nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veinte.

A los escritos folios 25 y 26: a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen doña nombre reservado, doña nombre reservado, y don nombre reservado, todos funcionarios del Instituto Médico Legal y con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quienes interponen acción de protección en contra del señor nombre reservado, Director Nacional del Instituto Médico Legal por haber incurrido éste en un acto ilegal y arbitrario mediante la dictación de la Resolución de Termino Nº 12, de 26 de julio de 2019, lo que conculca sus garantías fundamentales consagradas en los números 2, 3 inciso cuarto, 4, 16, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicitan se acoja su acción, declarando como contraria a derecho la actuación que les priva de su trabajo y de sus remuneraciones, ordenando que el recurrido deje sin efecto la resolución impugnada y, en consecuencia, siga vigente su actual contrato de trabajo como funcionarios del Servicio Médico Legal de Chile, se les paguen íntegramente sus remuneraciones, beneficios laborales y los sucesivos que les correspondan hasta que se les notifique algo diverso, previo procedimiento administrativo racional y justo.

Fundando su recurso indican que el 10 de marzo pasado fueron notificados del contenido de la Resolución de Termino Nº 12, de 26 de julio de 2019, emitida por el Director Nacional del Servicio Médico Legal y respecto de la cual se tomó razón por la Contraloría General de la República el 4 de marzo pasado, cuyo contenido transcriben, indicando que los funcionarios que paralizaron sus labores y promovieron una paralización total de la función pública en el Servicio Médico Legal, entre ellos su parte, vulneraron el principio de probidad administrativa al entorpecer la acción del Estado, obligando a invertir recursos no contemplados para continuar con la satisfacción de las necesidades colectivas de forma regular y continua de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.

Añaden, que en aquella se indicó que el 5 de noviembre de 2018 se dictaron las resoluciones exentas Nº 3007, la Nº 3006 y la Nº 3009, todas de las cuales les aplicaron las medidas disciplinarias de destitución del artículo 121 letra d) en relación 125 letra b) del D.F.L. Nº 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda, resoluciones en contra de las cuales interpusieron recurso de reposición con apelación en subsidio, los que fueron rechazados, los últimos por Resolución Exenta Nº 1456 de 25 de julio de 2019 del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Atendido, ello se adoptó la resolución de aplicarles la medida de destitución.

Señalan que han sido desvinculados pese a que sus años de servicio y que les asistía fuero sindical, en caso de doña nombre reservado en su calidad de Presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Instituto Médico Legal, con más de 21 años de servicio; de doña nombre reservado en su calidad de Director de la Región Metropolitana, con más de 20 años; y de don nombre reservado como Director Región Metropolitana, con más de 16 años, todo ello sin guardar el debido proceso legal y la debida relación con los principios de racionalidad y proporcionalidad con los hechos que se le imputan, obrando de forma arbitraria mediante una deficiente motivación del acto administrativo.

Sostienen que su fuero sindical consta en certificado Nº 1307/2020/504 y 1307/2020/702, el que certifica que la organización denominada “Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Médico Legal” se encuentra legalmente constituida y tiene su personalidad jurídica vigente, inscrita con el Nº 93070069 en el Registro de Asociaciones de Funcionarios de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, estando compuesto, entre otros, por su Directorio por nombre reservado, Presidenta, nombre reservado, Director de Sec. Región Metropolitana y nombre reservado, Director Región Metropolitana, todos con fecha de inicio el 14 de enero de 2020 y de término el 24 de enero de 2022.

Señalan que si bien dicha sanción administrativa obedece a una paro de Funcionarios Públicos del Servicio Médico Legal que trajo consecuencias para terceros ajenos al Servicio, se adoptaron todas las providencias necesarias mediante turnos éticos, tal como consta de los antecedentes del sumario administrativo, los que no fueron considerados al momento de resolver.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad, en primer término alegan que se habría dictado con infracción a las normas que regulan el fuero sindical.

Ello, por cuanto refieren que tal como consta de los certificados mencionados tienen fuero gremial, atendida la labor que les fue encomendada como Directores de una Colectividad Gremial, en que representan a todos sus asociados, siendo su comportamiento acorde con la dignidad y la confianza entregada por la respectiva entidad sindical, el que les ha sido reconocido con el fin de proteger los derechos de sus asociados en conformidad lo dispone el artículo 7 de la Ley Nº 19.296.

Indican que conforme lo disponen los artículos 1 y 2 de la citada ley como trabajadores de la Administración del Estado, tienen el derecho de constituir, sin autorización previa, las asociaciones de funcionarios que estimen conveniente, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas. A su vez, alegan que el artículo 25 de la cita ley reconoce que los directores de las asociaciones de funcionarios gozaran de fuero, esto es, de inamovilidad en sus cargos desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales.

Razonan que las normas relativas al fuero prevalecen respecto de las disposiciones referidas al término de las funciones de los servidores públicos que depende del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, sólo exceptuándose el caso en que es la Ley la que ordena imperativamente el alejamiento del servicio, lo que no ocurre en el caso toda vez que la sanción administrativa de destitución fue consecuencia del ejercicio de una facultad privativa que habilita a la autoridad para adoptar esa decisión, ponderando libremente los antecedentes que posee para adoptar tal medida.

En segundo lugar, alegan la falta de motivación suficiente del acto administrativo, lo que infringiría los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880 que regulan el principio de imparcialidad, deber de fundamentación y los contenidos mínimos de todo acto.

Argumentan que conforme lo ha dispuesto la jurisprudencia que citan, existe una íntima relación entre lo que identifica como “debido proceso sustantivo” y el contenido de la garantía constitucional del derecho a la igualdad ante la ley, lo que en el caso se conculcaría por haberse adoptado la decisión de destitución existiendo recursos procesales pendientes en contra del acto decisorio administrativo.

Tras referir normativa internacional que regula el contenido del debido proceso y alegar que la misma sería aplicable a materias de carácter administrativo, sostienen que en el caso no se habría respectado su derecho a la defensa, en relación con el derecho a ser oído y efectuar los descargos administrativos de acuerdo a la normativa reglamentaria de la referida Institución Pública.

Añaden, que las garantías constitucionales citadas dicen relación a su vez con el conjunto de principios sustantivos necesarios que permitan informar una sentencia o resolución que sea fundada, justa y equitativa, últimos atributos que no cumpliría el acto impugnado, toda vez que la medida de destitución por una supuesta deficiencia laboral, que no se encuentra acreditada y menos motivada no sería proporcional, lo que se agrava al no haberse respetado su fuero.

Respecto de su derecho de la libertad de trabajo y su protección, sostienen que el mismo no sólo es protector de la libertad de trabajo, sino que también del trabajo mismo en atención al compromiso inseparable de respeto a la dignidad del trabajador en la forma en que efectúa su labor y a la ineludible función social que cumple el trabajo, lo que vería corroborado con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que cita y la historia de dicha garantía.

Finalmente reclaman su derecho de propiedad respecto de la totalidad de sus remuneraciones, pues se les privo de las mismas sin una resolución que se fundara en un procedimiento previo y legalmente establecido en conformidad a las garantías constitucionales, siendo arbitrario e ilegal al estar en posesión de Fuero Gremial.

SEGUNDO: Que comparece don nombre reservado, Director Nacional (S), en representación del Servicio Médico Legal, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien informando al tenor del recurso solicita el rechazo del mismo.

Hace presente que la resolución de termino fue remitida al Órgano Contralor el 29 de julio de 2019 mediante Ordinario N° 24118 adjuntándose para el examen de legalidad todo el proceso original y las resoluciones de los recursos de reposición y apelación subsidiaria, última que fue emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Señala que la Contraloría General de la República estudió esos documentos y tomó razón de la resolución impugnada el 04 de marzo de 2020, sin perjuicio de revisar paralelamente los argumentos de los Recursos de Reclamación interpuestos por los actores en contra la misma resolución y contra la Resolución Exenta N° 1452 de 2019 del Ministerio de Justicia que rechazó las apelaciones formuladas.

En cuanto a la tramitación del proceso, detalla que por Resolución Exenta Nº 50-2018, se instruyó un sumario administrativo a fin de determinar eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios del Servicio Médico Legal en la movilización total a nivel nacional y llevada a cabo a partir de día 12 de enero del año 2018, sin existencia de turnos éticos en la sede de Avenida La Paz de la Institución. Precisa, que en aquel, por motivos de transparencia y para respetar el principio de imparcialidad, se solicitó un Fiscal Externo y se designó a un abogado de la Subsecretaría de Interior en Comisión de Servicio, mediante las Resoluciones Exentas N°458, 5730 y 5862, todas del año 2018, debidamente autorizadas por dicha autoridad.

Indica que luego de recabar variados antecedentes y tomar declaraciones relevantes, según consta en el expediente de tres tomos, la Fiscalía Administrativa formuló cargos por faltar a las obligaciones establecidas en artículo 61 letra a) y c), y haber vulnerado las prohibiciones señaladas en el artículo 84 letra i) del DFL Nº 29 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, durante la jornada laboral y fuera de los permisos sindicales, al no realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia contribuyendo a materializar los objetivos de la institución, promover y participar en la paralización total de actividades laborales de la sede de domicilio reservado entre los días 09 y 29 de enero de 2018, y realizar otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado, y haber transgredido lo dispuesto en el numeral 8 del artículo N° 62 de Ley Nº 18.575 al contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración, concediendo prórrogas necesarias para la adecuada defensa de los funcionarios y recibir los descargos, dando lugar al término probatorio por el máximo legal de 20 días hábiles.

Manifiesta que los mismos se acreditaron con diversos documentos, entre ellos cartas, actualizaciones de petitorio, informe de Central de Comunicaciones de Carabineros, comunicados internos, 36 declaraciones de un total de 46, que indican que el paro fue total, es decir no hubo turnos éticos que permitieran dar continuidad a la labor del Servicio Médico Legal, entre otros, y las declaraciones de cada uno de los recurrentes.

Señala que revisados los diversos análisis contenidos en la Vista Fiscal y en el expediente sumarial, se emiten los actos administrativos correspondientes en concordancia con la propuesta sancionadora del citado informe, de manera fundada, por infringir el principio de la probidad administrativa, por lo que se adoptó la decisión de destituirlos, decisión en contra de la cual interpusieron recurso de reposición, los que fueron rechazados por el Director Nacional del Servicio Médico Legal, elevándose los autos para el conocimiento del Recurso de Apelación en subsidio, los que a su vez fueron rechazados por Resolución Exenta N° 1456 de fecha 25 de julio de 2019 el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

En cuanto al fondo, parte indicando que el inciso final del artículo 19 de la Constitución Política de la República consagra la prohibición de declarase en huelga de los funcionarios del Estado, municipalidades y de otros servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.

Refiere que los artículos 3, 121, 125 y en el Título VI “de la cesación de las funciones” de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo se refieren a la forma de contratación, duración y término de prestación de servicios en la administración, disponiendo específicamente en el citado artículo 121, que los funcionarios podrán ser objeto de diversas medidas disciplinarias tomando en consideración la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes, entre ellas, letra d) destitución.

A su vez, el artículo 125 d) ya referido, indica que la medida de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, entre ellas las del artículo 84 letra i) referido a la promoción y participación de huelgas, interrupción y paralización de actividades y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado. A su vez, el artículo 146 d) establece como causal de cesación del cargo la destitución.

Señala que para entender la sanción por falta de probidad se debe considerar que la función del servicio público es la de estar al servicio de la persona, promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente. Así los artículos 52, 62 y el artículo 64 del de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, señalan que el principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Sostiene que la infracción a dicha normativa, conforme lo dispone el artículo 64 de la citada ley, puede ser sancionada con la medida disciplinaria de destitución del infractor.

En cuanto a la primera alegación de los recurrentes referida al fuero legal, señala que la Contraloría ha dictado diversos dictámenes, entre ellos el Nº 50.963 de 2020 y Nº 18.281 de 2019, se refiere a la posibilidad de destituir a un funcionario que goce de fuero en el contexto de un sumario, en atención a lo prescrito en los artículos 24 y 25 de la Ley Nº 19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración de Estado, pues dicha condición no limita de modo alguno la posibilidad de perseguir su responsabilidad administrativa, de manera que nada obsta a que, tales empleados sean objeto de las pertinentes indagaciones. Añade, que dicha entidad refirió que aun cuando el artículo 25 de la ley citada establece que los directores de las asociaciones de funcionarios poseen fuero, ello solamente implica que por tal motivo no pueden ser separados de su plaza por una simple decisión de la autoridad, no obstante, en el caso que una norma legal disponga expresamente el cese de aquellos, el termino de los servicios se producirá en la forma prevista en la ley, con prescindencia de las disposiciones relativas a la protección en el empleo.

Agrega, que el Dictamen N° 50.963 del año 2015, por su parte aclara la exigencia señalada en el artículo 251 de la Ley sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración de Estado, en cuanto a la denominada ratificación por el Órgano Contralor en el caso en que se le aplique la medida de destitución a alguna persona que goce de fuero gremial, puede materializarse mediante el respectivo control de legalidad de la resolución que afina el proceso sumarial.

En cuanto al incumplimiento de la continuidad del Servicio, afirma que la Contraloría ha señalado en diversos dictámenes que cita, que se encuentra prohibida cuando su origen sea producto de una huelga de los funcionarios públicos, dado que el artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental y el artículo 84 letra I) se encuentran vigentes, por lo que su vulneración acarrea la responsabilidad administrativa. Además, señala que en los mismos se ha aplicado el inciso primero del artículo 72 de dicho estatuto, que establece no podrán percibirse remuneraciones por el tiempo que no se hubiere efectivamente trabajado, por lo que sí el organismo público posee antecedentes objetivos de ello, puede efectuar los descuentos sin efectuar previamente una investigación sumaria.

En segundo término, en cuanto a la alegación del debido proceso, informa que el procedimiento disciplinario respetó en todas sus partes la normativa legal correspondiente al Derecho Administrativo, sobre todo los tramites esenciales, tales como la declaración del sumariado, las notificaciones, la formulación de descargos, la presentación de pruebas en el plazo indicado por la Ley, respetando el defensa. Agrega, que sobre esa base y junto al análisis de cada recurso, se adoptaron las resoluciones posteriores, las que fueron debidamente motivadas.

En cuanto al principio de imparcialidad y objetividad, alega que el mismo no se ha infringido pues en la Vista Fiscal y resoluciones dictadas, se indicaron los fundamentos y motivaciones las que se basaron en hechos y normas objetivas. Añade, que además dieron cumplimiento a lo indicado en el Dictamen de la C.G.R., existiendo una Fiscalía e instancia de apelación diferenciada y, además, fue designado un Fiscal Administrativo proveniente de otro Servicio Público.

Respecto de la proporcionalidad de la sanción, señala que la medida adoptada fue acorde a los hechos sancionados, pues la paralización de funciones del servicio público afectó gravemente y entorpeció el ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración, entre ellos, la pericia de autopsia que inicia en su procedimiento con el levantamiento del cuerpo fallecido.

En relación al derecho a la presunción de inocencia, afirma que aquel se respectó lo que se evidenciaría del expediente sumarial y del hecho que el proceso fue revisado por diversas instancias, finalizando este con el control de legalidad realizado por la Institución mandatada por la Constitución para su revisión.

En tercer término respecto de la alegación que cumplieron los turno éticos, señala que ello no es efectivo, tal como se acreditó en el expediente disciplinario, con un gran número de declaraciones contestes; carta dirigida al Director del Servicio; informes de supervisión; evidencias en redes sociales, comunicados internos; prensa escrita y videos de la asamblea auto convocada.

Detalla que incluso consta a fojas N° 91 del proceso, que su parte debió emitir la Resolución Exenta N° 47 de 15 de enero de 2018, con el objeto de calificar de urgencia la situación ocurrida en la paralización de actividades, autorizando e instruyendo diligencias con el fin de realizar gestiones que permitan dar continuidad al Servicio Público.

En cuarto lugar, respecto de la alegación de falta de motivación, sostiene que el acto se encuentra latamente fundamentado y conforme a derecho, situación que fue aprobada por el Ente Contralor mediante el control de legalidad a priori que hace a través de la toma de razón. Además, se especificó de manera clara y detallada los motivos que sirvieron de base para destituir a los actores, ya que la prueba acompañada en el proceso daba cuenta del cese de labores en los turnos de levantamiento de fallecidos a contar del 12 de enero del año 2018, como también de la desconexión del servicio telefónico de respuesta a requerimientos policiales, todo lo cual significó un importante impacto emocional en todas aquellas personas que en esa fecha tuvieron necesidad del Servicio a raíz de la muerte de alguna persona cercana, que dicha paralización total constituye una grave falta a la probidad administrativa.

En cuanto a las garantías fundamentales, refiere que el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental hace referencia a la igualdad ante la Ley, no al debido proceso, último derecho que además no está amparado por la vía de la acción de protección.

Respecto del derecho a la libertad de trabajo y su protección, refiere que los recurrentes confunden el tipo de relación laboral que les asiste, la cual no es del Contrato Individual del Código Trabajo, sino que una regida por una ley especial, por lo que no es posible aplicar las normas relativas a la negociación colectiva, pues los funcionarios públicos tienen especiales deberes que observar en su desempeño, una de ellas es la continuidad de su labor. Añade, que además la misma garantía no se ha vulnerado pues los recurrentes tienen la posibilidad material y legal de trabajar en otro lugar del sector privado y escogerlo libremente.

Finalmente, respecto del derecho de propiedad alega que el sólo ejercicio de una función pública no otorga un derecho que pueda equipararse a la idea patrimonial implícita en el dominio.

TERCERO: Que la parte recurrente hizo presente que el fundamento de su acción de protección ha sido la irregularidad con que fueron desvinculados del Instituto Médico Legal, mediante un sumario administrativo instruido de manera irregular y arbitraria, en especial lo que dice relación con la orden administrativa para su instrucción, pues el Director del Instituto Médico Legal, arrogándose atribuciones administrativas que la Ley no le ha conferido, designó como Fiscal Administrativo al Señor nombre reservado, Abogado Grado 5to, de Dotación de la Subsecretaria del Interior y Seguridad Publica.

Afirman que el mero hecho de infringir la normativa del ordenamiento jurídico, importa una actuación no realizada como el derecho exige, una ilegalidad susceptible de determinados efectos, que arrastra un carácter invalidante del acto administrativo.

Detallan, que la circunstancia de haber permanecido en el cargo a contrata por más de veinte años generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculados con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por Sumario Administrativo, derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie por los motivos ya señalados.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que en el caso no existe controversia en que el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario está constituido por la Resolución de Término N° 12, de 26 de julio de 2019, notificada el 10 de marzo de 2020, mediante la cual se le impuso la medida disciplinaria de destitución, dictada por el Director Nacional del Servicio Médico Legal.

SEXTO: Que al respecto se debe considerar que el título V del DFL Nº 29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo regula el proceso destinado a hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo.

Así, dispone en su artículo 121 que los funcionarios podrán ser objeto de diversas medidas disciplinarias, las que deberán aplicarse tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arrojen el mérito de los antecedentes, entre ellas, la de destitución.

A su vez, el artículo 125 ya referido, indica que la medida de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, entre ellas, la de la letra b) por infringir las disposiciones de las letras i), j), k) y l) del artículo 84 del mismo cuerpo legal. Por su parte, el artículo 84 prescribe que el funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones letra i) “Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado; dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado”. A su vez, el artículo 146 d) establece como causal de cesación del cargo la destitución.

Asimismo, se debe considerar que el artículo 25 de la Ley Nº 19.296 que establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado que regula el fuero de los directores de las asociaciones de funcionarios, dispone que dicha inamovilidad en sus cargos se extenderá desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales. Agregando “siempre que la cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea de la asociación o mediante aplicación de la medida disciplinaria de destitución, ratificada por la Contraloría General de la República”.

SÉPTIMO: Que en cuanto a la ilegalidad, es del caso señalar que la decisión se ha adoptado por la recurrida conforme a sus facultades y dentro de sus competencias, según se desprende de las normativas antes transcritas, lo que se evidencia del expediente administrativo, en el que consta que se dieron cumplimiento a las formalidades dispuestas en el artículo 126 del Estatuto Administrativo, dando la posibilidad a los actores de ser oídos, al citarlos a declarar, conforme consta de fojas 14, 17, 18 y 65, 68 y 79, darles a conocer los términos se instruyó el sumario por Resolución Exenta Nº 50 y luego los cargos que se les formularon a fojas 693, 699 y 716, lo que constas de las actas de notificación suscritas por los mismos, quienes en conformidad a ello pudieron ejercer sus defensas y solicitaron diligencias probatorias.

Asimismo, respeto de la decisión de destitución encontrándose los actores amparados por fuero sindical, la misma debe ser desestimada, pues del tenor literal del artículo 25 de la Ley Nº 19.296 se evidencia que dicha garantía sólo se extiende a aquellos casos en que la autoridad adopte la decisión discrecional de poner término a las funciones de los directores de asociaciones funcionarias, y no en aquellos en que se produzca el cese de sus funciones por aplicación de una medida de destitución, cuando está se disponga expresamente como sanción, tal cual sucede en el caso de marras.

OCTAVO: Que respecto de la arbitrariedad, sin perjuicio de no ser la vía para examinar el mérito u oportunidad de las actuaciones efectuadas por órganos administrativos en el ejercicio de sus funciones, del análisis de los antecedentes allegados al recurso de protección a la luz de la normativa aplicable al efecto, es posible concluir que la decisión que se reprocha se ha adoptado con estricto apego a la legalidad vigente, respetando las formalidades procedimentales establecidas para tales efectos, no observándose los vicios alegados por los actores, tomándose en consideración para efectos de determinar la sanción la prueba rendida y los descargos, conforme consta de la vista fiscal de 26 de octubre del año 2018, en las resoluciones Nº 3006, 3007 y 3009 que aplican la medida de destitución y, finalmente, en la Resolución Nº 12 que materializa dichas medidas sancionatorias.

Así, la decisión aparece fundamentada en lata prueba documental y declaraciones testimoniales que constan en los cuatro tomos del expediente administrativos, los dan cuenta de los hechos por los cuales se formularon cargos a los recurrentes, descartando dicha circunstancia la arbitrariedad alegada.

NOVENO: Que tampoco puede estimarse como arbitraria la decisión impugnada, toda vez que la recurrida, como ya se dijo, en uso de sus facultades legales, resolvió imponer la medida disciplinaria de destitución, no en forma antojadiza o caprichosa, sino que tuvo como fundamento aquellos que sustentaron el sumario administrativo incoado al efecto y siguiendo la propuesta dada por el Fiscal.

Ello, además se refrendó por la Contraloría General de la República, al tomar razón de dicho acto, descartando la ilegalidad de dicha decisión.

DÉCIMO: Que en relación a la alegación efectuada con posterioridad por la parte recurrente en orden a la designación por parte del recurrido fuera de sus competencias del Fiscal, se debe tener presente que es el propio artículo 144 del Estatuto Administrativo el que dispone que los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad de la resolución que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario, como ocurre en el caso de autos, máxime si se considera que ejercieron en su oportunidad su derecho a recusarlo, lo que fue rechazado por Resolución Exenta Nº 81, decisión en contra de la cual no recurrieron.

UNDÉCIMO: Que, en razón de ello, esta Corte no divisa ilegalidad ni arbitrariedad alguna, pues la decisión adoptada por la recurrida, órgano administrativo a quien corresponde el conocimiento de los sumarios administrativos fue emitida por la autoridad competente, en el ejercicio legal de sus funciones y dentro del ámbito de su competencia, cumpliendo la decisión con los requisitos de motivación dispuestos al efecto en la Ley Nº 19.880 y Ley Nº 18.834, ni menos una vulneración a las garantías fundamentales alegadas, pues como ya se dijo el proceso se siguió en estricto apego a la normativa que regla la materia y la eventual conculcación a sus derecho de libre elección del trabajo y propiedad sólo es consecuencia de su propio actuar contrario a las normativas que los rigen. Asimismo, se debe precisar que la garantía del debido proceso no se encuentra amparada por la presente vía en los términos que fueron alegados por los actores, conforme consta del artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que cabe rechazar la presente acción.

DUODECIMO: Que, finalmente en lo tocante a lo alegado en estrados por el abogado de la recurrente de que se trataría de una persecución política, será desestimada, atento que dicho fundamento no fue materia del recurso, ni acompañó dato probatorio alguno.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso de protección deducido por nombre reservado, doña nombre reservado, y don nombre reservado, en contra del Director Nacional del Servicio Médico Legal.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte N° 31638-2020 Protección.