SOCIEDAD COMERCIAL INMOBILIARIA E INVERSIONES LYCAON LIMITADA, EAGLE CARE PARKING

Santiago, veintiuno de junio de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 45, comparece nombre reservado, en representación de Sociedad Comercial Inmobiliaria e Inversiones Lycaon Limitada, quien deduce recurso de protección en contra de la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Lampa, doña Graciela Ortuzar Novoa y en contra del Secretario Municipal (S) don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por vulneración de la demandada a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala como antecedente previo que el giro de la empresa recurrente corresponde al bodegaje y almacenamiento de vehículos incautados provenientes de diferentes procedimientos judiciales. Indica que ha cumplido con la normativa legal para desarrollar la actividad comercial, presenta inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y ha obtenido Patente Municipal de carácter provisoria, de la Municipalidad de Lampa.

Refiere que a propósito de solicitud de información por medio de ley de transparencia, tomó conocimiento que la autoridad recurrida había clausurado el recinto de custodia, por lo que al concurrir a la Municipalidad, el 15 de abril del año en curso, se le informó de la dictación del decreto exento Nº524, de fecha 10 de marzo del año 2016, que ordena la clausura del recinto que alberga su empresa.

Expone que el decreto de clausura es ilegal y arbitrario por cuanto cumpliendo con las exigencias legales, obtuvieron del municipio dos patentes provisorias desde la fecha de inicio de actividades y luego la patente respectiva, hechos que impiden dictar un decreto exento de clausura.

El decreto exento de clausura Nº524, agrega, alude como argumento de su dictación un informe sanitario desfavorable, sin embargo va en contra de resolución favorable Nº004934 emitida el 23 febrero de 2016, suscrito por la Jefa del Departamento de Control Sanitario Ambiental, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.

En cuanto a la afectación de la garantía contemplada en el artículo 19 Nº21 de la Constitución Política de la República, señala que el municipio de forma ilegal y arbitraria decide decretar la clausura del recinto, fundado en incumplimiento de normativa sanitaria, cuando en los hechos su parte ha realizado todas las actuaciones tendientes a cumplir los requisitos que la ley establece para el funcionamiento de su actividad comercial, no siendo de responsabilidad de su parte el hecho que la SEREMI de salud no decrete la concurrencia de su personal a una empresa que presentó su solicitud de requerimiento para acreditación ante la autoridad administrativa. El contribuyente sólo debe acreditar haber solicitado la autorización correspondiente a la autoridad sanitaria, con eso resulta suficiente para comenzar las operaciones.

Es por aquello que, añade, el municipio en conocimiento que el organismo demora en las fiscalizaciones otorga patentes provisorias, para luego entregar la patente permanente, como es el caso de autos.

Con fecha 23 de febrero de 2016, por resolución favorable Nº004934 emitida por el Ministerio de Salud, se zanjó la cuestión, encontrándose resuelto el tema sanitario.

En cuanto a la afectación de la garantía contemplada en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la Republica, señala que existe un derecho de propiedad sobre el cobro diario de estadía de vehículos y que producto de la clausura ha dejado de percibir el canon diario correspondiente y que asciende en la actualidad a un total de $500.000.000, dinero que la recurrente no podrá percibir al estar clausurada de manera ilegal y arbitraria.

Solicita que se acoja el recurso de protección, declarando que los recurridos han vulneradas las garantías constitucionales señaladas, dejando sin efecto el decreto exento de clausura Nº524 de fecha 10 de marzo de 2016. Pide, además, que se decrete que el recinto donde desarrolla su actividad económica, cumple con la ley, por lo que puede desarrollar sus actividades de manera normal y para todos los servicios públicos, ordenando oficiar a la Jefatura de Zona Metropolitana de Carabineros y en forma especial a la 27 Comisaría de Carabineros, Aeropuerto, con el objeto de tomar conocimiento que la recurrente se encuentra debidamente autorizada y funcionando.

Tercero: Que, a fojas 85, informa doña nombre reservado, en representación de ambos recurridos, solicitando se rechace, en todas sus partes, con costas, el recurso de protección de autos, toda vez que la Municipalidad de Lampa no ha incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno, habiendo obrado, en todo momento, con apego a la normativa que regula su actuar y en uso de las atribuciones que el legislador le ha otorgado.

Indica que el decreto de clausura tiene como fundamento el incumplimiento al artículo 26 de la Ley de Rentas Municipales, por cuanto a la fecha de dictación, no se habían presentado en la Municipalidad los permisos sanitarios, habiendo transcurrido más de un año desde el otorgamiento de la patente provisoria. Expone que con fecha 8 de enero del año en curso, por resolución exenta Nº944 de la Seremi de Salud, se emite resolución desfavorable para la recurrente, para desarrollar la actividad de aparcadero por no cumplir con los requisitos establecidos en el D.S. 594/99 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

Por otra parte, la resolución exenta Nº004934, de fecha 23 de febrero de 2016, a la que alude el recurrente sólo da cuenta de la aprobación del proyecto de “agua potable y aguas servidas domésticas particular de oficinas de depósitos de vehículos” y si bien refiere de la solución a algunas de las infracciones constatadas en la resolución Nº944, no da cuenta de la subsanación de todas aquellas ni menos informa favorablemente para la actividad de bodega de vehículos.

Agrega que conforme al artículo 26 de la Ley 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales, la municipalidad sólo puede entregar patentes provisorias por un plazo que no puede exceder de 1 año para el cumplimiento de las autorizaciones, y la recurrente ya había excedido aquel plazo. Además, que en el presente, no se ha dictado ordenanza que permita a la municipalidad omitir, aun transitoriamente, la exigencia de las autorizaciones de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana.

En cuanto a la supuesta infracción de la garantía contemplada en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, expone que es sólo hipotética por cuanto se expresa, que reclama sobre el dinero que podría dejar de percibir si no estuviese clausurado, por ende aquello no forma parte de su patrimonio.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Lo que se persigue por medio de esta acción cautelar es poner pronto remedio a actuaciones de facto que amaguen o conculquen derechos indubitados, sea en forma ilegal o arbitraria, esto es, aquellas actuaciones que pretenden cambiar el statu quo vigente, en forma caprichosa y obviando la legalidad vigente.

Cuarto: Que, de acuerdo a lo antes expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o consecuencias que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes, protegidas por la norma antes citada y que el recurso mediante el que se impugna tal acto u omisión arbitraria sea deducido dentro del plazo de treinta días corridos desde la ejecución de dicho acto u omisión, conforme lo dispone el N°1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia.

Quinto: Que, en el presente caso, el recurrente ha impugnado la decisión de la autoridad administrativa consistente en el Decreto de Clausura N°524, de 10 de marzo de 2016, que dispuso la clausura por la resolución sanitaria desfavorable, del inmueble donde desarrolla la actividad comercial de bodegaje y almacenamiento de vehículos incautados.

Sexto: Que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades consagra en el artículo 151 letra b) que los particulares agraviados podrán entablar un reclamo ante el alcalde por toda resolución u omisión de funcionarios que estimen ilegal, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de notificación del acto impugnado, tratándose de resoluciones, o desde el requerimiento de las omisiones.

Séptimo: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, existiendo en el ordenamiento jurídico nacional un procedimiento de reclamo en contra de las resoluciones u omisiones ilegales de las municipalidades, resulta evidente que esta no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentran afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados.

Octavo: Que, en la especie, el presupuesto que ha sido indicado precedentemente, no concurre desde que lo que pretende el actor, por esta vía, es que se deje sin efecto la decisión de la autoridad administrativa en orden a clausurar el inmueble en que desarrolla su actividad de bodegaje y almacenamiento de vehículos, y se declare la existencia de su derecho a desarrollar actividad económica, por lo que la presente acción de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la empresa recurrente.

Noveno: Que, conforme lo razonado precedentemente, se omitirá pronunciamiento sobre las garantías denunciadas como infringidas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido en lo principal de fojas 45.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

Protección N° 31055-2016.

No firma el Abogado Integrante señor Gandulfo, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Soledad Melo Labra, conformada por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich y el Abogado Integrante señor Eduardo Gandulfo Ramírez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.