nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL ( SUSESO)

Santiago, catorce de junio de dos mil diecisiete.

Vistos:

Primero: Que con fecha 10 de mayo de este año, comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por cuanto ésta no ha emitido pronunciamiento respecto del recurso jerárquico presentado en contra de seis resoluciones del COMPIN de Valparaíso.

Indica que el 28 de junio de 2016, se dictaron seis resoluciones del COMPIN de Valparaíso denegando el pago de licencias médicas presentadas fundadas en que no existía vínculo laboral vigente. Respecto de dichas resoluciones, presentó recursos de reconsideración, los cuales fueron resueltos por la misma entidad el 23 de agosto del mismo año, manteniendo las resoluciones.

Contra ellas, presentó un recurso jerárquico ante la recurrida, el día 2 de septiembre de 2016, el cual fue recibido por dicha entidad el día 7 del mismo mes y año. El día 14 de noviembre pasado, indica que hizo presente mediante el sistema web de la recurrida, que había transcurrido el plazo para resolver el recurso, ante lo cual ésta indicó que el plazo era de 90 días hábiles.

Prosigue, indicando que el 11 de abril de este año, nuevamente hizo presente la expiración del plazo para resolver, presentando una carta en la oficina de partes de la institución, solicitud que aún no tiene respuesta, así como también, hizo presente que el portal web no funcionaba, por lo que no podía seguir el estado de tramitación de su caso.

Por último, indica que el 24 de abril pasado presentó una solicitud por carta ante la recurrida, donde pidió que se certificara la falta de aprobación del recurso dentro del plazo legal, respuesta que aún no obtiene.

En cuanto al derecho, invoca vulneradas sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1, 2, 9 y 22 de la Constitución Política de la República, y expresa que el artículo 64 y 64 de la Ley N° 19.880 establece el silencio administrativo, indicando que cuando no se resuelva una solicitud dentro del plazo legal, el interesado puede denunciar el incumplimiento ante la autoridad que debía resolver; esa denuncia debe ser elevada ante el superior jerárquico dentro del plazo de 24 horas; si la autoridad que debía resolver no se pronuncia dentro de 5 días contados desde la recepción de la denuncia, la solicitud se entiende aceptada. De la falta de resolución, el interesado puede pedir un certificado, el cual debe ser expedido sin más trámite. Todo lo anterior, indica el recurrente, se ha cumplido en la especie, por lo que corresponde que se aplique la citada regla, teniendo como aceptado su recurso jerárquico y por revocadas las resoluciones del COMPIN.

Por su parte, el artículo 65 del mismo cuerpo legal se refiere al silencio negativo, el cual entiende rechazada una solicitud no resuelta dentro de plazo, cuando afecte el patrimonio fiscal, situación que no se cumple en la especie, puesto que no se ha afectado dicho patrimonio, sino que simplemente se está pidiendo la aprobación de los derechos básicos mencionados.

Por las razones anteriores, solicita se acoja la presente acción, aplicando el silencio positivo, respecto del recurso jerárquico aprobando las respectivas licencias médicas.

Segundo: Que compareció don nombre reservado, en representación de la recurrida, indicando que el 25 de mayo 2017, se emitió pronunciamiento respecto del reclamo presentado por el recurrente, -recurso jerárquico- rechazando su solicitud, por cuanto no se pudo establecer un vínculo laboral vigente a la fecha de las licencias emitidas.

Sostiene que atendida la naturaleza del reclamo presentado por el recurrente, necesariamente tuvo que solicitar un informe y la remisión de los antecedentes a la COMPIN recurrida, a fin de respetar el principio de bilateralidad y las normas de debido proceso, informe y antecedentes que aún no se han remitido por la Comisión.

Sin perjuicio de ello, atendido los antecedentes que, de oficio, se extrajeron del Servicio de Salud, se pudo arribar a la conclusión precedentemente indicada, por cuanto no existen los domicilios de las empresas empleadoras, sino que éstos corresponden a domicilios particulares, ni tampoco existen documentos ni información contable que respalde la solvencia que avalen la renta elevada por la cual está contratado el trabajador.

Dice que se pudo establecer que el recurrente, a contar del 1 de diciembre de 2015 desempeña funciones de investigación, administrativas y operativas, estudios de mercado y diversas materias, charlas de inducción para los trabajadores nuevos de la empleadora nombre reservado, con una remuneración de $1.800.000, siendo ingeniero en prevención de riesgos. Consultado el Servicio de Impuestos Internos, se aprecia que la señalada empleadora inició actividades precisamente el 1 de diciembre de 2015, sin tener documentos de respaldo de las actividades que supuestamente realiza la empresa y el recurrente.

En cuanto al derecho, expone que el derecho a la licencia médica está establecido en el artículo 149 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del 2005, del Ministerio de Salud, estableciendo como requisito el que el beneficiario sea un trabajador, lo cual no concurre en la especie.

Respecto de la aplicación del silencio positivo, señala que su aplicación es improcedente, por cuanto necesariamente tuvo que pedir informe al COMPIN, para no vulnerar los principios del procedimiento, conforme a los artículos 24 y 59 de la Ley N° 19.880.

Por último, indica que no hay garantías constitucionales vulneradas, haciendo presente que el derecho a la seguridad social es uno de aquellos que se encuentran excluidos de la acción de protección, conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental, todas razones por las cuales se solicita que se rechace el recurso, con costas.

Tercero: Que, conviene consignar que la Excma. Corte Suprema de Justicia ha venido destacando en forma reiterada que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, el mismo Tribunal ha precisado que se desprende de lo anotado que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto, cuestión que también ha expresado con frecuencia.

Es necesario, desde luego, que el agravio o perjuicio causado persista, puesto que de otra forma el tribunal no podría adoptar medida alguna para remediar el mal que se reclama;

Quinto: Que, como se ha visto en el caso de la especie, el problema que motivó el recurso de protección ha sido resuelto por la propia entidad recurrida, puesto que con fecha 25 de mayo de 2017, por Resolución I.B.S N° 13075 de 25 de mayo de 2017, resolvió el recurso jerárquico deducido por el recurrente. De modo, que en la actualidad no existe medida alguna que esta Corte pueda adoptar, lo que determina que la acción cautelar deba ser desestimada por dicha precisa razón.

En razón de lo anterior y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el deducido por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción de la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero.

N°Protección-31.253-2017.-