nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Maynes Ziller Hernández, abogada, en representación de nombre reservado, Sargento 1° de Carabineros (R), quien deduce recurso de protección en contra del Ex-General Inspector de Carabineros nombre reservado, en su calidad de Ex-Director Nacional del Personal de Carabineros de Chile, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 376 de 07.04.2.017, de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros que le aplicó la medida disciplinaria de eliminación por conducta mala con efectos inmediatos, sólo en la parte que ordena la retención de sus remuneraciones, con lo cual se vulneró la garantía constitucional consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República.

Funda su pretensión señalando que mientras su representado prestaba servicios en la 30° Comisaria de Radio - Patrullas de Carabineros, se le aplicó la medida disciplinaria consistente en su “ELIMINACIÓN, POR CONDUCTA MALA, con efectos inmediatos”, a contar de las 00:00 horas del día siguiente de la notificación de la referida resolución, de conformidad a lo establecido en el artículo 127 N° 4 inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8, en relación con el artículo 23 N° 2 letra e) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11; por lo plasmado en la letra A) de la parte resolutiva de la Resol. (R) N° 376, de fecha 07 de abril 2.017 de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros.

Refiere que, por normativa interna de Carabineros de Chile no le fue posible al afectado manifestar conformidad y/o disconformidad al respecto y menos recurrir de ella mientras no se finiquite el sumario administrativo que se instruye al respecto. Explicitó que este sumario administrativo -a la fecha- no se encuentra con sentencia definitiva y menos ejecutoriada, ya que, pese al contenido del artículo 27 de la Ley N° 19.880, en su trámite, se ha cumplido con creces el plazo de caducidad y de prescripción; siendo relevante que aún no hay sentencia administrativa que le permita a su representado para recurrir.

No obstante lo anterior, en la referida Resolución se dejó constancia: “Que, la eliminación por conducta mala, con efectos inmediatos, que por este acto administrativo se aplica, TIENE EL CARÁCTER DE CONDICIONAL y se encuentra sujeta al resultado del sumario administrativo en cuya virtud el Sargento 1° nombre reservado; una vez finalizado dicho expediente y debidamente notificado al respecto, le asistirá el derecho a ejercer la instancia de impugnación Fiscal, en forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos, N° 15 ”.- No obstante, indicó que en el mismo acto que le fue notificado, jamás se le hizo presente que sus remuneraciones mensuales, a las cuales tiene derecho a percibir, habida consideración que acreditó más de veinte años de servicios efectivos en las filas de Carabineros de Chile y por lo tanto tiene derecho a Pensión de Retiro e Indemnización de Desahucio, le serían retenidas. Es por ello que señala que ha realizado múltiples diligencias para obtener su pago, pero en forma verbal sólo se le ha manifestado que estos valores se encuentran en depósito en la Dirección de Finanzas de Carabineros, sin explicar la legalidad de dicha acción y que la medida expulsiva que lo afectaba, por el momento, no se encontraba a firme y menos ejecutoriada.

Refiere que al revisar su cuenta corriente, en la que sistemáticamente se le depositaban sus remuneraciones mensuales de parte de Carabineros, acreditó que no se le hacían sus depósitos; motivo por el cual decidió concurrir a la Dirección General de Carabineros a solicitar información al respecto, obteniendo como respuesta que “No le correspondía percibir remuneraciones y que si, efectivamente, los valores correspondientes de sus remuneraciones se encontraban en depósito en la Dirección de Finanzas y que, por orden superior, es decir, por efectos de la Resolución por la que se recurre, dichos valores, como también las otras que a futuro sistemáticamente le podrían corresponder, por orden superior quedarían en DEPÓSITO Y SIN MOVIMIENTO ALGUNO en el Departamento de Finanzas y si quería una respuesta oficial al respecto, la solicitara por transparencia y que igual quedaba sujeto a cumplir las órdenes de citación y de las normas reglamentarias vigentes en Carabineros de Chile ”.

Sostiene que así, una autoridad administrativa de un órgano del estado, sin estar facultada le ha embargado las remuneraciones a su representado y esa misma autoridad, no se pronuncia respecto de la legalidad de lo resuelto de oficio por ella; insistiendo que el recurrente, por haber prestado servicios por más de veinte años en forma efectiva, tiene derecho a pensión de retiro e indemnización de desahucio.

Precisó que el actuar del recurrido, a través de su Resolución Exenta, fractura en forma calificada la garantía constitucional del numeral 24 del artículo 19° de la Carta Fundamental; esto es el derecho de propiedad de todo tipo de bienes, puesto que se le ha privado de su derecho a percibir sus remuneraciones antes de que la resolución que decretó su baja de las filas de la institución de Carabineros de Chile, por Conducta Mala y con efectos inmediatos, se encuentre a firme y ejecutoriada; sin considerar que en el proceso judicial denunciado en su contra, aún se encuentra en etapa de investigación preliminar, no existiendo a su respecto una sentencia definitiva y menos ejecutoriada; motivo por el cual lo favorece directamente la presunción de inocencia.

Puntualiza que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida tiene al recurrente en total indigencia, por cuanto, fuera de tenerle retenidas sus remuneraciones, en contra del espíritu de la Ley en el Departamento de Finanzas de Carabineros, las que metódicamente pone a disposición de Carabineros de Chile el Ministerio de Hacienda, tampoco se tramita su documentación para impetrar el derecho a obtener Pensión de Retiro e Indemnización de Desahucio, a lo cual tiene derecho legal y reglamentariamente; considerando a su vez que no se le presta atención médica ni dental y tampoco la Dirección de Previsión de Carabineros lo ampara en las prestaciones de salud, tanto a él como a sus cargas familiares reconocidas, al no tenerlo incorporado como beneficiario de su planta.

Solicitó se tenga por interpuesto recurso de protección y declarar contrario a derecho lo resuelto por el señor Director Nacional del Personal de Carabineros, el Ex-General Inspector Juan nombre reservado, sólo en lo que respecta a la retención indebida e ilegal de las remuneraciones; ordenando su inmediato pago, dentro del plazo legal pertinente.

SEGUNDO: Que emitiendo informe la recurrida impetró el rechazo del recurso por no existir acto ilegal ni arbitrario alguno que vulnere el derecho de propiedad, pues el recurrente se encuentra en situación de retiro absoluto en virtud de Resolución de Baja Nº 376, de 07/04/2017, de la Dirección Nacional que dispuso su eliminación de las filas por conducta mala y con efectos inmediatos; medida de carácter condicional y que está supeditada al resultado del sumario administrativo iniciado al efecto y que se encuentra con diligencias pendientes.

Sostuvo que el derecho al pago de las remuneraciones hasta el térrmino del sumario caduca si el titular incurre en alguna causal de cese de funciones, lo que aconteció en la especie el 11 de abril de 2017, esto es, al día siguiente de la notificación de la medida.

Agregó, que ello lo ha precisado en reiteradas oportunidades la Contraloría General de la República, en dictámenes que tienen el carácter de obligatorios para Carabineros, lo que también ha sido resuelto en ese mismo sentido por la E. Corte Suprema.

Expresó que el expediente de pensión de retiro se encuentra en trámite ante la Contraloría General de la República, pues ésta dispuso que la concesión de dichos derechos se otorgaran a través de dos actos administrativos, uno con la resolución que le otorgue la indemnización de desahucio, y otra en la que se le proporcione la pensión y demás beneficios, encontrándose el desahucio retenido por orden del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, mediante resolución de 11 de octubre de 2017.

TERCERO: Que, la acción constitucional de protección es un arbitrio cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

CUARTO: Que antes de entrar a analizar el fondo de la acción deducida es ilustrador tener presente que en esta sede jurisdiccional resultan ser hechos no controvertidos que el Ex Sargento 1 ° nombre reservado ingresó a la Institución de Carabineros el 16 de abril de 1991, encontrándose en situación de Retiro Absoluto en virtud de la Resolución de Baja N ° 376 de fecha 7 de abril de 2017 de la Dirección Nacional de Personal, que dispuso su eliminación de las filas, por Conducta Mala, con efectos Inmediatos, a contar de las 00:00 horas del día siguiente a su notificación, esto es, del día 12 de abril de 2017.

QUINTO: Que por otro lado, en relación al marco legal atingente al conocimiento de la presente acción, en cuanto a la competencia y atribuciones de Carabineros de Chile es dable tener en consideración:

a) El artículo 36 inciso final de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros dispone que: “El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determine el Reglamento de Disciplina, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle”. La referida norma contempla que la potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades institucionales competentes, a través de un racional y justo procedimiento administrativo, añadiendo que el personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa, conforme lo determine el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, mandato que tiene por finalidad resguardar el derecho a un debido proceso.

b) El artículo 10° inciso primero del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11 prescribe que las faltas se sancionarán de acuerdo con las atribuciones disciplinarias de que está investido cada superior y con arreglo al propio juicio que se forme sobre aquéllas.

c) El artículo 23 N°2 letra e) del Reglamento de Disciplina N°11 establece que la “Baja por Conducta Mala” es una de las sanciones disciplinarias que se puede aplicar al personal institucional.

d) El artículo 25 N°9 letra e) del Reglamento de Disciplina N ° 11 prevé que la sanción en referencia, se aplicará según lo dispuesto en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N ° 8.

e) El artículo 35 del texto reglamentario previene que tendrán potestad para imponer sanciones disciplinarias al personal de su dependencia, en los diferentes grados, los Oficiales, Suboficiales Mayores y Suboficiales de Orden y Seguridad que se desempeñan en los cargos que la misma norma indica, quienes, según su grado jerárquico, podrán aplicar sólo los castigos para los cuales se encuentran autorizados.

f) El artículo 127 N°4 inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8, preceptúa que, cuando la comisión de una falta dé origen a un sumario administrativo que fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del servidor y este confiese su responsabilidad o ella se haga evidente, el jefe que ordene sus instrucción podrá eliminarlo de inmediato, por conducta mala, sin expresar nota de conducta hasta su terminación, oportunidad en la que deberá fijar esa nota, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, de acuerdo al mérito de aquel proceso.

g) El artículo 13 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N°11, dispone que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil y, por tanto, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial, no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos.

SEXTO: Que en primer término, en cuanto al análisis de los requisitos de forma susceptibles de ser analizados y conforme lo expresa el Acta N° 94-2015 de 17 de julio de 2015, que fijó el texto refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su artículo 1° se establece que esta acción constitucional debe ser deducida "dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos".

Como puede advertirse del tenor de la referida norma, el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado auto acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación corresponda intervención a las partes. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, de un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

Al respecto se sostiene en la doctrina nacional, que el mentado plazo de treinta días “se caracteriza por ser un plazo de días, continuo, legal, fatal, improrrogable, y no ampliable según la tabla de emplazamiento para contestar demandas del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil” (nombre reservado y nombre reservado, en “Los Recursos Procesales”, 3 ° Edición Actualizada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2017, página 473)

Que, acorde con los antecedentes acompañados, la recurrente se encuentra en situación de Retiro Absoluto, en virtud de la Resolución de Baja N ° 376 de fecha 7 de abril de 2017 de la Dirección Nacional de Personal que dispuso su Eliminación de las Filas de la Institución por Conducta Mala y con Efectos Inmediatos, cuya medida disciplinaria tiene el carácter de condicional y se encuentra supeditada al resultado del sumario administrativo incoado al efecto. Ahora bien, el pago de las remuneraciones caduca en caso que el titular incurra en una causal de cese de funciones, lo que se produjo al día siguiente de efectuarse la notificación de la referida medida, esto es, el 12 de abril de 2017. En efecto, en esa data la recurrente tomó conocimiento cierto de los sucesos que reprocha de injustificados y arbitrarios, sin que a su respecto impetrare la acción cautelar en el plazo fatal y objetivo, expresamente determinado en el Auto Acordado, no siendo facultativo de las partes su cómputo desde una data diversa a la contemplada para dicho fin, tal como lo ha pretendido la actora al señalar una fecha distinta, no acorde con la realidad -verdad formal- y con la pretensión que alega, interpretación que por lo demás se encuentra conforme con el principio de certeza jurídica y de su carácter de urgente -premura en la solución de un conflicto, a fin de evitar males irreparables a derechos fundamentales que se estiman de trascendencia- que subyace en su establecimiento, motivos todos por los cuales se ha decidido que el presente recurso fue presentado de manera extemporánea.

En consecuencia, el presente arbitrio presentado sólo el 27 de abril de 2018, no ha tenido la virtud de revivir el plazo de treinta días a que alude el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema para que la recurrente intente por esta vía dejar sin efecto lo ya resuelto con anterioridad, dejándose en evidencia que el presente recurso de protección fue presentado extemporáneamente.

Finalmente resulta pertinente consignar que no es óbice para una declaración de extemporaneidad, que previamente el recurso haya sido declarado admisible por esta Corte, toda vez que dicha resolución fue dictada teniendo únicamente en consideración los antecedentes hechos valer por la recurrente, sin oír a la parte denunciada. En consecuencia, tal pronunciamiento de admisibilidad no puede impedir que el tribunal, una vez apreciados la totalidad de los antecedentes reunidos en la causa, dicte una resolución definitiva sobre dicho asunto. A mayor abundamiento, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, en su numeral 5 ° contempla la posibilidad que la sentencia que dicte el Tribunal, concluida la tramitación pueda consistir en la inadmisibilidad de la acción de protección intentada.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, es dable de todas formas consignar que lo que se plantea en cuanto al fundamento del presente recurso, dice relación con uno de los efectos de la Resolución de Baja N ° 376 de fecha 7 de abril de 2017, respecto de la cual la recurrente dejó de percibir las remuneraciones inherentes a la función pública que desempeñaba en Carabineros de Chile, específicamente en la 30° Comisaría de Radio-Patrullas.

En lo pertinente la mentada Resolución N ° 376 señala: “A) ELIMÍNASE, de las Filas de la Institución al Sargento 1° nombre reservado, nombre reservado, C/F. 938528-X, de dotación de la 30° Comisaría de la Prefectura de Radiopatrullas e Intervención Policial; POR CONDUCTA MALA, con efectos inmediatos, a contar de las 00:00 horas del día siguiente de la notificación de la presente resolución, de conformidad a lo establecido en el artículo 127, N ° 4, letra a), inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N ° 8, en relación con el artículo 23, N ° 2, letra e), del Reglamento de Disciplina de Carabineros, N ° 11; ya que el año 2012 lo contactó telefónicamente el Teniente Coronel (I) nombre reservado, para pedirle si podía traspasar a su cuenta un dinero, para después pasárselo a él. Lo anterior, dado que tenía problemas con su ex señora; transcurridos algunos días, el Tte. Crl. (I) Maldonado llamó telefónicamente al Sargento 1 ° nombre reservado, señalándole que le había transferido a su cuenta el dinero, monto que ascendía a $26.000.000 (veintiséis millones de pesos), concurriendo al Banco BBVA donde tenía su cuenta vista, retirando la totalidad del dinero depositado en efectivo, guardándolo en un bolso que había comprado para tal efecto. Luego y al abandonar el banco, avisó al señalado Oficial Jefe de Intendencia que tenía el dinero, juntándose con él en calle Moneda, entre Bandera y Morandé, donde le entregó el bolso para luego despedirse; conducta que se reiteró durante el año 2013, época que nuevamente lo contacta el tantas veces mencionado Oficial de Intendencia, indicándole que le había depositado la suma de $30.000.000 (treinta millones de pesos), concurriendo el Sargento 1° a la Sucursal El Cortijo del mismo Banco, retirando el dinero en efectivo, trasladándose luego en su automóvil hasta el sector de Estación Mapocho, donde se juntó con el Oficial Jefe ya referido, entregándole el bolso con dinero. Cabe señalar, que según su declaración, por cada transacción recibió del Tte. Coronel (I) $2.000.000 (dos millones de pesos) aproximadamente, los cuales le dijo que eran por la “paleteada”, que éste le hacía, ya que no la hacía cualquiera (…)”.

“c.2 Que, a contar de la fecha en que se haga efectiva la sanción disciplinaria expulsiva, el Sargento 1 ° nombre reservado, quedará desvinculado de las Filas Institucionales, atendido lo cual desde esa data no tiene derecho a percibir las remuneraciones del empleo en actividad, tal como lo ha precisado la Contraloría General de la República en sus dictámenes N ° 53.449 y 60.053, de 2009, y 31.214, de 2011, entre otros”.

OCTAVO: Que en este sentido, la Resolución Exenta N ° 376 de 7 de abril de 2017 es un acto administrativo, que se ve amparado por la presunción de legalidad consagrada en el artículo 3° de la Ley N ° 19.880 de Bases sobre Procedimiento Administrativo, que dispuso su eliminación de las filas, por Conducta Mala, con efectos Inmediatos, a contar de las 00:00 horas del día siguiente a su notificación, esto es, del día 12 de abril de 2017.

En la especie, la referida medida -de carácter temporal y esencialmente revocable- fue decretada por el competente funcionario -don nombre reservado, General Inspector de Carabineros, Director Nacional de Personal-, dentro de la esfera de su competencia y atribuciones legales -artículo 6° y 7° de la Constitución Política de la República-, de conformidad a lo establecido en el artículo 127 N ° 4 inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal N ° 8 -“No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un sumario administrativo o investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del sumario podrá eliminarlo de inmediato por “conducta mala”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del sumario o la investigación”-, en relación con los artículos 23 N ° 2 letra e) y 25 N ° 9 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N ° 11 -que contempla la existencia de la sanción de baja por “mala conducta”, que fuera la medida impuesta al funcionario recurrente-; los que interpretados sistemática y teleológicamente a la luz de lo prescrito en el artículo 41 del Código del Trabajo, permiten concluir que dado que el recurrente fue desvinculado de la institución a la cual pertenecía, las prestaciones que se reclaman carecen actualmente de causa que las legitime, sin perjuicio de encontrarse dicha medida sujeta a la condición de ser ratificada al término del respectivo sumario administrativo.

En razón a lo antes expuesto se ha desestimado la ilegalidad del acto que se reclama, siguiendo igual derrotero la arbitrariedad imputada, en razón a que la decisión fue debidamente motivada, no ha provenido de un capricho del recurrido, sino habérsele aplicado la sanción disciplinaria de dársele de baja por “mala conducta”, en base a antecedentes de hecho explicitados en su resolución, habilitándolo por lo demás la normativa a adoptar tal desvinculación, por lo que tuvo derecho a recibir su remuneración hasta el día siguiente en que fue emplazado y tomó conocimiento de dicho acto administrativo.

NOVENO: Que según lo ha sostenido nuestra E. Corte Suprema “Que la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo. Sin embargo, si como consecuencia de la adopción de una medida disciplinaria, como la de autos, se produce la desvinculación inmediata de sus labores, la lógica consecuencia de ello es que dicho pago sea suspendido, pues en estricto rigor la labor a remunerar ya no se realiza, consecuencia que, por lo demás, Carabineros de Chile informó, según consta en autos en el acto impugnado”. (E. Corte Suprema, Rol N ° 969-2018, sentencia de fecha 6 de marzo de 2018 -en igual sentido E. Corte Suprema Rol N ° 43.121-2017, sentencia de fecha 22 de marzo de 2018- )

Que en razón a lo expuesto precedentemente, debe ser desestimada una supuesta conculcación del derecho de propiedad -artículo 19 N ° 24 de la Constitución Política de la República-, en atención a que la medida disciplinaria de baja con efectos inmediatos tiene el carácter de condicional y se encuentra supeditada al resultado del sumario administrativo incoado al efecto, asistiéndole al ex funcionario, las instancias de impugnación a partir de la notificación de la Vista Fiscal, en la forma y plazos que establece el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N ° 15, y en el caso que se determine aplicar una sanción distinta a la medida disciplinaria expulsiva, será reintegrado a la institución, desde el día de su baja.

DÉCIMO: Que finalmente, de los antecedentes aportados por las partes, debidamente apreciados, hacen concluir además que no se encuentra acreditado de manera alguna, que los hechos tenidos por ciertos constituyan un acto arbitrario o ilegal al disponer su eliminación de las filas de la institución, por Conducta Mala, con Efectos Inmediatos, privándolo de su consecuente remuneración, que amague, altere o prive a la actora del derecho o garantía constitucional enunciada en el libelo de protección, considerando que la recurrida ha actuado conforme a sus atribuciones legales y dentro de la esfera de su competencia, cumpliendo además con su deber de fundamentación del acto administrativo objeto de análisis, por lo que el mismo será rechazado.

UNDÉCIMO: Que, por otro lado, el criterio que ha seguido la institución recurrida se verifica además en los Dictámenes N ° 53.449 y N° 60.053 de 2009, N° 20.513 de 2011 y N ° 26.406 de 2012 de la Contraloría General de la República, pronunciamientos que resultan ser vinculantes y obligatorios para Carabineros de Chile, en virtud de lo dispuesto en los artículos 6° y 9° de inciso cuarto de su Ley Orgánica, de manera que al haber denegado el pago de las remuneraciones del recurrente al día siguiente de haber sido emplazado de la resolución recurrida, actuó conforme a la ley, no pudiendo reprochársele ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

DUODÉCIMO: Que, a mayor abundamiento debe tenerse en consideración que lo reclamado por este medio extraordinario, ha sido el restablecimiento del pago de las remuneraciones de un funcionario de Carabineros, objeto de la medida de baja por mala conducta, con efectos inmediatos, circunstancias que por la propia naturaleza de la petición efectuada ante esta Corte escapan de lo propio de un recurso de protección, en atención a que se limita su decisión respecto de situaciones cuya arbitrariedad e ilegalidad sean evidentes -lo que no ha acontecido respecto de los presupuestos fácticos referidos con antelación- y en consecuencia su improcedencia para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas o declarar derechos permanentes a favor de las partes (E. Corte Suprema, sentencias de fechas 22 de junio de 1992, GJ 144, p. 57; 26 de junio de 1995, GJ 180, p. 24; 9 de julio de 1993, GJ 159, p.180; 8 de octubre de 1997, GJ 208, p. 38; y 24 de enero de 1991, GJ 127, p.20)

Y es en este sentido que el recurso de protección jamás debe pronunciarse sobre cuestiones de fondo sobre el derecho fundamental amagado, ya que sólo se supeditará a una decisión formal como alternativa a la autotutela, acerca de cómo se ha producido una vulneración de derechos, no pudiendo esta Corte pronunciarse sobre hechos controvertidos por los recurridos, situación ajena a esta acción de protección desde que requerirán una instancia de lato conocimiento -sumario administrativo e investigación en materia penal-, además de la prueba diversa y compleja, procedimiento que no se aviene con su objetivo de ser un remedio pronto y eficaz que preste inmediato amparo a un eventual afectado.

Que para la procedencia de la acción cautelar deducida es requisito indispensable que los actos que motivan su ejercicio estén plenamente establecidos y en el presente caso, en cuanto a los supuestos antes aludidos, aquello no sucede, toda vez que no existen antecedentes que constituyan evidencia de que el recurrente sufrió afectación al derecho de propiedad.

Que la naturaleza de la acción recién indicada y el procedimiento especial dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente emplear esta vía para la solución del conflicto sub lite, puesto que las materias en que se basa el libelo exceden el ámbito de este recurso, ya que conforme se ha ido expresando en este fallo, se trata de una controversia que requiere de pruebas, discusión y análisis propios de un procedimiento contradictorio, de lato conocimiento.

DUODÉCIMO: Que además es dable aclarar que los hechos conforme a los cuales se le aplicó al ex Sargento 1° nombre reservado la medida disciplinaria expulsiva de Carabineros de Chile fueron denunciados a los tribunales competentes. Sin embargo, la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil y por tanto la condena, sobreseimiento o absolución en materia penal, no excluye la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos, conforme lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, dado que aquéllas obedecen a fundamentos y circunstancias disímiles y tienen finalidades diferentes, revistiendo cada una diversa configuración jurídica.

En este mismo sentido, la Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República, contenida en los Dictámenes N°31.403 de 2004, N°54.292 de 2005 y N°21.504 de 2006, entre otros, ha establecido el principio de independencia de la responsabilidad administrativa respecto de la penal, en orden a que la aplicación de cualesquiera de los medios jurisdiccionales que pongan término a la persecución penal, no afectan la posibilidad de ejercer la potestad sancionatoria de la Administración del Estado.

DÉCIMO SEGUNDO: Que por último se deja constancia que no ha sido objeto de la presente acción de protección, la indemnización de desahucio -acorde a los artículos 57° y 73° de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros y artículos 135 y 136 del D.F.L. (I) N°2 de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros-, que le correspondió al ex funcionario de Carabineros don nombre reservado, a pesar de que el recurrente lo pretendió hacer extensible al tiempo de efectuar sus alegatos ante esta sede jurisdiccional.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza la acción constitucional interpuesta por doña Maynes Ziller Hernández, en representación de don nombre reservado en contra del Ex General Inspector de Carabineros don nombre reservado.

Redacción efectuada por la Ministro (S) señora Verónica Sabaj Escudero.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección - 30548-2018.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada por la Ministra (s) señora Verónica Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.

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