nombre reservado con nombre reservado

12 Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno.

Al folio 18: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que comparecen don nombre reservado, chileno, cédula de identidad N°RUT reservado, y nombre reservado, chileno, cédula de identidad N°RUT reservado, abogados, actuando como mandatarios y en representación de don nombre reservado, chileno, cédula de identidad número RUT reservado, y de don nombre reservado, chileno, cédula de identidad número RUT reservado, ambos Químicos Farmacéuticos y funcionarios de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SALUD Y EDUCACIÓN DE LA FLORIDA (COMUDEF), quienes interponen acción de protección en contra de nombre reservado, periodista, por haber vulnerado gravemente derechos fundamentales de sus representados, en particular su derecho a la honra, derecho garantizado a toda persona por el artículo 19 número 4 de la Constitución Política de la República.

Fundan su acción señalando que ambos recurrentes son químicos farmacéuticos que se desempeñan como funcionarios del Departamento de Salud de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SALUD Y EDUCACIÓN DE LA FLORIDA (COMUDEF). Don nombre reservado desde el 1º de julio de 2017, en calidad de asistente técnico del área de Salud (Farmacia), en tanto que don nombre reservado desde el 23 de octubre de ese mismo año, en igual calidad.

Con fecha 27 de enero del año en curso, el Instituto de Salud Pública (ISP), llevó a cabo una inspección técnica a la Droguería de la Corporación, unidad ubicada al interior del CESFAM “nombre reservado”, en domicilio reservado, y en la que los recurrentes ejercen habitualmente sus funciones.

Al término de dicha inspección, los funcionarios del ISP, doña nombre reservado y don nombre reservado levantaron la correspondiente Acta Inspectiva, en la que junto con formular observaciones, en su mayoría relativas a deficiencias de infraestructura, instruyeron la implementación por parte de la Corporación de un conjunto de medidas, otorgando al efecto sendos plazos de cinco y diez días hábiles, según el tipo de medida a implementar.

Es con ocasión de la mencionada inspección practicada por el ISP que autoridades de la Municipalidad de La Florida iniciaron dos vías de acción:

—Adoptaron un conjunto de medidas investigativas, tanto de orden interno como externo, instruyendo por una parte la realización de un sumario administrativo, y presentando, por otra, una denuncia y una querella en contra de quienes resulten responsables por los delitos que las mismas indican.

—Simultáneamente, las autoridades municipales sometieron a los recurrentes a un impresionante despliegue de amenazas, actos de persecución y hostigamiento, con destrucción de bienes municipales e infracciones laborales de diverso tipo, con grave infracción de los derechos fundamentales de ambos trabajadores, despliegue que no solo fue oportunamente denunciado por los recurrentes a la Policía de Investigaciones de Chile y a Carabineros de Chile, así como a la Inspección del Trabajo, sino que además es objeto de la causa de protección Rol 1765-2021 (nombre reservado y nombre reservado, con Corporación Municipal de Salud y Educación de La Florida), seguida ante este mismo Tribunal.

Agregan que a la fecha de interposición de la presente acción de protección, los recurrentes señores nombre reservado y nombre reservado no han sido objeto de formalización en procedimiento penal alguno (ni siquiera han sido citados a declarar por el Ministerio Público) ni tampoco les ha sido formulado algún cargo en el mencionado sumario administrativo, hallándose éste a inicios de su fase de investigación.

En tal contexto, con fecha 13 de febrero del año 2021, el recurrido don nombre reservado, de profesión periodista, realizó a través de Twitter, red social de masiva difusión, una publicación de hechos falsos y de inequívoca aptitud lesiva de la honra de los recurrentes y sus familias, con clara vulneración de la garantía prevista en el artículo 19 número 4 de la Constitución. Así, la publicación del Sr. nombre reservado es la siguiente: “Desde el Ministerio Público califican de ‘obsceno’ el incremento de patrimonio de los químicos farmacéuticos. A saber, ambos tenían sueldos de 2 MM, pero presentan varias propiedades, autos de lujo, viajes de alto gasto y otros, los que no escondieron ni disimularon”. Agrega que existe una inequívoca alusión a los recurrentes, ya que la publicación se enmarca en una cadena de publicaciones que el recurrido habría realizado entre los días 9 y 26 de febrero, relacionadas con la situación de la Droguería de la COMUDEF, y en las que se alude expresamente a los recurrentes.

Añaden que con posterioridad a la publicación materia de la presente acción, y por tanto dentro del plazo de tutela de la misma, el Sr. nombre reservado continuaría difundiendo sus publicaciones, no solo en la misma plataforma digital donde originalmente las hizo (Twitter), sino replicándolas a otros medios de prensa como es el caso del Diario Digital comunal de La Florida “El Quillayino”, donde con fecha 26 de febrero de 2021 replica y firma como de su autoría una publicación en la que, remitiéndose como es su costumbre a fuentes que no identifica (“funcionarios municipales del área de la salud me confirman…”), y hablando en todo momento de “narcotráfico”, llega a conjeturar una cantidad de “medicamentos faltantes” que oscilaría entre los 900.000 y más de RUT reservado de fármacos, situación que de acuerdo con los antecedentes que obran en su poder no responde a la realidad y que las investigaciones administrativas y judiciales que recién se inician debieran esclarecer.

Sostienen que las afirmaciones plasmadas en la publicación efectuada con fecha 13 de febrero por el periodista recurrido son no solo inexactas o imprecisas, sino falsas. El recurrente nombre reservado carece de propiedades, vive con sus padres y no ha viajado nunca en avión, ni dentro ni fuera de Chile. Mal puede afirmarse, entonces, que el Sr. nombre reservado presente “varias propiedades, autos de lujo, viajes de alto gasto y otros”, como se lee en la publicación del señor nombre reservado, publicación indigna de un profesional de la prensa. A su turno, y en lo que respecta al recurrente nombre reservado, él tampoco tiene ninguna propiedad inmueble, arrienda un departamento en La Florida, por el que paga 350 mil pesos mensuales, tampoco es propietario de automóvil alguno, y el último viaje al extranjero que hizo fue hace cinco años, a Colombia.

Señalan que el verse mencionados con nombre y apellido en una sucesión de publicaciones hechas a través de una red social de alta masividad, publicaciones en las que por doquier se lee la expresión “narcotráfico”, y más aún por un periodista (lo que en una sociedad decente permitiría conferirle a sus aseveraciones un prius de seriedad y responsabilidad), sin lugar a dudas constituye una grave lesión no solo al bien jurídico cuya vulneración se invoca en la presente acción —la honra— sino a otros no menos provistos de reconocimiento y tutela constitucional como es el caso de la integridad psíquica o la libertad de trabajo de los recurrentes.

Agregan que las publicaciones mencionadas fueron direccionadas ese mismo día mediante link a una cuenta grupal de la masiva y popular plataforma Facebook, denominada “ Bolsa de Trabajo Q.F. y B.Q. Chile” cuenta integrada por más de 9.300 miembros activos entre ellos Químicos Farmacéuticos, Bioquímicos y estudiantes de ambas carreras, lo que naturalmente suscitó la alarma de no pocos colegas de los recurrentes, quienes, desde diversos puntos del país, se comunicaron con ellos para interesarse por su situación y conocer, de su propia palabra, qué estaba sucediendo en la Droguería Municipal de La Florida.

Exponen que el recurrido no tuvo la más mínima calidad humana y profesional de contrastar las denigrantes afirmaciones realizadas contra los recurrentes, siendo varios de estos datos de fácil verificación en la medida que se encuentran sometidos a un sistema registral público (caso de los bienes raíces). Por su parte, el recurrido tampoco hizo intento de contactar a los recurrentes de protección, los principales afectados por sus dichos falsos y difamatorios.

Por último, dicen que el hecho de haber efectuado el periodista recurrido, don nombre reservado, una publicación a tal extremo falsa y a la vez poco prolija en su obtención y comprobación, y por tanto inveraz en el sentido ya descrito, como la realizada con fecha 13 de febrero del año 2021 a través de la red social Twitter, en evidente descrédito y menoscabo del nombre y la honra de los profesionales recurrentes, señores nombre reservado y nombre reservado, así como de sus familias, en el contexto de una serie de publicaciones efectuadas por el propio recurrido durante tres días y en la misma red social, con constantes alusiones conjeturales al tráfico ilícito de medicamentos y enmarcadas por llamativas imágenes alusivas al mismo (fotos de grageas, cajas de medicamentos, entre otros), constituyen un ejercicio abusivo de la libertad de información, con grave afectación de la honra de los recurrentes, quienes a la fecha de interposición de la acción de protección no han sido objeto de una sola acusación formal en el procedimiento sumario instruido en la Municipalidad de La Florida como tampoco en procedimiento judicial alguno.

Por estos motivos, existiendo acto arbitrario e ilegal que vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 4 de la Carta Fundamental, solicitan acoger la acción, declarando arbitrarias e ilegales las actuaciones denunciadas y arbitrando las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho, entre ellas y salvo mejor parecer del Tribunal, las medidas concretas que a continuación se solicitan:

1.- Se ordene al recurrido proceda a eliminar, dentro de tercero día hábil, la publicación realizada con fecha 13 de febrero de 2021 en la red social Twitter y transcrita en la página 4 de su presentación, en descrédito y deshonra de sus mandantes.

2.- Se prohíba al recurrido realizar cualquiera nueva publicación, sea a través de medios virtuales o digitales, sea por medio de formatos físicos, en la que difunda hechos falsos e inveraces en descrédito de sus mandantes.

3.- Se ordene al recurrido realizar, dentro de tercero día hábil, a través de la red Twitter, una o más publicaciones, en las que rectifique las aseveraciones que hizo por medio de la misma plataforma digital, con fecha 13 de febrero de 2021, en descrédito de sus representados, publicaciones que deberán permanecer vigentes y accesibles al público durante un lapso al menos igual a aquél en que la publicación dañosa de su autoría y materia de la presente acción hubiere permanecido vigente.

4.- Finalmente, y atendido que los afectados han debido accionar a fin de poner atajo a los actos vejatorios de que han sido objeto, solicitan que se disponga expresamente la condena en costas.

2°) Que, comparecen en autos doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados, ambos en representación de don nombre reservado, recurrido, evacuando el informe pertinente, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas, por no existir una acción u omisión arbitraria e ilegal que prive, perturbe o amenace alguna garantía constitucional de los recurrentes.

Fundamentan su solicitud exponiendo que la inspección técnica de fecha 27 de enero del año 2021 fue solicitada por la Corporación Municipal de educación, salud, cultura y recreación de la Municipalidad de La Florida (en adelante, Comudef), en específico por el Secretario General de Comudef, quien, ante las constantes negativas al intentar fiscalizar los registros e inventarios de los productos que se almacenaban, decidió solicitar al ISP, con fecha 12 de enero, que se realizara una fiscalización urgente en dicho lugar, para poder dar con cualquier irregularidad en el manejos de los productos en la farmacia.

Señalan que a partir de la fiscalización realizada en la inspección, se pueden desprender no solo problemas de infraestructura como la recurrente pretende hacer ver, sino que existen graves deficiencias en los inventarios y procedimientos que no fueron llevados como las directrices lo imponían. Agregan que dado lo anterior, el ISP emitió el Acta N°38/21, en donde se instruye a la COMUDEF para que tome una serie de medidas respecto a las deficiencias e inconsistencias constatadas. Hacen presente que las publicaciones que realiza el señor nombre reservado se relacionan con estas deficiencias en inventarios que el ISP detectó en la Droguería, no siendo un hecho falso, por lo demás.

A mayor abundamiento, señalan que se detectaron, según el acta del ISP, productos faltantes o fraccionados, que son de control legal, tales como: anfetamina, metilfedinato, fenetilina, clonazepam, amobarbital, entre otros.

Expresan que el día 27 de enero del presente año, el Secretario General de la Comudef, don nombre reservado, instruyó iniciar un procedimiento administrativo en contra de los recurrentes, para esclarecer ciertos hechos. En virtud de esto, los funcionarios fueron suspendidos temporalmente de sus funciones, mediante el Dictamen N°02 del 05 de febrero del 2021, dando cuenta que sí existe una investigación respecto de los hechos ocurridos, y que, por lo demás, derivó en una querella, en contra de quien resulte responsable, por delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y el tipo penal de suministro ilícito de drogas, previsto en el artículo 7 de la Ley N°20.000.

Precisan que toda la información que el señor nombre reservado manejaba, que fue publicada el día 9 de febrero, provenía desde la interna de la Municipalidad y por parte de la investigación del proceso penal, información que se ve confirmada con el informe del recurso de protección emitido por Comudef, confirmando que lo hasta ahora dicho por el recurrido tiene sustento y resulta ser verdadero. Además, lo expuesto tiene que ver con la investigación penal que está pendiente y de la que don nombre reservado tiene conocimiento. Como resulta de la naturaleza de su profesión, no le es posible revelar la fuente que ha entregado dicha información solicitando su reserva, pero eso no quita que dicha información sea verídica, y esto es: existe una investigación que involucra a funcionarios de la droguería comunal de La Florida. Sostiene que no se hace alusión a ninguno de los recurridos y que jamás se indica que estos funcionarios son quienes fueron acusados ni menos los califica como narcotraficantes, sino que, por el contrario, informa las medidas que como Comudef fueron tomadas, y que, de todas formas, constan en los hechos aportados por el mismo recurrente.

Sostienen que se debe tener en cuenta que don nombre reservado jamás indicó la profesión de los recurrentes, por lo que al referirse a “químicos farmacéuticos” no se demuestra que son las mismas personas nombradas en la publicación de 9 de febrero del presente año. La distancia de días y de la misma descripción que se hace el día 13 de febrero no permite encajar a los recurrentes en los hechos narrados por el recurrido.

En la misma exposición de hechos que realizan los recurrentes en la protección, dicen, se nota la clara intención de tergiversar las publicaciones emitidas por el señor nombre reservado, puesto que, para su conveniencia, señalan primero las publicaciones del 13 de febrero, en donde se habla de “red de tráfico de estupefacientes”, para luego intentar unirlas, de manera defectuosa, a la respuesta que da en su cuenta, en una cadena de publicaciones distinta, a la concejala Marcela Abedrapo, quien solicita más antecedentes al respecto, los que su representado entrega, indicando que habían sido desvinculados, sin indicar más que sus nombres. Un hecho relevante de destacar, añaden, es que entre el 9 de febrero en el tweet en que nombra a los recurrentes, y el 13 de abril hay 4 días de diferencia, lo que significó en la práctica 88 publicaciones de diferencia relacionadas a distintas temáticas, por lo que el intento de hacer creer que estos se encuentran relacionados directamente, es alejado de la realidad.

El recurrido tiene una cuenta en la red social digital Twitter, en la que publica sus propias opiniones a título personal e informaciones que considera de interés informativo, en tanto promuevan el debate y la fiscalización cívica de los ciudadanos para con sus instituciones. Los antecedentes referidos en los tweets son materia de investigación judicial y se refieren a información según fuentes declaradas, por lo que el recurrido menciona de manera expresa quién sostiene los dichos que informa en su cuenta de Twitter. El señor nombre reservado indica en sus publicaciones: “Desde el Ministerio Público califican…”, “Municipalidad de la Florida denuncia…”, “la acusación involucra a…”. Es decir, del tenor literal de las publicaciones queda establecido que el periodista expresa antecedentes que vinculan información con quien la dice, para que de este modo el usuario de la red a quien llegue el contenido pueda valorar por sí mismo contenido y fuente, consignan los informantes.

Por último, respecto del acto, mencionan que el mismo no es arbitrario ni ilegal, y que no causa privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos amparados por el recurso de protección, puesto que el solo hecho de mencionar que los recurrentes fueron desvinculados en virtud de una decisión administrativa no amenaza por sí la honra de una persona. En el resto de las publicaciones nunca se hace referencias a ellos, no se vuelven a mencionar sus nombres ni se los vincula con alguna profesión que permita identificarlos con los hechos.

Citando al Tribunal Constitucional (STC 1463, c. 15), agregan que el derecho a la honra no es absoluto, y que su protección admite límites, como muchos de los cuales se relacionan con la libertad de expresión y los deberes de tolerancia y crítica que implica la vida en sociedad.

En virtud de lo anterior, solicitan tener por evacuado el informe solicitado y desestimar con costas el recurso de protección, por no existir en el caso sub lite una acción u omisión arbitraria e ilegal de los recurridos que prive, perturbe o amenace alguna garantía constitucional de los recurrentes.

3°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

5°) Que el recurso en examen no puede prosperar, debiendo desestimarse, en primer lugar, por la razón más básica: no existe un acto ilegal o arbitrario en que hubiere incurrido el recurrido, con ocasión de la publicación en su cuenta de internet o en la publicación digital aludida en el libelo, de noticias relativas a hechos ocurridos en el municipio de La Florida, así como con la existencia de un proceso criminal llevado en el Ministerio Público.

En efecto, al informar sobre los hechos de que se da cuenta en el recurso, el recurrido únicamente cumple con los deberes de su profesión de periodista, sin que sea posible estimar que su motivación, aparte de la de informar sobre hechos reales, ocurridos e indagados al interior del señalado municipio, pueda ser la de dañar la honra de quienes han recurrido.

No se advierte cual es la normativa legal transgredida por el hecho de informar sobre una situación que se encuentra bajo una doble investigación y que podría derivar en delictiva, ni tampoco se aprecia cual sería la arbitrariedad de tal información, si ella es objetiva y se limita a dar cuenta de los hechos de que el recurrido, en su calidad de periodista, toma conocimiento y a la vez, los comunica mediante su publicación en su cuenta personal y en un diario digital de la comuna de la Florida.

6°) Que debe recordarse que la LEY 19733 “SOBRE LIBERTADES DE OPINION E INFORMACION Y EJERCICIO DEL PERIODISMO”, dispone en su primer artículo lo que sigue:

“Artículo 1º.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley.

“Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley.

“Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general.”

Esta norma básica contempla, entonces, la libertad de informar sin censura previa, y por otro lado, consagra la responsabilidad en que se pueda incurrir con ocasión del ejercicio de tal derecho, debiendo responderse de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley.

Por lo tanto, el recurrido tiene el derecho que le confiere la legislación para informar sin censura previa, y si los recurrentes estiman que en tal ejercicio se ha incurrido en algún delito o en algún abuso, deberían perseguir la responsabilidad por la vía jurisdiccional correspondiente, que ciertamente no es la acción cautelar de protección, que constituye una de urgencia o emergencia.

Efectivamente, el artículo 16 de la misma ley entrega la herramienta jurídica para reclamar de una alusión injusta en algún medio de comunicación social, siendo su tenor el siguiente:

“Artículo 16.- Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que se establecen en los artículos siguientes, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.”

De lo dicho aparece una aparente colisión entre dos derechos: el de informar y el derecho a la honra. Sin embargo, en caso de tratarse de personas cuyo comportamiento no merece reproche alguno, resulta evidente que su honra no podrá verse afectada por alguna publicación de prensa, en que se da cuenta de investigaciones administrativas y/o penales, las que, una vez concluidas sin cargos para quienes son indagados, verán robustecida dicha honra. Esto significa que únicamente se han dado a conocer hechos objetivos.

7°) Que, adicionalmente, el recurso de autos no puede prosperar, habida cuenta que los recurrentes carecen de un derecho preexistente e indubitado que se vea afectado o siquiera amagado; y su derecho a la honra tampoco puede estimarse en peligro por una simple publicación en medios de internet, derecho el cual, en cualquier caso, debe ceder frente a la libertad de opinión y de información.

8°) Que, en razón de las breves consideraciones anteriores, que no son necesarias otras adicionales dada la claridad del asunto, es que el recurso en examen no puede prosperar, debiendo en cambio ser desestimado, por no existir un acto u omisión ilegales o arbitrarios ni haber esgrimido los recurrentes un derecho preexistente e indubitado.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se rechaza la acción de protección entablada por don nombre reservado y por don nombre reservado, abogados, en representación de don nombre reservado y de don nombre reservado, en contra de don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°3065-2021.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el abogado integrante señor Jequier, por ausencia.