Protección contra Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de abril de dos mil veinticuatro.

Al folio 28: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece Pía Balboltín Díaz, abogada, en representación de nombre reservado, colombiano, e interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la negativa de entregar el Certificado de Inicio de Actividades de la sociedad Elite Cars Repuestos Chile SAS SpA, vulnerando de este modo la garantía que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 2, sobre igualdad ante la ley.

Contextualiza que el extranjero es solicitante de visa temporaria, la cual se encuentra en trámite vigente bajo el No. 61584022, conforme a resolución de fecha 17 de noviembre del año 2023.

Inició un negocio en el país para la venta de accesorios de vehículos motorizados, por medio de la empresa denominada Elite Cars Repuestos Chile SAS SpA, RUT Nº RUT reservadoEn la cual es el único socio y representante legal.

Sin embargo, refiere que no pudo acompañar a su solicitud de visa temporaria el documento correspondiente a la patente municipal de su actividad comercial, ya que para su obtención debe presentarte ante la autoridad municipal un certificado de inicio de actividades emitido por el Servicio de Impuestos Internos.

Alega al respecto que el Servicio de Impuestos Internos le imposibilitó obtener el certificado de “inicio de actividades” a través del portal web y presencialmente en diversas ocasiones. Su última comparecencia para estos efectos fue el 15 de enero del año en curso. Rechazo que se debería a que su cédula de identidad no se encuentra vigente.

Reclama que la actuación de la recurrida deviene en ilegal y arbitraria al existir un desconocimiento por parte del SII de la Ley Nº 21.325 de Migración y Extranjería, específicamente el artículo 43 inciso final, que permite entender que su cédula de identidad se encuentra vigente al contar con el certificado de visa temporaria en trámite.

Solicita, en definitiva, que el Servicio de Impuestos Internos otorgue el certificado de “Inicio de Actividades” de su negocio comercial; que el Servicio Nacional de Migraciones extienda la prórroga de plazo para entregar el certificado de patente municipal; y se le dé el derecho migratorio de nacionalización o se concluya su trámite en el tiempo más breve, con costas.

Segundo: Que, por medio de los abogados Antonio Beltrán Henríquez y Stephanie Pinto González, evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso.

En cuanto a la situación migratoria del recurrente indican que es ciudadano de Colombia, y registra como última fecha de ingreso al territorio nacional el 12 de julio de 2019, por medio de paso fronterizo habilitado, Aeropuerto nombre reservado. Con fecha 18 de enero de 2021, se le otorgó la visación de residencia temporaria, en calidad de titular y, por el periodo de dos años. Luego, con fecha 16 de febrero de 2023, realizó la solicitud de Residencia Temporal para extranjeros dentro de Chile, por motivos económicos, en calidad de titular, registrada bajo el ID 61584022, la cual se encuentra en tramitación, en etapa de resolución.

Sostienen que mientras esta autoridad no emita el acto resolutivo que resuelva la solicitud migratoria, se entiende, bajo la vigencia de la nueva legislación migratoria, que la parte recurrente mantiene una condición regular en el territorio nacional. Y se puede acreditar su situación si es que posee una cédula de identidad vigente.

Aclaran que el recurrente posee cédula de identidad para extranjeros, la cual, aun en el caso de que se muestre como vencida a la fecha de este informe, el documento se encuentra plenamente vigente en virtud del inciso final del artículo 43 de la Ley Nº 21.325.

En cuanto a la duración del procedimiento administrativo, alegan la calidad de plazo no fatal del establecido en el artículo 27 de la Ley Nº 19.880, de 6 meses, cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Reclama que no es efectivo que la autoridad administrativa haya incurrido en una actuación u omisión, en el sentido que vulnere las garantías custodiadas por el recurso de protección, toda vez que el Servicio Nacional de Migraciones, no ha dictado resolución alguna que disponga alguna sanción migratoria contra la parte recurrente.

Por último, en lo relativo al petitorio del recurrente, consistente en que se le dé el beneficio de nacionalización o se concluya su trámite en el tiempo más breve, sostiene que no es beneficiario ni siquiera de permanencia definitiva.

Tercero: Que, por el Servicio de Registro Civil e Identificación, comparece informando el abogado Rodrigo Llambías Lascar, nombre reservado (S) y pide el rechazo de la acción cautelar.

Recalca que, revisada la base de datos del Sistema de Cédulas de Identidad, el recurrente no registra pendiente ninguna solicitud de cédula de identidad para extranjeros. Su última solicitud se realizó con fecha 21 de septiembre de 2021, documento que fue entregado el 7 de octubre de 2021 y cuyo vencimiento se verificó el 24 de agosto de 2023.

Menciona que, atendido que para la solicitud de renovación de cédula de identidad, constituye un presupuesto que el extranjero sea titular de visación de residente o tenga permanencia definitiva, una vez que regularice su situación migratoria, podrá efectuar la solicitud, de acuerdo a lo indicado en el artículo 43 y siguientes de la Ley Nº 21.325. Hace presente que la cédula mantiene su vigencia siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente.

Cuarto: Que, informando por el Servicio de Impuestos Internos, comparece la abogada Paola Elizabeth Pacheco Flores y pide el rechazo de la acción cautelar.

Sostiene que, de acuerdo con la información registrada en sus bases informáticas, el recurrente es contribuyente nombre reservado, con domicilio en la comuna de Huechuraba. Y, según consta del Sistema Integral de Cumplimiento Tributario, con fecha 1 de febrero de 2023 constituyó a través del Registro de Empresas y Sociedades, la sociedad por acciones “Elite Cars Repuestos Chile SAS SpA”, cuyo domicilio tributario informado es en la comuna de Santiago.

El 15 de noviembre de 2023 el actor ingresó la petición administrativa Nº 77323512247, solicitando orientación para obtener clave tributaria y acreditar inicio de actividades de la referida sociedad. Para fundamentar dicha solicitud adjuntó los siguientes antecedentes: (i) Constitución de la sociedad; (ii) Pantallazo de mensaje desde página web; y (iii) Comprobante de envío solicitud de residencia temporal. A lo que el Servicio recurrido dictaminó: “Señor contribuyente, antes de solicitar clave tributaria de la sociedad debe acreditar representación. Ruego enviar la cédula de identidad por ambos lados, si se encuentra vencida enviar a ampliación y escritura de constitución”. Al respecto, aclara que el actor no pidió el certificado de “Inicio de Actividades”.

Indica que con fecha 20 de diciembre de 2023, el recurrente ingresó dos peticiones administrativas: (i) Petición administrativa folio N° 77323585659, la que fue retirada el mismo día, y (ii) Petición administrativa folio N° 77323585715, por las que envía los siguientes documentos para acreditar el inicio de actividades: (i) Certificado de estatuto actualizado de la sociedad, (ii) Certificado de residencia temporal en trámite (iii) Copia de la Cédula de Identidad del recurrente. Ante ello, el Servicio recurrido le informó la imposibilidad de efectuar el trámite requerido en cuanto la Cédula de Identidad del representante que se informa se encuentra vencida y sujeta a contrato de trabajo, por lo cual, no autoriza representación legal de personalidad jurídica.

Posteriormente, con fecha 04 de enero del 2024, a través de la petición administrativa N° 77324613860, el recurrente solicita la habilitación del contribuyente para la creación de la clave de empresa. Ante dicha solicitud, se le solicita que señale el RUT de la empresa que requiere habilitar y le indica, que, en relación con su visa, el permiso de residencia habilita a su titular a realizar actividades remuneradas, exclusivamente con el empleador con el cual suscribió.

Refiere que, finalmente, el recurrente, con fecha 10 de enero de 2024, a través de la petición administrativa Nº 77324624427 solicitó habilitar la creación de la clave tributaria de la empresa Elite Cars Repuestos Chile Spa. A dicha presentación adjuntó los siguientes antecedentes: (i) Certificado de vigencia de la sociedad, (ii) Certificado de Residencia Temporal en Trámite, (iii) Copia Cédula de identidad por ambos lados, y (iv) Certificado de estatuto actualizado de la sociedad. A lo cual se informó la imposibilidad de efectuar dicho trámite por cuanto su cédula de identidad está enmarcada como visa sujeta a contrato, por lo que no puede ser representante de su propia empresa.

Menciona que con fecha 19 de febrero del corriente realizó una serie de diligencias que fueron informadas personalmente al contribuyente: (i) Se le entregó el Certificado de Inicio de Actividades de la sociedad, fechado al 9 de febrero de 2024; (ii) Se acreditó en los sistemas computacionales a la sociedad y la calidad de representante legal del recurrente; (iii) Cambio de visa sujeta a contrato de trabajo a Residencia Temporal; y (iv) Entrega de clave de internet de la sociedad al recurrente para el ingreso a la Sucursal Virtual, en su calidad de representante legal de la misma. Por lo que, en definitiva, alega la falta de oportunidad del recurso.

No obstante lo anterior, argumenta que no actuó de manera arbitraria o ilegal, toda vez que, de conformidad a la normativa legal y reglamentaria que lo regula, en los casos de contribuyentes que actúen a través de representantes o mandatarios, como en el caso de las personas jurídicas, estos representantes o mandatarios deben ser domiciliados en Chile, y si se trata de mandatarios extranjeros, deben tener visa que les permita desarrollar actividades en Chile. En tal sentido, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, resolvió cada una de las peticiones del recurrente, teniendo a la vista la documentación que este mismo proporcionó, la que no siempre fue idónea para dar lugar al trámite solicitado. En efecto, el recurrente, a la fecha de ingreso de la primera petición administrativa folio N° 77323512247, de 15 de noviembre de 2023, no contaba con el certificado de residencia en trámite vigente, en cuanto este fue otorgado por la autoridad migratoria el día 17 del mismo mes y año, por lo anterior, a esa fecha la cédula de identidad del recurrente no se encontraba vigente.

De igual forma, refiere la inexistencia de afectación del derecho de igualdad ante la ley, en tanto el recurrente no indicó ni demostró concretamente el trato desigual que habría sufrido por esta repartición.

Quinto: Que, con fecha 29 de febrero del corriente, esta Corte confirió traslado al recurrente, en atención a lo informado por el Servicio de Impuestos Internos.

El primero de abril de 2024 se tuvo por evacuado en rebeldía el traslado conferido al recurrente.

Sexto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Séptimo: Que los actos denunciados mediante la interposición del presente recurso de protección corresponde, respecto al Servicio de Impuestos Internos, a la negativa de entregar el Certificado de Inicio de Actividades de la sociedad Elite Cars Repuestos Chile SAS SpA, de propiedad del recurrente.

Y, respecto del Servicio Nacional de Migraciones, a la demora en la respuesta a la petición de visa temporaria, efectuada por el recurrente con fecha 17 de noviembre de 2023.

Octavo: Que, según lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, ya no existe el agravio causado al recurrente, reclamado a su respecto, atendido el hecho que ya se otorgó personalmente al recurrente el certificado solicitado con fecha 19 de enero del año en curso.

Por lo que, habiéndose cumplido con el petitorio del recurrente, en lo relacionado a este Servicio recurrido, debe necesariamente rechazarse el recurso, por haber perdido oportunidad o actualidad jurídica, no existiendo medida cautelar que pueda adoptar esta Corte para restablecer el imperio del derecho.

Noveno: En cuanto a lo reclamado en relación al Servicio Nacional de Migraciones, consta de autos, que el 17 de noviembre del año 2023 se emitió al recurrente el Certificado de Residencia Temporal en Trámite.

Debido al contexto descrito, no se observa en el caso concreto un conflicto de orden constitucional que deba ser resuelto por esta vía cautelar, pues no existe una afectación a las garantías que se dicen conculcadas por cuanto la solicitud ha sido tramitada por la autoridad competente y se encuentra actualmente en etapa de resolución, sin que se advierta una demora excesiva e injustificada, ni una conducta discriminatoria que amague los legítimos intereses del recurrente.

Décimo: Que este tribunal no desconoce que la Ley N° 19.880, en su artículo 7º dispone que la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión y que por otro lado, el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8º, determina la necesidad de término del procedimiento mediante un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, solo que en este caso, el asunto propuesto -en los términos planteados- excede el ámbito del aplicación del presente arbitrio por no ser esta la vía idónea para agilizar pronunciamientos administrativos, cuando no se ha demostrado afectación de derechos, ni perjuicio al estatus migratorio del recurrente, el que puede ingresar y salir del país libremente y se encuentra habilitado para ser contratado y desempeñar actividades remuneradas.

Undécimo: Que por todo lo anterior el recurso debe ser rechazado igualmente respecto al Servicio Nacional de Migraciones.

Duodécimo: En cuanto al petitorio del recurso que hace referencia al otorgamiento del beneficio de nacionalización, entiende esta Corte que se trata de un error de referencia, toda vez que se aprecia de los antecedentes aportados que sólo se encuentra en trámite la Residencia Temporal.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en al Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese por la vía más rápida y, en su oportunidad archívese.

N°Protección-316-2024.