Protección contra INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO

Santiago, veintidós de julio de dos mil diecinueve.- Vistos y teniendo presente:

1°) Que compareció don JORGE NICOLÁS ARREDONDO PACHECO, abogado, en representación judicial de nombre reservado.P.A., quien deduce recurso de protección en contra de la INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO, persona jurídica de derecho público, representada por la Jefa de Inspección Provincial doña nombre reservado y en contra de la fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, doña nombre reservado, toda vez que los recurridos han incurrido en un actuar ilegal y/o arbitrario que priva y perturba a nombre reservado Chile S.P.A., en el legítimo ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 2, 3, 21 y 24, solicitando que adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos que han sido conculcados a su representada y, en particular, disponer se deje sin efecto y valor la multa cursada en la Resolución de Multa 4253/19/14, de fecha 25 de marzo de 2019, extendida por la recurrida, con costas.

Ello, en mérito de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que a continuación expone:

Señala que, por medio de un acto administrativo de 25 de marzo de 2019, se aplicó a su representada la multa contenida en la Resolución N° 4253/19/14, en virtud de la cual se le impuso a su representada, por parte de los recurridos, una multa de 60 UTM. Menciona que consta en el documento que en un otrosí se adjunta, en la “Resolución de Multa” N° 4253/19/14, de fecha 25 de marzo de 2019, se indica que la fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, doña nombre reservado, luego de concurrir a las dependencias de su representada, ubicadas en Huerfanos N° 830, local 5023, Mall, 5° Piso, Santiago, habría procedido a constatar la siguiente infracción -en lo que aquí interesa-:

a) Infracción del artículo 22 inciso segundo en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo: "Excluir de la limitación de jornada ordinaria de 30 horas semanales a las dos gerente senior que se desempeñan en huérfanos 830 local 5023, Santiago, no obstante que trabajan, en jornada de lunes a domingo, con un día libre a la semana y dos domingos al mes, en turno de mañana, la gerente nombre reservado, desde las 09:00 a las 16:00 horas y en turno de tarde la gerente nombre reservado, desde las 15:30 a las 22:30 horas, sin reunir los requisitos contemplados en el artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo, al verificar que no tienen facultades para contratar, despedir, trasladar de local, decidir sobre aumentos de sueldo, reemplazos prolongados de trabajadores, teniendo supervisión directa de su supervisor señor nombre reservado, con quien se comunican, a través de correo electrónico o teléfono, para supervisar y controlar las labores de administración de las trabajadoras enunciadas." Señala que la resolución de multa objeto del presente recurso de protección, aplica una multa, la cual se basa en la supuesta infracción a las normas que regulan la jornada de trabajo, especialmente el artículo 22 inciso 2° del Código del Trabajo. En la imposición de tal multa los recurridos han realizado una apreciación e interpretación de las características y naturaleza de la prestación de servicios efectuada por las trabajadoras que allí se mencionan, en virtud de la cual concluye que no se cumple con los requisitos legales establecidos en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, al estar sujetas a fiscalización superior inmediata, por lo que a su respecto sería una infracción mantener a las referidas trabajadoras excluidas de la limitación de jornada ordinaria la que indican sería de 30 horas semanales, lo que demuestra otro grave error, ya que la jornada ordinaria es de 45 horas semanales. Para ello, los recurridos interpretaron y calificaron la labor desarrollada y las estipulaciones contenidas en el contrato de las trabajadoras supuestamente afectadas.

En efecto, si bien no se señala expresamente en la resolución, lo cierto es que para imponer tal multa los recurridos realizaron una estimación respecto de la naturaleza de los servicios pactados entre su representada y las trabajadoras, así como de la forma en la que son prestados los mismos, y en virtud de dicha apreciación se realizó una calificación de éstos, para concluirse, erróneamente y sin contar con las facultades legales para ello, que mi representada habría infringido la normativa laboral a su respecto.

Así, de la multa aplicada por los recurridos no cabe sino concluir que éstos han interpretado que -contrariamente a lo expresamente pactado en sus contratos individuales vigentes- las trabajadoras señaladas no se encontrarían excluidas de la jornada de trabajo, según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, al supuestamente no desempeñar labores sin fiscalización superior inmediata, por lo que en definitiva se habría incurrido en la infracción ya referida.

Agrega que como es evidente, dicho accionar excede las atribuciones privativas de la recurridas, pues han invadido el ámbito privativo de conocimiento de los Tribunales especializados en la materia y a los que exclusivamente corresponde su conocimiento, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 420 letras a) y g) del Código del Trabajo y del artículo 506 del mismo cuerpo legal.

En efecto, afirma que los recurridos incurrieron en un accionar ilegal, que implica constituirse en una verdadera comisión especial, puesto que, excediendo sus facultades legales, han adoptado la decisión de sancionar a mi representada basada en una interpretación de los servicios prestados por las trabajadoras y las normas contractuales que las vinculan con mi representada. Así, no se trata de la constatación de una contravención clara, precisa y determinada en contra de una norma legal, sino que de una calificación hecha por la fiscalizadora, pues deduce de un hecho que supuestamente ella habría constatado, una consecuencia jurídica determinada, consistente en que existe fiscalización superior inmediata. De este modo, no existe un hecho preciso, claro y determinado, que habilite a la Inspección del Trabajo de Santiago a estimar que las trabajadoras están sujetas a fiscalización superior inmediata.

En definitiva menciona que los recurridos, de manera absolutamente ilegal, por sí y ante sí han interpretado y dejado sin efecto cláusulas contractuales expresas, privando de sus efectos al contrato individual, para lo cual se han atribuido facultades que no les han sido otorgadas y que son privativas de los Tribunales de Justicia.

Como ha señalado, la discusión acerca de si un trabajador se encuentra o no excluido de la jornada ordinaria de trabajo es una materia que debe ser conocida exclusivamente por los tribunales de la instancia laboral. Para los efectos de que esta lltma. Corte pueda comprender a cabalidad la ilegalidad cometida por los recurridos, a continuación hace un sucinto análisis de las cláusulas contractuales que regulan la materia que ha motivado el curso infundado y fuera de la órbita de su competencia y atribuciones por parte de los recurridos.

En el caso de los contratos de trabajo de doña nombre reservado de fecha 27 de febrero de 2018 y de doña nombre reservado, de fecha 28 de julio de 2017, ambos en su cláusula cuarta, establecen expresamente la exclusión de la aplicación de la jornada de trabajo. De esta manera, y según lo pactado contractualmente, las trabajadoras se encuentran excluidas de la limitación de jornada ordinaria, resultando inaplicable a su respecto, en consecuencia, el límite máximo de extensión de la jornada ordinaria, que los recurridos estiman infringido.

Afirma que resulta evidente que al concluir los recurridos que existiría una infracción a la normativa laboral, no se han limitado a verificar la existencia de una infracción objetiva y patente, sino que han realizado una interpretación o calificación de los hechos y la normativa legal aplicable y por otra parte la fiscalización misma adolece de una serie de incumplimientos con los manuales y normativa que la regula.

El acto arbitrario e ilegal en que incurrieron los recurridos consiste en que la Inspección Provincial Del Trabajo de Santiago, a través de su fiscalizador, doña nombre reservado, se ha arrogado y atribuido facultades jurisdiccionales al interpretar y calificar cláusulas contractuales expresas, de los contratos individuales de trabajo vigentes, respecto de las trabajadoras nombre reservado y nombre reservado. Dichas actuaciones ilegales y arbitrarias, quedaron plasmadas en la “Resolución de Multa N° 4253/19/14” que aparece suscrita por la fiscalizadora de la Inspección recurrida, doña nombre reservado, en virtud de la cual se establece que mi representada habría supuestamente infringido ciertas obligaciones de carácter laboral y que, como consecuencia de lo anterior, se impone la aplicación de una determinada multa administrativa en beneficio fiscal.

Indica que la ilegalidad de la actuación de la fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, quien cursó la multa ya individualizada a su representada fuera del marco legal que la faculta, radica en que se ha hecho una interpretación y calificación jurídica de la legislación laboral, y aún más, de los contratos individuales, lo que es privativo de los Tribunales de Justicia. En efecto, como consta de la Resolución en cuestión, el fundamento para la aplicación de la multa laboral va más allá de la mera constatación de un hecho que significa inobservancia de la legislación del trabajo, ya que ha importado calificar la naturaleza de las funciones pactadas en diversos instrumentos entre su representada y las trabajadoras supuestamente afectadas, dejando los recurridos sin valor alguno, lo pactado contractualmente entre las partes, sin siquiera extenderse a los argumentos en virtud de los cuales habría concluido que las trabajadoras no se encuentran dentro de los supuestos que indica el artículo 22 del Código de Trabajo.

Señala que para determinar si en el ejercicio de la potestad sancionatoria el agente se ha o no excedido y arrogado funciones privativas y excluyentes asignadas a otro órgano, en la especie, la jurisdiccional, resulta básico entender que el origen de toda infracción debe ser un hecho indubitado, cierto, no controvertido, a fin de subsumir luego aquél en la hipótesis legal, hecho que lógicamente debe estar acreditado antes de cursar la sanción respectiva. No es, por tanto, el fiscalizador quien impone la sanción, ésta la determina la ley para un hecho de simple y directa comprobación. No está permitido entonces, que aquél interprete, califique o aprecie con criterio de subjetividad los hechos y convenciones entre terceros, y menos que los califique en términos jurídicos en aras a determinar el sentido, vigencia y alcance de estipulaciones contractuales expresas. Dichas labores son privativas y exclusivas de los Tribunales de Justicia.

Afirma que al haberse cursado la multa que motiva la presente acción cautelar, los recurridos se han arrogado el ejercicio de facultades jurisdiccionales, incursionando así en el ámbito propio del Poder Judicial, calificando la naturaleza de los servicios prestados por las trabajadoras y privando de valor a cláusulas contractuales expresas suscritas en los contratos individuales de trabajo, los cuales han sido expresamente aprobados por las trabajadoras de la empresa, que han participado con su voluntad en dichos procesos de negociación.

Señala que resulta evidente que la Inspección de Trabajo de Santiago ha excedido el ámbito de atribuciones que la ley le otorga, y de esta forma transgrede el principio de legalidad, ya que dentro de sus órbita de facultades no se encuentra el poder hacer juicios de valor, ponderarlos, y posteriormente atribuir calificación jurídica a un contrato, por lo cual la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, al considerar que las trabajadoras no están sujetas efectivamente a fiscalización superior inmediata, está atribuyéndose facultades que no tiene.

En cuanto a las Garantías constitucionales que se han perturbado y privado por el acto arbitrario e ilegal:

1° La actuación de los recurridos, constituye una evidente infracción a la garantía de Igualdad ante la Ley, que asegura el artículo 19 N°2 de la Constitución. En efecto, al haberse el fiscalizador y la Inspección del Trabajo arrogado facultades de las que carecen, se han excedido en sus atribuciones al actuar en materias que competen a los tribunales laborales, imponiendo multas como consecuencia de la calificación e interpretación de los hechos, y por tanto diferentes a las recibidas o que puedan recibir otros empleadores, lo que importa colocar a mi representada en una situación de desigualdad en relación con los demás administrados, al ser juzgado por un organismo distinto al que ha establecido la ley.

2° Asimismo, la conducta de los recurridos importa una grave perturbación al ejercicio del Derecho al Debido Proceso, consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, especialmente en lo relativa a que “Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale y que se halle establecido con anterioridad por ésta”.

En consecuencia, los actos desplegados por los recurridos han privado a mi representada del legítimo ejercicio de su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales - manifestación de la garantía de igualdad ante la ley, a la que nos referimos en el número precedente-, sino por el Tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, que no es otro que la judicatura del trabajo, única llamada a resolver, en el presente caso, acerca de la interpretación del instrumento individual de trabajo, y en definitiva si las trabajadoras aludidas en lo literal de las multa interpuesta en el número 3 se encuentran o no excluidas de jornada, para luego determinar si se cumplen o no los requisitos establecidos en artículo 22 inciso segundo.

En consecuencia, al obrar del modo expuesto, afirma se ha infringido, en perjuicio de mi representada, su garantía constitucional de no ser juzgada por comisiones especiales, reconocida por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 3 inciso 5°.

3° Adicionalmente, la actuación de las recurridas constituye también una vulneración al Derecho de Propiedad que asegura la Constitución, en su artículo 19 N° 24, garantía que se encuentra amparada por el recurso de protección al tenor de lo preceptuado en el artículo 20 de la misma Carta Fundamental. En efecto, la actividad desplegada por los recurridos constituye un acto arbitrario e ilegal que lesiona y vulnera el derecho de propiedad que asiste a mi representada, toda vez que se están aplicando multas administrativas que pretenden gravar injusta e ilegítimamente el patrimonio de mi representada, haciendo uso de una supuesta facultad interpretativa, de la cual nunca ha gozado el órgano fiscalizador recurrido. Las actuaciones de los recurridos configuran una hipótesis de atribución de potestades de juzgamiento, que vulneran, como hemos indicado, la garantía constitucional del artículo 19 N° 24, por cuanto la resolución expedida en el marco de una actividad administrativa irregular lleva contemplada la aplicación de sanciones pecuniarias, amenazando el derecho de propiedad que a mi representada garantiza el precepto constitucional señalado.

4° Finalmente, el acto arbitrario e ilegal que se denuncia mediante la presente acción constitucional, importa una privación y perturbación de la garantía consagrada en el número 21 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, esto es, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; por cuanto se coarta la libertad para dirigir, organizar y administrar la empresa, desde que se obliga a la recurrente a modificar el régimen de contratación y las modalidades en que las trabajadoras han ejercido su función en esta empresa.

Previas citas legales solicita tener por interpuesto, a nombre de nombre reservado.P.A., recurso de protección en contra de la Inspección Provincial Del Trabajo de Santiago, representada por la Jefa de Inspección doña nombre reservado, o quién legalmente le subrogue o reemplace, y en contra de la fiscalizadora doña nombre reservado, ya individualizados, acogerlo a tramitación y, en definitiva, previo el informe de los recurridos, a quienes, dada la gravedad de lo ocurrido, solicitamos fijarle un breve plazo para ello, restablecer el imperio del derecho, declarando:

1° Que se acoge el presente recurso de protección en razón de haberse privado y perturbado a la empresa nombre reservado CHILE S.P.A., por los actos arbitrarios e ilegales ya referidos en el cuerpo de esta presentación, en el legítimo ejercicio de todas o una o más de las garantías constitucionales indicadas en este recurso;

2° Que se deja sin efecto o invalida el acto administrativo consistente en la Resolución de Multas Administrativas N° 4253/19/14, ya cursada, notificada con fecha 28 de marzo de 2019, por tratarse de un acto arbitrario e ilegal;

3° Que se ordene a los recurridos abstenerse, en lo sucesivo, de calificar jurídicamente los contratos y la naturaleza de los servicios prestados por los trabajadores, ejerciendo de esta forma facultades jurisdiccionales que son privativas y excluyentes de los tribunales de justicia en materia laboral.

4° Que se condena en costas a los recurridos;

2°) Que compareció ANITA BEATRIZ DIAZ ROSAS, abogada, en representación de las recurridas, quien informa el presente recurso de protección, solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas, por los fundamentos de hecho y derecho que pasa a exponer:

Alega la improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido, ya que si bien es cierto el artículo Nº 20 de la Carta Fundamental expresa que este recurso puede deducirse “sin perjuicio de los demás derechos que se pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, ello no significa que pueda transformarse o utilizarse esta acción de protección como un sustituto procesal de los procedimientos específicos contemplados en la ley -procedimiento de reconsideración administrativa y reclamación judicial de multas- como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida, conforme a lo dispuesto en los artículos 503, 504, 511 y 512 del Código del Trabajo.

En cuanto al fondo, señala que el proceso de fiscalización, se inicia con una denuncia por infracción al artículo 12 del Código del Trabajo, al haberse modificado las funciones, el 13 de marzo de 2019, la fiscalizadora nombre reservado A., se constituyó en dependencias de la empresa denunciada, ubicadas en domicilio reservado local, comuna de Santiago, lugar donde procedió a realizar la visita inspectiva y en el cual se entrevistó con doña nombre reservado, Gerente Senior, a quien se le notificó el inicio de procedimiento de fiscalización, y acta de notificación de requerimiento de documentación y citación para el día 15 de marzo de 2019, oportunidad en la que presentó la siguiente documentación laboral: contratos de trabajo y anexos, distribución de cargos, últimas 12 liquidaciones de remuneraciones, comprobantes de licencias médicas (últimas 3), comprobantes de vacaciones, carta cambio de locales últimos 6 meses, contrato de nombre reservado y anexos. También se entrevistó con doña nombre reservado., asistente jurídica de la recurrente. 3.- Que en dicha visita inspectiva se constataron los siguientes hechos: -Jornada de Trabajo: Excluir de la limitación de la jornada ordinaria sin cumplir requisitos legales.

Expone que se puede apreciar en este sentido, la fiscalizadora se limitó a constatar hechos simples y objetivos: que las trabajadoras están sujetas a un horario fijo de trabajo en jornadas distribuidas de lunes a domingo, con un día libre a la semana y dos domingos libres al mes; que sólo pueden salir del local previa autorización de su supervisor, quien las autoriza sólo para cubrir necesidades del local; que deben permanecer en el local al a apertura o al cierre del mismo, según sea su jornada de inicio o término, que en definitiva no tienen la autonomía para decidir la administración del local ni de su personal, estando sometidas al enjuiciamiento de su labor por su superior jerárquico don nombre reservado, cumpliéndose en definitiva, los elementos de la subordinación contenidos en los dictámenes de la Dirección del Trabajo al efecto, ya referidos.

Por consiguiente, la labor de la fiscalizadora, se limitó a constatar los hechos descritos en la multa, sin efectuar ninguna interpretación más allá de la necesaria e indispensable para realizar su función fiscalizadora, desconocer esta facultad mínima, dejaría en letra muerta la obligación impuesta por ley a la Dirección del Trabajo de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de los empleadores, imponiendo una multa administrativa al constatar una infracción a la legislación laboral, específicamente al art. 22 Inciso 2° del Código del Trabajo.

Adiciona que la resolución de multa N°1301.4253.2019.14-1, dictada por la fiscalizadora recurrido de este Servicio, carece de ilegalidad, pues fue cursada con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y a lo dispuesto en el artículo 505 del Código del Trabajo y artículo 1º del DFL Nº2 del año 1967. En consecuencia, la resolución de multa impugnada por esta vía no es arbitraria, pues no es fruto del mero capricho o de la sin razón de la fiscalizadora de este Servicio, sino que es producto de la facultad que la ley le ha encomendado a la Dirección del Trabajo, tanto en la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y previsional como respecto del ejercicio de la facultad de sancionar las infracciones que constate según lo dispuesto en el art.506 del Código del Ramo.

Previas citas legales solicita se sirva tener por informado el Recurso de Protección solicitando su completo rechazo, con costas, por los fundamentos de hecho y derecho señalados;

3°) Que el recurso o acción de protección de derechos y garantías constitucionales es de carácter cautelar o de emergencia, y procede cuando por actos u omisiones arbitrarias o ilegales se priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías referidos en el Art. 20 de la Carta Fundamental, en relación con el Art. 19 del mismo texto constitucional, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos ante la autoridad o los tribunales competentes.

Luego, para que sea estimado se requiere establecer si la acción u omisión impugnada adolece de arbitrariedad, o bien es contraria a normas legales; y en segundo término, si la acción u omisión que reúna los caracteres anteriores efectivamente vulnera o conculca los derechos y garantías más arriba expresados;

4°) Que son hechos del recurso, por no haber sido controvertidos por recurrente y recurrido y constar de los antecedentes acompañados al mismo, los siguientes:

a) Que por resolución de 25 de marzo de 2019 N° 4253/19/14, se aplicó a la recurrente una multa de 60 UTM b) Que dicha multa se impuso en razón que la fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, doña nombre reservado, luego de concurrir a las dependencias de la actora, ubicadas en Huertanos N° 830, local 5023, Mall, 5° Piso, Santiago, habría procedido a constatar la siguiente infracción al artículo 22 inciso segundo en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo: "Excluir de la limitación de jornada ordinaria de 30 horas semanales a las dos gerente senior que se desempeñan en huérfanos 830 local 5023, Santiago, no obstante que trabajan, en jornada de lunes a domingo, con un día libre a la semana y dos domingos al mes, en turno de mañana, la gerente nombre reservado, desde las 09:00 a las 16:00 horas y en turno de tarde la gerente nombre reservado, desde las 15:30 a las 22:30 horas, sin reunir los requisitos contemplados en el artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo, al verificar que no tienen facultades para contratar, despedir, trasladar de local, decidir sobre aumentos de sueldo, reemplazos prolongados de trabajadores, teniendo supervisión directa de su supervisor señor nombre reservado, con quien se comunican, a través de correo electrónico o teléfono, para supervisar y controlar las labores de administración de las trabajadoras enunciadas.";

5°) Que el art. 474 del Código del Trabajo, en su inciso primero, dispone: “Las sanciones por infracciones a las legislaciones laboral y de seguridad social como a sus reglamentos se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores o funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe.”.

Por su parte, el Art. 1° del DFL-2 de 1967, Ley orgánica de la Dirección del Trabajo, estatuye:

“La Dirección del Trabajo es un Servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con el cual se vincula a través de la Subsecretaría de Trabajo.

Le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden:

a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral;”

Finalmente, el Art. 23 del mismo estatuto legal dispone:

“Los Inspectores del Trabajo tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento.

En consecuencia, los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.”;

6°) Que las disposiciones precedentemente transcritas permiten concluir que la actuación de los Fiscalizadores recurridos es ajena a cualquier ilegalidad, toda vez que obraron en el ejercicio de sus facultades legales; y los hechos por ellos constatados deben presumirse verdaderos al otorgarle la ley la calidad de ministros de fe; sin perjuicio del afectado de ejercer los recursos de reclamación ante el Juez del Trabajo competente ( conforme a los Arts.503, 504, 511 y 512 del Código del Trabajo) donde tendrá oportunidad de controvertir las aseveraciones de los fiscalizadores recurridos;

7°) Que, asimismo, tampoco puede estimarse desprovista de racionalidad la actuación impugnada, del momento que de acuerdo a lo expresado en el recurso y los documentos acompañados, fluye que al menos existen como hechos objetivos constatados por el órgano fiscalizador los que se expresan en el considerando cuarto de la presente sentencia; y apareciendo de los antecedentes hasta ese momento comprobados por los recurridos como infracciones manifiestas a la legislación laboral, no cabe sino la aplicación de las multas respectivas, sin perjuicio de la posterior calificación que se haga en el procedimiento judicial ya aludido;

8°) Que así las cosas, no aparece en el presente caso que exista privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales que invoca el recurrente. Así, resultando que la actuación impugnada fue ejecutada en conformidad a la ley, y sin adolecer de arbitrariedad, no se divisa de qué forma pudiera vulnerarse el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, puesto que no ha habido juzgamiento alguno por un órgano desprovisto de jurisdicción. Y por la misma razón, tampoco puede existir quebrantamiento al derecho de igualdad ante la ley, de ejercer una actividad económica lícita y de propiedad, toda vez que la multa es reclamable a través del procedimiento antes señalado.- Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que NO HA LUGAR al deducido don nombre reservado, en representación judicial de nombre reservado.P.A., en contra de la INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO.- Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.- Redacción del Ministro señor Llanos.

Rol N° 31661-2019.- Pronunciada por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá e integrada, además, por la Ministro (S) señora Lidia Poza Matus y la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida