Protección contra SUBSECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

Santiago, tres de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, e interpone acción de Protección en contra de la SUBSECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, representada por nombre reservado y de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por don nombre reservado, en su calidad de contralor, solicitando que:

I.- Se deje sin efecto la Resolución N°121583/357/2018 de la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género de fecha 4 de abril de 2018, notificada a su parte con fecha 5 de abril de 2018, por tratarse de un acto ilegal y arbitrario que priva y perturba su ejercicio a la libertad de trabajo (artículo 19 N°16 de la CPR), igualdad ante la ley (artículo 19 N°2 de la CPR) y su derecho a la propiedad (artículo 19 N°24 de la CPR) en relación al artículo 20 de la Carta Fundamental, y se le reincorpore a la contrata que ostentaba al tiempo de ser cesada; se le restituya lo adeudado entre dicha fecha y la resolución del presente recurso; como asimismo, se reconozca la existencia de la confianza legítima que estableció un derecho permanente hasta el día 31 de diciembre de 2018 sobre su contrata, más costas, reajustes e intereses, y/o en el improbable caso que no se estime del caso, se proceda de conformidad al petitorio número II, entendiendo, que ambas alternativas son legalmente procedentes y encontrarse amparadas por la acción que interpone, debiendo otorgarse la más beneficiosa al trabajador, como es la de traspaso de la contrata a la planta.

II.- Se deje sin efecto la Resolución N°220 de fecha 16 de marzo de 2018, y se ordene a la Contraloría General de la República que tome razón de la Resolución N°121583/3/2018, eliminándose el Ordinario TRA-CGR 3683/2018, por ajustarse a la legalidad, y se le nombre de conformidad a la ley en la contrata grado 10 EUS de la Planta, obtenida por medio del concurso iniciado por Resolución N°1522 de la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, ello por considerarse que se le ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.

Expone que con fecha 4 de abril de 2018, la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género, dictó la Resolución Exenta N°121583/357/2018, la que le fue notificada con fecha 5 de abril de 2018, que funda la solicitud que pone término anticipado a su contrata y del Oficio TRA N°CGR-3683 de fecha 9 de marzo de 2018 de la Contraloría General de la República, que representa la Resolución N°121583/3/2018 (sic) de 2018 de la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género, la que la nombraba titular en el cargo de Profesional Grado 10° EUS, y en virtud de la Resolución Exenta N°220 de 16 de marzo de 2018, dicha Cartera de Estado dejó sin efecto el concurso señalado, anulando la Resolución N°1522 de fecha 24 de noviembre de 2017, que llamaba a concurso, por la no toma de razón de la Resolución N°121583/3/2018 de 2018, por parte de la Contraloría General de la República.

Señala que desde el 1o de diciembre de 2014, se desempeñó como periodista del Departamento de Comunicaciones y Prensa del Ministerio de la Mujer, [ex Servicio Nacional de la Mujer].

Relata que es relevante señalar que con fecha 20 de marzo de 2015 se publicó la Ley N°20.820 que creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y en el DFL N°1 del Ministerio de Desarrollo Social de 5 de abril de 2016, se fijó la planta del personal de la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género y se traspasó su contrata como profesional, asimilada al Grado 9 de la Escala Única de Sueldos (EUS), con una jornada equivalente a 44 horas semanales.

Luego con fecha 29 de marzo de 2018, se le señala que producto de una "reestructuración" del Departamento de Comunicaciones y Prensa, debían prescindir de sus servicios, para ello se le citó a una reunión en la oficina del fiscal Felipe Muñoz Aranda, para informarle nuevamente que necesitaban prescindir de sus servicios como profesional y que podía acogerse a una renuncia voluntaria a contar del 2 de abril (día hábil siguiente). Sostiene que en dicha reunión, ella señaló que seguiría cumpliendo con su jornada laboral mientras no le fuera notificada por escrito su desvinculación, y además, que hace algunos meses había participado de un concurso de planta en el Ministerio y que se había adjudicado un cargo, por lo que estaba a la espera de la toma de razón por Contraloría de su nombramiento.

Continúa señalando que con fecha 3 de abril y ante dicha situación, ingresó por vía portal web, una denuncia que fue signada como Folio N° W003391/2018, donde denuncia la situación que señala y consigna específicamente la presunta amenaza que le realiza el señor Fiscal de dicha Cartera de Estado, en el sentido que éste le indicó que, o renunciaba voluntariamente, o ponía término a la contrata o bien se me iniciaría un sumario por supuestos atrasos indebidos en años anteriores.

Sostiene que con fecha 5 de abril de 2018, se le notifica personalmente por parte de un abogado de la Dirección Jurídica encargado por el Fiscal, de la Resolución Exenta N°121583/357/2018 de fecha 4 de abril de 2018, donde se funda la solicitud de poner término anticipado a mi contrata, señalando como motivo central de dicha decisión los "atrasos reiterados y falta de compromiso con sus labores".

Expone que en la Resolución N°121583/357/2018 de fecha 4 de abril de 2018, se aducen una serie de inconsistencias y falsos argumentos para fundamentar las razones del término anticipado a su contrata. En efecto, en el considerando 6o se señala textualmente: "Que, en el caso de la señora nombre reservado, y de acuerdo a lo consignado en el informe particular de desempeño de 28 de marzo de 2018, suscrito por la jefa del Departamento de Comunicaciones, y en certificado emitido por la Unidad de Desarrollo de Personas, ésta ha presentado atrasos reiterados, al menos desde el mes de septiembre de 2017, a la fecha en el respectivo informe, situación que refleja un comportamiento incuestionablemente inadecuado respecto de lo que se espera y constituye una obligación para cualquier servidor o servidora pública, esto es, realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución, lo anterior, ha afectado el cumplimiento de su horario de trabajo, y de igual forma el ambiente laboral en su unidad de desempeño ".

Agrega que las razones en las que se funda la Resolución N°121583/357/2018, son ilegales y falsas, injuriosas y carentes de razonabilidad, afectando su honra y trabajo como servidora pública y como profesional, pues jamás, en su trabajo recibió reproche alguno de sus jefaturas, ni menos de sus compañeros de trabajo en orden a afectar el cumplimiento de su trabajo y el ambiente laboral del mismo.

Para fundar la Resolución que pone término a la contrata, se señala como causal "los atrasos reiterados".

Al respecto, hace presente que el trabajo de periodista de un Departamento de Comunicaciones de cualquier entidad pública y especialmente de un Ministerio, no resiste un trabajo que se rija por los horarios laborales comunes y el respeto a las 44 horas semanales de trabajo. Este trabajo requiere de largas y extensas jornadas de trabajo acompañando a la Autoridad, despachando durante días hábiles e inhábiles, estando a disposición las 24 horas del día y los 7 días de la semana a cualquier situación que ocurriese en el territorio nacional y que fuese de atención de los medios de comunicación, sin importar el día, y si éste era festivo o no. Por ello, si se revisa su hoja de marcación de reloj control se puede notar que gran parte de las semanas señaladas trabajó mucho más que las 44 horas semanales. Además, por lo anterior y debido a la carga de trabajo, la jefatura estableció un límite de tolerancia para ciertos atrasos, natural para realizar trámites personales en horario hábil o asistir a controles médicos y/u otras circunstancias. Al efecto cita y transcribe el Dictamen N° 13.069 dé la Contraloría General de la República de fecha 11 de marzo de 2013.

Expresa que de conformidad a sucesivos dictámenes de la Jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, (Vid. Dictámenes N°6400 de 2 de marzo de 2018, 70.966, 22.766 y 85.700 de 2016), la "confianza legítima" que emana de la renovación sucesiva de las contratas (como es su caso), se ha producido toda vez que ese Órgano Contralor ha señalado recientemente: "Finalmente en cuanto a la duración que ha de tener cada una de las contratas previas a la extensión total del lapso necesario para provocar la anotada confianza legítima, confianza del titular de la contrata que ésta será renovada de forma sucesiva, corresponde señalar que dicha expectativa se genera a partir de la segunda renovación". Indica que sus contratas fueron renovadas en formas similares y en la misma función los años 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017-2018, hasta el día 31 de diciembre, por lo que la nueva contratación renovada el 1o de diciembre de 2017, solo puede ponerse fin a la misma por mutuo acuerdo con el empleador o bien por renuncia voluntaria, ambas alternativas fueron desechadas por su parte.

La misma Contraloría ha señalado: "En este contexto, en los términos señalados en el dictamen N°22.766 de 2016, cabe colegir que la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años. Así en el evento que una persona sea designada a contrata por primera vez, luego que haya comentado el año respectivo (incluso en diciembre), como fue su caso por ingresar el 1o de diciembre de 2014- se entenderá que hubo una primera renovación anual si dicha vinculación se entiende por todo el año calendario siguiente (ya sea en virtud de una sola designación de varias sucesivas y continuas), entendiendo que existe una segunda renovación de dicho nexo funcionarial so (sic) este abarca toda la anualidad subsiguiente, en los términos aludidos. De lo anterior, se colige que deberá haber transcendido más de dos años para invocar la confianza de una nueva prolongación de su designación que, por una o más contratas sucesivas e ininterrumpidas, abarque toda la anualidad siguiente (aplica dictamen N°70.966 de 2016).

A su vez, invoca los Dictámenes N°6.400 de 2018, en relación al N°12.248 y 18.901 de 2017, de la Contraloría General que establecieron algunos elementos que podían servir de fundamento para el acto administrativo (Decreto Supremo o Resolución) para poner término a la contrata señalada. "Una deficiente evaluación del servidor ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre los hechos o períodos no comprendidos en la calificación." Explica que para justificar el término anticipado de su contrata, su fundamento reviste una ilegalidad manifiesta, de acuerdo a las exigencias que establece la jurisprudencia administrativa, puesto que carece de fundamento alguno.

Además, recurre de la Resolución Exenta N°121583/357/2018 de fecha 4 de abril de 2018 y que le fuera notificada el 5 de abril de 2018, ya que le perturbó y privó su libertad de trabajo y de la protección señalada por el numeral 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que los motivos que se tuvieron a la vista para la dictación del acto administrativo que sirvió de fundamento para el término de la contrata adolece de claros visos de ilegalidad, ya que transgrede lo señalado en el artículo 11 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, puesto que las razones esgrimidas por la Resolución Exenta N° 121583/357/2018 de la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género son arbitrarias, carentes de fundamentos e ilegales por las razones que ya expresara.

Al respecto cita y transcribe parte de una sentencia de la Corte Suprema, N° 35.287/2017.

Concluye que en razón de lo señalado, puede sostener que la Resolución Exenta N°l21583/357/2018 es ilegal y arbitraria, toda vez que carece de argumentos razonables mínimos, ya que se basa en informes generados por funcionarios con escasos días de desempeño en el servicio y buscan proceder al despido de su persona; además de incurrir en una ilegalidad manifiesta, toda vez que transgreden los derechos y garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N°2°, 16° y 24°, además de no tener la suficiente fundamentación o ser esta carente de razonabilidad por los motivos que ya expusiera, de conformidad al artículo 11° de la Ley N°19.880 de Procedimientos Administrativos.

Expone que sobre el concurso para proveer la planta de profesional grado 10° para el departamento de comunicaciones del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, fundado en la Resolución Exenta N°1522 de dicha cartera de estado y que fue resuelto y notificado con fecha 2 de abril de 2018, de no haber sido tomada de razón por la Contraloría General de la República la Resolución N°121583/3/2018 de la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género y representada por la Contraloría General de la República por Resolución TRA-N° CGR 3683 de fecha 9 de marzo de 2018, que señala expresamente: "Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al documento de epígrafe representa Resolución N°121583/3/2018 de 2018, de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, por cuanto, tal nombramiento de la especie, como titular en el cargo y grado de la E.U.S. de la planta profesional del referido Ministerio que se indica, no se ha ajustado a derecho: En efecto, cabe destacar que revisadas las bases concursales, se ha podido determinar que éstas establecieron que la evaluación de los postulantes se realizaría en fases sucesivas, por lo que solo la obtención de la puntación mínima en la etapa respectiva permitía a los participantes avanzar a la siguiente. Pues bien, respecto del primero de los factores, esas pautas fijaron como requisitos deseables cursos de formación educacional y capacitación, sin que dichas exigencias estuviesen previstas por el legislador para servir los cargos respectivos, de modo que los postulantes que no los reunieran, no obtendrían el puntaje suficiente para continuar a la evaluación del segundo factor, con lo que esos requerimientos fueron elevados a la categoría de indispensables.”

Sostiene que, el concurso desarrollado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y en especial el certamen de profesional Grado 10° EUS, para el Departamento de Comunicaciones del que participó, a partir de la Resolución Exenta N°1522 de noviembre de 2017, cumplió con todos los requisitos legales para el certamen de plantas y de ingreso a la Administración Pública de conformidad a las normas señaladas en los artículos 14, 15 letras b), c), d), e), f), g), h) y las del Título II de la Carrera Funcionaría, párrafo 1o del Ingreso, artículos 17 a 24 de la Ley N°18.834 denominado Estatuto Administrativo y los artículos 2, 3, 4, artículo 5 inciso final que señala expresamente: "Con todo, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación", 6, 10, 11 que establece: "En cada concurso deberán considerarse, a lo menos, los siguientes factores para la evaluación de los postulantes: a. Los estudios y cursos de formación educacional y de capacitación; b. La experiencia laboral, y c. Las aptitudes específicas para el desempeño de la función. Cada institución podrá determinar factores adicionales a los anteriores. Para cada ocasión se establecerá la forma en que ellos serán evaluados y ponderados, y el puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo. Todos estos antecedentes deberán ser informados a los candidatos que postulen, antes de iniciarse el proceso de selección. Las exigencias que contenga cada uno de los factores deben estar vinculados a la función que corresponda al cargo y ajustados al perfil de éste; no darán puntaje los antecedentes presentados que no estén asociados al cargo y su función. El comité de selección deberá velar por el estricto cumplimiento de esta norma." Y los artículos 13, 14, 15 y 16 del Decreto N°69 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

Agrega que, acorde a lo precisado por los dictámenes Nos 72.866 de 2009 y 63.688 de 2011 de la Contraloría General de la República, la autoridad está facultada para otorgar una especial valoración a aquellas circunstancias, características o aptitudes que respondieran a las necesidades de las respectivas plazas, atribución que, en este caso concreto se ejerció mediante la incorporación de los subfactores.

Sin embargo, se confunden los conceptos "requisitos" y "factores", los que en ningún caso son asimilables, porque los requisitos son las exigencias cuyo cumplimiento, la ley estima necesario requerir obligatoriamente para acceder a un cargo público; en cambio los factores constituyen los instrumentos de análisis destinados a permitir la evaluación de los antecedentes, características, circunstancias, aptitudes u otros que se estimen atingentes respecto de un postulante que previamente acreditó poseer los requisitos que la ley ordena para acceder a determinado cargo. Así, la representación de la Resolución N°121583/3/2018, por el Oficio TRA-CGR 3683 de la Contraloría, resulta manifiestamente injusto, ilegal y arbitrario, y vulnera, perturba y priva el legítimo ejercicio de la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez, que confunde y de forma poco clara, precisa y escueta, indica que los requisitos señalados en el concurso como sub factores, esto es, como factores de análisis para proveer el cargo se transforman por la ponderación de los mismos, en elementos o requisitos de postulación diferentes o adicionales a los señalados por el legislador, pues el concurso establece que cualquier persona teniendo los requisitos mínimos establecidos por la ley puede postular al mismo, léase para estos efectos los puntos 6, 6.1 y 6.2 de las Bases del Concurso que establecen criterios absolutamente generales y objetivos que son los aceptados por la ley para este tipo de certámenes.

En razón de lo anterior, ha sido la propia Contraloría General la que ha establecido la diferencia en su Dictamen N°48.499/2006 al señalar: "si bien la Autoridad administrativa no puede establecer exigencias para desempeñar un cargo no consultada en la Constitución o las Leyes, pues de hacerlo vulneraría el principio de juridicidad si está facultada para, al precisar los factores a ponderar, atribuir valoración a aquellas circunstancias, características o aptitudes que respondan a las necesidades de las plazas de que se trata, pero sin que llegue a configurarse la fijación de requisitos adicionales o diversos de los previstos por el legislador." En razón de lo anterior, se ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley, pues los requisitos son los establecidos por el legislador y la autoridad únicamente señaló factores de interpretación para la decisión del cargo que fueron previamente establecidos y señaló estos como factores deseables de ponderación, lo que no impidió que varias personas que no tenían dichos factores pudiesen avanzar en las etapas del proceso.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Certificado de Antigüedad en el cargo N°1110 de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, que acredita su desempeño como profesional grado 9o EUS, en la Subsecretaría referida.

2. Certificado emitido por el Servicio Electoral donde consta la no militancia de doña nombre reservado a un conglomerado político.

3. Evaluación de Desempeño de señora nombre reservado para los años 2017-2018.

4. Liquidaciones de sueldos de la recurrente, de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2017, enero, febrero y marzo de 2018.

5. Resolución N°121583/357/2018, que cesa la contrata de la señora nombre reservado.

6. Resolución Exenta N°1522 de noviembre de 2017 de la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género que aprueba las Bases del Concurso de cargos para la planta del Ministerio.

7. Resolución N°155 de 13 de diciembre de 2016 de la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género que aprueba las Bases del Concurso de cargos para la planta del Ministerio.

8. Notificación de la Adjudicación del Concurso, Planta Profesional, Grado 10 EUS, en el cargo de profesional para el departamento de comunicaciones.

9. Anexo 4. Aceptación del Cargo concursado por parte de doña nombre reservado.

10. Reclamación ante Contraloría General de la República de los Honorables Diputados (UDI) señores Trisotti, nombre reservado, Hoffmann.

11. Respuesta del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género por Oficio N° 107 del 1o de marzo de 2018 dirigido a la Contraloría General de la República por presentación de Diputados de la República.

12. Oficio TRA N°CGR 3683 de fecha 9 de marzo de 2018 que representa la Resolución N°121583/3/2018.

13. Resolución Exenta N°220 de fecha 16 de marzo de 2018 que anula el concurso de plantas.

14. Acta de notificación de fecha 2 de abril de 2018 a la recurrente de la Resolución Exenta N°220 que anula concurso de la planta profesional Grado 10° EUS para el Departamento de Comunicaciones.

SEGUNDO: Que, comparecen don Felipe Muñoz Aranda y don nombre reservado, abogados, por la recurrida Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, informan al tenor de la presente acción de protección, solicitando su rechazo, con costas, en virtud de las consideraciones de hecho y derecho que expresan a continuación.

El recurso de protección se dirige en contra de su parte, y específicamente en contra de la resolución exenta N° 121583/357/2018 de la Subsecretaría de la Mujer de fecha 4 de abril de 2018, mediante la cual se pone término a la contratación de la recurrente, la cual ésta califica como arbitraria e ilegal, y, asimismo, en contra del oficio TRA N° CGR-3683, de 9 de marzo de 2018, de la Contraloría, el cual representó la resolución N°121583/3/2018, de la Subsecretaría señalada, que nombraba a la Sra. nombre reservado en el cargo de profesional grado 10° EUS, en relación a la cual ese ministerio, a través de la resolución exenta N° 220, de 16 de marzo de 2018, dejó sin efecto el concurso público de ingreso a cargos vacantes de su planta profesional, técnica, administrativa y auxiliar, por ser contrario al ordenamiento jurídico, y solicita que se deje sin efecto la resolución N°121583/357/2018 de ese ministerio, y se le reincorpore a su contrata que ostentaba al tiempo de ser cesada, que se le restituya lo adeudado entre dicha fecha y la resolución de este recurso, como asimismo se reconozca la existencia de la confianza legítima que habría establecido, a su parecer, un derecho permanente hasta el día 31 de diciembre de 2018 sobre su contratación, y/o en el caso que no se estime lo anterior, se tenga por interpuesto recurso de protección a fin de que se deje sin efecto la resolución exenta N° 220 de 16 de marzo de 2018, y se ordene a la Contraloría la toma de razón de la Resolución ya indicada, dejándose sin efecto el Ordinario de esa Repartición, por estimar que su nombramiento se ajusta a la legalidad, además de haberse vulnerado el derecho a la igualdad ante la Ley y la libertad de trabajo.

Expone que la Resolución Exenta N°121583/357/2018, de su cartera de estado, a diferencia de lo que señala expresamente la recurrente, si contiene la debida fundamentación y se apega plenamente al ordenamiento jurídico.

Manifiesta que la terminación debidamente fundamentada de la contratación de la recurrente se debió objetivamente a que fueron informados por el Departamento de Desarrollo de las Personas, los constantes e irregulares atrasos en su jornada de trabajo incurridos por aquélla de manera injustificada, lo cual afectaba el clima laboral y generaba una evidente desigualdad e irresponsable actuación en comparación con sus compañeros de trabajo. Lo que habilitó, en definitiva, a esa Secretaría de Estado a concluir legítimamente sus servicios por alejarse de los fines estatutarios y de la forma en que se estaba ejerciendo funciones conforme el ordenamiento vigente, más aún los funcionarios públicos no pueden atribuirse funciones o facultades más allá de aquellas que expresamente les señala la normativa, en virtud del propio principio de legalidad Relata que, por lo anterior, es que no resulta ser efectivo lo expuesto por la recurrente al señalar, según ella, las razones de la Resolución N°121583/357/2018, siendo lo causante de su terminación de contratación los motivos y fundamentaciones consistentes en los invariables atrasos y reiterados incumplimientos de su jornada de trabajo, considerados graves e incuestionables, habilitantes para terminar la contratación, y conforme se consignó, además, en el informe particular de desempeño efectuado por su jefatura directa, con fecha 28 de marzo de 2018, donde se consignó lo siguiente:

"En mi calidad de jefa del departamento de comunicaciones del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género he podido observar el desempeño de la funcionaría, doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, profesional asimilada a grado 9 de la escala única de sueldos (EUS), de la planta de profesionales, con jornada de 44 horas semanales.

Al respecto, puedo señalar que las aptitudes personales de la funcionaria no se ajustan a las necesidades del ministerio, lo que ha traído como consecuencia que la calidad de su trabajo no sea la esperada, ubicándose por debajo del desempeño promedio del departamento. La señora nombre reservado ha tenido una gestión deficiente en los siguientes aspectos:

• Atrasos reiterados: ha presentado atrasos reiterados desde el mes de septiembre de 2017, a la fecha del presente informe, situación que refleja un comportamiento inadecuado respecto a lo que se espera y constituye una obligación para cualquier servidor o servidora pública, esto es, realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos del Ministerio. lo anterior, ha afectado la calidad de su trabajo, en relación a su jornada laboral, afectando también la convivencia entre los miembros del departamento.

Específicamente, se consigna en la hoja de vida funcionaria de doña nombre reservado, durante el mes de septiembre de 2017, la cantidad de 14 injustificados atrasos -de un total de 17 días trabajados-. De igual modo, en el mes de octubre del mismo año, se registraron 6 atrasos -de un total de 18 días trabajados; en noviembre de la misma anualidad registró 11 atrasos -de un total de 22 días trabajados; en diciembre de 2017, se registraron 9 atrasos -de un total de 14 días trabajados-, en enero de 2018, la funcionaria incurrió en 12 atrasos -de un total de 19 días trabajados; en febrero del presente año se registraron 11 atrasos -de un total de 15 días trabajados-, y en el mes de marzo de la presenta anualidad, registra también un total de 12 atrasos -de un total de 19 días trabajados.

• Autonomía en sus labores: la profesional no demuestra capacidades para desempeñarse de manera autónoma y proactiva, requiriendo de constante apoyo y supervisión, impidiendo a la jefatura considerarla para la delegación de tareas de mayor relevancia que impliquen una mejora en el desempeño del departamento.

Por su parte, en cuanto a los atrasos mencionados anteriormente, es importante agregar que, en el marco del proceso de evaluación de desempeño del periodo 2017-2018, del que fue objeto la señora nombre reservado, se dejó constancia en el acápite "comportamiento funcionario", sub-factor "asistencia y puntualidad, que mide la presencia o ausencia del funcionario en el lugar de trabajo y la exactitud en el cumplimiento de la jornada laboral", la siguiente anotación: "cumple adecuadamente, debiendo trabajar su puntualidad".

Por su parte, el artículo 11 de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, establece, en lo que importa, que "los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio {...)". por su parte, el inciso cuarto de su artículo 41 previene, en su primera parte, que "las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada".

En este contexto, la letra c) del artículo 61 del estatuto administrativo establece que es obligación de cada funcionario "realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución", y agrega su letra d) como otra obligación aquella consistente en "cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico".

Por su parte, el artículo 7 de la LOC de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone que "los funcionarios de la administración del estado estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado. Deberán cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y obedecer las órdenes que les imparta el superior jerárquico".

En este contexto, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República contenida, entre otros, en su dictamen N° 69.422, de 2013, establece que los atrasos y ausencias reiteradas son aquellas situaciones en que el funcionario infringe el deber de desempeñar el empleo en forma permanente ausentándose injustificadamente de sus labores en más de una oportunidad, esto es, aquella circunstancia que se presenta en los casos en que luego de abandonar sus labores sin justificación por un cierto lapso, el empleado las reasume para, al cabo de un tiempo, volver a cometer la misma infracción. (…)

Agrega dicho pronunciamiento que, "haber incurrido en atrasos reiterados en el período que se indica, por sí sola permite a la autoridad edilicia adoptar la máxima sanción disciplinaria que contempla el ordenamiento jurídico, ya que importa una infracción al último precepto legal mencionado, que, para este caso, dispone precisamente la destitución (aplica criterio contenido en el citado dictamen N° 13.098, de 2013)".

De este modo, entonces, es dable sostener que, lo razonado anteriormente es prueba suficiente de que la señora nombre reservado ha demostrado una evidente falta de compromiso, incurriendo en el incumplimiento de obligaciones en el desempeño de sus labores y en su conducta funcionarial, lo hace meritorio prescindir de sus servicios profesionales.

Definido lo anterior, y sin perjuicio de ello, es importante mencionar que lo señalado precedentemente hacen meritorio y del todo conveniente y oportuno que las funciones desempeñadas por la referida funcionaria sean reasignadas a otros miembros de la división en que se desempeña, no afectándose de esta manera el cumplimiento de las tareas asignadas a la misma. Lo anterior, en concordancia con el criterio sostenido por la Contraloría General de la República en su dictamen N° 48.251, de 2010, el que indica, en lo que importa, que: "cuando el personal contratado cesa en funciones, porque la superioridad puso fin a las mismas por estimar que sus servicios no son necesarios, dicha determinación puede estar referida a las aptitudes personales del servidor, las cuales ya no son requeridas, pero no se encuentra forzosamente vinculada a la extinción de las labores que desarrollaba, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro empleado, como se deprende de los dictámenes N° 12.129 y 22.466, de 2001, de este ente contralor".

En consecuencia, y conforme a lo expresado, se considera necesario poner término anticipado a la contrata de la señora nombre reservado, prescindiendo de esta forma de los servicios que presta en este Ministerio".

Manifiesta que lo anterior ya había sido revisado por el propio departamento de recursos humanos (unidad de desarrollo de las personas) al examinar el sistema de registro de reloj control de cumplimiento de jornada para efectos de establecer la forma de marcar el ingreso a la jornada, donde se detectaron las incuestionables y aludidas transgresiones laborales por parte de la recurrente.

Agrega que previo a lo anterior, esa Cartera de Estado, adoptó otra clase de medidas previas, como dejar constancia expresa de sus atrasos en la evaluación anterior, lo cual debía mejorar en lo sucesivo y corregir la recurrente. En el primer informe de evaluación de desempeño del periodo 2017-2018, más allá de la calificación de la lista, ya se había advertido a la recurrente de su falta e incumplimiento, lo que le fue debidamente notificado con fecha 5 de marzo de 2017, donde se estableció lo siguiente: "sub factor asistencia y puntualidad: mide la presencia o ausencia del funcionario en el lugar de trabajo y la exactitud en el cumplimiento de la jornada laboral: fundamentación: cumple adecuadamente, debiendo trabajar su puntualidad". En la hoja de vida funcionaria, sustento de dicho informe, se aprecia un total de 113 días de atrasos, desde el mes de junio de 2017 hasta el mes de abril de 2018, lo cual ya resultaba absurdo y evidentemente transgresor del cumplimiento de las obligaciones y del principio de probidad administrativa. Aún así, en el mes de marzo de 2018 registró un total de 12 atrasos -de un total de 19 días trabajados, no existiendo causa justificada para ninguno de los anotados atrasos.

Indica que, mediante resolución exenta N° 121583/357/2018 de ese Ministerio, se puso fundadamente término anticipado a la contratación de la recurrente, consignándose las siguientes justificadas motivaciones:

" Que, el inciso primero del art. 10 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre estatuto administrativo, dispone que "los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con 30 días de anticipación a lo menos".

“Que, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto N° 30, de 2016, del Ministerio de Desarrollo Social, doña nombre reservado, fue traspasada, sin solución de continuidad, a contar del 1° de junio de 2016, desde el Servicio Nacional de la Mujer, a la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género.”

“Que, la Contraloría General dispuso en el dictamen N° 6.400, de 2018, que desde la segunda renovación se genera en el servidor la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro, agregando además que, en el caso de determinar una decisión distinta a la que ha venido adoptando, se debe dar comunicación de dicho cambio de criterio a través de un acto de carácter positivo debidamente motivado, a través del cual se manifieste. Añade dicho pronunciamiento que, la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años.”

“Que, a su turno, el inciso segundo del artículo 11 de la ley N° 19.880 dispone, en lo que importa, que "los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio {...)".

“Que, por su parte, el citado dictamen N° 85.700, de 2016, al referirse a la motivación de un acto administrativo como el de la especie, determina, en lo que importa, que "de este modo, podrá servir de fundamento para prescindir de los servicios del funcionario, en ambos casos, o para designarlo a contrata por un lapso menor al año, o en un grado o estamento inferior, y en la medida que, por cierto, se encuentre suficientemente acreditado, entre otros: una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular...";

“Que, en el caso de la señora nombre reservado, y de acuerdo con lo consignado en el informe particular de desempeño de 28 de marzo de 2018, suscrito por la jefa del departamento de comunicaciones y en el certificado emitido con fecha 4 de abril de 2018, de la unidad de desarrollo de las personas, ésta ha presentado atrasos reiterados, al menos desde el mes de septiembre del año 2017, a la fecha del respectivo informe, situación que refleja un comportamiento incuestionablemente inadecuado respecto a lo que se espera y constituye una obligación para cualquier servidor o servidora pública, esto es, realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución. Lo anterior, ha afectado el cumplimiento de su jornada de trabajo, y, de igual forma, el ambiente laboral en su unidad de desempeño.”

“Que, por su parte, la letra c) del artículo 61 del Estatuto Administrativo establece que es obligación de cada funcionario "realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución", y agrega su letra d) como otra obligación aquella consistente en "cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico".

“Que, en el mismo sentido, corresponde manifestar que, en el marco del proceso de evaluación de desempeño del periodo 2017-2018, se dejó constancia en el acápite "comportamiento funcionario", sub-factor "asistencia y puntualidad, que mide la presencia o ausencia del funcionario en el lugar de trabajo y la exactitud en el cumplimiento de la jornada laboral", la siguiente anotación: "cumple adecuadamente, debiendo trabajar su puntualidad".

“Que, si bien la señora nombre reservado obtuvo una evaluación positiva en el proceso de evaluación 2017-2018, la Contraloría General de la República ha señalado al respecto, en su dictamen N°48.251, de 2010, que "la evaluación de un empleado sólo constituye un antecedente relativo al desempeño funcionario, que no puede menoscabar las atribuciones de la autoridad en orden a decidir sobre el término adelantado de una determinada contratación, acorde su naturaleza temporal, toda vez que el cumplimiento satisfactorio de las labores de un servidor contratado, no puede implicar que mientras lo mantenga goce de un derecho a continuar en el servicio, toda vez que ello implicaría desnaturalizar el carácter transitorio que poseen los cargos a contrata..." “Que, lo razonado anteriormente demuestra que la señora nombre reservado ha demostrado una evidente falta de compromiso en el desempeño de sus labores y en la conducta funcionarial desempeñada, lo que ha llevado a esta autoridad a tomar la determinación de prescindir de sus servicios, poniéndole término anticipado a la contrata que mantiene con este organismo.”

“Que, si bien el anotado inciso tercero del artículo 72 del estatuto administrativo indica que los atrasos y ausencias reiterados, sin causa justificada, se sancionan con destitución, previa investigación sumaria, aquello no obsta a la facultad que tiene la autoridad de adoptar las medidas pertinentes en caso de incumplimientos o transgresiones graves a las obligaciones funcionarias.

Resuelvo:

Pónese término anticipado a la designación a contrata de: a) don(a) nombre reservado, R.U.U N° RUT reservado, como profesional, asimilado a grado 9° escala única de sueldos, contrata, del Servicio Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, con jornada de 44 horas semanales, a contar de la total tramitación del presente acto administrativo, por no ser necesarios sus servicios".

Señala, que la recurrente fue contratada en la modalidad denominada "contrata", regulada en la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el que en sus artículos 3°, letra c), y 10, definen esta modalidad como un empleo "de carácter esencialmente transitorio" que se consulta en la dotación de una institución y que tienen una duración, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, expirando los empleados en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos. Así la recurrente fue contratada como profesional, grado 9°, desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, mientras fueran necesarios sus servicios (contrata primitiva con dicho grado remuneracional). Mediante el decreto N° 30, de 2016, del Ministerio de Desarrollo Social, fue traspasada, junto con un conjunto de funcionarios y funcionaras, del ex Servicio Nacional de la Mujer a la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género. Después, mediante la resolución TRA N° 121583/31/2016, y la resolución exenta RA N° 121583/492/2017, fue prorrogada respectivamente su contratación.

Indica que el dictamen N° 6.400, de 2 de marzo de 2018, del ente Contralor, citado en la referida resolución, y que actualiza instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N° 85.700, de 2016, sobre "confianza legítima", indica diversos aspectos preliminares, entre los cuales destaca el referente a la cita del dictamen N° 23.518, de 2016, que estableció que el término anticipado de una designación a contrata dispuesta con la fórmula "mientras sea necesarios sus servicios", debe materializarse por un acto administrativo fundado, correspondiendo, por lo tanto, que la autoridad que lo dicte exprese los motivos, esto es, las condiciones que posibilitan y justifican su emisión, los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado su decisión, sin que sea suficiente la simple referencia formal, de manera que su sola lectura permita conocer cuál fue el raciocinio para la adopción de su decisión. A su vez, el artículo 3° de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, establece que "las decisiones escritas que adopte la administración se expresarán por medio de actos administrativos" y su inciso 2° determina que, para efectos de esa ley, estos serán "las decisiones formales que emitan los órganos de la administración del estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública". El inciso 3°, establece que los actos administrativos "tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones". Y como lo ha señalado la Contraloría General de la República mediante el dictamen N° 6.400, "en este sentido, corresponde que la autoridad emita el respectivo acto administrativo que contenga la decisión formal de no renovar el vínculo funcionarial, de hacerlo por un lapso inferior a un año o en un grado, estamento de asimilación o carga horaria inferior, o de prescindir anticipadamente de los servicios del empleado, cuando sea el caso". Así, agrega, el término de la contratación de la recurrente se materializó a través del correspondiente acto administrativo, conforme las exigencias de la normativa vigente.

Sostiene que por lo señalado, no resulta ser efectivo ni admisible lo afirmado por la recurrente al indicar que: "por lo anterior, el acto administrativo, en este caso la resolución que pone término anticipado a mi contrata no se encuentra bien fundamentada de acuerdo a las exigencias que establece la jurisprudencia administrativa, toda vez que carece de fundamento legal y se basa en un informe ad-hoc, evacuado para efectos de amedrentar mi salida anticipada como ya se señaló latamente en los párrafos anteriores, vulnerando el principio de imparcialidad de la administración contemplado en el artículo 11 de la ley N° 19.880 que establece: "la administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”.

Concluye que, el recurso deducido carece de fundamentación, no existiendo un despido ilegal o arbitrario como ha reclamado la recurrente, sino por el contrario, una terminación de contratación absolutamente justificada, conforme los hechos que ha descrito y los fundamentos ya consignados, particularmente los atrasos e incumplimientos de las obligaciones como funcionaria pública, los cuales ciertamente son graves, imputables, precisos, fundados y reiterados, y además, plenamente reconocidos por la recurrente, razón por la cual determinó concluir los servicios profesionales prestados por aquélla en esa cartera de estado.

Expone, que en relación a la alegación de la recurrente respecto a lo irregular e ilegal del concurso para proveer planta de profesionales y otros cargos en el Ministerio de la Mujer, que esa Secretaría de Estado, por medio de la resolución exenta N° 1522 de 24 de noviembre de 2017, convocó a concurso público de ingreso a un conjunto de cargos vacantes de la planta de diversos funcionarios, y aprobó las bases respectivas. Ahora, el acto impugnado a través de este arbitrio constitucional lo constituye, entre otros, la resolución exenta N° 220, de 16 de marzo de 2018, mediante la cual su Ministerio dejó sin efecto la resolución exenta N° 1522, de 24 de noviembre de 2017, también de su Cartera de Estado, que convocó a concurso público de ingreso a cargos vacantes de la planta profesional, técnica, administrativa y auxiliar, y aprobó las bases respectivas.

Indica que, en primer lugar, se debe considerar que el artículo 19 de la CPR asegura a todas las personas; "2°. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley". “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias".

Y, el N° 17 establece que asegura a todas las personas: "17°. La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la constitución y las leyes".

Hace presente también, que el inciso 2 del artículo 15 de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, determina lo siguiente: "el personal de la Administración del Estado se regirá por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones".

Y, el artículo 16 determina que: "para ingresar a la Administración del Estado se deberá cumplir con los requisitos generales que determine el respectivo estatuto y con los que establece el título III de esta ley, además de los exigidos para el cargo que se provea. Todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes tendrán el derecho de postular en igualdad de condiciones a los empleos de la Administración del Estado, previo concurso".

En el mismo sentido, dispone el inciso primero de su artículo 18 que "el concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se utilizará para seleccionar el personal que se propondrá a la autoridad facultada para hacer el nombramiento, debiéndose evaluar los antecedentes que presenten los postulantes y las pruebas que hubieren rendido, si así se exigiere, de acuerdo a las características de los cargos que se van a proveer". Agrega su inciso segundo que "en cada concurso deberán considerarse a lo menos, los siguientes factores: los estudios y cursos de formación educacional y de capacitación; la experiencia laboral, y las aptitudes específicas para el desempeño de la función. La institución los determinará previamente y establecerá la forma en que ellos serán ponderados y el puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo, lo que deberá ser informado a los candidatos que postulen, antes de iniciarse el proceso de selección, junto con el puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo".

Agrega que, finalmente, en lo especifico, el artículo 10 del decreto n° 69 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de concursos del estatuto administrativo, dispone: "artículo 10°. - El ingreso a los cargos de carrera en calidad de titular se hará por concurso público y procederá en el último grado de la planta respectiva, salvo que existan vacantes de grados superiores a éste que no hubieren podido proveerse mediante promociones por concurso o por ascenso.

Todas las personas que cumplan con los requisitos generales establecidos en el estatuto, y con los específicos para el desempeño del cargo, tendrán el derecho a postular en igualdad de condiciones.

El concurso público de ingreso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se utilizará para seleccionar el personal que se propondrá a la autoridad facultada para hacer el nombramiento, mediante la evaluación de los antecedentes presentados por los postulantes y de los demás instrumentos de selección aplicados".

Relata que, por medio del DFL N° 1 de 2016 del Ministerio de Desarrollo Social, se fijó la planta de personal de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, y reguló entre otras materias, la que se refiere en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.820, que en su artículo 2°, se fijaron los requisitos para el ingreso y promoción a las plantas y cargos que se indican, siendo los siguientes: para los casos de profesionales grados 7° al 12°; técnicos grado 12°; administrativos grados 13° al 15°; y auxiliares grados 20° y 21° y que corresponden a los cargos que se concursaron por medio de la Resolución Exenta N° 1522 de 24 de noviembre de 2017 del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género:

1. Profesionales grados 7°, 8° y 9° escala única de sueldo, alternativamente:

a. Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del estado o reconocido por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional no inferior a dos años; o b. Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del estado o reconocido por éste, o aquellos títulos validados en Chile, de acuerdo a la legislación vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a tres años.

2. Profesionales grados 10°, 11° y 12° escala única de sueldo, alternativamente:

a.- Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del estado o reconocido por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a un año; o b.- Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del estado o reconocido por éste o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, acreditar una experiencia profesional no inferior a dos años.

3. Técnicos grados 11° y 12° escala única de sueldo, alternativamente:

a.- Título de técnico de nivel superior otorgado por un establecimiento de educación superior del estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de nivel superior no inferior a cuatro años; o b.- Título de técnico de nivel medio otorgado por un establecimiento educacional del estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de nivel medio no inferior a cinco años.

4. Administrativos grados 13°, 14° y 15° escala única de sueldo: licencia de educación media o equivalente y acreditar experiencia laboral no inferior a cuatro años.

5. Auxiliares grados 20° y 21° escala única de sueldo: licencia de educación media o equivalente y acreditar tres años de experiencia laboral.

En este escenario, indica que la aludida Resolución TRA N° 121583/3/2018 de 18 de enero de 2018, de su Ministerio, nombraba inicialmente a doña nombre reservado, en el cargo de profesional, grado 10° de la escala única de sueldos, estando condicionada obviamente dicha designación al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República para el respectivo control preventivo de legalidad.

Así, estaba consignado de modo expreso al final de la propia resolución con el imperativo "tómese razón" dirigido precisamente a la entidad contralora para continuar con la correspondiente tramitación, y de la cual estaba en pleno conocimiento de la recurrente, tal como señala en su acción, al serle notificada la mencionada resolución de carácter trámite.

Expone que, ningún derecho ni garantía fundamental se ha privado, perturbado o amenazado a la recurrente, ya que no solo la resolución TRA N° 121583/3/2018, sino que todos los actos trámite administrativos dictados por su Ministerio han sido dictados con plena sujeción a la normativa que regula la materia y al resto del ordenamiento jurídico vigente.

Añade en este sentido, las referidas actuaciones de la Contraloría General de la República y de esa Cartera de Estado, a través de la dictación del oficio TRA N° CGR-3683, de 9 de marzo de 2018, de la Contraloría, que representó la resolución TRA N° 121583/3/2018 y la dictación de la Resolución Exenta N° 220, de 16 de marzo de 2018, que dejó sin efecto el concurso aludido, se llevaron a cabo válidamente, con plena sujeción a la CPR y a las normas dictadas conforme a ella, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley, dándose de esta forma pleno cumplimiento a los principios de legalidad y juridicidad consagrados en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental y 2 de la ley N° 18.575, LOC de Bases Generales de la Administración.

De hecho, la Contraloría ha señalado en su Dictamen N° 18.543, de 2017, que "(...) acorde con el criterio contenido en los dictámenes Nos 20.477, de 2003; 48.799, de 2004 y 34.598, de 2015, entre otros, atendido lo prescrito en el artículo 53 de la ley N° 19.880, los órganos administrativos tienen la facultad y, más aún, el deber de invalidar sus actos si se comprueba la existencia de vicios de legalidad que afecten esencialmente su contenido, pues se rigen por el principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la CPR y 2° de la ley N° 18.575".

Destaca que la Resolución Exenta N° 220, de 2018, de ese Ministerio, dejó sin efecto íntegramente la Resolución Exenta N° 1522, de 24 de noviembre de 2017, esto es, respecto de todos los funcionarios y funcionarias, tanto de esa Cartera de Estado, como de los demás ciudadanos participantes, en un marco de pleno respeto al principio de legalidad e igualdad de todos los participantes.

Hace presente que, tanto la jurisprudencia como la doctrina nacional coinciden en el significado del término "arbitrariedad' empleado en el artículo 20 de la CPR. Así la Excma. Corte Suprema, ha señalado que un acto será arbitrario cuando es "producto del mero capricho del que incurre en el mismo" (sentencia pronunciada en causa rol 2294-2008, de 29 de diciembre de 2008) o cuando es "contrario a la razón y al buen juicio" (sentencia pronunciada en causa rol 1304-2010, de 9 de octubre de 2010, considerando 16). Y, la doctrina indica que la arbitrariedad es sinónimo de injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad y ausencia de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente.

Expone, que el acto administrativo impugnado correspondiente a la Resolución Exenta N° 121583/357/2018 del Ministerio de la Mujer de 4 de abril de 2018, manifestó expresamente los fundamentos de la decisión adoptada, tanto en los hechos como en el derecho. Por tanto, la recurrente no puede alegar que la decisión de la autoridad se debió a un mero capricho.

Respecto a la ilegalidad del concurso viciado, señala que respecto del concurso público convocado por ese Ministerio, a través de la Resolución Exenta N° 1522, de 24 de noviembre de 2017, para proveer un conjunto de cargos de las plantas tanto de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, se incurrió en una serie de irregularidades relacionadas con la regulación de los requisitos legales exigibles en el rubro de la formación, los que se transformaron, en los hechos, en exigencias no previstas por el ordenamiento jurídico, transgresoras de la igualdad jurídica, en atención a lo cual la Contraloría General de la República ordenó dejar sin efecto el referido certamen.

Expone que, entre otras irregularidades, se establecieron requisitos denominados como "deseables", en el apartado referido a la "formación" en el siguiente sentido: "deseable contar con título profesional de sociólogo/a, trabajador/a social o asistente social, deseable contar con especialización en área pobreza" y los siguientes, para el apartado de "capacitación": "deseable contar con capacitación en áreas de pobreza e indicadores de género", para en definitiva, todos estos requisitos "deseables", pasaron a transformarse en verdaderas exigencias adicionales no establecidas legalmente en la planta legal este ministerio, ya que, al momento de evaluarse, resultaron determinantes. A su turno, en el punto N° 10 referido a la "tercera etapa: evaluación de factores", se ponderaba en el punto 10.1.4 con 100 puntos a quien tiene uno de estos títulos "preferentes" y sólo se valoraba con 50 puntos, a quien no lo poseía. La misma ilegalidad ocurrió con la valoración de la "capacitación", y más grave e ilegítimo, al momento de evaluarse la "experiencia laboral", únicamente se ponderó y valoró la experiencia laboral "afín con la especialidad del perfil del cargo de postulación", es decir, si un postulante no contaba con un título profesional de los denominados "preferentes", se le impidió, de antemano, poder ser seleccionado, ya que en ningún caso podrá tener "experiencia laboral afín" con la especialidad del perfil y nunca iba a poder obtener los 40 puntos considerados como mínimo para aprobar el factor. Y, lo que se denominó como "experiencia laboral afín" con la especialidad del perfil, se encontraba dada por los denominados requisitos "deseables", de manera que quienes no cuentan con el título preferente, no tienen la denominada "experiencia laboral afín".

Así, las bases de dicho concurso resultaron ser totalmente contrarias a derecho y a la Constitución Política de la República, que impiden a la autoridad establecer diferencias arbitrarias, y aseguran la admisión a todas las funciones o empleos públicos, sin otras exigencias que las que impongan la Carta Fundamental y las leyes, como también, el propio principio de juridicidad que uniforma esa organización.

Hace presente que la Contraloría, no solo a través del oficio TRA N° CGR-3683, de 9 de marzo de 2018, que la recurrente alega como supuestamente ilegal o arbitrario, sino que también por medio de los oficios TRA N °s. 3681, 3683, 3684, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700 y 3701, todos de 2018, representó diecinueve resoluciones del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que adjudicaban inicialmente cargos convocados en el concurso de que se trata, debido a que revisadas las respectivas bases concursales se determinó que éstas no se ajustaban a derecho, por cuanto dichas pautas establecieron que la evaluación de los postulantes se realizaría en fases sucesivas, en términos tales que solo la obtención de la puntuación mínima en la etapa respectiva permitía a los participantes avanzar a la siguiente. De este modo, las aludidas bases fijaron como requisitos "deseables", cursos de formación educacional y de capacitación para servir los cargos de que se trata, sin que esas exigencias estuvieran previstas por el legislador, por lo que los postulantes que no los reunieran no obtendrían nunca el puntaje suficiente para continuar a la evaluación del segundo factor considerado, por lo que esos requerimientos fueron, en los hechos, elevados a la categoría de "indispensables".

Concluye, en relación a este punto, que el recurso de protección de la especie debe ser rechazado, en atención a que la Resolución Exenta N° 220, de 2018, de esa Cartera de Estado, no puede ser estimada como una actuación arbitraria o ilegal, toda vez que fue dictada con plena sujeción al ordenamiento jurídico y en cumplimiento de un pronunciamiento emitido por la Contraloría General de la República, lo que constituye un imperativo que es obligatorio cumplir para su organismo.

Sostiene en relación a la afectación y perturbación de garantías fundamentales invocadas por la recurrente, que su parte no logra advertir cuál es el preciso acto que impugna, ni cuáles son exactamente las garantías constitucionales que habrían sido supuestamente vulneradas, pues al analizar uno a uno el contenido de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, aquello no se observa.

En cuanto a la supuesta vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, hace presente que este comprende la garantía de que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, por lo tanto, de presentarse alguna diferencia, esta debe ser razonable. Así, ello implica que es una obligación para todos los órganos estatales mediante la cual no pueden aplicar la ley de manera diferente a personas que se encuentran en supuestos iguales.

Es por ello, que en relación al concurso público ilegalmente convocado, en ningún caso ha causado una privación, perturbación o amenaza de esta garantía a la recurrente, sino que, por el contrario, una verdadera vulneración a la garantía consagrada en el número 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, habría sido seguir adelante con el irregular concurso público en los términos en que se estaba realizando, ya que la ilegalidad en que se incurrió atentaba precisamente contra la igualdad de derechos, igualdad de trato, igualdad de participación y en el acceso que deben tener todas las personas que cumplen con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico.

En relación al derecho de propiedad, (artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República), sostiene que la recurrente afirma que la Resolución Exenta N° 121583/357/2018 de su Cartera de Estado, que reclama como arbitraria o ilegal, habría supuestamente causado privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de su garantía de libertad de trabajo y su protección, lo que no resulta ser efectivo conforme a todo lo que ha expuesto.

Advierte que no se configura la pretendida privación, perturbación o amenaza del derecho de propiedad de la recurrente sobre bien o derecho alguno, por cuanto no existe derecho de propiedad sobre el ejercicio de una función pública, menos en los términos que ésta expresa y sus evidentes incumplimientos en que incurrió. Además, tratándose de derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos del estado, dado que la función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria (artículo 1° del Estatuto Administrativo) y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña participa de tal carácter y constituye una clase de representación del estado que no es posible incluir en el campo del derecho contractual de carácter privado, por cuanto el único derecho personal que ingresa al patrimonio de la persona designada en calidad de contrata, son sólo aquellos que adquieren el carácter de devengados, el cual consiste en obtener la retribución y derechos correspondiente por los servicios efectivamente prestados.

Es por ello, que tanto la recurrente, como todos los funcionarios y funcionarias inicialmente designado, que nunca detentaron en propiedad los cargos públicos convocados sino, a lo más, una mera expectativa de su participación, una vez que se cumpliera con la total tramitación de dichos actos de nombramiento, lo cual incluía ciertamente el control preventivo de legalidad por parte de la Contraloría General de la República, tal como estaba expresamente consignado en todas y cada una de las resoluciones TRA que dejaron expresa constancia del imperativo final "tómese razón", en cuya virtud se ordenó realizar dicho trámite para el control de legalidad, al encontrarse afectos a dicho trámite.

En cuanto al rol de la Contraloría en el control previo de legalidad de los actos administrativos, indica que en la especie, la Resolución TRA N° 121583/3/2018, de 2018, de ese Ministerio y al igual que todas las demás "Resoluciones TRA", deben pasar previamente por el trámite de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, tal como lo dispone el artículo 99 de la Constitución Política de la República ; y además, los artículos 6 inciso 1°, y 9° inciso 5° del Decreto N° 2421, de 1964, del Ministerio de Hacienda.

Además, existen diversos Dictámenes de la Contraloría en relación con lo anterior, como el N° 210.676, de 2017, que señala "(...) conforme a los artículos 9° y 19° de la ley N° 10.336, los dictámenes de esta Contraloría General son obligatorios para los órganos de la administración sometidos a su fiscalización, de modo que su inobservancia importa la infracción de los deberes funcionarios de los servidores públicos involucrados, comprometiendo su responsabilidad administrativa ".

Además, hace presente en relación con lo expuesto, que el dictamen N° 48.699, de 2015, de la Contraloría General de la República, dispuso expresamente que "... en lo relativo a la invalidación de los actos que aprobaron el llamado al certamen, las bases que lo regulaban y la designación de la interesada, debe destacarse que aquellas resoluciones que habiendo dispuesto un nombramiento y luego de ser enviadas a toma de razón fueron representadas por este organismo fiscalizador -como sucedió en la especie- no requieren ser invalidadas, puesto que no produjeron sus efectos al no contar con ese trámite, exigencia indispensable para su eficacia....". De este modo, sostiene que la recurrente de autos no puede reclamar un supuesto derecho derivado de un procedimiento que no se ajustó a derecho y que, por lo tanto, nunca produjo efectos jurídicos de ninguna especie al no cumplirse con su total tramitación de la inicial designación, junto con las otras personas.

Finalmente sostiene que la propia Resolución Exenta N° 1522, de 24 de noviembre de 2017, del Ministerio, que convocó al concurso, en el punto N° 10.5 (página 41) estableció de manera expresa lo siguiente:

"10.5. Resolución del concurso.

La Ministra emitirá las resoluciones que procedan con los nuevos nombramientos, los cuales comenzarán a regir a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que los dispone".

Lo mismo ocurre con todas las Resoluciones de nombramientos, como el de la especie, que señalaba:

"Resuelvo:

Nómbrase a) nombre reservado, RUN N° RUT reservado, en el cargo profesional, grado 10° escala única de sueldos, nivel no aplica nivel, categoría no aplica categoría de la planta de profesionales, con jornada de 44 horas semanales, a contar de la total tramitación de la presente resolución.

Anótese, Tómese Razón y Notifíquese".

Por ello, tanto la recurrente, como todos los participantes del concurso inicialmente seleccionados tenían pleno y fehaciente conocimiento que el nombramiento "rige desde cuando la respectiva resolución quede totalmente tramitada por la Contraloría General de la República" (como todos los nombramientos de esta naturaleza en la Administración del Estado).

En efecto, indica que la "asunción ordinaria" de funciones, es la establecida en el artículo 16 inciso 1° de ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es, la que tiene lugar después que el decreto o resolución de nombramiento quede totalmente tramitado, es decir, cuando ha sido tomado razón por la Contraloría General de la República, y notificada de ello al interesado personalmente o por carta certificada. Diferente es la "asunción inmediata", que está referida en el artículo 16 inciso 2 de la misma ley, que corresponde a la que tiene lugar antes que el decreto de nombramiento quede totalmente tramitado, es decir, antes que sea tomado razón y notificado al interesado.

Relata, en cuanto a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, (la que cita y transcribe), que ésta ha sido consistente en representar las irregularidades que advierta en concursos o nombramientos de funcionarios, como en la especie.

Por lo anterior, al tenor de la jurisprudencia administrativa citada y su contexto, el cual coincide con los hechos materia del recurso de autos, concluye que la Contraloría General de la República ha sido consistente en fijar el criterio respecto de aquellos casos en que en un determinado concurso público, como el de la especie, la autoridad que realiza el llamado, impone condiciones o exigencias adicionales a las consagradas por la normativa vigente para el desempeño de un empleo, señalando precisamente que aquello es contrario a derecho, materializando lo anterior a través de la representación de los respectivos actos viciados, como la Resolución Exenta N° 121583/357/2018 de la Subsecretaría de la Mujer, representado mediante el oficio TRA N° CGR-3683 de 9 de marzo de 2018 de la Contraloría.

Finalmente, cita y transcribe, lo pertinente, de algunos fallos recientes de la Corte Suprema, particularmente en relación al proceso de toma de razón de los actos administrativos por parte de la Contraloría General de la República, como el de los autos Rol N° 35.257-2017, fecha 16 de mayo de 2018 y Rol N° 43.261-2017, de 15 de marzo de 2018; en este último, en el considerando séptimo sostiene:

SÉPTIMO: (….) en este orden de ideas, si la autoridad contralora constata la inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto determinado, se abstiene de darle el curso, "esto es lo que se conoce como la 'representación', y que se expresa en un oficio devolutorio fundado del contralor, explicando los motivos en que se ha basado para reparar el acto.

Como la toma de razón tiene por finalidad la salvaguardia del ordenamiento jurídico, la representación impide el acceso a la vida jurídica de los actos de la administración no conformes a derecho y, por lo tanto, este reproche que hace la contraloría, en virtud de los vicios detectados, significa que el 'proyecto' de acto administrativo queda 'frustrado', queda paralizado en su tramitación" (Iván Aróstica Maldonado. El trámite de toma de razón de los actos administrativos. Revista de Derecho Público, Universidad de Chile. núm. 49 (1991), pág. 150)".

Finalmente, concluye que:

1.- El término anticipado de la contrata de la Sra. nombre reservado, mediante la Resolución Exenta N° 121583/357/2018, de ese Ministerio, debidamente fundado, se ajustó al ordenamiento jurídico y a los criterios jurisprudenciales que al respecto ha determinado la Contraloría General de la República, ya que aquel contiene de manera expresa los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta.

2.- La acción de protección de la especie debe ser rechazado ya que no se ha demostrado la realización de algún acto o conducta ilegal o arbitraria que justifique otorgar la cautela requerida por la recurrente.

3.- Asimismo, indica que el recurso debe igualmente ser rechazado, en atención a que la Resolución Exenta N° 220, de 2018, de esa Cartera de Estado, no puede ser estimada como una actuación arbitraria o ilegal, toda vez que fue dictada, con plena sujeción al ordenamiento jurídico y en cumplimiento de un pronunciamiento emitido por la Contraloría, lo que constituye un imperativo que es obligatorio para dicho organismo cumplir.

4.- Una verdadera vulneración a la garantía consagrada en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, habría sido seguir adelante con el irregular concurso público en los términos en que se estaba realizando, ya que la ilegalidad en que se incurrió en el mismo -advertida por la Contraloría-, atentaba precisamente contra la igualdad de participación y acceso que deben tener todas las personas que cumplen con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico.

5.- La recurrente nunca detentó en propiedad el cargo público convocado sino, sino que a lo más, una mera expectativa de obtenerlo, una vez que se cumpliera con la total tramitación de dicho nombramiento, lo cual incluía el control preventivo de legalidad por parte de la Contraloría.

6.- Además, el ente Controlador ha sido consistente en fijar el criterio respecto de aquellos casos en que, en un determinado concurso público, la autoridad que realiza el llamado impone condiciones o exigencias adicionales a las consagradas por la normativa vigente para el desempeño de un empleo, señalando que aquellas son contrarias a derecho, materializando lo anterior a través de la representación de los respectivos actos administrativos.

Sostiene de todo lo expuesto precedentemente, se desprende que no existe acto ilegal o arbitrario alguno como alega la recurrente; no existe tampoco un derecho o garantía indubitada de la recurrente que actualmente se encuentre vulnerado, privado, perturbado o amenazado, con ocasión de tanto de la dictación de la Resolución Exenta N° 121583/357/2018 de esa Subsecretaría de la Mujer, de fecha 4 de abril de 2018, como tampoco de la Resolución Exenta N° 220, de 16 de marzo de 2018, que dejó sin efecto el concurso señalado, (ambos objeto de la presente acción cautelar), ni la representación mediante el oficio TRA N° CGR-3683, de 9 de marzo de 2018, efectuada por la Contraloría General de la República, ni tampoco existe cautela urgente que proporcionar por la vía de este recurso y, por tales consideraciones, no concurren los requisitos que hacen procedente la acción de protección.

Acompaña a su informe:

1.- Copia de la Resolución Exenta N° 121583/357/2018 de ese Ministerio, de 4 de abril de 2018, por la cual se pone término fundadamente a la contratación de la recurrente.

2.- Hoja de vida funcionaria y primer informe de evaluación de desempeño del periodo 2017-2018, notificado a la recurrente, cuyos antecedentes determinaron el incumplimiento de las obligaciones de la recurrente y del principio de probidad administrativa.

3.- Informe particular de desempeño de la ex funcionaria suscrito por la jefatura del departamento de prensa y comunicaciones de fecha 28 de marzo de 2018, que da cuenta de los atrasos reiterados de la recurrente en su trabajo.

4.- Certificado extendido por el jefe de la unidad de desarrollo de las personas, con fecha 3 de abril de 2018, que da cuenta de todos los atrasos incurridos por la recurrente.

5. Oficio TRA N° CGR 3683 de 9 de marzo de 2018 de la Contraloría, que representó la Resolución N°121583/3/2018 de 2018 de la Subsecretaría de la Mujer.

6.- Copia de la Resolución Exenta N° 1522, de 24 de noviembre de 2017, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que convocó a un concurso público de ingreso a cargos vacantes de la planta profesional, técnica, administrativa y auxiliar, y que aprobó las bases respectivas.

7. Copia de la Resolución Exenta N° 220, de 16 de marzo de 2018, de ese Ministerio que deja sin efecto la resolución anterior.

8. Resoluciones TRA N°s. 121583/2/2018; 121583/3/2018; 121583/4/2018; 121583/5/2018, 121583/6/2018; 121583/7/2018; 121583/8/2018; 121583/9/2018; 121583/10/2018; 121583/11/2018; 121583/12/2018; 121583/13/2018; 121583/14/2018; 121583/15/2018; 121583/16/2018; 121583/17/2018; 121583/18/2018; 121583/19/2018 y 121583/20/2018, todas del ministerio de la mujer y la equidad de género.

9. Oficios TRA N°s 3681, 3684, 3686, 3687, 3701, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692,3693,3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699 y 3700, todos de la Contraloría General de la República que representaron todas las irregulares resoluciones individualizadas en el número anterior; y 10.

Copia de los Dictámenes N°s. 1904, de 2007, 6.142, 10.853 y 42.380, todos de 2014 y 48.699, de 2015, de la Contraloría General de la República.

TERCERO: Que, por su parte, la Contraloría General de la República, informando, señala que el recurso de autos ha sido deducido contra ese Organismo Fiscalizador por haber representado mediante el oficio N° 3.683, de 9 de marzo de 2018, la resolución TRA N° 121583/3/2018, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que dispuso el nombramiento de la recurrente para un cargo de la planta profesional, grado 10 de la E.U.S, el cual fue notificado a la señora nombre reservado con fecha 2 de abril del presente.

Agrega que la recurrente indica que la representación de dicha resolución constituiría un acto arbitrario e ilegal que lesionaría las garantías contempladas en el artículo 19 Nos 2° y 16° de la Constitución Política, de acuerdo con los fundamentos que expone, solicitando, en lo que atañe a su Institución Fiscalizadora, que se le ordene tomar razón de la citada resolución TRA N° 121583/3/2018, eliminándose el citado oficio N° 3.683, de 2018, por medio del cual fue representado dicho acto administrativo.

Expone que mediante la resolución exenta N° 1.522, de fecha 24 de noviembre de 2017, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, se convocó a concurso público de ingreso con el objeto de proveer diversos cargos; entre ellos, la plaza de profesional, grado 10 de la E.U.S., con desempeño en el nivel central de esa Secretaría de Estado. Al término de dicho certamen resultó seleccionada la recurrente, quien fue designada en tal empleo mediante la aludida resolución TRA N° 121583/3/2018.

No obstante, tal designación fue representada a través del aludido oficio N° 3.683, de 2018, al igual que por medio de los oficios Nos 3.681, 3.684, 3.686 a 3.701, de 2018, se representaron dieciocho resoluciones más de ese ministerio, que adjudicaban la mayor parte de los cargos convocados en el mismo certamen, en atención a que constataron la existencia de un vicio de legalidad en las respectivas bases concursales, que determinó que éstas no se ajustaran a derecho y, por ende, tampoco los consecuentes nombramientos.

Precisa que, en lo que guarda relación con el término anticipado de su empleo a contrata asimilado al estamento profesional en un grado 9 de la E.U.S., esa entidad de Control no tuvo más intervención que registrar el acto de acuerdo con la tramitación en línea dispuesta al efecto, mediante el artículo 15 de la resolución N° 18, de 2017, de ese origen, que fijó las normas sobre tramitación en línea de decretos y resoluciones relativos a las materias de personal que señala. El aludido trámite de registro consiste en una mera anotación material del acto respectivo y no constituye en sí mismo un control preventivo de legalidad, por lo que al efectuarlo respecto de un acto administrativo como el que puso término a la contrata de la recurrente, esa Contraloría General no ha emitido pronunciamiento jurídico alguno.

Respecto a su intervención en relación a la resolución TRA N° 121583/3/2018 consistió en efectuar el control previo de legalidad, imperativo contemplado en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política, y en los artículos 1o y 10 de la ley N° 10.336.

De este modo, continúa, el recurso de autos resulta absolutamente improcedente si por su intermedio se pretende impugnar la actuación de su parte efectuada en ejercicio de una de sus funciones primordiales, de naturaleza constitucional y legal, cual es la de velar por el resguardo del principio de juridicidad de los actos de la Administración del Estado, a través del examen preventivo de legalidad.

Relata que la toma de razón constituye un trámite con motivo del cual ese Organismo de Control emite, en forma exclusiva y excluyente, un pronunciamiento respecto de la adecuación o conformidad al ordenamiento jurídico vigente de los decretos o resoluciones afectos, a tal control de legalidad y constitucionalidad, el cual no es susceptible de ser impugnado por la vía de la interposición de un recurso de protección.

Igual criterio ha determinado esta Corte, en diversas sentencias, por ejemplo, la de 4 de abril de 2011, dictada en la causa rol N° 8.594, de 2010, y que fue confirmada por la Excma. Corte Suprema en autos rol N° 3.885 de 2011.

Por tanto, señala que la solicitud de la recurrente en orden a requerir que se ordene a dicho Ente Contralor tomar razón de la resolución que dispuso su designación, resulta del todo improcedente, toda vez que dicho control preventivo de legalidad es, como ya mencionó, una función exclusiva y excluyente de la Contraloría General, que no puede ser impugnada, suplida o forzada mediante la interposición de un recurso de protección.

Expone que además, la finalidad propia del recurso de protección, como así lo ha reconocido una invariable jurisprudencia de los Tribunales de Justicia, es la de restablecer el imperio del derecho, reaccionando ante una situación anormal y evidente que atente contra alguna de las garantías que establece la Constitución Política. De este modo, en ningún caso puede tener por objeto la declaración o constitución de derechos, en atención a la naturaleza protectiva de la institución.

Agrega que no advierte de qué manera la resolución que se impugna ha podido ser ilegal, toda vez que la Contraloría se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 6o, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; artículos 1o, 5o, 6o y 10° de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esa Contraloría General, por lo que la actuación recurrida se ha emitido de acuerdo a la habilitación que las mencionadas normas constitucionales, legales y reglamentarias han otorgado a la Contraloría General, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico.

Respecto de la arbitrariedad, indica que la actuación contra la cual se recurre no constituye una acción u omisión arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón por su parte, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima de su Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por su parte. Ahora, el hecho de que la actora no comparta la decisión de su Sede de Control no transforma al acto en arbitrario.

Expone que los concursos constituyen actos reglados en sus efectos, que crean el derecho de los postulantes que cumplen los requisitos pertinentes a ser designados en los correspondientes empleos. Por su parte, a la autoridad le asiste la obligación de proveer los cargos vacantes con los oponentes seleccionados, en la medida que éstos hubieren sido válidamente desarrollados y resueltos. Así lo ha manifestado la jurisprudencia administrativa de esa Contrataría General en el dictamen N° 61.624, de 2014, entre otros.

Manifiesta que la autoridad administrativa no puede imponer requisitos adicionales o diversos a los previstos en la Constitución Política de la República o en las leyes, toda vez que de hacerlo, vulneraría el principio de juridicidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental; ello, además, haría imposible el acceso a un empleo por parte de quienes no posean ciertas cualidades, significando la exclusión de los concursantes que no los satisfagan, reduciendo su postulación a una simple formalidad.

Añade que lo anterior no significa que, al momento de regular las bases, la autoridad administrativa pueda atribuir una mayor valoración a aquellas características o aptitudes que respondan a sus necesidades para seleccionar al postulante más idóneo. Entonces, si bien al determinar los factores a ponderar está facultada para atribuir una especial valoración a circunstancias, características o aptitudes que respondan a las necesidades de las respectivas plazas -denominados habitualmente requisitos deseables-, ello no puede significar imponer condiciones o requisitos para el desempeño de un cargo público que no se encuentren previstos por el legislador. Dicho criterio ha sido recogido en los dictámenes N°s 30.353, de 2015, 15.329, de 2008 y 72.866, de 2009, de su origen, entre otros.

Así, el llamado a concurso para el cargo profesional grado 10 de la E.U.S., se transformó posteriormente en una mera formalidad.

En efecto, de acuerdo con lo establecido en el N° 10.1 de las bases concursales en relación con el apartado 4 de las mismas, en lo que interesa, se consideró como deseable en el caso de los postulantes al cargo -un empleo profesional grado 10 de la E.U.S., para el Departamento de Comunicaciones-, estar en posesión del título profesional de periodista.

Asimismo, para dicho cargo, las pautas concursales requirieron como deseable contar con estudios de especialización en las áreas de género y comunicaciones, o bien con las horas de capacitación que en ellas se señalan.

Sostiene que de este modo, lo expresado ejemplifica -a diferencia de lo señalado por la recurrente -, el hecho de que un oponente que cumpliera con el título dispuesto por la normativa para participar en el aludido certamen, era eliminado en el primer factor de la etapa de evaluación, por no satisfacer la exigencia de formación educacional fijada por la autoridad; esto es, que contara con los cursos de especialización en las áreas de género y comunicaciones -postgrado o postítulo- o bien, con las horas de capacitación que señalan las bases, ambas exigencias no previstas en la ley.

Lo expresado se contrapone a lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2016, del Ministerio de Desarrollo Social, que fijó la planta de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, que en su artículo 2° dispuso solamente un título profesional más la experiencia que indica. Esto es, dicha norma exige, alternativamente, un diploma de una carrera de a lo menos 10 u 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste y acreditar, respectivamente, una experiencia profesional no inferior a uno o dos años, como condición especial para el ingreso a un empleo profesional grado 10 de la E.U.S.

Expone que de este modo, la decisión de la autoridad de exigir en las bases, además de los requisitos legales para el aludido cargo, estudios de especialización y horas de capacitación, sumado a la exigencia del título profesional de periodista, no armoniza con lo resuelto por la jurisprudencia administrativa de su procedencia, contenida en los dictámenes Nos 6.142, 10.853 y 61.919, de 2014, entre otros.

En consecuencia, representó el respectivo acto de nombramiento de la recurrente, esto es, la citada resolución TRA N° 121583/3/2018 -junto con dieciocho actos de nombramiento más, como lo señaló -, al constatar que el proceso concursal en que se fundaba, adolecía de vicios de constitucionalidad y legalidad, resultando contrarias a derecho las designaciones derivadas del mismo.

Agrega que, además, la recurrente cita, como una especie de precedente, que el concurso interno de encasillamiento convocado por esa Secretaría de Estado el año 2016, con la finalidad de que el apego a derecho reconocido al mismo alcance, de algún modo, al concurso público de ingreso en examen, y en el que resultó seleccionada.

Señala que lo cierto es, que el tipo de certamen que invoca la recurrente es diverso, tanto en su regulación como en sus fines, del concurso público de ingreso en cuestión. En efecto, el concurso interno de encasillamiento se encuentra regulado en la letra b) del artículo 15 de la ley N° 18.834, y en el Título V, Párrafo 1o, artículos 54 a 61, del decreto N° 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de concursos del Estatuto Administrativo. Este concurso interno tiene como características propias el hecho de que debe convocarse solamente cuando antes ha tenido lugar un encasillamiento, tratándose de un certamen en el que participan únicamente funcionarios del servicio, tanto de planta como a contrata, disponiéndose su llamado, conforme a las normas aplicables a los concursos internos de promoción, según prevé el artículo 57 de ese texto reglamentario.

En cambio, prosigue, el concurso público de ingreso se regula en los artículos 17 a 24 de la ley N° 18.834, y en el Título II, Párrafo 1o, artículos 10 a 17 del citado reglamento. Este concurso público se puede convocar en tanto existan cargos vacantes que no hayan podido proveerse de acuerdo a las normas de promoción -concurso interno o ascenso, según corresponda-, encontrándose este tipo de certámenes abiertos a la participación de personas que provengan tanto del sector público como privado, dado que tales procedimientos tienen por objeto, precisamente, incorporar personal a la Administración.

Destaca que, además de regirse por reglas propias y ser de naturaleza interna, al realizarse el control previo de legalidad de las designaciones que se derivaron del concurso de encasillamiento a que alude la recurrente, no se advirtieron vicios en su procedimiento y tampoco se recibieron reclamos de sus participantes, como tampoco denuncias por irregularidades; a diferencia del concurso público de autos, respecto del cual recepcionaron la presentación de los diputados Javier Macaya, Renzo Trisotti, Juan Antonio Coloma y María José Hoffmann, ingresada bajo la referencia N° 165.372, de 2018, quienes señalaron las anomalías que estimaban habían afectado tal procedimiento concursal, y que fue respondida mediante el oficio N° 10.734, de 2018.

Respecto de los dictámenes N°s 23.968 de 2010, 6.705 de 2003 y 48.499 de 2006, citados por la actora en el libelo de autos, indica que las situaciones y circunstancias que en ellos inciden, difieren del caso de la especie, por lo que no resulta posible invocar estos pronunciamientos para fundar una supuesta interpretación arbitraria respecto de la señora nombre reservado. Es más, agrega, todos ellos recogen el criterio uniforme y sostenido de esa Contraloría General sobre la materia, en el sentido de que afecta la legalidad de un concurso el establecimiento, por parte de la autoridad administrativa, de requisitos adicionales o diversos a los previstos por el legislador, que excedan la facultad de la autoridad para fijar pautas de evaluación de los postulantes.

Finalmente, indica que la actora alega que en la práctica, habrían existido personas que, no cumpliendo con los requisitos deseables de formación educacional fijados por la autoridad, igualmente lograron pasar al segundo factor de la etapa de evaluación, a saber, experiencia laboral. Dicho argumento empírico no resulta suficiente para legitimar el procedimiento concursal, toda vez que la regulación contenida en las pertinentes bases, como se lo ha demostrado detalladamente, apuntaba objetivamente a restringir el universo de postulantes, fijando exigencias adicionales a las previstas por el legislador, que eran valoradas en el factor de formación educacional, y que no sólo excluyeron del proceso concursal a quienes postularon cumpliendo los requisitos legales sin poseer las exigencias adicionales de ese factor, sino que también disuadieron de postular al certamen a un número indeterminado de potenciales participantes, tanto del ámbito público como privado, que cumpliendo con los requisitos legales, de buena fe quedaron convencidos de que las exigencias adicionales fijadas por la autoridad eran parte de los requisitos legales para desempeñar el cargo concursado, de modo que, al no poseerlos, descartaron oponerse a la convocatoria.

Expone que, en relación a los derechos que la actora estima vulnerados, en primer lugar, el de igualdad ante la ley, señala que se ha entendido por éste que lo que proscribe dicha garantía, son las distinciones arbitrarias, y serán tales las que no se funden en la razón, en la justicia y no propendan al bien común; en síntesis, las que sólo representen un mero capricho y carezcan de una motivación o fundamento racional. Es por ello que señala que no advierte cómo la garantía indicada habría sido vulnerada por su parte a través de la actuación recurrida, puesto que la representación ejercida en el trámite de toma de razón fue realizada en estricto cumplimiento de la normativa y jurisprudencia administrativa aplicables en la especie. Más aún, agrega, la actuación de ese Ente Contralor permite restablecer la igualdad quebrantada, al no dar curso a una designación fundada en un certamen afectado por vicios de legalidad que, precisamente, establecía diferenciaciones arbitrarias al regularse por bases que, al menos, dispusieron requisitos adicionales o diversos de los previstos por el legislador para los cargos concursados.

En segundo lugar, la recurrente estima vulnerada la libertad de trabajo y su protección, no obstante, subraya que la actora se limita sólo a mencionarla en el numeral 2o de su petitorio, sin dar mayores luces de cómo su parte la habría supuestamente amagado.

Sin perjuicio, estima necesario destacar que no advierte de qué manera la actuación recurrida podría constituir una privación, perturbación o amenaza a su libertad de trabajo, habida consideración de que la representación de la resolución impugnada no implica prohibir a la recurrente el ejercicio de una determinada actividad, ya que la reiterada jurisprudencia de los Tribunales de Justicia ha concluido que la garantía en comento no alcanza a la permanencia en un trabajo determinado, criterio aplicable, con mayor razón, en aquellos casos en que las personas ni siquiera han ejercido legalmente el cargo de que se trata.

Finalmente concluye que atendidos los antecedentes y consideraciones expuestas, y teniendo presente las disposiciones constitucionales y legales que ha mencionado, así como las atribuciones de esa Contraloría General, solicita a esta Corte que desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos.

Acompaña a su informe fotocopia de los siguientes documentos:

1.- Dictámenes Nos 18.905, de 2002; 80 y 6.705, de 2003; 48.499, de 2006; 15.329 y 41.754, de 2008; 72.866, de 2009; 23.968, de 2010; 6.142, 10.853, 61.624, 61.919 y 90.332, de 2014; 30.353, de 2015; de ese Organismo Contralor.

2.- Oficios Nos 3.681; 3.683; 3.684; y 3.686 a 3.701; y 10.734; de 2018, de esa Contraloría.

3.- Resolución N° 18, de 2017, de la misma Contraloría General.

4.-Resolución TRA 121583/3/2018, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

5.- Presentación de los diputados Javier Macaya, Renzo Trisotti, Juan Antonio Coloma y María José Hoffmann, ingresada bajo la referencia N° 165.372, de 2018.

CUARTO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el interpuesto en estos antecedentes. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, y el acto recurrido en los presentes autos, según el decir de las recurrentes, es por ser arbitrario.

SEXTO: Que, en la especie, la recurrente indica que el acto arbitrario que impugna por esta vía, es la Resolución TRA N° 121583/357/2018, que pone término a la contrata, del 04 de abril de 2018, y la Resolución Exenta N° 220 del 16 de marzo del 2018, ambas emanadas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y se ordene a la Contraloría General de la República que tome razón de la Resolución N°121583/3/2018, eliminándose el Ordinario TRA-CGR 3683/2018, y se le nombre de conformidad a la ley en la contrata grado 10 EUS de la planta obtenida por medio del concurso iniciado por Resolución N° 1522 de la Subsecretaría de la Mujer.

Cabe hacer presente que -en definitiva- el acto administrativo imputado como arbitrario, que da origen a las dos resoluciones dictadas por el Ministerio de la Mujer, es aquella emanada de la Contraloría General de la República, ya que de no existir esta última, no se generarían las otras dos posteriores. Y esta Resolución es la que representa las bases del concurso y por consiguiente sus Resoluciones de nombramientos.

SÉPTIMO: Que en el caso de autos, la Contraloría General de la República representó la Resolución de nombramiento del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género por constatarse la existencia de un vicio de legalidad en las respectivas bases concursales, por cuanto en el concurso efectuado se exigieron ciertos requisitos planteados como deseables, pero que al ser valorados de tal modo, que sin ellos no se podía pasar a la siguiente etapa, estos pasaron a tener la calidad de requisitos esenciales. Al respecto, la ilegalidad radica en que dichos requisitos no se encuentran establecidos en la ley, debiendo estarse a lo que señala el DFL Nº 1 de 2016 del Ministerio de Desarrollo Social, que fijó la planta del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

OCTAVO: Que, en este orden de ideas, el presente recurso es totalmente improcedente, por cuanto la intervención de la Contraloría General de la República consistió en efectuar el control previo de legalidad establecido en los artículos 98 y 99 de la Constitución de la República y en los artículos 1º y 10 de la ley 10.336 (Org. Y atribuciones de la CGR), velando por el principio de juridicidad de los actos de la Administración del Estado, atribución exclusiva y excluyente de la Contraloría.

Por lo ya señalado, no existió una actuación arbitraria, esto es, antojadiza, caprichosa o contraria a la razón- de la Contraloría como lo alegan los recurrentes, ni menos ilegal (contraria a la ley y el derecho) alguna.

NOVENO: Que, en efecto, la Resolución de nombramiento del Ministerio señala expresamente que: Nómbrase a) nombre reservado, RUN N° RUT reservado, en el cargo profesional, grado 10° escala única de sueldos, nivel no aplica nivel, categoría no aplica categoría de la planta de profesionales, con jornada de 44 horas semanales, a contar de la total tramitación de la presente resolución.

Anótese, Tómese Razón y Notifíquese".

Por ello, tanto la recurrente, como todos los participantes del curso inicialmente seleccionados tenían pleno y fehaciente conocimiento que el nombramiento "rige desde cuando la respectiva resolución quede totalmente tramitada por la Contraloría General de la República".

Ello, por cuanto el acto administrativo (como acto trámite) no está totalmente terminado mientras no se toma razón de éste. Como conclusión, los recurrentes únicamente tenían una mera expectativa de ejercer el cargo al que postularon.

Además, el Ministerio no podía actuar de otra forma, luego que la Contraloría representara los actos, ya que tiene la obligación legal de cumplir lo ordenado por ésta, es decir, dejar sin efecto el concurso.

DÉCIMO: Que en este mismo sentido ha resuelto la Corte Suprema, en el fallo de 16 de mayo de 2018, dictada en la causa “nombre reservado con Contraloría”, Rol 35.257-2017, que en sus considerandos 9º y 10º señala: “Noveno: Que, por lo demás y en relación a las garantías que se estiman conculcadas, y específicamente respecto de la supuesta vulneración del derecho de propiedad, no se vislumbra por estos sentenciadores que exista respecto de los recurrentes un derecho de propiedad como lo pretenden los actores, pues incluso en el supuesto de aquellos que tenían una resolución que les concedió los beneficios previsionales que impetran, no existió un acto administrativo final que determinara la procedencia de los mismos, ya que si bien la Dirección de Previsión de Carabineros dictó una resolución que no aplicó el límite del artículo 5 del Decreto Ley N°3501, dicha resolución fue representada en el proceso de toma de razón a que estaba sujeta, determinándose que no correspondía el otorgamiento de los beneficios. Así las cosas, las respectivas resoluciones no pudieron generar la titularidad de un derecho indubitado de propiedad a su respecto, sino una mera expectativa, que en definitiva no se concretó, por cuanto se determinó por el órgano contralor que las referidas resoluciones adolecían de vicios que impedían otorgarle plena validez a través del trámite de toma de razón a que estaba sujeto. Décimo: Que así las cosas, en ausencia de un acto que pueda ser catalogado como arbitrario o ilegal, presupuesto básico de la acción ejercida, no cabe sino desecharla (…)”.

UNDÉCIMO: Que, tal como lo resuelve la Corte Suprema en el fallo citado en lo precedente, en este caso, la recurrente imputa de arbitrarias las Resoluciones dictadas por el Ministerio de la Mujer que deja sin efecto el Concurso y su nombramiento y la Resolución que representa las bases del concurso mismo por ser ilegales (y no arbitrario), y por consiguiente se deben dejar sin efecto las Resoluciones del llamado a concurso, donde constaban las bases y requisitos para postular, y la Resolución que notificó la adjudicación temporal, mientras se tomaba razón por el Órgano Contralor.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo razonado, en el sentido que las resoluciones reclamadas por la recurrente como arbitrarias, no lo son, ya que no corresponden a un mero capricho de la Subsecretaría de la Mujer, ni de la Contraloría, puesto que ésta representó su ilegalidad, lo que trae como consecuencia y como así lo ordena la Ley, el Ministerio de la Mujer tuvo que dejar sin efecto el concurso y las resoluciones que notificaban a los participantes que habían sido elegidos.

Entonces, cabe hacer presente que la referida controversia no puede ser dirimida mediante la presente acción de carácter constitucional que fue establecida para fines distintos a los que se verifican en estos antecedentes, sin que pueda esta Corte emitir un pronunciamiento de carácter jurídico al respecto, toda vez que dicha controversia solamente puede ser resuelta por el órgano jurisdiccional competente, que como se dijo, no es este tribunal.

Que, también resulta necesario precisar que el recurso de protección de garantías constitucionales no es un recurso de orden jurisdiccional cuya finalidad sea la impugnación de toda clase de decisiones de autoridades administrativas e incluso jurisdiccionales, que estas toman en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro del marco que la ley les asigna, esto es, dentro del campo de sus legítimas atribuciones. Dichos procedimientos tienen sus medios de impugnación propios y son aquellos los que han de ser utilizados.

DÉCIMO TERCERO: Que, en el presente caso, se ha recurrido en contra de la Subsecretaría del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y de la Contraloría General de la República, ente de control independiente, respecto de decisiones legítimas y fundadas. Así la Subsecretaría del Ministerio de la Mujer, después de un sumario administrativo, le notificó a la Sra. nombre reservado el motivo por el cual, ya no le renovarían su contrata; dicha resolución fue muy fundamentada, así que independiente de las apreciaciones de la recurrente, ésta cumplió con todos los requisitos legales que el Estatuto Administrativo, (aplicable en la especie), así lo determina.

Ahora, en el caso del Ente Contralor, corresponde a una decisión que adoptó en el marco de las legítimas atribuciones de tal entidad, que emanan tanto de la Carta Política de la República, cuanto de la Ley N°10.336, en la forma que el propio ente contralor ha explicado en su informe. Dichas decisiones, por la naturaleza de las mismas, en general no pueden ser impugnadas a través de un recurso cautelar de emergencia, como en el presente, por lo que las acciones deducidas en estos autos son por completo improcedentes.

Debe añadirse, que los tribunales de justicia no tienen injerencia en procedimientos administrativos como aquel de que tratan estos autos, ya que el derecho administrativo proporciona sus propias herramientas jurídicas y medios de impugnación de decisiones de esa clase, por lo que la forma utilizada en este caso es inidóneo. Ello sin perjuicio de lo que pudiera impugnarse a través de juicios ordinarios de lato conocimiento, en ausencia de un procedimiento contenciosos administrativo.

DÉCIMO CUARTO: Que, por otro lado, y sin perjuicio de todo lo dicho, sobre la improcedencia de esta acción constitucional para el caso de la especie, desde que ha sido utilizado como un medio de impugnación general de Resoluciones del órgano contralor, y de las resoluciones que de ese acto administrativo se derivan por parte del Ministerio de la Mujer, que no lo es, así como tampoco constituye un sustituto jurisdiccional, como ya se precisara, lo que por sí solo basta para rechazar la acción cautelar de que se trata, hay que decir que el presente recurso tampoco podría prosperar porque no concurren los requisitos básicos para la interposición de una acción de esta clase.

En efecto, y como se ha dicho, no se ha demostrado que se haya producido la conculcación de alguna norma de rango legal o constitucional, ya sea mediante su aplicación en forma ilegal o arbitraria como lo alega la recurrente, en términos que pudieran determinar que lo resuelto por el Órgano Contralor y el Ministerio de la Mujer e Identidad de Género que se reprocha, devienen en arbitrario y/o ilegal, ni tampoco se ha probado que se está frente a un acto arbitrario, porque la medida se dictó en el marco de las legítimas atribuciones de ambas entidades, ateniéndose por cierto a la normativa vigente, haciendo uso precisamente de las atribuciones que a cada uno les compete, y explicando dicha autoridad, detalladamente, las razones por las que se ha adoptado la determinación que se reprocha.

DÉCIMO QUINTO: Que, a mayor abundamiento, puede agregarse que la recurrente no posee un derecho indubitado que deba protegerse, puesto que, y como ya se señalara, sólo tenía una mera expectativa de un posible derecho y no se divisa cual podría ser éste, que la habilite para buscar su protección. El supuesto o posible cargo adjudicado que reclama como de su propiedad, estaba sujeto a determinados requisitos, de manera que según el parecer del órgano de control no podría ser otorgado, como es la pretensión final del recurso, lo cual trae como consecuencia que los derechos que se pretenden se encuentran discutidos, siendo uno el parecer de la reclamante y otro diverso el de la Contraloría General de la República, y una discusión de esta clase no se puede resolver por medio de un recurso de protección, que constituye una acción cautelar de emergencia.

Así las cosas, no cabe más que concluir que esta acción ha sido usada como un medio de impugnación, como si fuera un mero recurso jurisdiccional de aplicación general, lo cual resulta impropio, en especial, tratándose del ente de control de la legalidad de los actos de la Administración del Estado por excelencia, como lo es la Contraloría General de la República.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido por doña nombre reservado en contra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y la Contraloría General de la República Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra (s) señora María Paula Merino Verdugo.

Protección N° 31499-2018.

No firma la Ministra (s) señora Merino, por ausencia.