Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece don Christian Andrés Campusano Becker, abogado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., por haber denegado el traspaso y devolución de sus fondos previsionales mediante comunicación de fecha 29 de diciembre de 2025.

Expone que el recurrente tiene 77 años de edad, es ciudadano estadounidense y renunció voluntariamente a la nacionalidad chilena, acto inscrito con fecha 8 de abril de 2024, radicando su centro de vida y actividad laboral en la ciudad de Chicago, Illinois, desde hace más de dos décadas.

Señala que su representado se encuentra amparado por la seguridad social norteamericana a través de la Social Security Administración (SSA), percibiendo beneficios de jubilación y cobertura de salud federal mediante Medicare, por lo que la mantención forzosa de sus fondos en Chile bajo la modalidad de Retiro Programado le genera un perjuicio patrimonial continuo derivado de la depreciación del peso chileno frente al dólar, altas comisiones por transferencias internacionales y el descuento del siete por ciento para salud sin contraprestación real.

Fundamenta su pretensión en la Ley N° 18.156, arguyendo que la calidad de técnico extranjero es un estatus que debe analizarse al tenor de la realidad jurídica actual del sujeto, resultando ilegal la distinción que pretende imponer la recurrida basada en la nacionalidad detentada al momento de la afiliación inicial, pues donde la ley no distingue no le es lícito al intérprete distinguir. Sostiene, asimismo, la plena vigencia del Convenio de Seguridad Social entre Chile y Estados Unidos de América, que consagra el principio de exportabilidad de las prestaciones y prohíbe restricciones basadas en la residencia de los beneficiarios.

Aduce que la negativa de la Administradora se sustenta en formalismos y en una interpretación errada de sus facultades fiscalizadoras, al pretender calificar la compatibilidad del estatus de pensionado con el beneficio de devolución, excediendo con ello su mandato legal y vulnerando la doctrina de los actos propios, toda vez que en gestiones previas la entidad validó la terminología de traspaso que hoy utiliza como óbice.

Afirma el recurso que la actuación impugnada conculca la igualdad ante la ley al crear categorías artificiales de extranjeros de segunda clase, castigando a quien ejerció su derecho soberano de renuncia a la nacionalidad; lesiona el derecho de propiedad al privar al titular de los atributos esenciales del dominio, específicamente la facultad de disposición, configurando una expropiación regulatoria que erosiona el patrimonio mediante riesgos cambiarios y descuentos inoficiosos; y, finalmente, afecta el contenido esencial de estos derechos al imponer requisitos extra legem que impiden su libre ejercicio y subvierten el principio de servicialidad del Estado.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la respuesta contenida en la Consulta N° 556636, se ordene a AFP Hábitat S.A. proceder al traspaso internacional íntegro de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual del recurrente en un plazo de 15 días, se declare que la calidad de pensionado no obsta a la portabilidad de los fondos y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que, evacuando informe, la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Sostiene, como cuestión previa, la improcedencia de la acción de protección por carecer el recurrente de un derecho indubitado, señalando que la pretensión de retiro de fondos excede la naturaleza cautelar de esta vía y requiere un juicio de lato conocimiento o una modificación legislativa.

En cuanto al fondo, expone que el Sr. nombre reservado se encuentra pensionado por vejez anticipada desde el 17 de julio de 2006 bajo la modalidad de Retiro Programado, por lo que sus fondos se encuentran legalmente comprometidos al financiamiento de dicha prestación, la cual tiene carácter irrenunciable.

Respecto a la Ley N°18.156, arguye que esta constituye una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, no siendo aplicable al caso de autos, toda vez que el afiliado mantenía la nacionalidad chilena al momento de efectuar sus cotizaciones, habiendo adquirido la extranjería recién en el año 2024. Añade que el recurrente no acreditó su calidad técnica o profesional obtenida en el extranjero con anterioridad a su ingreso a Chile, ni la existencia de un contrato de trabajo donde manifestara su voluntad de mantener la previsión social en su país de origen.

Asimismo, aclara que la legislación nacional no contempla el traspaso de fondos a sistemas de seguridad social de los Estados Unidos, advirtiendo que el convenio internacional vigente solo facilita la exportabilidad de pensiones, mas no el traslado de capitales.

Concluye afirmando que el descuento del 7% por salud es un imperativo legal que la AFP no puede obviar, descartando cualquier vulneración a las garantías de igualdad ante la ley, propiedad o seguridad jurídica.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que de los antecedentes se establecen los siguientes hechos:

1.- La última cotización obligatoria que registra don nombre reservado, en la cuenta individual en AFP nombre reservado, corresponde a la del mes de noviembre de 2003.

2.- El 17 de julio de 2006 suscribió una solicitud de pensión de vejez anticipada en la mencionada Administradora de Fondos de Pensiones, acogiéndose a la modalidad de Retiro Programado.

3.- El recurrente reside en Estados Unidos desde hace un largo tiempo. El 9 de enero de 2023 obtuvo la nacionalidad estadounidense y el 23 de febrero de 2024 renunció a la nacionalidad chilena, acto que fue inscrito en el Registro Civil, en abril de 2024.

4.- El recurrente consultó a la AFP nombre reservado la devolución de sus fondos para traspasarlos a sus planes de retiro en Estados Unidos, basado en su calidad de técnico extranjero y en el cumplimiento de los fines y exigencias estatuidas por la Ley N°18.156.

5.- Mediante respuesta a Consulta N°556636 fecha 29 de diciembre de 2025 la recurrida rechazó tal solicitud, fundado en que el afiliado mantenía nacionalidad chilena al momento de cotizar y que se encuentra actualmente en régimen de pago de pensión.

Quinto: Que el acto impugnado corresponde a la respuesta dada por la recurrida al recurrente por la que rechaza su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N°18.156, fundado en la nacionalidad histórica del afiliado y su calidad actual de pensionado bajo Retiro Programado, correspondiendo en consecuencia determinar si este acto es ilegal o arbitrario y en su caso, si conculca las garantías constitucionales invocadas, que legitime la acción cautelar intentada.

Sexto: Que, para resolver la controversia planteada, resulta indispensable examinar el marco normativo aplicable.

En este sentido la Ley N°18.156 establece en su artículo 1° “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Por su parte el artículo 7 de la citada ley dispone “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que de la normativa antes transcrita se concluye que la Ley citada estatuye en las hipótesis transcritas la exigencia de detentar el afiliado la calidad de trabajador extranjero, al momento de prestarse los servicios y enterar las cotizaciones previsionales que de ello derivan, de manera que la primera objeción de la recurrida para denegar la petición del recurrente -quien a esa época tenía la nacionalidad chilena-se ajusta al marco legal descrito que rige la materia.

Octavo: Que, en todo caso y aun cuando pudiera discutirse la situación descrita en el motivo anterior, la improcedencia de la petición de devolución de los fondos que el recurrente tiene en este país, se manifiesta por el hecho de haber suscrito una solicitud de jubilación anticipada y convenido un sistema de retiro programado, régimen al que se encuentra sujeto de conformidad al estatuto que contempla el estatuto del Decreto Ley 3500, contratación que ha comprometido sus fondos, en el financiamiento de su pensión, lo que no puede ser desconocido por la Administradora de Fondos de Pensiones, ni por el propio recurrente, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 23, 34 y 61 del citado cuerpo legal, Noveno: Que conforme a lo razonado, el actuar de la recurrida se ajusta a la legalidad vigente, sin que la negativa a la petición del recurrente pueda ser considerada arbitraria ni vulneratoria de las garantías constitucionales invocadas, el recurso intentado será desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en representación de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministra señora Brengi.

Protección N° 3038-2026.

No firma el ministro señor Rodríguez Vega, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.