SINDICATO TRIPULANTES DE CABINA DE LA EMPRESA LANEXPRESS con DIRECCION DEL TRABAJO

Santiago, cuatro de junio de dos mil dieciocho.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que el Sindicato de Tripulantes de Cabina de la Empresa Lanexpress (T.A.S.A.), Rut N° RUT reservado, representada por sus dirigentes: nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado y nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, interponen acción de protección en contra de la Dirección del Trabajo, representada por su Director Nacional, señor Mauricio Peñaloza Cifuentes, ambos con domicilio en domicilio reservado, y que dicen relación con la vulneración de la garantía constitucional contenida en el N° 2 del art. 19 de la Carta Fundamental, por la dictación del Ordinario 2044, de fecha 27 de abril de 2018, suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico, señor nombre reservado.

Expresan que como es de público conocimiento, la organización sindical ha desarrollado un proceso de negociación colectiva con la empleadora, que devino en el ejercicio del derecho a huelga, aprobado mayoritariamente por la asamblea, y que concluyó el día 25 de abril próximo pasado, por decisión mayoritaria también de la misma asamblea, habiendo suscrito la directiva la “última oferta” propuesta por la empresa.

No obstante, la empleadora consideró que la organización no habría cumplido con las normas del procedimiento de negociación colectiva, al haber depuesto la huelga y suscrito la última oferta formulada por la empresa, y formula la empleadora consulta a la Dirección del Trabajo, señalando en comunicado que: “mientras la Dirección del Trabajo no se pronuncie, la Compañía no puede dar por terminada la huelga”.

Enfatizan que, en efecto, la empresa Transporte Aéreo S.A., que corresponde a Lanexpress, con fecha 26 de abril 2018, ingresó presentación dirigida al Director Nacional del Trabajo, señor Mauricio Peñaloza Cifuentes. En dicha solicitud se le pide pronunciamiento sobre las siguientes materias:

“a) La comunicación por correo electrónico de la comisión negociadora del sindicato de tripulantes de Cabina de la empresa Lanexpress (T.A.S.A.), de fecha 25 de abril de 2018, a las 23:13 horas no produce efecto de terminar la huelga y por lo tanto a la negociación colectiva al no corresponder a ninguna de las formas que establece la ley para la terminación de dicho proceso”.

“b) En subsidio de lo anterior, y dado que la negociación colectiva no ha terminado por suscripción de contrato colectivo, se declare que lo que en realidad ha efectuado la comisión negociadora sindical a través de su email de 25 de abril de 2018, es acogerse al artículo 342 CT, para lo cual se solicita su pronunciamiento y que así sea declarado”.

Afirman que, sin tener conocimiento de esta presentación, y por lo tanto desconociendo los argumentos de la empresa y las pretensiones ante el órgano administrativo, fueron citados recién el día jueves 26 después de las 17:00 horas, por el Director Nacional del Trabajo a una reunión en dependencias de la Dirección del Trabajo, la cual se concretó el día 27 de abril a las 10 de la mañana, en que se les informó verbalmente que existía esta presentación, sin exhibirla ni entregarles copia, anunciándoles que les daría traslado para hacer valer sus argumentos. Ante la insistencia y la urgencia de contar con certezas, les manifestó que se les haría llegar formalmente y que dispondrían de un plazo de cinco días hábiles para exponer el parecer de la organización. No se les entregó copia en ese momento, habiendo bastado un acta u otra modalidad en que acusaran recibo de la comunicación.

Manifiestan que la situación era de la mayor gravedad, ya que los asociados, cerca de 900 trabajadores, sometidos a una fuerte presión de la empresa para obtener el descuelgue de la huelga, estaban en la incertidumbre si ésta estaba o no concluida, y poder retornar a sus labores, recuperando además el derecho a la remuneración.

Indica que se debe consignar el absurdo que la organización sindical propugnaba el término de la huelga y la empresa se oponía a ello, negando el término de la misma.

Explican que el mismo día viernes 27, recién cerca de la 17:00 horas recepcionaron el correo electrónico del señor nombre reservado, adjuntándoles su oficio 2044, de la misma data, que en la materia reza:

“Pone en su conocimiento para emitir opinión y adjuntar antecedentes”.

Expresan que los produjo sorpresa, cuando junto con poner finalmente en conocimiento de ellos la presentación de la empresa y requerir su opinión, el citado Ordinario contiene ya una decisión de la autoridad administrativa, en relación a la primera materia consultada por la empresa, la que es de alta sensibilidad y efectos jurídicos insospechados para sus representados y la organización sindical que dirigen.

Sostienen que, en efecto, el Ordinario del señor Jefe del Departamento Jurídico, en sus párrafos 5° y 6°, contiene la siguiente decisión:

“Con todo, en opinión de este Servicio, la comunicación del Sindicato no produciría el efecto de poner término a la huelga actualmente vigente, toda vez que la última oferta de la empresa de fecha 23 de marzo de 2018 fue rechazada en su oportunidad por la mayoría absoluta de los trabajadores, conforme a la doctrina de este Servicio contenida en dictamen Ord. 0441/0007 de 25.01.2017.”

“Al respecto y de conformidad al Código del Trabajo las principales modalidades legales para poner término a la negociación colectiva reglada son la suscripción del contrato colectivo por ambas partes y el derecho del Sindicato a la suscripción del piso de la negociación, sin perjuicio del derecho a la reincorporación individual de cada trabajador durante la huelga en las condiciones contenidas en la última oferta del empleador”.

Afirman que, si se coteja, la consulta de la letra a) de la empresa, con los párrafos citados del Ordinario 2044, se verifica que se está adoptando una decisión en relación a dicha consulta, y por cierto sin haber escuchado el parecer de su organización.

Explican que es tan evidente el efecto decisorio de este Ordinario, que así lo informó la empresa a los trabajadores, y por cierto los medios de comunicación consignaron que la Dirección del Trabajo había dado la razón a la empresa Lan., generando un tremendo impacto, confusión, desconcierto y presión moral en los trabajadores que representan.

En cuanto al derecho indican que, de la sola lectura del Ordinario 2044, es evidente que contiene una decisión sobre el fondo y luego inconsistentemente les confiere traslado para emitir opinión y acompañar antecedentes, agregan que existe una manifiesta arbitrariedad e ilegalidad, en dos aspectos: el primero, no se respetan las normas de la ley 19.880, que regulan el procedimiento administrativo, en particular las referidas al debido proceso; y el segundo, no se respetan las normas del DFL N° 2 de 1967, que contiene la ley orgánica de la Dirección del Trabajo, en lo que dice relación con la facultad exclusiva del Director Nacional del Trabajo de evacuar consultas legales que se refiera a materias sobre las cuales no haya precedentes.

En cuanto a la infracción a la Ley N° 19.880, referida a proceso administrativo, sostienen que no se discute en doctrina, que el proceso administrativo, debe cumplir los estándares de un justo y racional procedimiento, matizado en relación al proceso penal, pero debe cumplir al menos con que la parte tenga conocimiento de las imputaciones (requerimiento de la contraria), poder formular alegaciones, bilateralidad de la audiencia, en lo que les interesa, además, por cierto, de poder impugnar el acto decisorio.

Señalan, además, que la Ley 19.880, define como acto administrativo: “las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública”. (art. 3°) . Que la Ley establece luego una serie de principios, importando destacar el principio de contradictoriedad, respecto del cual se establece que: “Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio”. (art. 10°)

Expresan que la organización tiene el carácter de interesado, según la definición que se contiene en el artículo 21 de la citada Ley 19.880, y precisan que la posibilidad de hacer alegaciones y aportar antecedentes, debe ocurrir antes de la decisión final del órgano administrativo, con el objeto que tenga sentido y se respete el principio de contradictoriedad, que no es sino expresión del principio de bilateralidad y garantía de un justo y racional procedimiento.

Añaden que, por lo mismo, se define en el artículo 18° de la misma ley, el procedimiento administrativo como “una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal. El procedimiento administrativo consta de las siguientes etapas: iniciación, instrucción y finalización”.

Manifiestan que de lo anterior se verifica que hay un orden consecutivo legal, que como último estadio tiene la decisión final, cuyo contenido, según se dispone en el artículo 41°, pone fin al procedimiento y “decidirá las cuestiones planteadas por los interesados”.

Afirman que la recurrida ha alterado arbitrariamente el orden consecutivo legal, en el mismo oficio donde se les solicita opinión y aportar antecedentes, se contiene la decisión final de lo requerido por la empresa. Por otro lado, agregan, tampoco tiene el carácter de una medida provisional como lo autoriza la ley, no se le da este carácter, no está solicitada por la empresa requirente, y por cierto tiene la naturaleza de una decisión final y no cautelar.

Luego señalan que hay infracción al DFL N° 2, de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo que reconoce al Director del Trabajo (art. 5° letra b), “fijar la interpretación de la legislación y reglamentación”, misma facultad que se le reconoce el artículo 505 del Código del Trabajo. Por tanto, esta atribución está radicada exclusivamente en la autoridad máxima de la Dirección del Trabajo. No obstante lo anterior, explican que, al regular este DFL las funciones que corresponden al Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, se dispone en la letra c) del artículo 11, lo siguiente:

Corresponderá al Departamento Jurídico: “b) Evacuar consultas legales. La respuesta que envuelve el cambio de doctrina o que se refiera a materias sobre las cuales no haya precedente, deberá ser sometida a la aprobación del Director y necesariamente deberá llevar firma de éste. (…)”.

Indican que este conjunto de normas, determinan que la facultad de modificar la doctrina de la Dirección del Trabajo o emitir pronunciamiento, en relación a materias sobre las cuales no exista precedente, recae única y exclusivamente en el Director del Trabajo, siendo indelegable. Señalan que, en el caso objeto de esta acción de protección, aquí se ha emitido por el Jefe del Departamento Jurídico un pronunciamiento sobre una materia respecto de la cual no existe precedente, y se cita una serie de dictámenes en el mismo Ordinario, pero la autoridad no se da el trabajo de indicar con precisión, en cuál de ellos de manera precisa y clara está contenida la conclusión y decisión que él les dio a conocer. Afirman que no lo podía hacer, porque en realidad la materia sometida a la autoridad, no ha sido objeto de interpretación ni tratamiento en ningún dictamen.

En efecto, agregan, el señor Jefe del Departamento Jurídico resolvió lo siguiente:

“Con todo, en opinión de este Servicio, la comunicación del Sindicato no produciría el efecto de poner término a la huelga actualmente vigente, toda vez que la última oferta de la empresa de fecha 23 de marzo de 2018 fue rechazada en su oportunidad por la mayoría absoluta de los trabajadores, conforme a la doctrina de este Servicio contenida en dictamen Ord. 0441/0007 de 25.01.2017.”

“Al respecto y de conformidad al Código del Trabajo las principales modalidades legales para poner término a la negociación colectiva reglada son la suscripción del contrato colectivo por ambas partes y el derecho del Sindicato a la suscripción del piso de la negociación, sin perjuicio del derecho a la reincorporación individual de cada trabajador durante la huelga en las condiciones contenidas en la última oferta del empleador”.

Por lo que, destacan, se verifica la autoridad administrativa está abordando una materia de la nueva legislación, referida a negociación colectiva, y que dice relación con la atribución de la organización sindical, durante el ejercicio del derecho a huelga, de optar por aceptar, después que se ha iniciado el descuelgue de trabajadores involucrados, la “última oferta” de la empresa, formulada de acuerdo al artículo 346, y si esta actuación pondría término a la huelga.

Sobre esta cuestión, que señalan es el nudo central de la controversia que tienen con la empresa, expresan que no existe doctrina ni precedentes en los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Agregan que el señor Director del Trabajo, al evacuar el informe que se le requiera, deberá acreditar en estrados si existe algún precedente, cosa que por cierto no le será posible.

Indican que no pretenden en ningún caso, someter a este recurso la controversia de fondo, y sólo procuran que se resuelva dejar sin efecto el ordinario 2044 de fecha 27.04.2018, del Sr. Jefe del Departamento de la Dirección del Trabajo, sin entrar a pronunciarse sobre el fondo.

Expresan que dicho acto es claramente ilegal, vulneratorio de dos normativas legales de derecho administrativas que regulan los procesos administrativos, como la que establece la atribución exclusiva e indelegable del Director del Trabajo, para interpretar la ley laboral en materias respecto de las cuales no existe precedente. Añaden que, el acto además es arbitrario, toda vez que es emitido por una autoridad sin facultad para ello, incurriendo en un abuso de sus facultades.

Concluyen que consta la vulneración y afectación a su garantía constitucional, contenida en el artículo 19, N° 2 de la Constitución Política de la República, consistente en la igualdad ante la ley. Primero, porque al no respetarse el debido proceso y dar un tratamiento privilegiado a la empresa, mientras que al Sindicato le fue notificado la presentación de la empresa 36 horas después de haber notificado la suscripción de la última oferta, a la empresa LATAM Chile frente a su mera solicitud, en menos de 24 horas existe un pronunciamiento final, declarando lo que a la empresa le interesaba obtener de la autoridad del trabajo, y en cambio a ellos se les comunica esta decisión, sin haber tenido posibilidad alguna de conocer la presentación de Transporte Aéreo S.A. (Lanexpress), tampoco de dar a conocer sus argumentos, ni menos acompañar antecedentes, aparentando contradictoriedad o bilateralidad, pero en lo que simplemente constituye una burla a esta directiva sindical y sus asociados.

Enfatizan que existe por tanto una abierta desigualdad en el trato de la autoridad, dando privilegios a una y una diferencia arbitraria a ellos.

Manifiestan que también se observa esta afectación a la igualdad, cuando se emite un pronunciamiento en relación a una materia en que sólo pudo haberse pronunciado el Sr. Director del Trabajo, como ocurre frente a muchas otras presentaciones de particulares, en que es la máxima autoridad de la Dirección del Trabajo la que se pronuncia con su rúbrica sobre diversas materias, de mayor o menor complejidad, pero que tienen en común que respecto de las mismas no hay precedente en la doctrina de este servicio público.

Agregan que, este acto administrativo ilegal y arbitrario les priva y perturba en el ejercicio del derecho a la igualdad, particularmente frente a la autoridad del trabajo, la que por natural vocación debiera tener particular cuidado en garantizar a los ciudadanos que acuden a ella para obtener amparo, la debida imparcialidad, respeto y debido proceso.

Solicitan se sirva tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo, por el ordinario ilegal y arbitrario N° 2044 de fecha 27 de abril de 2018, firmado por el señor nombre reservado, en su calidad de Jefe del Departamento Jurídico, que causa privación y perturbación a su organización sindical y a todos sus asociados, en la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la constitución Política de la República, y en definitiva piden se acoja esta acción de protección, dejando sin efecto el Ordinario 2044, de fecha 27 de abril de 2018, suscrito por el Sr. Jefe del Departamento Jurídico de la recurrida, ordenando a dicha institución dar cumplimiento a la normativa laboral en lo referido al debido proceso administrativo y ejercicio de las facultades del Director del Trabajo, con expresa condenación en costas.

Asimismo, acompañan los siguientes antecedentes:

1.- Presentación de la empresa Transporte Aéreo S.A., dirigida al Sr. Director Nacional del Trabajo, de fecha 26 de abril de 2018.

2.- Ordinario 2044, del Sr. Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, de fecha 27 de abril de 2018, dirigido a estos recurrentes.

3.- Comunicado de prensa enviado por la empresa el día viernes 27 de abril.

4.- Informes de prensa que dan cuenta del efecto del Oficio impugnado.

SEGUNDO: Que informar don nombre reservado, abogado, por la recurrida Dirección del Trabajo, solicita el rechazo del recurso. En síntesis, primero, por existir en tribunales una demanda judicial de mera certeza planteada por la recurrente, acerca de la materia de fondo que dice ha sido objeto de pronunciamiento por la Dirección del Trabajo, en la que el procedimiento administrativo ha quedado interrumpido en espera de la decisión, por lo que en la práctica es irrelevante dejar sin efecto el Ordinario N° 2044 de 27 de abril de 2018. Enseguida, la recurrida solicita el rechazo del recurso, porque resulta improcedente que los asuntos de fondo sean conocidos por medio de esta acción cautelar, como sucedería de ser éste acogido. Luego, pie que se desestime la presente acción cautelar, porque las garantías constitucionales que se indican en él, no han sido vulneradas, dado que dicho Ordinario sólo confirió traslado y delimitó el asunto controvertido a decidir; y por último, afirma que el recurso debe ser desechado, dado que el Ordinario en cuestión, no ha alterado el procedimiento administrativo, por no tratarse de un acto administrativo final, pudiendo la recurrente en él ejercer todos los derechos que le confiere la ley.

TERCERO: Que la Constitución Política de la República consagra el recurso de protección como acción para la tutela de los derechos constitucionales que expresa su artículo 20, que hayan sido lesionados mediante actos u omisiones que revistan el carácter de ilegales y/o arbitrarios.

CUARTO: Que la parte recurrente considera que ha sido afectada frente a la dictación por parte del Abogado Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, señor nombre reservado, del Oficio Ordinario 2044, de fecha 25.04.2018, el que se acompaña al recurso.

Este documento está sumado: MAT.: Pone en su conocimiento para emitir opinión y adjuntar antecedentes. ANT.: 1) Correo electrónico de fecha 25.04.2018, (23.13 horas) de la Comisión Negociadora del Sindicato de Tripulantes de Cabina de la Empresa Lanexpress (T.A.S.A.) dirigido a la Comisión Negociadora de la Empresa. 2) Presentación de 26.04.18 de nombre reservado, Transporte Aéreo S.A. 3) Pase Nº 546 de 26.04.18 de Director del Trabajo.

QUINTO: Que dicho Oficio Ordinario establece en su párrafo quinto que: “Con todo, en opinión de éste Servicio, la comunicación del Sindicato no produciría efecto de poner término a la huelga actualmente vigente, toda vez que la última oferta de la empresa de fecha 23 de marzo de 2018 fue rechazada en su oportunidad por la mayoría absoluta de los trabajadores, conforme a la doctrina de este servicio contenida en el Dictamen Ord. 0441/0007 de 25.01.2017”.

SEXTO: Que, en consecuencia, el caso gira en torno si dicha afirmación contenida en el Oficio Ordinario 2044, implica la realización de un acto jurídico administrativo y que ha tenido como fundamento para hacerla la autoridad Dirección del Trabajo, considerando el cometido fijado por la ley, de asegurar una decisión ajustada a derecho de su parte.

SEPTIMO: Que, surge de su propio contenido que la naturaleza de tal Oficio Ordinario era exclusivamente tramitar el procedimiento correspondiente, el que se originó debido a que la empresa Transporte Aéreo S.A., solicitó a la recurrida un pronunciamiento sobre la comunicación de la Comisión Negociadora del Sindicato recurrente, dirigido a la Comisión Negociadora de esa Empresa, de fecha 25.04.2018, contenida en el correo que señalaba: “Hacemos presente, que el cese de la huelga se inicia a partir desde esta notificación, por lo que el reintegro de nuestros socios, así como la asignación de actividades, debe respetar la programación del rol de vuelo entregado el 26 de marzo para él es abril, conforme a la Cláusula Décima Séptima Nº 3 Obligaciones del departamento de roles, en su apartado 3.1 Cambios de rol, del contrato colectivo que se suscribe. Por lo que todo cambio a la actividad original, tenía como límite las 20:00 hrs del día de hoy”.

OCTAVO: Que el mismo Oficio argumenta en los párrafos tercero y cuarto: “A su vez, la empresa Transporte Aéreo S.A., con fecha 26.04.2018, mediante presentación del ANT. 2) solicitó a esta Dirección un pronunciamiento sobre la comunicación del sindicato del ANT. 1), considerando la empresa que dicha comunicación no habría producido el término de la huelga.

Sobre la base de los antecedentes señalados, es posible colegir que existe una controversia entre las partes respecto a la naturaleza jurídica y efectos de la comunicación realizada por el Sindicato individualizado, y si esta comunicación podría producir el efecto de terminar la negociación colectiva y la huelga.”

NOVENO: Que, sin embargo, resulta necesario considerar que el recurso de protección es una acción constitucional jurisdiccional que tiene toda persona, de carácter declarativo y de urgencia, cuyo objeto es la tutela de los derechos fundamentales, ante los actos y omisiones de la autoridad pública y/o de particulares que infringen los derechos fundamentales tutelados.

Que, por lo tanto, es requisito esencial para la procedencia del recurso de protección y su utilización en el caso, la necesidad de que el recurrente esté sufriendo actualmente o se vea expuesto a la posibilidad de sufrir un mal irreparable.

DECIMO: Que, en consecuencia, en la especie, no se da aquella condición de tutela de urgencia cautelar que debe poseer el recurso de protección, para permitir a esta Corte de Apelaciones adoptar medidas cautelares destinadas a impedir la amenaza o vulneración de derechos fundamentales de la recurrente que dependan del recurso de protección, por cuanto, precisamente, esta parte interpuso una acción declarativa de mera certeza ante el tribunal laboral competente, requerida precisamente debido a la situación jurídica creada por el juicio emitido por la Dirección el Trabajo, por medio del Ordinario 2044; autos en los cuales la recurrente - según advirtió en estrados – y según la copia, adjunto al informe de la recurrida, del correo electrónico de 07 de mayo de 2018, se decretó abstenerse de emitir pronunciamiento sobre la consulta de la empresa Transporte Aéreo S.A., dada la interposición de acción judicial en causa RIT N° 0-2753-2018, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, y que paraliza el procedimiento administrativo a que dicho oficio se adscribe, donde supuestamente se habrían violado los presupuestos del debido proceso igualdad a su favor y no se habrían respetado los actos consecuenciales que debe cumplir todo procedimiento de esa naturaleza, en los términos definidos en el artículo 18 de la Ley N° 19.880; paralización, a la que el tribunal laboral accedió, luego de haberse iniciado la vía jurisdiccional ante él.

UNDECIMO: Que, por lo tanto, por no existir actualmente medidas de tutela cautelar que adoptar para el amparo de los derechos fundamentales que la recurrente invoca en este recurso, al haber prevenido en esta materia el tribunal competente; vía jurisdiccional la anterior que ha determinado hacer cesar la tramitación administrativa de este asunto, es del caso que el recuso debe ser rechazado.

Y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por el Sindicato de Tripulantes de Cabina de la Empresa Lanexpress (T.A.S.A.), en contra de la Dirección del Trabajo, representada por su Director Nacional, señor Mauricio Peñaloza Cifuentes.

Comuníquese.

Redacción del Ministro señor Zepeda.

Protección 31270-2018.

No firma el abogado integrante señor Cruchaga, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.