundamental, indica que el propio constituyente establece como limitante a este derecho el respecto por las normas legales que las regulen, y, en este caso, el Código del Trabajo opera como una traba al derecho de la recurrente, ya que los derechos que emanan de la relación laboral deben ser respetados a cabalidad, y su incumplimiento da lugar a la imposición de multas acorde a la ley.

Finalmente, respecto de la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución, señala que la propia ley contempla la procedencia de las multas y su cuantía, para los casos de infracción a la legislación laboral vigente, por lo cual esta perdida pecuniaria es una consecuencia conocida previamente de una conducta desarrollada voluntariamente por la recurrente. Por lo tanto, pide se desestime el recurso, con costas.

TERCERO: Que la acción constitucional de protección es un arbitrio establecido por la Carta Fundamental destinado al rápido remedio de la vulneración de garantías fundamentales consagradas en derechos indubitados, ante la actuación ilegal o arbitraria del Estado, de sus órganos o de particulares, que autoriza a esta Corte a tomar todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, cuando no exista otra vía idónea para ello. En este derrotero, corresponde determinar, conforme a dichos principios, si la actuación de la recurrida, ha adolecido de ilegalidad o arbitrariedad que haya devenido en la vulneración de alguno de sus derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República;

CUARTO: Que, por otro lado, también, se debe dejar en claro que siendo una acción cautelar y pueda ser utilizada, aún en la existencia de otros recursos, no puede transformarse en una que sirva para reemplazar los procedimientos ordinarios establecidos en la ley, como ocurre en esta situación, donde lo alegado como fundamento de la acción es un acto respecto al cual el Código del Trabajo establece procedimientos especiales y específicos para reclamar en su contra, en los artículos 503 y siguientes.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, es menester hacer presente que, como se ha señalado por la recurrida y por la actora en estrados, la multa contenida en la resolución respecto de la cual se ha deducido este recurso de protección, ha sido íntegramente pagada por el actor, lo que permite inferir que la actora se ha conformado con dicha sanción;

SEXTO: Que, de acuerdo a lo razonado, resulta innecesario analizar la posible infracción a las garantías constitucionales alegadas como vulneradas.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de la Institución Financiera Cooperativa Coopeuch en contra de la Inspección Provincial del Trabajo nombre reservado Centro.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 31688-2020 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Ministra (S) señora Doris Ocampo Méndez y la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón.