nombre reservado con UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO

C.A. de Santiago Santiago, quince de septiembre de dos mil veintiuno.

Proveyendo el escrito folio 16: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Luis Areey Mora, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado y en contra de la Universidad Nacional Andrés Bello, por el acto arbitrario e ilegal consistente en llamarlo a él y a su sobrina para cobrarle una deuda que se encontraría saldada, afectando las garantías contempladas en los numerales 1 y 4 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurrente tuvo una deuda con la Universidad Andrés Bello que ya pagó. Sin embargo, la recurrida desde marzo comenzó a llamarlo para exigir el cobro de aquella deuda que ya estaba saldada.

Agrega que la Universidad Andrés Bello, el 11 de marzo de 2021 comenzó a llamar insistentemente a la sobrina del recurrente, nombre reservado al teléfono teléfono reservado, para exigirle el pago de la deuda que mantiene su tío.

Sostiene que esa situación ha afectado al protegido, ya que es una persona responsable que se ve expuesta a conflictos familiares y a perturbaciones en su integridad psíquica y armonía familiar por causa de esa intromisión.

Refiere que la actitud de la empresa amenaza su tranquilidad, sus relaciones familiares, intimidad e integridad psíquica.

Manifiesta que la conducta de la recurrida no se justifica, dado que el recurrente ni siquiera tiene una deuda en la actualidad y se está involucrando de forma ilegal a su familia, ya que, si el objetivo de los llamados telefónicos es poner en noticias al deudor de su morosidad, ésta se logra con una de dichas comunicaciones, pero insistir reiteradamente en el mismo lenguaje resulta desproporcionado e intimidatorio Sostiene que se ven vulneradas las garantías contempladas en el número 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en la medida en que ese acoso telefónico por parte de las recurrida resulta ser persistente, ajeno a la razón y excede los márgenes de lo permitido y tolerable, afectando sin razón el diario vivir y la tranquilidad de nombre reservado, que por su edad y trabajo le conlleva riesgo de desarrollar trastornos y afectaciones que afecten su salud psíquica.

Por lo expuesto precedentemente, pide que se acoja la acción de protección y se declare ilegal y arbitrario el acto de la recurrida, derivado de las constantes y repetidas llamadas telefónicas efectuadas por sus empleados a nombre reservado y a su sobrina; que se ordene la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio por el acto ilegal y arbitrario reclamado en autos, conducentes a restablecer el imperio del derecho en la situación fáctica alegada. Precisa que entre estas medidas, se incluyan la de disponer a la recurrida abstenerse de efectuar llamadas telefónicas a la familiar de su representado, sea a su teléfono celular, o a su teléfono de hogar; se ordene además a la recurrida abstenerse de enviar correos electrónicos, mensajes de texto y cartas de amenaza al domicilio de su representado o cualquier otro acto de comunicación vulnerador de garantías constitucionales, con costas.

Segundo: Que, la recurrida evacúa informe, señalando que el 19 de diciembre de 2019, el recurrente suscribió un Contrato de Prestación de Servicios Educacionales con UNAB para el año académico 2020, en calidad de aceptante y en favor de la alumna nombre reservado, quien cursa desde el año 2016 la carrera de Tecnología Médica en la Universidad.

Explica que, en virtud del Contrato, tanto el Recurrente como la Srta. nombre reservado se obligaron a pagar un arancel por la suma de $5.242.424, en 11 cuotas iguales y sucesivas de $476.584 a contar del 10 de marzo del 2020 y hasta el día 10 de enero del 2021.

Sostiene que el Sr. nombre reservado adeuda íntegramente el arancel del año académico 2020 y explica que, atendida la cantidad de acreencias de las Universidades por concepto de créditos morosos, constituye una práctica común dentro de las entidades universitarias la encomienda de esos servicios a empresas externas dedicadas a la cobranza extrajudicial y judicial, cuya ejecución del servicio queda entregado exclusivamente a esta última en su calidad de prestador de servicio.

Plantea que si lo que pretende el recurrente es el cese de una conducta determinada, debió haber interpuesto la acción en contra de aquel que la ejecutó, en este caso, la empresa de cobranza extrajudicial, a quien ni siquiera emplazó.

Controvierte los supuestos hostigamientos y amenazas recibidas por el recurrente, ya que no hay constancia alguna de su efectividad.

Añade que aun concediéndole al recurrente que se trata de llamados telefónicos de una empresa de cobranza, cuesta trabajo calificar de “acoso telefónico” dos llamadas telefónicas, a dos teléfonos distintos, en un mismo día y en horas hábiles, de 25 segundos y 6 minutos cada una.

Manifiesta que los constantes y repetidos llamados telefónicos que habrían provocado una afectación a la integridad psíquica y armonía familiar del Sr. nombre reservado y sobre el cual funda su acción corresponde en realidad a una única llamada telefónica de 6 minutos.

Señala que el 11 de marzo de 2021 la empresa de cobranza llamó telefónicamente a la Srta. nombre reservado, por un lapso de 25 segundos, teléfono que fue el indicado por el recurrente y/o la alumna al momento de la matrícula. Añade que es carga del aceptante y/o la alumna, indicar de manera correcta su teléfono de contacto a la Universidad e informar de cualquier cambio.

Asevera que la Universidad no tiene relación alguna con las acciones desplegadas por una empresa de cobranza extrajudicial en el ejercicio de sus funciones. Luego, la legitimación pasiva de la presente acción de protección respecto a los supuestos llamados u hostigamientos, sería de dicha empresa, la cual no ha sido emplazada en los presentes autos.

Indica que el recurrente tampoco tiene legitimación activa para reclamar la supuesta afectación psicológica de su sobrina, ya que lo reclamado en estos autos constituyen derechos personalísimos respecto a los cuales sólo cabe a su titular -la Srta. nombre reservado-, reclamar su vulneración.

Señala que aun cuando los llamados no han sido ejecutados por la Universidad, los únicos dos que fundan la acción del recurrente y de los cuales sólo uno fue a su teléfono, los que encuentran su justificación en la deuda que actualmente mantiene con UNAB, y no podrían ser constitutivos de “reiterados” o “insistentes”.

Concluye que no existe acto arbitrario o ilegal, pues (i) los llamados no pueden considerarse reiterativos o persistentes; (ii) existe justificación para realizar los llamados, pues la deuda continúa impaga; y (iii) estos se realizaron al teléfono del Sr. nombre reservado en su calidad de deudor de la misma, y al teléfono individualizado por la Srta. nombre reservado en su calidad de deudora y alumna de la Universidad, conforme lo establece el Contrato.

Niega que se hayan afectado las garantías que el recurrente señala como vulneradas.

Refiere que las afirmaciones que sustentan el recurso de autos han sido controvertidas por su parte, desde la autoría que se le imputa a UNAB de los llamados como actos ilegales o arbitrarios, el supuesto pago que invoca el recurrente, la calificación de dichos llamados como “persistentes” y vulneratorios de garantías fundamentales, de modo que no podría afirmarse la existencia de un derecho indubitado que cautelar, pues el recurrente sí detenta la calidad de deudor respecto de UNAB.

Afirma que las imputaciones efectuadas requieren de prueba a través de los medios probatorios idóneos que dispone el Código de Procedimiento Civil, los que sólo se pueden rendir en un juicio de lato conocimiento.

Tercero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Sobre la existencia del acto impugnado obra que corresponde a las llamadas efectuadas por la empresa de cobranza tendientes a cobrarle una deuda que se encontraría saldada con la Universidad Andrés Bello, afectando las garantías contempladas en los numerales 1 y 4 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la falta de legitimación pasiva:

Quinto: Que en base a que el acto denunciado por esta vía habría emanado de una empresa de cobranza mas no de la Universidad Andrés Bello, se estima que esta última no reviste la calidad de legitimada pasivo razón suficiente para desestimar el presente arbitrio constitucional.

Sexto: En consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna -denunciada o verificable- de parte de la citada universidad.

Séptimo: Que, en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a favor de favor de don nombre reservado en contra de la Universidad Nacional Andrés Bello, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

N° Protección 3059-2021.