Protección contra Director Nacional Del Servicio Médico Legal

Santiago, uno de septiembre de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Comparece don nombre reservado, Funcionario del Instituto Médico Legal, quien deduce recurso de Protección, en contra del Director Nacional Del Servicio Médico Legal, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en Resolución de termino N° 12, de 26 de julio de 2019, que le aplica la medida disciplinaria de destitución.

Expone que con fecha 10 de marzo del año en curso, fue notificado de la resolución recurrida, que en sus considerandos hace referencia a la instrucción de Sumario Administrativo, por eventual responsabilidad administrativa de uno o más funcionarios del Servicio Médico Legal en la movilización total, anunciada a nivel nacional y llevada a cabo a partir de día 12 de enero del año 2018, sin existencia de turnos éticos en la sede de Avenida La Paz de la Institución, en virtud de cual se formularon cargos a varios funcionarios, entre ellos el recurrente, y en su parte resolutiva le aplica la medida disciplinaria de destitución.

Alega que ha sido desvinculado con más de 27 años de servicio en el Instituto Médico Legal, teniendo fuero sindical, sin guardar la debida relación con los principios de racionalidad y proporcionalidad por los hechos que se le imputan.

Sostiene que la referida resolución de termino vulnera sus derechos constitucionales, dado que los encausados y desvinculados, entre quienes se encuentra, gozan de fuero sindical, y que, si bien la sanción administrativa obedece a un paro de funcionarios públicos que trajo consecuencias para terceros ajenos al Servicio, se adoptaron todas las providencias necesarias mediante turnos éticos, como consta en los antecedentes del Sumario Administrativo, los cuales no se tuvieron en consideración al momento de resolver.

Por último, señala que el acto recurrido vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19, Nº 3, N° 2, N° 16 y N° 24, de la Constitución y solicita se acoja la acción y se ordene al recurrido dejar sin efecto la Resolución de termino N° 12, de fecha 26 de julio de 2019, y en consecuencia se mantenga vigente su contrato de trabajo como funcionario del Servicio Médico Legal de Chile, pagándole íntegramente las remuneraciones y demás beneficios laborales mes a mes, que emanan de su condición funcionaria.

Segundo: Informando el recurrido, Servicio Médico Legal, sostiene que la Resolución N°12/2019 no es ni arbitraría, ni ilegal, ya que cumple expresamente con todos los requisitos establecidos por la Ley vigente y obligatoria y por el órgano Contralor y el procedimiento disciplinario que culminó con la sanción disciplinaria de destitución del recurrente, respetó en todas sus partes la normativa legal correspondiente al Derecho Administrativo vigente.

Desarrolla el marco legal aplicable en la especie, y sostiene que el recurrente señala que no fue respetado el debido proceso, al haberse sobrepasado la discrecionalidad que la Ley le faculta al Director Nacional al dictar los Actos Administrativos, no respetando los principios de racionalidad y proporcionalidad. Al respecto, sostiene que, el procedimiento disciplinario respetó en todas sus partes la normativa legal correspondiente al Derecho Administrativo vigente en nuestro país.

Para ilustrar esta afirmación, indica, es necesario atender al detalle y razonamiento de la Vista Fiscal, en coherencia con lo que obra en el expediente sumarial, con el objeto de comprender cuales son trámites esenciales del procedimiento y si estos fueron respetados en su oportunidad. Así, tanto en la etapa probatoria, como en la formulación de cargos y en la etapa de descargos, atestiguan que el Sumario Administrativo se ajustó a derecho y que, sobre la base de sus conclusiones, junto a nuevos análisis según cada Recurso, permitieron que las Resoluciones posteriores fuesen debidamente motivadas de la etapa impugnatoria establecida en el artículo 141 del Estatuto Administrativo.

En el Sumario Administrativo instruido por Resolución Exenta N°50/2018 se aprecia con claridad, agrega, que todos ellos fueron plenamente observados en favor de los derechos de los funcionarios declarantes y luego inculpados en el proceso. Por otra parte, pero en el mismo sentido, el principio del debido proceso se ha reconocido tanto doctrinaria como jurisprudencialmente en el sumario administrativo, y como es lo natural, tiene como objetivo garantizar un correcto juzgamiento e involucra una serie de derechos y garantías para el funcionario que resulte inculpado: a) Derecho a Defensa; b) Imparcialidad, Objetividad e Instancias en el proceso; c) Proporcionalidad de la Sanción; d) Derecho a la presunción de inocencia; y e) Derecho a ser oído. En suma, se respetaron todas las instancias y principios establecidos por Ley en la tramitación del proceso.

En cuanto a la transgresión del fuero sindical, señala que el actor presenta un certificado de composición del directorio de las asociaciones emitido por la Dirección del Trabajo, en el que es sindicado como dirigente gremial de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Médico Legal y que no fueron respetados sus derechos. Los certificados tienen por objeto dar a conocer la vigencia de alguna organización sindical pública o privada y la composición total o parcial del directorio vigente a la fecha y son emitidos por la Dirección del Trabajo.

La finalidad de esto es constatar que personas específicas detentan el cargo de director de un Sindicato o Asociación gremial y que derechos y deberes les competen por tener dicha calidad, según la Ley respectiva. El libelo indica que no fue respetado su fuero gremial (derecho de inamovilidad) establecido en el artículo 25 de la Ley Nº19.296 (como consta en el certificado que acredita su calidad de dirigente gremial), toda vez que las normas sobre inamovilidad del empleo prevalecen respecto de las disposiciones en que el término de funciones de un servidor público depende del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad. En efecto, la medida de destitución constituye el ejercicio de una facultad privativa racional y fundamentada, la cual no puede ejercerse con prescindencia de las disposiciones sobre inamovilidad o estabilidad del empleo.

El artículo 25 de la Ley Nº19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración de Estado es claro en señalar que el fuero gremial tiene como límite la medida disciplinaria de destitución. Es menester recordar el artículo 19 inciso primero de Código Civil, sobre la interpretación de las leyes, en específico, el elemento gramatical establece que: “cuando el sentido de la Ley es claro, no se desentenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”. Así, el sentido de la Ley citada es clara y se entiende por su sola lectura, ya sea desde el punto de vista abstracto (como ley general) y desde el punto de vista del hecho jurídico particular que se está sometiendo a discusión. Por su parte el artículo 20 entrega directrices sobre el sentido legal de las palabras que emplee la ley, señalando que: “cuando el legislador la haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en esta su significado legal”. Esto es de especial importancia, ya que la Ley N°18.834 en su artículo 125 define lo que es la destitución en materia administrativa, por lo que se debe atender a dicha definición para analizar si es que se cumplen los supuestos que señala la norma jurídica para su aplicación.

En definitiva, este Servicio Público cumplió a cabalidad lo señalado por la Ley, en el sentido que, a través de un procedimiento disciplinario justo, racional y ratificado por la Contraloría General de la República (en este caso, la Toma de Razón) es posible destituir a un funcionario público, ya que el fuero gremial no es absoluto ni constituye inamovilidad. Con todo, la certificación de la Dirección del Trabajo, no es parte de la ilegalidad que se reclama en el presente recurso, relativa a la Resolución N°12/19 Tomada Razón el 04 de marzo de 2020.

Refiere que la investigación fue llevada a cabo por una Fiscalía Administrativa independiente, racional e imparcial, proveniente de un Servicio Público distinto a aquel en que se originaron los hechos, y que las resoluciones que toman la decisión de aplicar la medida de disciplinaria tienen una base profunda en la investigación respectiva, agregando que ésta fue ratificada por el Ministerio de Justicia y por la Contraloría General de la República, cumpliendo todos los requisitos que la Ley establece para su validez.

Indica que en el curso de la investigación se pudo comprobar que las vulneraciones cometidas por nombre reservado afectaron gravemente la continuidad del Servicio, y que la paralización de actividades sin turnos éticos, comandada por los sancionados, entre ellos el recurrente fue de una gravedad extrema, ya que afectó el atributo principal del Servicio Médico Legal.

Finalmente señala que el recurrente de manera alguna acreditó que existiese una vulneración a sus garantías constitucionales protegidas por el recurso de protección, y en mérito de ello solicita que se rechace en todas sus partes la acción cautelar impetrada por él.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: El acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario está constituido por la Resolución de Término N°12, de 26 de julio de 2019, notificada el 10 de marzo de 2020, mediante la cual se le impuso la medida disciplinaria de destitución, dictada por el Director Nacional del Servicio Médico Legal.

Quinto: La “ilegalidad” y la “arbitrariedad” pertenecen al género común de las acciones antijurídicas, pero la primera resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público o reconocida a un sujeto natural; y la segunda, importa una vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos.

Comúnmente se estima que lo ilegal representa una contravención formal al texto legal y lo arbitrario una ausencia de fundamento racional, o sea una manifestación del simple capricho del agente.

Sexto: En dicho contexto, cabe tener presente las facultades legales y reglamentarias de los Organos de la Administración del Estado, mediante las que se establecen los procedimientos y competencias que les han sido entregadas.

En tal sentido, es necesario recordar que la Administración Pública cuenta con un régimen jurídico que regula el procedimiento sumarial frente a actuaciones reñidas con la función pública, como es el caso. Le son aplicables la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, Ley N°18.575,Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley N°19.880 establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administración del Estado.

Séptimo: Analizados los antecedentes allegados al recurso de protección a la luz de la normativa aplicable al efecto, es posible concluir que la decisión que se reprocha se ha hecho con estricto apego a la legalidad vigente, dentro del ámbito de su competencia y respetando las formalidades procedimentales establecidas para tales efectos.

Tampoco puede estimarse como arbitraria la decisión impugnada, toda vez que la recurrida, como ya se dijo, en uso de sus facultades legales, resolvió imponer la medida disciplinaria de destitución, no en forma antojadiza o caprichosa, sino que tuvo como fundamento aquellos que sustentaron el sumario administrativo incoado al efecto.

Octavo: En consecuencia, ninguna ilegalidad ni arbitrariedad pueden imputarse a la autoridad y, antes al contrario, la recurrida ha obrado de acuerdo al ordenamiento jurídico que lo gobierna y sobre la base de criterios técnicos de carácter objetivos, que importó adoptar la decisión cuestionada, en tanto los argumentos que la sustentan satisfacen el deber de motivación del acto.

Noveno: En atención a lo hasta aquí razonado y, por haberse constatado en el presente caso la inexistencia del elemento esencial para la procedencia de un recurso de protección, esto es, un acto o una omisión ilegal o arbitraria, resulta innecesario analizar la presunta violación de las garantías constitucionales denunciadas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Director Nacional del Servicio Médico Legal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

Protección N° 31022-2020.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra e integrada por la Ministro señora Maritza Villadangos Frankovich y por la Fiscal Judicial señora nombre reservado.