nombre reservado con FISCO DE CHILE, DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Santiago, cuatro de octubre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Con fecha 27 de abril de 2018, comparece nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, por sí y en representación del “Círculo de Alas Rotatorias”; corporación de hecho que reúne mecánicos y supervisores de mantenimiento de helicópteros y deducen recurso de protección en contra del Ministerio de Defensa y de la Dirección General de Aeronáutica, por la dictación del Decreto Supremo número 362 del Ministerio de Defensa, de fecha 10 de julio de 2017, publicado en el Diario Oficial con fecha 29 de marzo de 2018, que, a juicio de los recurrentes, ha variado de forma arbitraria las condiciones y calificaciones para obtener licencias, mantener licencias y ejercer funciones de personal de mantenimiento de helicópteros, afectando sus garantías constitucionales establecidas en los numerales 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Exponen que antes de la dictación del decreto impugnado, la actividad que ejercían se encontraba regida por el reglamento DAR 01, de 21 de marzo de 2007, reglamentación que en lo concerniente a la “Habilitaciones para el Personal de Mantenimiento” reconoce los años de experiencia y el perfeccionamiento de los mecánicos y supervisores de helicópteros; permite el desempeño como “Gerente Técnico” de quienes tienen Licencia de Supervisores en los Centros de Mantención Aeronáutica y autoriza a mecánicos y supervisores de helicópteros a prestar servicios en aeronaves de ala rotatoria con un peso de hasta 5.700 Kilogramos, lo que permite la atención a los helicópteros de transporte de personas que es la gran mayoría de los servicios que prestan los recurrentes.

Indican que desde el año 2007 los mecánicos y supervisores de helicópteros habían desarrollado estas labores, especializándose y logrando, en general las competencias y experiencia requeridas por la DGAC hasta la fecha, sin mayores inconvenientes, con una baja tasa de siniestralidad y con prestaciones de alta especialización y calidad profesional.

Refieren que en ese escenario se dicta un nuevo Reglamento de Licencias y Habilitaciones para el Personal que no pertenezca a la Tripulación de Vuelo, denominado DAR 65, que varía de manera fundamental las atribuciones de los mecánicos y supervisores de helicópteros, limitándolas en forma arbitraria por peso de la aeronave sólo a aquellas de 3.175 Kg, lo que impide a los supervisores actualmente habilitados poder desempeñarse como responsables del control de calidad de un centro de mantenimiento aeronáutico o como responsable del control de mantenimiento de una empresa aérea y certificar los mantenimientos respecto de aeronaves de mayor pesaje, como ocurría con anterioridad, quedando en la práctica dicha labor entregada solamente a Ingenieros Aeronáuticos la Gerencia Técnica de los Centros de Mantenimiento Aeronáutico, cuestión que no consideraba el Reglamento anterior.

En definitiva, denuncian que el Decreto Supremo número 362, al modificar de manera unilateral y arbitraria los requisitos e imponer nuevas condiciones para el ejercicio de una actividad que vienen desarrollando hace más de 11 años en virtud de habilitaciones entregadas con anterioridad por la propia DGAC y sobre la que tienen un derecho adquirido, conculca su derecho al trabajo, a desarrollar una actividad económica licita y su derecho de propiedad, por lo que solicitan se acoja la acción constitucional y en definitiva se disponga que se suspenden los efectos de los numerales: A.- 65.407; letra c) número 2.- Atribuciones de los Mecánicos de Mantenimiento (helicópteros); y B.- 65.409; letra c) número 2.- Atribuciones de los Mecánicos de Mantenimiento (helicópteros); ambos del Decreto Supremo número 362 o, en subsidio, se declare que esas mismas disposiciones no son aplicables a quienes mantienen Licencias de Habilitación de la DGAC por su actividad de mecánicos o supervisores de helicópteros al 28 de marzo de 2018.- Con fecha 16 de mayo de 2018, evacua informe el Subsecretario para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa Nacional, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Alega, en primer término, que la acción es improcedente por cuanto los recurrentes carecen de un derecho indubitado y mal puede considerarse que tengan un derecho adquirido sobre aquello que constituye requisitos para el desempeño de actividades aeronáuticas.

Por otra parte, afirma que las disposiciones transitorias del propio DS establecen que “las licencias y habilitaciones entregadas con anterioridad a la aplicación de este Reglamento mantendrán su vigencia hasta la expiración de su duración original “, precisando que el referido DS, es de carácter general y no está dirigido en especial a los recurrentes, por lo que mal puede tildarse de discriminatorio o arbitrario.

Asimismo, añade que el suspender los efectos de un Decreto Supremo y a su vez determinar el ámbito de aplicación del mismo excede con creces la naturaleza cautelar de la acción ejercida.

Agrega que los que se pretende es la modificación de un Decreto Supremo, facultad privativa de S.E. el Presidente de la República conforme con lo dispuesto por el artículo 32 N° 6 de la Constitución Política y que el recurso de protección es improcedente para dejar sin efectos Decretos Supremos, según jurisprudencia que cita.

Con fecha 23 de mayo de 2018, evacuó informe el Director General de la Dirección de Aeronáutica Civil, Víctor Villalobos Collao.

Hace presente que se trata de un Servicio Público, que integra la Administración del Estado, cuya función esencial consiste en velar por la seguridad de las operaciones aéreas, objetivo para el que está dotada de atribuciones normativas y fiscalizadoras, recordando que su Ley Orgánica N° 16.752, establece una serie de facultades y obligaciones relacionadas con dicho propósito, destacando la contenida en el artículo 3 letra j), consistente en Fiscalizar las actividades de la aviación civil en resguardo de la seguridad de vuelo, así como el 3 letra o) referido a “Otorgar licencias a todo el personal aeronáutico que, en conformidad a los reglamentos requiera de ellas, convalidar cuando proceda las otorgadas por otros Estados, suspenderlas, cancelarlas y llevar el registro correspondiente y finalmente la letra z) del mismo artículo “Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la aeronavegación”.

Indica que tales atribuciones son ejercidas por medio de distintas dependencias de la DGAC, según lo previsto en el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento aprobado por Decreto Supremo N° 222, de 2004, del Ministerio de Defensa Nacional, correspondiéndole al Departamento de Seguridad Operacional la función de otorgar, renovar, convalidar las licencias del personal aeronáutico.

Explica que atendidas las especiales características del personal aeronáutico, el legislador los sujetó a la obtención de una licencia aeronáutica, otorgada por su parte y que de acuerdo al artículo 57 del Código Aeronáutico el personal aeronáutico es “aquel que desempeña a bordo de las aeronaves o en tierra funciones propias de la aeronáutica” indicando a título ejemplar “la conducción, dirección, operación y cuidado de las aeronaves..” agregando que “el ejercicio de las funciones técnicas propias de la aeronáutica requerirán de las licencias y habilitaciones que determine la autoridad aeronáutica”, remitiendo por su parte el artículo 63 del mismo cuerpo legal, a un reglamento, el establecimiento de los requisitos para el otorgamiento, suspensión, cancelación y convalidación de los diversos tipos o clases de licencias o habilitaciones que debe dar la autoridad aeronáutica.

En consecuencia en Chile por expresa disposición legal, no es posible ejercer funciones de supervisor de mantenimiento sin estar en posesión de una licencia vigente extendida por la DGAC, cuyos requisitos de otorgamiento, suspensión, cancelación y convalidación deben ser fijados por Reglamento.

Agrega que dentro de las atribuciones de la DGAC, establecidas en Ley 16.752, art 3 letra f) está la de proponer y adoptar las normas, métodos, recomendaciones y procedimientos internacionales aprobados por la Organización de Aviación Civil Internacional, por lo que en ejercicio de su facultad propuso al Ministerio de Defensa una reglamentación de las licencias aeronáuticas que cumpliera con las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en Anexo 06 al Convenio de Aviación Civil Internacional sobre Operación de Aeronaves de 7 de diciembre de 1944, proponiendo una regulación sistemática mediante tres reglamentos de acuerdo a cada tipo de personal aeronáutico, entre ellos Reglamento DAR 65 aprobado mediante el DS 362 de 2017, vigente desde el 29 de marzo de 2018, tomado razón por el ente contralor.

Manifiesta que de manera sistemática y detallada se reguló de mejor manera a cada tipo de personal aeronáutico, con los requisitos propios para el otorgamiento de las licencias y habilitaciones que permiten desempeñar funciones.

Refiere que el Anexo señalado (06 del Convenio de Aviación Civil Internacional) en lo referente a las Operaciones de las Aeronaves, en su parte III Operaciones Internacionales-Helicópteros, realiza una diferenciación en relación a este tipo de aeronaves, en base a su peso máximo de despegue (PMD), fijándolo en 3.175 Kg mismo valor que fue recogido en el DAR 65 para la habilitación del Ala Rotatoria (65.409 ©) para efectos de las atribuciones de los Supervisores de Mantenimiento, tanto para desempeñarse como responsable del control de calidad de un Centro de Mantenimiento Aeronáutico, como para certificar con su firma la conformidad de mantenimiento y el retorno al servicio de los helicópteros.

Explica que la diferenciación establecida por la OACI, en el Anexo 6, Parte III, respecto al PDM de los helicópteros se debe a que para los helicópteros sobre los 3.175 kilogramos, éstos deben contar con equipos con un grado de sofisticación mayor al que se requiere para material de vuelo bajo dicho peso y por lo tanto requiere de mayor especialización en particular de los pilotos que lo operan. Añade que la exigencia de la OACI es principalmente funcional ya que lo que varía son los modelos del equipamiento para los helicópteros sobre 3.175 kilogramos, que permiten registrar parámetros para determinar con mucha precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, altitud, potencia de los motores, operación y configuración de este tipo de naves. Revela que el grado de sofisticación de tales equipos hace que los explotadores de helicópteros sobre 3.175 kilogramos establezcan un programa de mantenimiento, aprobado por la DGAC que debe ser aplicado por un centro de mantenimiento autorizado, también por su parte, que cuente con las habilitaciones para su realización, lo que hace necesario que tanto el mecánico que lo ejecuta como el responsable de verificar la calidad de estos trabajos, sea una persona con las competencias duras que exige el nivel de sofisticación de tales equipos, lo que llevó a determinar que la conformidad final de estos trabajos las emita un Ingeniero Aeronáutico.

Enseguida, alega la improcedencia del recurso por no existir un derecho indubitado, ni afectarse las garantías denunciadas como conculcadas, pues su actuación se basó en proponer la modificación de la normativa vigente en orden justamente a establecer estándares internacionales sobre la materia y en conformidad a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 57 del Código Aeronáutico, sin que las disposiciones del decreto limiten el derecho al trabajo ya que el legislador entregó al reglamento establecer los requisitos para el otorgamiento, suspensión, cancelación y convalidación de los distintos tipos o clases de licencias o habilitaciones y en general lo concerniente a la seguridad y buen orden, siendo justamente el Reglamento el que en base a aspectos técnicos contempla requisitos para que los supervisores de mantenimiento puedan desarrollar sus funciones en un material de vuelo acotado a determinado peso, pero en forma alguna les impide desarrollar las funciones propias de su licencia y habilitaciones.

Tampoco se les impide desarrollar una actividad lícita, pues cumpliendo los requisitos del DAR 65, pueden seguir desempeñando sus funciones de manera habitual, solo que ahora limitadas a un tipo de aeronave en razón de consideraciones operativas y técnicas.

Por último, no se vulnera el derecho de propiedad, pues siguen detentando sus licencias y habilitaciones.

Afirma que no existe ilegalidad ni arbitrariedad, pues su parte no ha hecho otra cosa que ejercer las facultades y desempeñar las funciones que le corresponden en su calidad de autoridad aeronáutica Pide el rechazo del recurso por no tratarse de derechos indubitados sino una discrepancia entre los recurrentes y la autoridad en cuanto a determinar el peso máximo de despegue de material de ala rotatoria en orden a fijar las atribuciones de los supervisores de mantenimiento en base a dicho criterio técnico, lo que es propio de un juicio de lato conocimiento; que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el acto recurrido desde que se ha actuado en uso de sus facultades legales, en base a criterios objetivos y a fin de asegurar estándares de seguridad aeronáutica conocidos a nivel internacional.

Cabe consignar que el recurso en su oportunidad, también se dirigió en contra de la Presidencia de República, siendo declarado admisible únicamente en contra del Ministerio de Defensa y la DGAC.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción es ilegal o arbitrario, para luego examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.

Segundo: En la especie no se cuestiona la existencia del acto que motiva el recurso, encontrándose acreditado con las copias del Reglamento respectivo, agregado a los antecedentes. Allí consta que mediante DS N° 362, de 10 de julio de 2017, se aprobó el Reglamento de licencias y habilitaciones para el personal que no pertenezca a la tripulación de vuelo (DAR 65), que en lo que importa, modificó el peso máximo de despegue para desempeñarse como responsable del control de calidad de un centro de mantenimiento aeronáutico (organización de mantenimiento) o como responsable del control de la aeronavegabilidad continuada de una empresa aérea, reduciéndolo.

Tercero: La normativa que se impugna aparece dictada con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 N° 6 de la Constitución Política de la República, las Leyes 20.424 y 16.752, el artículo 63 del Código Aeronáutico y el Convenio de Aviación Civil Internacional promulgado por DS N° 509 bis del año 1947, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De tales disposiciones surge la legalidad de la actuación reprochada, toda vez que se trata del ejercicio de la potestad reglamentaria, dictando el reglamento de que trata el artículo 63 del Código Aeronáutico, en lo que dice relación a las Licencias y Habilitaciones para el personal que no pertenece a la tripulación de vuelo, estableciendo los requisitos para su otorgamiento, las funciones y obligaciones técnicas del personal aeronáutico, abordando materias concernientes a la seguridad y buen orden en el ejercicio de las funciones técnico aeronáuticas, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 57 del mismo cuerpo legal, en cuanto a que el ejercicio de funciones técnicas propias de la aeronáutica requiere de las licencias y habilitaciones que determine la autoridad aeronáutica.

Cuarto: En ese contexto, conviene recordar que a la Dirección General de Aeronáutica Civil le corresponden funciones de organismo consultivo y asesor del Gobierno en los asuntos o actividades de la aeronáutica civil (artículo 4 de la Ley 16.752), incumbiéndole también, de acuerdo al artículo 3 de la misma ley, otorgar licencias a todo el personal aeronáutico que, en conformidad a los reglamentos, requiera de ellas; convalidar, cuando proceda, las otorgadas por otros Estados; suspenderlas, cancelarlas y llevar el registro correspondiente; dictar normas para que la operación de aeronaves se efectúe dentro de los límites de la seguridad aérea; proponer la adopción o adoptar, según corresponda, las normas, métodos recomendados y procedimientos internacionales aprobados por la Organización de Aviación Civil Internacional y por la Organización Meteorológica Mundial.

Quinto: A lo dicho cabe añadir que el 6 de noviembre de 1957 se publicó el Decreto 509 bis, mediante el cual se promulgó el Convenio de Aviación Civil Internacional (OACI), cuyo anexo 6 sobre “Operación de Aeronaves” en la edición que desde el 10 de noviembre de 2016 remplaza las ediciones anteriores del referido anexo, al reglamentar la información sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad, en el punto 6.5 distingue las aeronaves, entre aquellas de más de 3175 KG de masa máxima, de las de menos de aquel peso, consagrando exigencias diferenciadas en uno y otro caso.

Sexto: A la luz de la normativa citada, no es posible atribuir arbitrariedad en el acto recurrido, toda vez que no emerge como un acto de mero capricho ni infundado, amparándose en la naturaleza de la actividad que se regula, sus alcances y consecuencias, y los acuerdos suscritos por Chile sobre la materia, uniformando criterios técnicos internacionales.

Séptimo: Descartada ilegalidad o arbitrariedad en el acto que se ataca por la presente acción constitucional, no resulta necesario examinar la vulneración de garantías que se denuncia, al no configurarse el supuesto básico para ello.

Octavo: Por último, no está de más señalar que conforme a la disposición transitoria del “Dar 65”, las licencias y habilitaciones otorgadas con anterioridad a la aplicación del Reglamento, mantienen su vigencia hasta la expiración de su duración original.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional presentada por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, por si y en representación del “Círculo de Alas Rotatorias”.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada.

No firma la Ministra (s) señora Riesco, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol N° 30.457-2018