nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Santiago, diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 27 recurre de protección contra la I. Municipalidad de Santiago, representada por su alcaldesa doña Carolina Tohá Morales, doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber sido modificada su carga horaria unilateralmente y sin fundamento, reduciéndolas en 14 horas, lo que a su vez provocó una reducción unilateral y sin fundamento de su remuneración. Alega que este acto conculca las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que, previo concurso público, en 2008 ingresó a trabajar como docente de Lenguaje y Comunicación en el Liceo Internado Nacional Barros Arana en virtud de un contrato indefinido y por un total de 30 horas titulares. Añade que, en 2011, se le aumentó su carga horaria a 44 horas semanales, adicionándose a sus 30 horas de profesora titular, 14 horas a contrata. Sin embargo, el 31 de marzo del año en curso al recibir su liquidación de remuneraciones advirtió que unilateralmente y sin aviso previo la recurrida había reducido su carga de trabajo y, consecuencialmente, su remuneración, eliminando las 14 horas a contrata que desde el año 2011 se habían sumado de manera constante e invariable a su patrimonio, vulnerándose de tal modo las garantías constitucionales ya citadas, al no observarse las disposiciones de los artículos 11, 16, 41 y 46 de la Ley N°19.880 ni lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República. Ello, porque no sólo se le descontaron las 14 horas a contrata que se habían sumado a su labor de profesora titular de forma ininterrumpida desde 2011, sino que tampoco la Administración justificó en lo absoluto el origen de tal determinación.

Así, alega que se ha faltando a los deberes de publicidad y probidad, pudiendo presumirse que en la especie se ha verificado una hipótesis de desviación de poder, pues frente a la legítima confianza que éstas serían renovadas, ello no fue así y no expone la autoridad los fundamentos de tal decisión. Ello impide a su parte tener cabal conocimiento de cuáles han podido ser las razones para no proceder del mismo modo respecto de otros docentes que se encuentran en la misma situación suya, evidenciándose de este modo la discriminación alegada. De igual modo, luego de haberse desempeñado ininterrumpidamente desde 2011 con 44 horas semanales, aquellas 14 horas a contrata ingresaron a su patrimonio.

En definitiva, solicita se acoja el recurso y se declare que debe restablecerse el imperio del derecho, dejando sin efecto la decisión de quitarle las 14 horas de contrata con su respectiva remuneración, todo con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, a fojas 65 y siguientes, informa la abogado de la I. Municipalidad de Santiago, doña nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, alega que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer de asuntos de lato conocimiento ni para formular cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica. Enseguida, agrega que en la especie no existe una discriminación como plantea la recurrente desde que la autoridad ha actuado en todos los casos similares del mismo modo, precisando que en todo caso no puede asimilarse –respecto de las 14 horas a contrata- a un contrato a plazo indefinido pues más bien éstas tienen la naturaleza de un contrato a plazo fijo, pues la duración de las horas de tal calidad tienen un plazo definido.

Luego, indica que lo que efectivamente ha ingresado al patrimonio de la recurrente son las horas que se adjudicó como docente titular, aplicándose respecto de aquellas desempeñadas a contrata lo dispuesto en los artículos 25 del Estatuto Docente, 70 inciso primero del Decreto N°453 y 7 bis de la Ley N°19.070 en el sentido que las horas que los docentes desempeñan a contrata están destinadas específicamente a labores transitorias y que proponen los directores de los establecimientos a los sostenedores, según la cantidad de horas disponibles por colegio, fijado en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, según lo señalado en el artículo 21 de la Ley N°19.070, disposición ésta última que revela que la necesidad de horas a contrata se determina en base a factores objetivos y variables como el número de alumnos por establecimiento, por niveles y cursos y según el tipo de educación y modalidad curricular. En este sentido, recalca, los empleos a contrata son esencialmente transitorios y tienen una duración determinada expresamente en el decreto de nombramiento, por lo que el docente que realiza labores a contrata “sabe que esas horas tienen una fecha de término”.

De otra parte, puntualiza que no es efectivo, como entiende la recurrente, que no se puede poner término a un nombramiento transitorio sino que, en la especie, lo que ha ocurrido es que se ha resuelto no renovar el nombramiento a contrata, terminando ésta por vencimiento del plazo fijado en el propio decreto de designación, los que al efecto en copia acompaña, descartándose de este modo una actuación unilateral y sin previo aviso de parte de la Municipalidad.

Agrega que la recurrente, realizaba actividades necesariamente transitorias asociadas intrínsecamente a las necesidades del servicio, esto es, del Internado Nacional Barros Arana, cuyo Director no requirió para el presente año 2016 una extensión horaria respecto de la señora nombre reservado que justifique asignación de horas a contrata, todo ello en virtud de la facultad consagrada en el artículo 7 bis letra a) del Estatuto Docente, de modo que malamente puede tildarse de ilegal o arbitraria la actuación de la Municipalidad.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, entonces, primeramente, es requisito indispensable en la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho en el sentido de contravenir una norma obligatoria que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil. Ello significa que el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio de cualquier manera. Alternativamente, el acto u omisión debe ser arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, en otras palabras, existe una carencia de razonabilidad o falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza. En ambos casos es necesario además que dicho acto u omisión, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la presente acción cautelar.

Quinto: Que los antecedentes aportados por la recurrente y por la recurrida no constituyen elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que los hechos invocados en el recurso, constituyan actos ilegales o arbitrarios que amenacen, alteren o priven a la actora del legítimo ejercicio de derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Constitución.

Sexto: Que, en efecto, el acto recurrido no es ilegal, puesto que de la normativa reseñada, lo concreto resulta ser que el artículo 25 de la Ley 19.070, Estatuto Docente, establece en forma clara que los profesionales de la educación son parte de una dotación docente ya sea en calidad de titulares o en calidad de contratados, agregando además, que aquellos en calidad de contratados desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.

Es así como, las 14 horas que la recurrente tenía a contrata, adicionales a sus 30 horas de profesora titular, revisten la calidad de transitorias siendo su duración determinada conforme al respectivo decreto de nombramiento. Lo que ha ocurrido en el presente caso es que, habiéndose terminado la vigencia del último decreto que le asignaba 14 horas a contrata, no se dictó un nuevo decreto con ese fin.

Concordante con lo anterior, resulta de interés destacar que de conformidad a lo ordenado en el artículo 7 bis de la ley 19.070, Estatuto Docente; y, con el objeto que cumplan sus funciones, se confieren a los Directores de establecimientos educacionales municipales –como lo es aquel en donde trabaja la recurrente-, una serie de facultades y obligaciones como son el asignar, administrar y controlar los recursos que le fueren delegados y el proponer el personal a contrata y de reemplazo. Ello debe ejecutarse de acuerdo a lo ordenado en el artículo 21 de la misma ley, según el cual, la determinación de la dotación docente debe realizarse de acuerdo a las circunstancias variables de cada establecimiento.

Séptimo: Que, analizados el recurso, el informe de la recurrida y ponderados los antecedentes presentados, lleva a esta Corte a concluir que el acto impugnado no presenta un carácter arbitrario, pues aparece otorgado con fundamento legal, no siendo un mero capricho del ente municipal; más aún, aparece otorgado con absoluta base a las normas legales que se desarrollan en el cuerpo de esta sentencia.

Octavo: Que, sin perjuicio que el acto impugnado no puede ser considerado ilegal ni arbitrario, cabe hacer presente que esta Corte estima que no ha habido una vulneración a los derechos de la recurrente, en los términos alegados por ella. En efecto, la circunstancia que a su respecto no se haya dictado un nuevo decreto asignándole horas a contrata adicionales a sus horas docentes de titular no puede estimarse como un trato desigual respecto de los otros docentes de su establecimiento (aún si se hubieren aportado antecedentes en este sentido), que amague el derecho a la igualdad ante la ley, porque como se analizó en el motivo sexto, ello responde a parámetros y circunstancias objetivas y variables de cada establecimiento educacional, conforme a la decisión de su Director, por lo que no pueden estimarse desatendidas las normas de los artículos 11, 16, 41 y 46 de la Ley 19.880.

Por otra parte, de acuerdo a lo que se ha establecido en los considerandos precedentes, dado que las horas a contrata son esencialmente transitorias y tienen en su asignación un plazo determinado en el propio decreto, no puede estimarse que ellas se han incorporado al patrimonio de la recurrente, por lo que no es posible que se pueda ver afectado el derecho consagrado en el numero 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Consecuencialmente, no existiendo una vulneración a los derechos aludidos, la acción cautelar intentada debe ser rechazada.

Y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido en lo principal de fojas 27.

Regístrese y archívese.

Redacción de la abogado integrante Sra. Carolina Coppo Diez.

N° 31.417-2016 Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro (s) señor Pedro Advis Moncada y la Abogado Integrante señor Carolina Coppo Diez.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.