nombre reservado con MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

Santiago, tres de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTO:

PRIMERO: Que, comparecen doña nombre reservado en su calidad de presidenta subrogante, y doña nombre reservado, ambas funcionarias públicas, y en su calidad de dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarias del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, domiciliadas en domicilio reservado, y deducen acción de protección en contra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, representado legalmente por nombre reservado, funcionaria pública, domiciliados en domicilio reservado, y en contra de la Contraloría General de la República, representada legalmente por don Jorge Bermúdez Soto, abogado, domiciliados en domicilio reservado, quienes recurren en representación de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado nombre reservado, todas funcionarias públicas, a objeto de: que se deje sin efecto la resolución TRA N° 121583/10/2018, del 09 de marzo del 2018, emanada del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; que se deje sin efecto la resolución exenta Na220 del 16 de marzo del 2018, emanada del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género: y el Oficio N° TRA 3694 de la Contraloría General de la República del 09 de marzo del 2018.

Fundan su acción en que mediante Resolución Exenta N° 1522 de fecha 24 de noviembre de 2017, se convocó a concurso público, con la finalidad de llenar un total de 22 cargos entre profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. Después de tres meses de proceso, y una vez finalizado, se notifica a las 22 personas que lograron obtener una plaza en el sector público. Esto se produce el día 15 de enero del 2018 a través de cartas certificadas, email o personalmente, según cada caso en particular. Sin embargo, nunca se les avisó a los funcionarios ganadores del concurso en qué fecha iban a asumir el cargo obtenido, dando como respuesta, "hasta nuevo aviso".

Relatan, que desde el día 02 de abril del presente año, se empieza a notificar a las partes que obtuvieron un cargo dentro del concurso, que dicho certamen fue invalidado por parte de la Contraloría General de la República, por existir un vicio dentro de las bases de licitación, dejando de esta forma, sin efecto el concurso y por consiguiente no pudieron acceder a los cargos que habían ganado en dicho proceso.

Exponen que el acto arbitrario que tratan de impugnar por esta vía es la Resolución TRA N° 121583/10/2018, del 09 de marzo del 2018, que se les notifica a cada uno de los participantes y la Resolución Exenta N° 220 del 16 de marzo del 2018, ambas emanadas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Oficio N° TRA 3694 de la Contraloría General de la República del 09 de marzo del 2018. Resoluciones notificadas entre el 02 al 13 de abril del presente año.

Sin embargo, indican que al notificar a cada uno de los participantes mencionados entre el 12 y 15 de enero del presente año, que habían obtenido un cargo dentro de la institución una vez finalizado todo el proceso, generó en cada uno de ellos, la certeza jurídica de pertenecer a la planta del Ministerio, y adquirieron un derecho de propiedad sobre el mismo, que no es una simple presunción o expectativa, sino un derecho cierto de haber ganado una plaza dentro del Ministerio. Lo que se traduce, que dejar nulo el proceso en esta etapa, cuando se ha finalizado, no se puede considerar más que un abuso por parte de los órganos del Estado o bien una arbitrariedad.

Relatan, que desde el momento en que cada uno de los recurrentes envían su carta de aceptación, pasan a tener un derecho de propiedad sobre la planta adquirida, al perfeccionarse el consentimiento y formalidades establecidas para su consolidación. Desde ese instante, ya dejan de tener un supuesto o eventual cargo dentro del servicio público y pasan a tener un derecho de propiedad sobre la planta obtenida, lo que vulnera el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Además, también se ve conculcado el derecho establecido en el artículo19 N° 2 de la Carta fundamental, por cuanto la Contraloría General de la República ha establecido dentro de sus dictámenes, un principio conocido como "el mal menor" el que invocan, toda vez que los derechos de un tercero de buena fe se ven perjudicados por los errores generados por parte de un órgano de la Administración, cuando estos aplican la potestad invalidatoria de sus actos, dejando así nulo el derecho que había adquirido el tercero de buena fe. Este principio, establece que dicha persona no se puede ver afectado por errores de los órganos del Estado y por consiguiente se debe reconocer el derecho adquirido o ganado por el tercero de buena fe.

Citan el dictamen N° 40267/97, que establece: por regla general, los órganos administrativos que han dictado actos en contravención a la constitución y a las leyes y que, por ende, acorde art/7 inciso final de la carta política, son nulos y la autoridad se encuentra en el deber de invalidarlos dictando otro acto que los derogue o deje sin efecto, para restablecer el ordenamiento jurídico quebrantado, todo ello conforme artículos 6 de la carta fundamental y 2 de ley 18575. No obstante, el ejercicio de esa potestad invalidatoria está restringida, cuando el acto administrativo ilegal atenta contra los principios de la seguridad jurídica o la certeza que de ella deriva, y la buena fe de los terceros involucrados, esto es, la creencia de los administrados de encontrarse frente a una situación regular y legitima valores que priman por sobre dicha potestad administrativa. (….)

Por ende, frente a la posible invalidación de un decreto de nombramiento derivado de un concurso, la contraloría determinó por dictamen 24776/95, y reconsiderando toda la jurisprudencia anterior sobre la materia, que los afectados tenían derecho a conservar la titularidad de sus empleos, pues habían actuado con la certeza de que una medida que rigió sin observaciones era regular, precisándose en dicho pronunciamiento que debe tenerse en cuenta el tiempo transcurrido y los principios generales de derecho relativos a la seguridad jurídica y a la buena fe de los terceros involucrados. Doctrina sobre invalidación.

De lo señalado, concluyen que la lógica de la Contraloría General de la República no es perjudicar o dañar a aquella persona que no tuvo implicancia directa o indirecta en el error o negligencia que produce la nulidad del acto, reconociendo así la buena fe y la certeza jurídica respecto del tercero sobre el concurso ganado, como ocurre en el caso de autos.

Citan y transcriben algunas consideraciones de un fallo de la Corte Suprema (Rol 1.109-2003), en que se restringe la facultad de la potestad invalidatoria invocando los mismos argumentos que ha citado.

Acompañan a su recurso los siguientes documentos:

1. Certificado emitido por la Dirección del Trabajo donde consta su calidad de dirigente sindical.

2. Resolución exenta 220 de fecha 16 de marzo del 2018 que deja sin efecto la convocatoria al concurso dentro del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

3. Acta de notificación de fecha 02 de abril del 2018, de la resolución Tra N° 121583/10/2018, dirigida a doña nombre reservado.

4.- Notificación de adjudicación del cargo grado 8° a doña nombre reservado, de fecha de 12 de enero del 2018.

5.- Carta de aceptación de cargo de doña nombre reservado, con fecha 15 de enero del 2018.

6.- Acta de notificación de fecha 13 de abril del 2018, de la resolución Tra N° 121583/10/2018, dirigida a doña nombre reservado.

7.- Notificación de adjudicación del cargo grado 15° a doña nombre reservado, de fecha de 15 de enero del 2018.

8.- Carta de aceptación de cargo de doña nombre reservado, con fecha 15 de enero del 2018.

9.- Acta de notificación de fecha 13 de abril del 2018, de la resolución Tra N° 121583/10/2018, dirigida a doña nombre reservado.

10.- Notificación de adjudicación del cargo grado 12° a doña nombre reservado, de fecha de 15 de enero del 2018.

11.- Carta de aceptación de cargo de doña nombre reservado, con fecha 15 de enero del 2018.

12.- Carta de aceptación de cargo de doña nombre reservado, con fecha 15 de enero del 2018.

13. Notificación de adjudicación del cargo grado 10° a doña nombre reservado, de fecha de 12 de enero del 2018.

14. Acta de notificación de fecha 02 de abril del 2018, de la resolución Tra N° 121583/10/2018, dirigida a doña nombre reservado

15. Carta de aceptación de cargo de doña nombre reservado, con fecha 12 de enero de 2018.

16. Notificación de adjudicación del cargo grado 9° a doña nombre reservado, de fecha de 12 de enero del 2018.

17. Acta de notificación de fecha 05 de abril del 2018, de la resolución Tra N° 121583/10/2018, dirigida a doña nombre reservado.

18. Oficio Na TRA 3694 de la Contraloría General de la República del 09 de marzo del 2018 SEGUNDO: Que al evacuar el informe, los abogados Felipe Muñoz Aranda y don Pablo Nicolás Miño Cornejo, por la recurrida MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, exponen que el acto impugnado lo constituye, entre otros, la Resolución Exenta Nº 220, de 16 de marzo de 2018, mediante la cual su Cartera dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 1522, de 24 de noviembre de 2017, también de esa Cartera de Estado, que convocó a concurso público de ingreso a cargos vacantes de la planta profesional, técnica, administrativa y auxiliar, y aprobó las bases respectivas.

Relatan que a través del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2016 del Ministerio de Desarrollo Social, se fijó la planta de personal de la SUBSECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, que determinó la iniciación de actividades del recientemente creado Ministerio de la Mujer y que regula entre otras materias, los requisitos para el ingreso y la promoción a las plantas y cargos que en ella se indican.

En lo que se refiere a la acción interpuesta, indican, que el artículo 10 del Decreto N° 69 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de concursos del estatuto administrativo, dispone: “Artículo 10°.- El ingreso a los cargos de carrera en calidad de titular se hará por concurso público y procederá en el último grado de la planta respectiva, salvo que existan vacantes de grados superiores a éste que no hubieren podido proveerse mediante promociones por concurso o por ascenso. Todas las personas que cumplan con los requisitos generales establecidos en el Estatuto, y con los específicos para el desempeño del cargo, tendrán el derecho a postular en igualdad de condiciones.”

Manifiestan que la Resolución Exenta Nº 220, de 16 de marzo de 2018, fue dictada en el marco de un procedimiento, en el cual no se respetó el principio de juridicidad, establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, ni se cumplió la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2, de la Carta Fundamental, ni de igualdad de todos los postulantes a que hace referencia el artículo 16 de la mencionada ley N° 18.575 y preceptos legales y reglamentarios, careciendo por lo tanto, de la objetividad e imparcialidad necesaria.

Hacen presente que, uno de los elementos de todo acto administrativo es el motivo o motivación, el cual consiste en aquellas circunstancias de hecho y de derecho que justifican su dictación. En el caso que se analiza, la resolución cuestionada contiene la fuente legal que fija la competencia del órgano emisor y por ende cumple la exigencia de la motivación del mismo. Sin embargo, y debiendo cumplir además, con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 16 de la ley N° 18.575, -principio de igualdad- que debe imperar en todo concurso público, puesto que se deben establecer idénticas exigencias, de carácter legal y ecuánimes para todos los participantes, buscando generar las mismas oportunidades a todos y cada uno de los postulantes del mismo, lo que no se concretaría, conforme los términos antijurídicos y viciados del proceso concursal, objeto del presente recurso.

Así, las recurrentes solicitan dejar sin efecto los siguientes actos administrativos:

· Resolución TRA N° 121583/10/2018, de 18 de enero de 2018, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, · Resolución Exenta N° 220, de 16 de marzo de 2018, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y · Oficio N° TRA 3694, de 9 de marzo de 2018, de la Contraloría General de la República.

Indican que para que pueda brindarse protección constitucional por medio de la acción interpuesta, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión, ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos que el Constituyente ampara.

Respecto a la Resolución TRA N° 121583/10/2018, que nombraba inicialmente a doña nombre reservado, en el cargo de profesional, grado 8°, de la Escala Única de Sueldos (EUS), dicha Resolución estaba condicionada al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República, para el respectivo control preventivo de legalidad. Así, por lo demás, estaba consignado al final de la propia resolución aludida con el imperativo “Tómese Razón” dirigido precisamente a la Entidad Contralora para continuar con la correspondiente tramitación.

Hacen presente que la Resolución Exenta Nº 220 de 2018, de ese Ministerio, dejó sin efecto íntegramente la Resolución Exenta Nº 1522, de 24 de noviembre de 2017, vale decir, respecto de todos los funcionarios y funcionarias, de esa Cartera de Estado y demás ciudadanos participantes, en un marco de pleno respeto al principio de legalidad e igualdad de los participantes.

Además la primera Resolución citada, no produce otro efecto jurídico más que volver al estado anterior a su dictación, lo que es plenamente coherente con el carácter de acto trámite de las iniciales designaciones de quienes fueron seleccionados preliminarmente, consistiendo, por lo tanto, en una mera expectativa a su designación definitiva, no existiendo ilegalidad alguna que corresponda corregir por medio de la presente acción cautelar.

En relación a la ilegalidad del concurso viciado, manifiestan que se incurrió en una serie de irregularidades relacionadas con la regulación de requisitos deseables en el rubro de la formación, los que se transformaron, en los hechos, en exigencias no previstas por el ordenamiento jurídico, transgresoras de la igualdad jurídica, en atención a lo cual la Contraloría General de la República ordenó dejar sin efecto el referido certamen.

Así, por ejemplo, para el cargo de profesional grado 7°, se estableció ilegítimamente la denominación de “Profesional de Género y Pobreza para la División de Políticas de Igualdad”, la cual no se encuentra en la planta fijada por el DFL N° 1 de 2016 del Ministerio de Desarrollo Social, que fijó la planta de personal de la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género.

Además, se establecieron los siguientes requisitos denominados “deseables”, en el apartado referido a la “Formación” en el siguiente sentido: “Deseable contar con título profesional de sociólogo/a, trabajador/a social o asistente social. Deseable contar con especialización en área pobreza” y los siguientes, para el apartado de “Capacitación”: “Deseable contar con capacitación en áreas de Pobreza e Indicadores de Género”. En este escenario, todos estos requisitos “deseables”, en definitiva, pasaron a transformarse en verdaderas exigencias adicionales no establecidas legalmente en la Planta de la institución, ya que al momento de evaluarse, resultaron determinantes. La misma ilegalidad ocurrió con la valoración de la “Capacitación”.

A mayor abundamiento, y más grave e ilegítimo, al momento de evaluarse la “Experiencia Laboral”, únicamente se ponderó y valoró la experiencia laboral “afín con la especialidad del perfil del cargo de postulación”. Es decir, si un postulante no contaba con un título profesional de los denominados “preferentes”, se le impidió, de antemano, poder ser seleccionado, ya que en ningún caso podrá tener “Experiencia Laboral Afín” con la especialidad del perfil y nunca iba a poder obtener los 40 puntos considerados como mínimo para aprobar el factor, transformando, en consecuencia, la postulación de aquéllos que no las reunieran, en una aparente y simple formalidad, vulnerando las garantías y derechos fundamentales consagradas en el artículo 19 Números 2° y 17° de la Constitución Política, que impiden a la autoridad establecer diferencias arbitrarias y aseguran la admisión a todas las funciones o empleos públicos, sin otras exigencias que las que impongan la Carta Fundamental y las leyes, como también, el propio principio de juridicidad que uniforma su organización.

En este sentido, a través de los Oficios TRA N°s. 3681, 3683, 3684, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700 y 3701, todos de 2018, la Contraloría General de la República representó diecinueve resoluciones de ese Ministerio que adjudicaban inicialmente la mayor parte de los cargos convocados en el concurso de que se trata, debido a que revisadas las respectivas bases concursales, determinó que éstas no se ajustaban a la normativa vigente.

Explican que por lo anterior, el referido Órgano Contralor les indicó que se debía dejar sin efecto el llamado a concurso en comento, y disponer las medidas tendientes a convocarlo nuevamente, materializándose, mediante la Resolución Exenta Nº 220, de 2018.

Concluyen que por lo anteriormente señalado, el recurso de protección de la especie debe ser rechazado, en atención a que la Resolución Exenta Nº 220, de 2018, de esa Cartera de Estado, no puede ser estimada como una actuación arbitraria o ilegal, toda vez que, por el contrario, fue dictada, por una parte, con plena sujeción al ordenamiento jurídico y, por otra, en cumplimiento de un pronunciamiento emitido por la Contraloría General de la República, lo que constituye un imperativo que es obligatorio para dicho organismo cumplir.

Respecto a los derechos y garantías afectados, manifiestan que no logran advertir cuál es el preciso acto que se impugna mediante el presente recurso, y que afectaría los derechos de las recurrentes, ni cuáles son exactamente las garantías constitucionales que habrían sido supuestamente vulneradas.

Exponen que si se refieren a una supuesta vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, hacen presente que este comprende la garantía de que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, por lo tanto, de presentarse alguna diferencia, esta debe ser razonable y, dicha razonabilidad como criterio de control de la diferenciación, nace de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, al consagrar el principio de imperio del Derecho, pues los órganos estatales deben actuar dentro de su competencia no sólo en lo formal, sino también materialmente, es decir, respetando los derechos fundamentales.

Respecto a una posible perturbación o amenaza al derecho de propiedad en los términos establecidos en el N° 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, y considerando que los actos que adjudicaron inicialmente las designaciones no cumplieron totalmente con su tramitación, por ser contrarios a derecho, significa que las recurrentes nunca detentaron en propiedad los cargos públicos convocados, sino a lo más, una mera expectativa de su participación, y solo una vez que se cumpliera con la total tramitación de dichos actos de nombramientos, lo cual incluía el control preventivo de legalidad por parte de la Contraloría General de la República. Así, además, estaba expresamente consignado en cada una de las resoluciones de nombramientos que dejaron expresa constancia del imperativo final “TÓMESE RAZÓN” en cuya virtud se ordenó realizar dicho trámite para el control de legalidad.

Reiteran que en relación al supuesto “derecho a conservar la titularidad de sus empleos”, como consecuencia de la supuesta “buena fe” en que se encontraban las participantes y la falta de responsabilidad de las mismas en la ilegalidad en que se incurrió en las bases y designaciones de la referida convocatoria, que el dictamen N° 48.699, de 2015, de la Contraloría General de la República, dispone expresamente que “(…) en lo relativo a la invalidación de los actos que aprobaron el llamado al certamen, las bases que lo regulaban y la designación de la interesada, debe destacarse que aquellas resoluciones que habiendo dispuesto un nombramiento y luego de ser enviadas a Toma de Razón fueron representadas por dicho Organismo Fiscalizador -como sucedió en la especie- no requieren ser invalidadas, puesto que no produjeron sus efectos al no contar con ese trámite, exigencia indispensable para su eficacia(…).

A mayor abundamiento, hacen presente que la propia resolución exenta N° 1522 de 24 de noviembre de 2017, del ministerio que convocó al concurso, en el punto N° 10.5, estableció de manera expresa lo siguiente:

“10.5. Resolución del Concurso.

La Ministra emitirá las resoluciones que procedan con los nuevos nombramientos, los cuales comenzarán a regir a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que los dispone”.

Señalan que de igual manera, todas las resoluciones de nombramientos, por ejemplo, la resolución TRA 121583/10/2018, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, determinaron expresamente lo siguiente:

“Resuelvo:

don(a) Nómbrase a) nombre reservado, R.U.N N° RUT reservado, en el cargo profesional, grado 8° escala unica de sueldos, nivel no aplica, categoría no aplica, de la planta de profesionales, con jornada de 44 horas semanales, a contar de la total tramitación de la presente resolución.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y NOTIFÍQUESE”.

Exponen que en los documentos indicados, la mencionada Entidad Fiscalizadora dispuso que: “El nombramiento de la especie, como titular en el cargo y grado de la E.U.S. de la planta administrativa del referido ministerio, que se indica, no se ha ajustado a derecho.

En efecto, destacan que revisadas las bases concursales, se pudo determinar que estas establecieron que la evaluación de los postulantes se realizaría en fases sucesivas, por lo que solo la obtención de la puntuación mínima en la etapa respectiva permitiría a los participantes avanzar a la siguiente.

Pues bien, respecto del primero de los factores, esas pautas fijaron como requisitos deseables cursos de formación educacional y capacitación, sin que dichas exigencias estuvieran previstas por el legislador para servir los cargos respectivos, de modo que los postulantes que no los reunieran, no obtendrían el puntaje suficiente para continuar a la evaluación del segundo factor, con lo que esos requerimientos fueron elevados a la categoría de indispensables.

De lo anterior, continúan, se desprende que las referidas pautas son contrarias a derecho, ya que los puntajes mínimos para superar la fase de estudios, cursos de formación educacional y de capacitación, se asociaron a ciertas exigencias adicionales, no contempladas en la normativa, lo que no resulta procedente -tal como se ha sostenido, entre otros, en el dictamen N° 37.177, de 2014, de ese origen-, ya que la autoridad no puede imponer condiciones para el desempeño de un empleo público, que no se encuentren estipuladas en las leyes, pues -de hacerlo- vulneraría el principio de juridicidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política.

Al respecto citan y transcriben una reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema pronunciada con fecha 16 de mayo de 2018, en los autos Rol Nº 35.257-2017.

Finalmente concluyen que:

1.- La acción de protección de la especie fue incorrectamente interpuesta ya que en la misma no se indican de manera precisa y detallada los supuestos actos ilegales o arbitrarios que habrían producido la privación, perturbación o amenaza que se invoca, ni tampoco se ha demostrado la realización de algún acto o conducta ilegal o arbitraria que justifique otorgar la cautela requerida por las recurrentes.

2.- El recurso en análisis debe ser rechazado, en atención a que la Resolución Exenta Nº 220, de 2018, de esta Cartera de Estado, no puede ser estimada como una actuación arbitraria o ilegal, toda vez que fue dictada, por una parte, con plena sujeción a nuestro ordenamiento jurídico y, por otra, en cumplimiento de un pronunciamiento emitido por la Contraloría General de la República, lo que constituye un imperativo que es obligatorio para ese organismo cumplir.

3.- Una verdadera vulneración a la garantía consagrada en el número 2 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, habría sido seguir adelante con el irregular concurso público objeto del presente recurso, en los términos en que se estaba realizando, ya que la ilegalidad en que se incurrió en el mismo -advertida por la Contraloría General de la República-, atentaba precisamente contra la igualdad de participación y acceso que deben tener todas las personas que cumplen con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico.

4.- Las recurrentes nunca detentaron en propiedad los cargos públicos convocados sino, a lo más, una mera expectativa de obtenerlos, una vez que se cumpliera con la total tramitación de dichos nombramientos, lo cual incluía el control preventivo de legalidad por parte de la Contraloría General de la República.

5.- La Contraloría General de la República ha sido consistente en fijar el criterio respecto de aquellos casos en que, en un determinado concurso público, la autoridad que realiza el llamado impone condiciones o exigencias adicionales a las consagradas por la normativa vigente para el desempeño de un empleo, señalando que aquellas son contrarias a derecho, materializando lo anterior a través de la representación de los respectivos actos administrativos.

6.- Las recurrentes de autos mal pueden reclamar un supuesto derecho derivado de un procedimiento que no se ajustó a derecho y que, por lo tanto, nunca produjo efectos jurídicos de ninguna especie al no cumplirse con su total tramitación, esto es, con el trámite de Toma de Razón.

De todo lo expuesto precedentemente, desprenden que no existe acto ilegal o arbitrario alguno como alegan las recurrentes; no existe tampoco un derecho o garantía indubitada que actualmente se encuentre vulnerada, privada, perturbada o amenazada, con ocasión de la dictación de la resolución objeto de la presente acción cautelar, ni las representaciones efectuadas por la Contraloría General de la República, ni tampoco existe cautela urgente que proporcionar por la vía de este recurso y, por tales consideraciones, no concurren los requisitos que hacen procedente la acción de protección.

Acompañan a su presentación los siguientes documentos:

1. Copia de la Resolución Exenta Nº 1522, de 24 de noviembre de 2017, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que convocó a un concurso público de ingreso a cargos vacantes de la planta profesional, técnica, administrativa y auxiliar, y que aprobó las bases respectivas.

2. Copia de la Resolución Exenta Nº 220, de 16 de marzo de 2018, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que deja sin efecto la resolución anterior.

3. Resoluciones TRA N° 121583/2/2018; 121583/3/2018; 121583/4/2018; 121583/5/2018;

121583/6/2018;

121583/7/2018; 121583/8/2018; 121583/9/2018; 121583/10/2018; 121583/11/2018; 121583/12/2018;121583/13/2018; 121583/14/2018; 121583/15/2018; 121583/16/2018; 121583/17/2018; 121583/18/2018; 121583/19/2018; y, 121583/20/2018, todas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

4. Oficios TRA N°s 3681, 3683, 3684, 3686, 3687, 3701, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699 y 3700, todos de la Contraloría General de la República que representan las irregularidades de las resoluciones individualizadas en el número anterior.

5. Copia de los Dictámenes N°s. 1904, de 2007; 6.142, 10.853 y 42.380, todos de 2014 y 48.699 de 2015, de la Contraloría General de la República.

TERCERO: Que informando la acción de protección, la Contraloría de la República expone que dicho recurso no impugna ninguna actuación de su parte que pueda vincularse a la situación específica de las actoras, ya que le imputan que “al anular un Decreto Exento de la forma que ha hecho haber excedido sus facultades y la legalidad”, ya que fue invalidado por parte de la Contraloría, por existir un vicio dentro de las bases de licitación del concurso.

En lo que respecta a la Contraloría, las recurrentes solicitan, en primer término, que se deje sin efecto la resolución TRA N° 121583/10/2018, petición que, indican, no es posible comprender a cabalidad, toda vez que mediante ese acto administrativo se dispuso el nombramiento de doña nombre reservado en el Ministerio de la Mujer, el cual invocan en el presente recurso como legítimo.

Además las recurrentes requieren se deje sin efecto el oficio N° 3.694, de 2018, de esa Institución de Control, --mediante el cual se representó la resolución TRA N° 121583/14/2018 -y no la resolución TRA N° 121583/10/2018 indicada erróneamente por la actora-que dispuso el nombramiento de la señora nombre reservado en un cargo de la planta de administrativos, grado 15 de la E.U.S., como consecuencia del mismo certamen. Sin embargo, hace presente que la señora nombre reservado se desistió de la presente acción.

Por tanto, señala que el recurso de protección de la especie no impugna, -en su parte petitoria-, ninguna actuación de dicho Organismo de Control que pueda vincularse a la situación específica de las actoras y que pudiere estimarse vulneratoria de alguna garantía constitucional. Por consiguiente, la presente acción cautelar se encuentra claramente mal entablada en lo que respecta a ese Organismo Fiscalizador.

Sin perjuicio de lo manifestado, hace presente que su informe se referirá a la única actuación de su parte respecto al nombramiento de las actoras como resultado del concurso en comento, que consistió en la representación de las respectivas resoluciones que nombraban a las recurrentes en el cargo en que fueron seleccionadas, a través de los oficios Nos 3.686, 3.690 y 3.693, todos de 2018, correspondientes a nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, respectivamente.

Expone que mediante la resolución exenta N° 1.522, de fecha 24 de noviembre de 2017 del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, convocó a concurso público de ingreso, con el objeto de proveer diversos cargos, entre ellos, las plazas profesionales, grados 9, 8 y 12 de la E.U.S., con desempeño en el nivel central de esa Secretaría de Estado, certamen a cuyo término resultaron seleccionadas las interesadas, quienes fueron nombradas en tales empleos, a través de las aludidas resoluciones TRA Nos 121583/5/2018, 121583/10/2018 y 121583/13/2018.

Manifiesta que no obstante, tales nombramientos fueron representados por medio de los aludidos oficios Nos 3.686, 3.690 y 3.693, de 2018, añadiendo que mediante los oficios Nos 3.681; 3.683; 3.684; 3.687 a 3.689; 3.691; 3.692; y 3694 a 3.701, de 2018, de ese Órgano Fiscalizador, se representaron dieciséis resoluciones más de ese Ministerio, que adjudicaban la mayor parte de los cargos convocados en el certamen, por constatarse la existencia de un vicio de legalidad en las respectivas bases concursales, que determinó que éstas no se ajustaran a derecho y, por ende, tampoco los consecuentes nombramientos.

Explica que la intervención de la Contraloría General respecto a las resoluciones TRA Nos 121583/5/2018, 121583/10/2018 y 121583/13/2018, consistió en efectuar el control previo de legalidad, imperativo contemplado en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política, y en los artículos 1o y 10 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, por lo que el recurso de autos, resulta absolutamente improcedente si por su intermedio se pretende impugnar su actuación como Ente Fiscalizador, efectuada en ejercicio de una de sus funciones primordiales, de naturaleza constitucional y legal, cual es la de velar por el resguardo del principio de juridicidad de los actos de la Administración del Estado, a través del examen preventivo de legalidad.

Expone que la toma de razón constituye un trámite con motivo del cual dicho Organismo de Control emite, en forma exclusiva y excluyente, un pronunciamiento respecto de la adecuación o conformidad al ordenamiento jurídico vigente de los decretos o resoluciones, afectos a tal control de legalidad y constitucionalidad, el cual no es susceptible de ser impugnado por la vía de la interposición de un recurso de protección.

Señala que este mismo criterio ha determinado esta Corte, en sentencia de 4 de abril de 2011, dictada en la causa rol N° 8.594, de 2010 -confirmada por la Excma. Corte Suprema en autos rol N° 3.885 de 2011- que señaló en su considerando 4o: "Que en cuanto el presente recurso se ha intentado en contra de la Contraloría General de la República, el mismo no puede prosperar, como reiteradamente se ha resuelto, en atención a lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República; 1o y 10 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, por tratarse de un organismo autónomo, a quien le corresponde en forma exclusiva y excluyente la función de controlar la legalidad de los actos de la Administración, no siendo ésta la vía de impugnar el trámite de toma de razón de un decreto o resolución".

Por tanto, indica que la confusa e imprecisa solicitud de las recurrentes, en orden a requerir que se deje sin efecto los actos que dispusieron sus designaciones junto con las representaciones que de éstas realizó su parte en el trámite de toma de razón, resulta del todo improcedente, ya que dicho control preventivo de legalidad, es una función exclusiva y excluyente de ese órgano de control.

Además, la finalidad propia del recurso de protección, como así lo ha reconocido una invariable jurisprudencia de los Tribunales de Justicia, es la de restablecer el imperio del derecho, reaccionando ante una situación anormal y evidente que atente contra alguna de las garantías que establece la Constitución Política. De este modo, en ningún caso puede tener por objeto la declaración o constitución de derechos, en atención a la naturaleza protectiva de su institución.

Insiste que no advierte de qué manera las resoluciones que se impugnan han podido ser ilegales, toda vez que su parte se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 6o, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; artículos 1°, 5o 6o y 10o de la ley N° 10.336, por lo que las actuaciones recurridas se han emitido de acuerdo a la habilitación que las mencionadas normas constitucionales, legales y reglamentarias han otorgado a la Contraloría General, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico.

Respecto de la arbitrariedad, las actuaciones contra las cuales se recurre no constituyen acciones u omisiones arbitrarias, toda vez que no obedecieron a una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de su Entidad de Control, sino que constituyen el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a las situaciones planteadas, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor, llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte de dicho Órgano de Control.

Hace presente que los concursos constituyen procesos reglados en sus efectos, que crean el derecho de los postulantes que cumplen los requisitos pertinentes a ser nombrados en los correspondientes empleos, y, que por su parte, a la autoridad le asiste la obligación de proveer los cargos vacantes con los oponentes seleccionados, en la medida que éstos hubieren sido válidamente desarrollados y resueltos.

Manifiesta que la autoridad administrativa no puede imponer requisitos adicionales o diversos a los previstos en la Constitución Política o en las leyes, toda vez que de hacerlo, vulneraría el principio de juridicidad establecido en los artículos 6o y 7° de la Carta Fundamental; además del derecho consagrado en el artículo 19 N° 17 de la Constitución Política, y haría imposible el acceso a un empleo por parte de quienes no posean ciertas cualidades, significando la exclusión de los concursantes que no los satisfagan, reduciendo su postulación a una simple formalidad.

Señala que el llamado a concurso para los cargos profesionales grados 8, 9 y 12 de la E.U.S. se transformó posteriormente en una mera formalidad.

En efecto, de acuerdo con lo establecido en el N°10.1 de las bases concursales, en relación con el apartado 4 de las mismas, en lo que interesa, se consideró como deseable en el caso de la postulante al cargo grado 8 de la E.U.S., contar con un título profesional del área de las ciencias sociales o humanidades; para el empleo profesional grado 9 de la E.U.S., se ponderó como deseable contar con un título profesional de socióloga/o, trabajador/a social o asistente social; y para la plaza grado 12 de la E.U.S., se contempló como deseable contar con un título profesional del área de las ciencias sociales.

Asimismo, para dichos cargos, las mencionadas pautas concursales requirieron como deseable contar con estudios de especialización en las áreas de autonomía económica de las mujeres y gestión pública o políticas sociales, para la plaza grado 8; en violencia de género para el empleo grado 9; y en el área de ciencias sociales para el cargo grado 12; o bien, para las tres plazas, con las horas de capacitación que señalaban las bases.

Explica que el diseño de las bases concursales contemplaba que un oponente que no cumpliera con el título dispuesto por la normativa para participar en el aludido certamen, era eliminado en el primer factor de la etapa de evaluación, por no satisfacer la exigencia de formación educacional fijada por la autoridad; esto es, que contara con los cursos de especialización en el área de gestión pública con enfoque de género -postgrado o postítulo- o bien, con las horas de capacitación que señalaban las bases, ambas exigencias no previstas en la ley.

De este modo, la decisión de la autoridad de exigir, además de los requisitos legales para los aludidos cargos, estudios de especialización y horas de capacitación, sumado a la exigencia de los títulos profesionales de las áreas antes señaladas para cada cargo, no armoniza con lo resuelto por la jurisprudencia administrativa de esta procedencia, contenida en los dictámenes Nos 6.142, 10.853 y 61.919, todos de 2014, entre otros.

En consecuencia, representó los respectivos actos de nombramiento de las interesadas, esto es, las citadas resoluciones TRA Nos 121583/5/2018, 121583/10/2018 y 121583/13/2018 -junto con dieciséis actos de nombramiento más-, al constatar que el proceso concursal en que se fundaban, adolecía de los vicios de constitucionalidad ylegalidad anotados, resultando contrarias a derecho las designaciones derivadas del mismo.

Indica que las recurrentes manifiestan que no podrían invalidarse sus designaciones en los cargos en que fueron seleccionadas, apoyando su tesis en ciertas limitaciones que existirían para invalidar actos irregulares como los de sus nombramientos, citando al efecto los dictámenes Nos 40.267, de 1997 y 24.776, de 1995, de su origen, junto con una sentencia de la Excma. Corte Suprema dictada en los autos rol N° 1109, de 2003.

En consecuencia, al haberse representado el acto que nombraba a las recurrentes, los que no se encontraban terminados, por ende, las actoras sólo pudieron tener una mera expectativa de acceder a los cargos en cuestión.

En relación a los supuestos derechos conculcados, indica que las recurrentes estiman vulnerada la garantía constitucional sobre igualdad ante la ley. Para estos efectos, se ha entendido que lo que proscribe dicha garantía son las distinciones arbitrarias, y serán tales las que no se funden en la razón, en la justicia y no propendan al bien común; en síntesis, las que sólo representen un mero capricho y carezcan de una motivación o fundamento racional.

En dicho contexto, no advierte cómo la garantía en estudio habría sido vulnerada por su parte a través de las actuaciones recurridas, puesto que las representaciones ejercidas en el trámite de toma de razón, fueron realizadas en estricto cumplimiento de la normativa y jurisprudencia administrativa aplicables en la especie.

Añade que por el contrario, la actuación de su parte permite restablecer la igualdad quebrantada, al no dar curso a unas designaciones fundadas en un certamen afectado por vicios de legalidad que, precisamente, establecían diferenciaciones arbitrarias al regularse por bases que, al menos, dispusieron requisitos adicionales o diversos de los previstos por el legislador para los cargos concursados, en términos tales que implicó la exclusión de los postulantes que no cumplían con éstos y también de todos aquellos que no participaron por no satisfacer esas exigencias, afectando el derecho de los concurrentes a postular en igualdad de condiciones.

Respecto al derecho de propiedad, indica que las recurrentes lo estiman vulnerado en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Sin embargo, agrega, que no es posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre éstas, puesto que las labores que en definitiva desempeñan son aquellas propias del Estado, cuya finalidad es el bien común, por lo que mal podría pretenderse propiedad sobre aquéllas, ni menos derechos derivados de las mismas.

Por consiguiente, concluye que no existiendo derecho de propiedad sobre la función pública, y más aún, al no haber producido efectos jurídicos las designaciones en los cargos de que se trata por haber sido representadas en la toma de razón, las actoras no cumplen con los requisitos legales, por lo que no es posible ampararlas por medio de la garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política.

Acompañan a su informe, fotocopias de los siguientes documentos:

1.- Dictámenes Nos 24.776, de 4995; 40.267, de 1997; 15.329 y 41.754, de 2008; 72.866, de 2009; 6.142,10.853, 37.177, 61.624, .61.919 y 88.023, de 2014; 30.353, de 2015; de este Organismo Contralor.

2.- Oficios Nos 3.681; 3.683; 3.684; y 3.686 a 3.701; de 2018, de este Órgano Fiscalizador.

3.-Resoluciones TRA Nos 121583/5/2018,121583/10/2018 y 121583/13/2018, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

CUARTO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario —producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías —preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el interpuesto en estos antecedentes. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, y el acto recurrido en los presentes autos, según el decir de las recurrentes, es por ser arbitrario.

SEXTO: Que, en la especie, las recurrentes indican que el acto arbitrario que impugnan por esta vía, es la Resolución TRA N° 121583/10/2018, del 09 de marzo del 2018, por la que se le notifica a cada uno de los participantes y la Resolución Exenta N° 220 del 16 de marzo del 2018, ambas emanadas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Oficio N° TRA 3694 de la Contraloría General de la República del 09 de marzo del 2018. Resoluciones notificadas entre el 02 al 13 de abril del presente año.

Cabe hacer presente que -en definitiva- el acto administrativo imputado como arbitrario, que da origen a las dos resoluciones dictadas por el Ministerio de la Mujer, es aquella emanada de la Contraloría General de la República, ya que de no existir esta última, no se generarían las otras dos posteriores. Y esta Resolución es la que representa las bases del concurso y por consiguiente sus Resoluciones de nombramientos.

SÉPTIMO: Que en el caso de autos, la Contraloría General de la República representó las Resoluciones de nombramiento del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género por constatarse la existencia de un vicio de legalidad en las respectivas bases concursales, por cuanto en el concurso efectuado se exigieron ciertos requisitos planteados como deseables, pero que al ser valorados de tal modo, que sin ellos no se podía pasar a la siguiente etapa, estos pasaron a tener la calidad de requisitos esenciales. Al respecto, la ilegalidad radica en que dichos requisitos no se encuentran establecidos en la ley, debiendo estarse a lo que señala el DFL Nº 1 de 2016 del Ministerio de Desarrollo Social, que fijó la planta del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

OCTAVO: Que, en este orden de ideas, el presente recurso es totalmente improcedente, por cuanto la intervención de la Contraloría General de la República consistió en efectuar el control previo de legalidad establecido en los artículos 98 y 99 de la Constitución de la República y en los artículos 1º y 10 de la ley 10.336 (Org. Y atribuciones de la CGR), velando por el principio de juridicidad de los actos de la Administración del Estado, atribución exclusiva y excluyente de la Contraloría.

Por lo ya señalado, no existió una actuación arbitraria, esto es, antojadiza, caprichosa o contraria a la razón- de la Contraloría como lo alegan los recurrentes, ni menos ilegal (contraria a la ley y el derecho) alguna.

NOVENO: Que, en efecto, la Resolución de nombramiento del Ministerio señala expresamente que se nombra en el cargo a determinada persona “a contar de la total tramitación de la presente resolución”. Por esta razón, dicha circunstancia estaba en conocimiento de todos los que ganaron el concurso desde el mismo momento de la notificación de su nombramiento.

Ello, por cuanto el acto administrativo (como acto trámite) no está totalmente terminado mientras no se toma razón de éste. Como conclusión, los recurrentes únicamente tenían una mera expectativa de ejercer el cargo al que postularon.

Además, el Ministerio no podía actuar de otra forma, luego que la Contraloría representara los actos, ya que tiene la obligación legal de cumplir lo ordenado por ésta, es decir, dejar sin efecto el concurso.

DÉCIMO: Que en este mismo sentido ha resuelto la Corte Suprema, en el fallo de 16 de mayo de 2018, dictada en la causa “nombre reservado con Contraloría”, Rol 35.257-2017, que en sus considerandos 9º y 10º señala: “Noveno: Que, por lo demás y en relación a las garantías que se estiman conculcadas, y específicamente respecto de la supuesta vulneración del derecho de propiedad, no se vislumbra por estos sentenciadores que exista respecto de los recurrentes un derecho de propiedad como lo pretenden los actores, pues incluso en el supuesto de aquellos que tenían una resolución que les concedió los beneficios previsionales que impetran, no existió un acto administrativo final que determinara la procedencia de los mismos, ya que si bien la Dirección de Previsión de Carabineros dictó una resolución que no aplicó el límite del artículo 5 del Decreto Ley N°3501, dicha resolución fue representada en el proceso de toma de razón a que estaba sujeta, determinándose que no correspondía el otorgamiento de los beneficios. Así las cosas, las respectivas resoluciones no pudieron generar la titularidad de un derecho indubitado de propiedad a su respecto, sino una mera expectativa, que en definitiva no se concretó, por cuanto se determinó por el órgano contralor que las referidas resoluciones adolecían de vicios que impedían otorgarle plena validez a través del trámite de toma de razón a que estaba sujeto. Décimo: Que así las cosas, en ausencia de un acto que pueda ser catalogado como arbitrario o ilegal, presupuesto básico de la acción ejercida, no cabe sino desecharla (…)”.

UNDÉCIMO: Que, tal como lo resuelve la Corte Suprema en el fallo citado en lo precedente, en este caso, los recurrentes imputan de arbitrarias las Resoluciones dictadas por el Ministerio de la Mujer que deja sin efecto el Concurso y los nombramientos y la Resolución que representa las bases del concurso mismo por ser ilegales (y no arbitrario), y por consiguiente se deben dejar sin efecto las Resoluciones del llamado a concurso, donde constaban las bases y requisitos para postular, y la Resolución que notificó la adjudicación temporal, mientras se tomaba razón por el Órgano Contralor.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo razonado, en el sentido que las resoluciones reclamadas por las recurrentes como arbitrarias, no lo son, ya que no corresponden a un mero capricho de la Contraloría, puesto que ésta representó su ilegalidad, lo que trae como consecuencia y como así lo ordena la Ley, el Ministerio de la Mujer tuvo que dejar sin efecto el concurso y las resoluciones que notificaban a los participantes que habían sido elegidos.

Entonces, cabe hacer presente que la referida controversia no puede ser dirimida mediante la presente acción de carácter constitucional que fue establecida para fines distintos a los que se verifican en estos antecedentes, sin que pueda esta Corte emitir un pronunciamiento de carácter jurídico al respecto, toda vez que dicha controversia solamente puede ser resuelta por el órgano jurisdiccional competente, que como se dijo, no es este tribunal.

Que, también resulta necesario precisar que el recurso de protección de garantías constitucionales no es un recurso de orden jurisdiccional cuya finalidad sea la impugnación de toda clase de decisiones de autoridades administrativas e incluso jurisdiccionales, que estas toman en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro del marco que la ley les asigna, esto es, dentro del campo de sus legítimas atribuciones. Dichos procedimientos tienen sus medios de impugnación propios y son aquellos los que han de ser utilizados.

DÉCIMO TERCERO: Que, en el presente caso, se ha recurrido también en contra de la Contraloría General de la República, ente de control independiente, respecto de una decisión que adoptó en el marco de las legítimas atribuciones de tal entidad, que emanan tanto de la Carta Política de la República, cuanto de la Ley N°10.336, en la forma que el propio ente contralor ha explicado en su informe. Dichas decisiones, por la naturaleza de las mismas, en general no pueden ser impugnadas a través de un recurso cautelar de emergencia, como en el presente, por lo que las acciones deducidas en estos autos son por completo improcedentes.

Debe añadirse, que los tribunales de justicia no tienen injerencia en procedimientos administrativos como aquel de que tratan estos autos, ya que el derecho administrativo proporciona sus propias herramientas jurídicas y medios de impugnación de decisiones de esa clase, por lo que la forma utilizada en este caso es inidóneo. Ello sin perjuicio de lo que pudiera impugnarse a través de juicios ordinarios de lato conocimiento, en ausencia de un procedimiento contenciosos administrativo.

DÉCIMO CUARTO: Que, por otro lado, y sin perjuicio de todo lo dicho, sobre la improcedencia de esta acción constitucional para el caso de la especie, desde que ha sido utilizado como un medio de impugnación general de determinaciones del órgano contralor, y de las resoluciones que de ese acto administrativo se derivan por parte del Ministerio de la Mujer, que no lo es, así como tampoco constituye un sustituto jurisdiccional, como ya se precisara, lo que por sí solo basta para rechazar la acción cautelar de que se trata, hay que decir que el presente recurso tampoco podría prosperar porque no concurren los requisitos básicos para la interposición de una acción de esta clase.

En efecto, como se ha dicho, no se ha demostrado que se haya producido la conculcación de alguna norma de rango legal o constitucional, ya sea mediante su aplicación en forma ilegal o arbitraria como lo alegan los recurrentes, en términos que pudieran determinar que lo resuelto por el órgano contralor y el Ministerio de la Mujer e Identidad de Género que se reprocha, deviene en arbitrario y/o ilegal, ni tampoco se ha probado que se está frente a un acto arbitrario, porque la medida se dictó en el marco de las legítimas atribuciones de dicha entidad de control, ateniéndose por cierto a la normativa vigente, haciendo uso precisamente de sus atribuciones y explicando dicha autoridad, detalladamente, las razones por las que se ha adoptado la determinación que se reprocha.

DÉCIMO QUINTO: Que, a mayor abundamiento, puede agregarse que los recurrentes no poseen un derecho indubitado que deba protegerse, puesto que, y como ya se señalara, sólo tenían una mera expectativa de un posible derecho y no se divisa cual podría ser éste, que los habilite para buscar su protección. Los supuestos o posibles cargos adjudicados que reclaman como de su propiedad, estaban sujetos a determinados requisitos, de manera que según el parecer del órgano de control no podrían ser otorgados, como es la pretensión final de los recursos, lo cual trae como consecuencia que los derechos que se pretenden se encuentran discutidos, siendo uno el parecer de los múltiples reclamantes y otro diverso el de la Contraloría General de la República, y una discusión de esta clase no se puede resolver por medio de un recurso de protección, que constituye una acción cautelar de emergencia.

Así las cosas, no cabe más que concluir que esta acción ha sido usada como un medio de impugnación, como si fuera un mero recurso jurisdiccional de aplicación general, lo cual resulta impropio, en especial, tratándose del ente de control de la legalidad de los actos de la Administración del Estado por excelencia, como lo es la Contraloría General de la República.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido por doña nombre reservado y doña nombre reservado a favor de doña nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado nombre reservado, en contra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra (s) señora María Paula Merino Verdugo.

Rol Protección N° 31.035-2018.

No firma la Ministra (s) señora Merino, por ausencia.