Protección contra Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana
- Fecha
- 14 de agosto de 2019
- Sala
- Tercera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 31545-2019, sentencia de 14 de agosto de 2019
Resumen
Se rechaza la protección contra la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, con costas, porque se busca revisar los fundamentos de una multa sanitaria por vía no idónea, discusión propia de un contencioso.
Texto íntegro
Santiago, catorce de agosto de dos mil diecinueve.
Vistos:
Primero: Que el recurso lo dedujo don nombre reservado, en favor de la empresa “Administradora de Ventas al Detalle Limitada”, del giro de su denominación, en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, representada legalmente por doña nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la aplicación de una multa de 25 UTM, materializada en la Resolución N° 1408 de 1 de Marzo de 2019, lo que afecta sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.
Señala que el día 8 de Agosto de 2018 se realizó una fiscalización en el local que administra en la comuna de San Bernardo, consignándose en la notificación que se le practicó, que la misma se había realizado entre las 23:30 horas del día 3 de enero y las 3:30 del día 4, a raíz de la ocurrencia de una emergencia grave con motivo de un “evento colectivo” habiéndose incumplido la circular 2345/7 de la Suseso y el artículo 66 de la ley 16.744.
En el sumario sanitario respectivo se dio respuesta a la calificación que hizo la autoridad del hecho, como “evento colectivo” destacándose que de conformidad con la citada circular si en una empresa ocurre un accidente de trabajo grave o fatal, el empleador debe cumplir con las obligaciones consistentes en suspender en forma inmediata las faenas afectadas y de ser necesario permitir a los trabajadores evacuar el trabajo, informando de inmediato a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Ministerial de Salud, reprochándosele el incumplimiento de estas obligaciones pues se trató de un incidente grave, sin que se especificara cuando ocurrió. Señala que de acuerdo con la misma circular, para que se entienda que existe un accidente grave deben darse algunas de las situaciones que ella misma menciona, como lo son: que lo acontecido obligue a realizar maniobras de reanimación; maniobras de rescate; ocurra una caída de altura de más de dos metros; provoque en forma inmediata la amputación o perdida de cualquier parte del cuerpo o involucre a un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena, sin que el llamado “evento colectivo” forme parte de tal enumeración, por lo que debe concluirse que lo señalado por el ministro de fe constituye un error procedimental, que afecta el principio de juridicidad y las garantías del debido proceso.
No obstante lo anterior, la sentencia que se dictó modificó el objeto del sumario, ya que no hace referencia al “evento colectivo” como accidente del trabajo, sino al artículo 3 del Decreto Supremo 594 y a los artículos 82 y 104 del Decreto Supremo 157, dando un trato distinto al motivo por el cual se hicieron los descargos, generando una desigualdad ante la ley que afecta el patrimonio de la empresa.
Se refiere a los principios que son aplicables al llamado derecho administrativo sancionador y señala la manera como se habían afectado los derechos constitucionales de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política solicitando que se acoja el recurso y que se deje sin efecto la resolución 1408 que le aplicó una multa de 14 UTM, por las supuestas infracciones a los decretos supremos ya señalados.
Segundo: Que Informó la recurrida, pidiendo el rechazo del recurso, manifestando que en relación con los hechos que le sirven de fundamento existe un procedimiento especial para impugnar la sentencia dictada en un sumario sanitario, que se encuentra reglamentado en el artículo 171 del Código Sanitario, por lo que el recurrente debió haber ejercido este derecho interponiendo la acción de reclamación judicial ante los juzgados de letras en lo civil.
Sin perjuicio de lo anterior e informando respecto del fondo del recurso, señaló que se visitaron las instalaciones ubicadas en la comuna de San Bernardo, ante la notificación de sospecha de intoxicación aguda por plaguicida, de las personas que se individualizaron en el acta respectiva y que fueron atendidas en el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad y es así que se entrevistó a los miembros del personal, quienes manifestaron que ingresaron a trabajar a las 23: 00 horas y que alrededor de las 23:40 horas llegó un aplicador de plaguicidas a realizar labores de desinsectación en las distintas dependencias y al reincorporarse a sus labores y realizarse una limpieza profunda, produjo que la sustancia insecticida se reactivara ocasionando una reacción colectiva de irritación ocular. Ante este evento colectivo, la empresa no llevó a cabo la notificación obligatoria a la Inspección del Trabajo o a la Secretaria Ministerial de Salud, conforme lo establece la circular 2345 de la Superintendencia de Seguridad Social y la ley 16744 sobre accidentes y enfermedades de origen laboral, sin que prestara protección a los trabajadores otorgándole los elementos de seguridad, incurriendo en infracción del artículo 3° del Decreto Supremo 594.
En cuanto a lo sostenido respecto que los hechos no se encontrarían comprendidos dentro de los supuestos a que se refiere la circular 2345, sostiene que ello no es efectivo dado que la norma técnica N° 142 para la implementación de sistemas de vigilancia de accidentes del trabajo con resultados “de muerte y graves”, señala expresamente que los criterios son los que indica y entre ellos que involucre a dos o más trabajadores con un origen y lugar común (evento colectivo) razón por la que debe procederse al rechazo del recurso.
Tercero: Que de lo dicho queda de manifiesto que lo pretendido por el recurso es la revisión de los fundamentos de la resolución sancionatoria, manifestando el recurrente su discrepancia con lo decidido sobre la base de la distinta interpretación que hace de las normas jurídicas en cuestión, lo que inevitablemente trae consigo el pronunciarse sobre los fundamentos de hecho de la misma y los elementos de convicción que le dan sustento. Es decir, todo aquello que es propio de un contencioso y que tiene un procedimiento que la ley expresamente prevé para ello.
Se trata, por tanto, que por esta vía excepcional de cautela de derechos constitucionales indubitados, que por hechos precisos y determinados se hayan visto afectados, se pretende plantear una discusión que no se hizo en el momento y en la sede correspondiente. El solo invocar la infracción a determinadas garantías constitucionales, no basta para entender que el presente recurso sea la vía para restablecerlas, por lo que se debe proceder a su rechazo.
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso e protección deducido por Administradora de Ventas al Detalle Limitada en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, representada legalmente por doña nombre reservado, con costas.
Regístrese, comuníquese y archívese.
Redacción del ministro Carlos Gajardo Galdames.
Protección 31545-2019 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames, conformada por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare y el Abogado Integrante señor Cristian Lepin Molina.