nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, diez de julio de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 15: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana, por haber efectuado un descuento intempestivo de su remuneración correspondiente al mes de enero de 2025 por un monto de $331.616, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se habría realizado sin previo aviso después de más de seis años transcurridos desde que la obligación cayó en mora, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social mediante descuentos de sus remuneraciones.

Según expone el 11 de diciembre de 2013, contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado "crédito", por un monto de $4.700.000 el cual fue pactado en 60 cuotas mensuales, venciendo la primera el 31 de enero de 2014 y la última en enero de 2019, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, esto es, mediante descuentos por planilla de remuneraciones.

Agrega que transcurridos un par de meses desde la contratación del crédito, por causas ajenas a su voluntad, fue desvinculada de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, y en consecuencia, los pagos realizados mediante descuentos por planillas dejaron de efectuarse. Sostiene que, ante esta situación, y tras diversas conversaciones con la recurrida, el 25 de julio de 2019 realizó un acuerdo de pago, mediante el cual se comprometió a pagar un monto $8.472.245 en 36 cuotas de $331.616 cada una.

Señala que el 30 de enero del año en curso, (momento en que tomó conocimiento, recibió su remuneración correspondiente a dicho mes un descuento de $331.616, realizado por la parte recurrida.

Sostiene que la recurrida dedujo demanda civil por el crédito social, el que no aparece en la Oficina Judicial Virtual y que a su vez la recurrente inició causa sobre medida prejudicial de exhibición de documentos e causa Rol C-439-2021, seguida ante el 10° Juzgado Civil de Santiago, en donde se le aplicó el apercibimiento contemplado en el artículo 277 del Código de Procedimiento civil a la recurrida, tras no acompañar el documento solicitado en el que se fundará la deuda contraída.

Indica que el actuar de la recurrida constituye un hecho arbitrario e ilegal pues está reviviendo de manera unilateral un derecho que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 le otorga a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente sus créditos, vulnerando con ello su derecho de propiedad, en lo relativo a su remuneración.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, sostiene que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario por cuanto el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar los denominados "descuentos por planilla" directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados. Sin embargo, argumenta que dicha entidad es un órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, de tal modo que no puede hacer un uso irracional y caprichoso de los derechos y facultades que el ordenamiento jurídico les confiere.

Según la recurrente, resulta del todo irracional, abusivo y, por consiguiente, arbitrario, que la recurrida haga uso del artículo 22 de la Ley N° 18.833, sin previo aviso y sin que la recurrente tenga posibilidad de defenderse ante una deuda susceptible de ser declarada parcialmente prescrita, privándola de su íntegra remuneración y también de las expectativas económicas ligadas a su trabajo, lo que vulnera abiertamente el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Añade que dicho actuar es una práctica habitual de la recurrida y de las demás Cajas de Compensación, respaldo de lo cual es la abundante jurisprudencia que acoge acciones análogas, tanto de las Iltmas. Cortes de Apelaciones como de la Excma. Corte Suprema.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare arbitrario e ilegal los hechos descritos, ordenándose a fin de restablecer el imperio del derecho: 1) Que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones; 2) Que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles o del que S.S. Iltma. mejor estime; y 3) Que se condene expresamente en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que informando la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada por doña nombre reservado., solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra por las razones de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

Señala que el 27 de julio de 2019 se le otorgó a la recurrente un crédito social por el monto de $8.149.340, pactado en 36 cuotas, cada una por la suma de $331.616, y que tiene su origen en una reprogramación anterior.

Agrega que, en cuanto al crédito objeto del recurso, la recurrente no canceló ninguna de las cuotas, y que las gestiones extrajudiciales resultaron infructuosas constituyéndose así en mora, siendo posible ubicarla en el mes de diciembre de 2024, al encontrase prestando servicios en una empresa afiliada a esta Caja de Compensación remitiéndose nómina para descuento del mes siguiente, recibiéndose a la fecha 2 remesa correspondiente a enero y febrero de 2025, cada una por la suma de $331.616, por lo que hasta la fecha se han pagado 2 cuotas y existen 34 cuotas morosas.

Sostiene que el descuento practicado a la recurrente dice relación con el pago de una obligación que no se ha extinguido por alguno de los modos contemplados en el artículo 1567 del Código Civil y cuyas acciones derivadas del mutuo y del pagaré no han sido declaradas prescritas, por ende, esta obligación está vigente y su pago exigible, mediante el mecanismo consagrado en el artículo 22 de la Ley N°18.833. Más aún cuando existe una obligación cuya fuente está constituida en el mutuo otorgado por su representada en el 2013 y que, a través de esta vía, la recurrente pretender evadir su pago.

En cuanto a los fundamentos jurídicos señala que, en el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833, en cuyo número 3° indica que las Cajas de Compensación pueden "administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley". Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que "las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial".

Agrega que los créditos sociales constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, lo que la diferencia de otras instituciones, por cuanto su función se encuentra indisolublemente unida al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado.

La recurrida explica que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan, es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales".

Agrega que el descuento realizado para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la institución que representa, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar antojadizo, caprichoso o ilegal, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento del mandato legal de resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y cuyos descuentos se van imputando a la deuda contraída y que se limita sólo al monto de la cuota adeudada e incluso muchas veces es inferior al valor de la cuota, ya que por normativa de la Superintendencia de Seguridad Social las Cajas de Compensación no pueden exceder del máximo de descuento permitido dependiendo de si se trata de un trabajador dependiente, independiente o pensionado.

Finalmente, sostiene que no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales de la actora, ya que, en todo momento, esta entidad ha obrado conforme a derecho y salvaguardando las garantías constitucionales, en especial la contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de su remuneración, por cuanto el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales que tiene evidente carácter social al ser una prestación de seguridad social.

Por estas razones, la recurrida solicita que se tenga por evacuado el informe requerido y, en mérito de lo expuesto, se rechace la acción de protección interpuesta.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales contemplado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

De lo anterior resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

CUARTO: Que en el presente caso el acto que la recurrente tilda de ilegal y arbitrario es haberse solicitado a su empleador, la retención de cuotas morosas del crédito social que le fuere otorgado en su oportunidad por la C.C.A.F. La Araucana.

QUINTO: Que no consta en la especie que el crédito social antes aludido haya sido sometido a cobro judicial por la C.C.A.F. La Araucana, de lo que se sigue que el actuar de las instituciones recurridas se aviene estrictamente a lo preceptuado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, en cuanto las faculta a requerir del empleador la retención desde las liquidaciones de remuneraciones del trabajador-deudor, de las cuotas impagas de los créditos sociales que le hubieren sido otorgados.

En ese entendido, solo cabe concluir que no ha existido en la especie actuación ilegal o arbitraria alguna atribuible a la recurrida, motivo por el cual la acción constitucional en revisión será desestimada.

SEXTO: Que, por lo demás, se advierte que los derechos que la recurrente solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial que establezca de modo cierto la falta de exigibilidad de las obligaciones que sustentan jurídicamente los descuentos, situación que en cualquier caso debe ser esclarecido y reconocido en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana.

Regístrese y archívese.

N°Protección-3061-2025.