nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veinte de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, por haber efectuado diversas publicaciones en redes sociales, específicamente, en Instagram, en las que imputa a la recurrida conductas que podrían constituir delito, utilizando su imagen y difundiendo contenido difamatorio. Considera dichas actuaciones ilegales y arbitrarias, atendido a que las acusaciones carecen de fundamento fáctico y no han sido establecidas por sentencia judicial alguna, vulnerando, con ello, los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19, números 1, 4 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a la recurrida eliminar las publicaciones y abstenerse de realizar otras similares.

Señala el recurrente que la recurrida comenzó a trabajar en su clínica ubicada en Providencia, realizando funciones de asistente administrativo el 1 de marzo de 2024. Expone que ese día, después de concluir la jornada laboral, él se encontraba en la terraza de la clínica fumando un cigarrillo en compañía de una técnica en enfermería cuando la recurrida se acercó solicitando un cigarrillo. En dicha conversación, la recurrida compartió aspectos personales de su vida, incluyendo problemas de salud y estéticos, mencionando específicamente que tenía los senos caídos y consultando si una cirugía podría afectar la sensibilidad en dicha zona.

Manifiesta que, posteriormente, la recurrida le solicitó una evaluación para determinar si era candidata a una cirugía y, en tal caso, conocer el costo del procedimiento. El recurrente procedió a realizar dicha evaluación siguiendo los procedimientos habituales, los que incluyen la medición de la distancia entre la clavícula y el pezón, y la evaluación de sensibilidad por medio de los meridianos de los senos, areola y pezón. Al día siguiente, notó cierta incomodidad en la recurrida, quien le manifestó tener dolores menstruales, ante lo cual le sugirió tomar analgésicos o considerar el uso de anticonceptivos, regalándole una caja de éstos.

Expone que el 18 de marzo de 2024, una funcionaria administrativa de la clínica le informó que la recurrida había manifestado sentirse acosada durante la evaluación. Al día siguiente, 19 de marzo de 2024, su hija, quien es administradora de la clínica, le comunicó que la recurrida había renunciado verbalmente aduciendo haberse sentido acosada durante la consulta. El recurrente sostiene que en ningún momento durante la evaluación la recurrida manifestó incomodidad o rechazo, y que siempre se le informó previamente al paciente cada procedimiento a realizar, obteniendo su consentimiento.

Señala que, a partir del 19 de marzo de 2024 la recurrida comenzó a realizar publicaciones en la cuenta de Instagram de la clínica (@clinicatitoblanco), en las que lo acusa de actos de connotación sexual, acoso y abuso. Adjunta capturas de pantalla de dichas publicaciones donde aparecen comentarios tales como "No vayan a esa clínica, ese viejo es un acosador y tenemos pruebas" y "Viejo verde asqueroso vas a pagar todo lo que le hiciste a mi amiga, te vamos a funar por estar tocando a mujeres de forma inadecuada". Asimismo, la recurrida publicó en su cuenta personal (@orianagarridor) comentarios como "Abusado sexual, acosador, no se operen con él. Abuso de mí", junto con imágenes del recurrente donde lo califica de "Violador, acosador".

El recurrente manifiesta que estas publicaciones han afectado gravemente su honra y han provocado amenazas en su contra, y destaca que, en sus más de 15 años de ejercicio como cirujano dedicado a la estética, jamás ha tenido denuncias ni problemas de este tipo.

En cuanto a los fundamentos de derecho, el recurrente sostiene que las publicaciones de la recurrida han vulnerado sus garantías constitucionales del artículo 19, N°1 de la Constitución Política de la República, al provocarle aflicción por la exposición pública y temor ante las amenazas recibidas; del artículo 19, N°4, al denostarlo y difamarlo públicamente, acusándolo de conductas que podrían constituir delitos sin que exista sentencia firme al respecto; y del artículo 19, N°24, al utilizar su identidad y fotografías sin su consentimiento, privándole del derecho inmaterial que tiene sobre su imagen.

Finalmente, solicita que se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida eliminar las publicaciones y comentarios que mantiene en contra del recurrente en la red social Instagram, abstenerse en lo sucesivo de realizar publicaciones del tenor que motivó el presente recurso en cualquier red social, y se oficie a Instagram para que proceda a la desactivación de las publicaciones de la cuenta @orianagarridor referentes al recurrente, con costas.

Segundo: Que evacúa informe nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condena en costas.

En cuanto a los hechos, la recurrida reconoce haber comenzado a prestar servicios en la clínica del recurrente en marzo de 2023, desempeñándose como asistente administrativa. No obstante, afirma que desde el inicio de la relación laboral se generaron situaciones que vulneraron su integridad física y psíquica, afectando gravemente sus derechos fundamentales.

Sostiene que la consulta realizada por el recurrente no fue solicitada formalmente por su persona, sino que se produjo en un contexto de confianza y abuso de jerarquía. Indica que la evaluación efectuada excedió con creces los límites de una consulta profesional y fue llevada a cabo sin su pleno consentimiento ni el cumplimiento de protocolos médicos.

Asimismo, expone que las acciones realizadas durante la evaluación, tales como la manipulación indeseada de su cuerpo, le causaron una sensación de incomodidad, vulnerabilidad y afectación emocional que motivaron su salida del establecimiento.

La recurrida hace presente que, para impedir que esta situación siga causando menoscabo en su calidad de mujer y ser humano, existen más antecedentes que pueden ser examinados por esta Corte en la causa RIT O-5907-2024, seguida ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de abuso sexual a persona mayor de 14 años, ilícito previsto y sancionado en el artículo 366 en relación al artículo 361 N° 2, ambos del Código Penal, donde el recurrente tiene la calidad de imputado y pesan tres medidas cautelares en su contra. Adicionalmente, refiere a la causa T-1595-2024, cuyo conocimiento y sustanciación corresponde al 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Respecto a las publicaciones efectuadas en redes sociales, la recurrida afirma que estas reflejaban su sentir y experiencia vivida, sin intención difamatoria, sino como un ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Enfatiza que dichas publicaciones, a la fecha en que evacúa el informe, ya no existen.

Argumenta que no existe vulneración de los derechos fundamentales del recurrente, ya que las publicaciones realizadas no tenían un carácter injurioso o calumnioso, sustentando que los hechos denunciados ante las autoridades policiales y de justicia son reales.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrida fundamenta su defensa en las siguientes garantías constitucionales: derecho a la libertad de expresión (Art. 19, Nº 12), sosteniendo que las publicaciones realizadas en alguna oportunidad se enmarcan dentro de este derecho fundamental; derecho a la integridad física y psíquica (Art. 19, Nº 1), argumentando que los hechos relatados evidencian una afectación grave a su integridad psíquica, configurándose una situación de abuso de poder; y derecho a la vida privada y honra (Art. 19, Nº 4), afirmando que la divulgación de los hechos en redes sociales se encuentra amparada en la necesidad de proteger su dignidad y evitar futuras situaciones similares.

Finalmente, solicita que la Corte rechace el recurso de protección interpuesto en su contra en todas sus partes, por carecer de fundamento jurídico y vulnerar sus derechos fundamentales; declare que las publicaciones que en alguna oportunidad fueron realizadas no constituyen un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión; y que se condene en costas al recurrente, por la interposición infundada de esta acción, puesto que, al momento de ser notificada (viernes 17 de enero de 2025), dichas publicaciones ya no existían.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la cuestión planteada por el recurrente dice relación con el derecho a la propia imagen y a la honra, que habría sido vulnerada por la recurrida a través de las publicaciones en redes sociales, en particular Instagram.

Quinto: Que, el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política garantiza “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, por lo que no cabe duda de que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida privada de las personas y su honra.

Sexto: Que, por otro lado, el derecho a la propia imagen ha sido entendido por la Excma. Corte Suprema como aquel “Referido a una proyección física de la persona, que le imprime a ésta un sello de singularidad distintiva entre sus congéneres dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, por consiguiente, constituye, junto con el nombre, un signo genuino de identificación de todo individuo” (C.S. Rol N° 2506-2009).

Séptimo: Que, respecto al resguardo constitucional del derecho a la propia imagen, a que tiende la acción propuesta en autos, si bien el artículo 20 de la Carta Fundamental no lo enumera determinadamente entre las garantías susceptibles de ampararse por ese arbitrio cautelar, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que su protección se encuadra en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, por encontrarse tácitamente comprendida en el atributo de privacidad de la persona, que esa norma se encarga de tutelar.

Octavo: Que, en el caso de marras, se hace evidente la dimensión negativa del derecho a la propia imagen, debido a que se encuentra establecido en autos que la recurrida, reconoce haber realizado publicaciones y divulgaciones en la referida red social, tal como quedó de manifiesto al momento de informar.

Noveno: Que, en la especie, se produce una colisión entre dos garantías constitucionales, a saber, entre el derecho a la honra y al de la libertad de expresión, las que deben ser debidamente ponderadas. Sobre el particular conviene tener presente que, dentro del derecho a la honra se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando –como en el caso de autos-, se publican en una red social afirmaciones que pueden distorsionar el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa.

Décimo: Que, de lo razonado, se advierte que la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto, y, por cierto, queda limitada por el derecho al buen nombre que le asiste a la afectada por las expresiones que se han vertido en una red social pública.

Undécimo: Que, en consecuencia, las publicaciones denunciadas constituyen una perturbación al derecho a la propia imagen del recurrente y su derecho a la honra, contenidas en el numeral 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, lo que conduce a acoger el recurso de autos en los términos que se dispondrán.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, con costas, el recurso de protección intentado por nombre reservado en contra de nombre reservado, sólo en cuanto se le ordena a la recurrida eliminar, dentro de 48 horas día, las publicaciones efectuadas en la red social de Instagram.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Protección N°3101-2024.

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