nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES

Santiago, trece de julio de dos mil quince.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en la petición principal del libelo de fojas 13, comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, en razón de que esta última institución con fecha 16 de marzo de este año le realizó un descuento del monto que percibe a título de pensión de gracia en calidad de exonerada política, el que califica de arbitrario e ilegal, situación que estima, amaga su garantía constitucional reconocida en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundamentando el recurso explica que el 22 de febrero de 2008 la recurrida otorgó un crédito a doña nombre reservado por la suma de $1.579.990, respecto del cual se constituyó en deudora solidaria, añadiendo que a raíz de que la obligada principal dejó de pagar las cuotas en que se dividió el servicio a la deuda a contar del mes de septiembre de 2009, la Caja de Compensación puso en su conocimiento dicha situación mediante misiva que recibió en el mes de febrero de 2011, frente a lo cual concurrió a la aludida entidad acordando con ella que pagaría personalmente la suma adeudada en sesenta cuotas de $34.408, garantizando dicha obligación mediante la suscripción de un pagaré en blanco a nombre de la acreedora.

Explica que las cuotas se descontaron inicialmente de la remuneración que recibía en ese entonces de su ex empleadora Contacto S.A. en donde trabajó hasta el mes de diciembre de 2012, época en que fue despedida. Añade que posteriormente ante el incumplimiento de pago de las cuotas subsiguientes fue demandada judicialmente de cobro ejecutivo del mencionado pagaré en causa rol C-18.401-2014, seguida ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, la cual se encuentra paralizada desde el mes de julio de 2014.

Asevera, finalmente, que con fecha 16 de marzo pasado puedo advertir que la recurrida descontó del monto mensual que percibe a título de pensión de exonerada política, que asciende a $160.000, la suma de $34.630, sin su autorización, ni previa consulta, situación que refuta argumentando al efecto que en su calidad de fiadora o codeudora solidaria no resultaría procedente que se le efectúe este tipo de deducciones, haciendo presente, además, que la pensión de gracia que recibe no constituye remuneración, lo que torna, en su concepto, ilegal y arbitrario el referido descuento, el que en cualquier caso, no habría podido exceder del quince por ciento del monto total del dinero que debió recaudar.

Atendido lo expuesto, solicita se acoja el presente recurso declarando arbitrario e ilegal el acto realizado, esto es, el monto descontado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes el día 16 de marzo de 2015, ordenando la paralización del descuento y la restitución de lo descontado o, la medida que esta Corte considere procedente, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que a fojas 22, mediante resolución de fecha 15 de abril del año en curso, se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor a la recurrida;

TERCERO: Que a fojas 33 informa el abogado don Diego Ibáñez Bruron, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, quien solicitando el rechazo del presente recurso, con costas, esgrime, en primer lugar, la extemporaneidad del mismo, señalando al efecto que los descuentos de las remuneraciones y pensiones se han realizado ininterrumpidamente desde el año 2011 a la fecha, por lo que no es efectiva la aseveración efectuada por la recurrente en cuanto a que sólo el día 16 de marzo de este año tomó conocimiento del acto que impugna y que, en este entendido, a la fecha de interposición del presente arbitrio -14 de abril de 2015-, transcurrió con creces el plazo de treinta días, previsto en el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Alega, enseguida, que la presente acción constitucional resulta improcedente ya que la retención de la cuota respectiva y la remisión de los fondos a la recurrida no revisten el carácter de ilegales o arbitrarios, puesto que se trata del ejercicio de una facultad legal y convenida expresamente, además, con la propia recurrente.

Explica sobre el particular que la ley impone un mandato irrenunciable a las Cajas de Compensación, en los artículos 58 del Código del Trabajo, 22 de la Ley 18.833, 22 de la Ley 17.322 y 16 inciso tercero de la Ley 19.539, en cuya virtud ellas deben informar al respectivo ente pagador la cuota social impaga para que este último proceda a la retención de las remuneraciones o pensiones, con el objeto de posteriormente remesarlas a la institución informante.

Afirma, finalmente, en relación a la alegación de impertinencia del descuento en razón del supuesto carácter de fiadora o codeudora solidaria reclamado por la recurrente que, en los hechos, ante su solicitud de reprogramación del saldo adeudado, operó en dicha operación una novación por cambio de deudor, por lo que habiéndose posteriormente constituido en mora en calidad de deudora principal de un crédito social, la recurrida procedió a informar al agente pagador de la pensión sobre la existencia de la deuda, requiriendo paralelamente la retensión y remesa de los fondos;

CUARTO: Que con fecha 28 de mayo de 2015, según consta de resolución de fojas 53, se trajeron estos autos en relación. El 8 de junio del año en curso se procedió a la vista de la causa, escuchándose la intervención oral de los apoderados de la recurrente y de la recurrida;

QUINTO: Que previo a entrar a conocer del fondo del asunto y atendida especialmente la alegación de extemporaneidad de la presente acción cautelar esgrimida por la recurrida, es deber de este Tribunal revisar la regularidad formal del procedimiento, puesto que si se advierte alguna anomalía en lo tocante a dicho aspecto, carece de sentido el análisis de la materia de fondo que se pretende ventilar a través de este arbitrio;

SEXTO: Que el artículo 1º del auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección establece que dicha acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos;

SÉPTIMO Que en la especie la acción de protección de derechos constitucionales la dedujo doña nombre reservado el 14 de abril pasado, mediante la presentación de fojas 13, en la que señala que el acto arbitrario e ilegal que motiva el recurso está constituido por el descuento que se efectuó a su pensión de exonerada política por concepto de pago de cuota de crédito social a la entidad recurrida, señalando al efecto que dicha medida se verificó el 16 de marzo de este año;

OCTAVO: Que habiendo la recurrida fundado su alegación de extemporaneidad en “que los descuentos de las remuneraciones y pensiones se han realizado ininterrumpidamente desde el año 2011 a la fecha”, situación que aparece desmentida con el mérito de la colilla de liquidación de pago de pensión correspondiente al mes de febrero de este año, corriente a fojas 2, en la que es posible advertir que no se efectuaba a esa fecha el descuento que posteriormente sí se refleja en el comprobante de la liquidación del mes de marzo pasado, es menester colegir que el término en cuestión debe ser contabilizado en este caso desde la fecha de ejecución del acto que se impugna de arbitrario e ilegal, esto es, desde el 16 de marzo de 2015, por lo que habiéndose formalizado la presente acción cautelar con fecha 14 de abril pasado, ha de concluirse indudablemente que ella fue interpuesta antes de transcurrido el plazo señalado en el considerando sexto de esta sentencia, motivo por el que la alegación en comento deberá necesariamente ser desestimada;

NOVENO: Que luego de lo dicho, aparece pertinente recordar que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

DÉCIMO: Que en el escenario propuesto aparece pertinente señalar, en primer lugar, que tal como se infiere del mérito de los antecedentes documentales allegados a este expediente, en especial copia de “Solicitud de Crédito” N° 09/RUT reservado y copia de pagaré, corrientes a fojas 50 y 31, respectivamente, independientemente de cual haya sido el origen del vinculo contractual que originalmente ligó a la recurrente respecto de la recurrida, es lo cierto que tal y como reconoce la propia actora a fojas 16, con fecha 3 de febrero de 2011 y luego de “negociar” con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, se comprometió personalmente al pago de una obligación correspondiente a un crédito social en sesenta cuotas mensuales de $34.408, en garantía de cuya efectiva satisfacción suscribió un pagaré en blanco en favor de la acreedora, situación fáctica de la que es posible concluir que, a diferencia de lo sostenido por doña nombre reservado, los descuentos efectuados a instancia de la entidad recurrida en un primer momento de la remuneración mensual de la recurrente y, ahora, del monto total al que asciende su pensión de exonerada política, lo han sido y lo son en carácter de deudora personal suya y no en calidad de fiadora o codeudora solidaria;

UNDÉCIMO: Que luego de lo dicho aparece pertinente recordar que según estatuye el inciso primero del artículo 22 de la Ley 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Por su parte, el inciso tercero del artículo 16 de la Ley 19.539 indica: “Las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una Caja de Compensación, lo adeudado por éstos, por concepto de aporte, de crédito social, prestaciones adicionales o complementarias, y enterarlo en aquélla dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento. Al respecto, regirán las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales contempladas en la ley Nº 17.322”.

A su turno, el numeral 9° del artículo 2 de la Ley 19.234, que establece beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos, señala: “La pensión que se otorgue de acuerdo con este artículo estará sujeta a todas las cotizaciones y descuentos que establecen las leyes respecto de las pensiones del régimen previsional a que estaba afecto el interesado a la fecha de la exoneración”;

DUODÉCIMO: Que así las cosas, resulta evidente entonces que las alegaciones que pretenden sustentar la improcedencia del descuento efectuado por tratarse de una deuda contraída en carácter de fiadora o codeudora solidaria de la deudora personal y por efectuarse respecto de una pensión y no de una remuneración, han de ser desechadas, puesto que tal como se señaló en el motivo Décimo, la primera de las citadas premisas aparece absolutamente desvirtuada con el mérito de los antecedentes y, por su parte, la segunda de ellas se elabora en base a un conocimiento incorrecto de nuestra legislación, pues tal como se infiere de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos en el considerando anterior, los créditos sociales deben ser recaudados ateniéndose a las mismas normas sobre pago y cobro de cotizaciones previsionales y los dineros correspondientes a los mismos podrán ser deducidos y retenidos tanto de las remuneraciones como de las pensiones del deudor, para posteriormente ser remesados por el agente pagador a la Caja de Compensación correspondiente y, no existiendo norma especial que haga excepción a los descuentos que es posible efectuar a una pensión otorgada al amparo de la Ley 19.234, es menester aplicar a ella el estatuto general que regula las deducciones que se pueden verificar respecto de cualquier otra pensión otorgada al alero del sistema previsional;

DÉCIMO TERCERO: Que, a mayor abundamiento, corrobora asimismo la legitimidad de la facultad de efectuar los descuentos que la recurrente impugna, el hecho de que tal como se lee a fojas 50, fue ella misma quien con ocasión de la Solicitud del Crédito individualizado con el N° 09/RUT reservado otorgó, además, mandato expreso a su “actual empleador, futuro empleador o empleadores, y entidades pagadoras de pensión” para que descuenten del pago de sus emolumentos mensuales los dividendos correspondientes a dicho crédito;

DÉCIMO CUARTO: Que, ahora bien, sin perjuicio de lo reflexionado precedentemente y teniendo en consideración que la recurrente refutó también el porcentaje respecto del total de su pensión al que ascendía el descuento efectuado, alegando una desproporcionalidad del mismo, es menester señalar que si bien no es efectivo que sea aplicable en la especie el monto máximo a que hace referencia el artículo 58 del Código del Trabajo, el que no dice relación con el descuento de un crédito social, no puede desconocerse no obstante que sí existen parámetros que han sido establecidos por la autoridad como topes máximos a efectos de efectuar deducciones por este concepto tanto respecto de las remuneraciones como de las pensiones, en razón del monto total al que asciende el emolumento respecto del cual se descontaran.

En efecto, la Circular N° 2.052, de 10 de abril de 2003, de la Superintendencia de Seguridad Social, que imparte instrucciones a las C.C.A.F. sobre el régimen de crédito social, señala en el numeral 10.2 “Monto máximo de la cuota mensual de descuento por concepto de crédito social. La cuota mensual del o los créditos otorgados por una C.C.A.F. no podrá exceder del 25% de la remuneración líquida mensual o pensión líquida mensual de los trabajadores o pensionados, respectivamente, definidas en el punto 9 precedente. Tratándose de casos especiales y debidamente calificados, cada C.C.A.F. tendrá la facultad de autorizar un descuento superior al señalado, en la medida que se encuentre regulado en su Reglamento Particular del Régimen de Crédito Social”.

Tal reglamentación ha sido modificada posteriormente en forma sucesiva por la aludida entidad mediante instrucciones contenidas en diversas Circulares sobre la materia.

Actualmente, el descuento máximo permitido a la remuneración, renta o pensión, líquidas, por concepto de crédito social, según el monto de ésta, es:

· 5% para afiliados con ingreso inferior o igual a la Pensión Básica Solidaria (PBS), que a contar del 1 de julio de 2014 asciende a $85.964." · 15% para afiliados con ingreso superior al monto de la PBS e inferior o igual al ingreso mínimo para fines no remuneracionales ($145.139 mensuales a contar del 1 de julio de 2014).

· 20% para afiliados con ingreso superior al ingreso mínimo para fines no remuneracionales e inferior a ingreso mínimo para fines remuneracionales ($225.000 a contar del 1 de julio de 2014).

· 25% para afiliados con ingreso superior o igual al ingreso mínimo para fines remuneraciones o que se trate de créditos hipotecarios.

· 30% sólo en casos excepcionales asociados a necesidades relacionadas con vivienda, salud y educación, que deben ser debidamente calificados por el Gerente General de la respectiva C.C.A.F.;

DÉCIMO QUINTO: Que conforme a los parámetros indicados en el motivo que antecede, ascendiendo el monto de la pensión del mes de marzo de 2015 a $157.346, siendo esta inferior al ingreso mínimo para fines remuneracionales, habiéndosele efectuado a la recurrente un descuento por concepto de crédito social por $34.630, equivalente al 22,008% del total de la pensión, es menester concluir que dicha actuación fue entonces arbitraria en cuanto superó al 20% que constituía el porcentaje que debió ser observado como tope máximo de la aludida deducción, afectándose con ello el legítimo ejercicio del derecho de propiedad de la recurrente respecto del monto deducido en exceso, aspecto por el cual se acogerá la presente acción cautelar únicamente con la finalidad de que se adecuen los descuentos futuros a los porcentajes regulados al efecto por la Superintendencia de Seguridad Social.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se acoge el recurso deducido en la petición principal de la presentación de fojas 13, sólo en cuanto se declara arbitrario el descuento efectuado por la recurrida en la parte que excede del 20% de la pensión total que tiene derecho a percibir doña nombre reservado.

En lo sucesivo, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes deberá ajustar su actuar a lo reflexionado en el presente fallo, circunscribiendo los descuentos por crédito social al porcentaje previamente indicado.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

Protección N° 31.122-2015.- Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a trece de julio dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.

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