nombre reservado con EJÉRCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, catorce de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado dedujo acción de protección en contra del Hospital Militar de Santiago, por el acto arbitrario e ilegal consistente en haber dispuesto un sumario administrativo en su contra, el cual concluyó con una sanción de amonestación por escrito, lo que estima vulnera lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política.

Señala que el 1 de febrero de 2017 celebró contrato de trabajo con el Hospital Militar de Santiago, el que se mantiene vigente a la fecha y que el 19 de julio de 2021, realizó una denuncia por acoso laboral en contra de su ex jefa, doña nombre reservado, ante la Contraloría General de la República por haber tenido ésta una conducta hostil hacia él, luego de lo cual fue cambiado de sección -por instrucciones del jefe del departamento- por una denuncia de acoso laboral que según se le indicó se había realizado en su contra.

Explica que el 25 de octubre de 2021 fue citado a declarar, en la creencia que sería por la denuncia que había realizado a su ex jefa, sin embargo, en dicha oportunidad se enteró que aquella había interpuesto una denuncia por acoso sexual en su contra.

Reclama que no sólo fue cambiado de puesto de trabajo, sino que, además, fue sometido a una investigación sumaria investigativa que se ha extendido por más de nueve meses, procedimiento que sólo se aplica a los militares y no a él que no tiene dicha calidad y que la relación con la institución recurrida se rige por el Código del Trabajo, de manera que sólo pudo ser citado a declarar. Alega que se ha afectado su honra, no siendo efectivos los hechos que se le imputaron, siendo esto un artificio para desvirtuar los malos tratos que el con anterioridad había denunciado.

Añade que pese a su insistencia para que avanzara la investigación, recién el 12 de abril de 2022, tomó conocimiento del resultado, esto es, que los hechos denunciados en su contra son constitutivos de acoso laboral en contra de nombre reservado, que no existe acoso sexual a su ex jefa y que se rechazó su denuncia de acoso laboral en contra de la misma, sin que se le hubiere informado qué puede realizar ante tal injusta decisión y que se le pretende sancionar nuevamente, mediante amonestación por escrito.

Sostiene que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal al establecer una comisión especial para sancionar a un trabajador regulado por las normas del Código del Trabajo, toda vez que si bien la investigación sumaria administrativa tiene su regulación en el Decreto Supremo N°277 de 1974, que aprueba el Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas, no es aplicable bajo los derechos que son amparados por el contrato de trabajo que lo ligan con la recurrida. En efecto, la cláusula Novena del contrato de trabajo expresa: “Se deja expresa constancia que el presente contrato se celebra conforme a lo establecido en la Ley 18.476 y por lo tanto el trabajador estará afecto a las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en los párrafos 5 y 6 del Título III de la Ley 18.834 de 1989, Estatuto Administrativo, y las demás contempladas en la citada Ley.”.

Además, en el artículo 3° inciso 2° de la Ley 18.476 se establece que “Dicho personal se regirá por las normas laborales y previsionales propias del sector privado…”, es decir, por las normas del Código del Trabajo. Adiciona que no sólo se está llevando una investigación sin fundamento legal en su contra, sino que además, esta infringió lo establecido en el inciso 2° del artículo 211-C del texto legal citado, que establece que “En cualquier caso la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días.”, y en este caso el de autos se extendió por un tiempo muy superior.

Critica también que se estableciera una sanción de amonestación escrita, en circunstancias que no existe un reglamento interno como es exigible para las personas contratadas por el Código del Trabajo, cuestión que infringe lo dispuesto en el N°10 del artículo 154 del citado texto legal. Además, en este caso se aplicó el D.S. 277. De 1974, pero desconociendo absolutamente el artículo 3° N°3 que señala “Art. 3º.- No procederá la instrucción de una investigación sumaria administrativa en los siguientes casos: 3.- En aquellos casos en que los hechos que podrían originarla aparezcan claramente establecidos en los partes, denuncias o diligencias preliminares, debiendo los Comandantes de todas las jerarquías hacer uso inmediato de sus facultades de mando, administrativas y disciplinarias, informando su resolución cuando fuere del caso, por los canales de mando o técnicos. El superior, antes de hacer uso de sus atribuciones disciplinarias, deberá conocer la defensa o justificación del inculpado.”.

Finalmente, la sanción impuesta por la comisión es ilegal, desde que no se ajusta a lo establecido en los artículos 154 y 211-C del Código del Trabajo; obliga a un trabajador a someterse a reglas de impugnación de procedimientos administrativos y, además, erigió un procedimiento alejado de las normas del debido proceso, donde no existió forma de que el trabajador realizara descargos ni evitar de forma alguna que su honra fuera dañada.

Solicita se acoja el recurso y, en definitiva, se ordene dejar sin efecto la investigación sumaria administrativa dispuesta por resolución HMS RRHH FISCADM (R) N°1590/3886/14510, de 16 de agosto de 2021, en su contra; instruir la aplicación de un protocolo correspondiente a los trabajadores regidos por las normas del Código del Trabajo ante la denuncia de acoso sexual; suprimir o dejar sin efecto cualquier orden o instrucción a la Dirección de Recursos Humanos de la recurrida de incorporar una copia de la investigación sumaria administrativa y/o su sanción en la carpeta de antecedentes personales; que se publique 4 veces, por una vez por semana, en “la orden del día”, informativo institucional, dando cuenta que “No procede contra los trabajadores contratados bajo las normas del Código del Trabajo la investigación sumaria administrativa o “ISA” conforme a DS N°277, de 1974, que aprueba reglamento de investigaciones sumarias administrativas de las fuerzas armadas” u otra forma análoga, con costas.

Segundo: Que, al evacuar su informe, el Director General del Hospital Militar de Santiago solicitó el rechazo de la acción deducida, con costas.

Expone que el actor cuenta con contrato de trabajo vigente en su calidad de técnico en mantención eléctrica industrial, y que a la fecha de la investigación sumaria administrativa desarrollaba sus funciones en el Departamento de Sistemas Industriales.

Argumenta que el actor no ha individualizado correctamente el acto arbitrario o ilegal respecto del cual reclama, toda vez que, pese a dar cuenta de que a la fecha se ha dictado un acto terminal, como es la Resolución HMS SRRHH FISCAM (R) “E” N° 1590/1397/4666, de fecha 5 de abril de 2022, que le aplica una medida disciplinaria de amonestación escrita, debidamente notificada, no dedujo recurso alguno en su contra y lo que en esta sede solicita es poner término a la investigación sumaria administrativa.

Indica que se dispuso la instrucción de una investigación sumaria el 16 de agosto de 2021, a fin de esclarecer las denuncias formuladas por nombre reservado, en contra del recurrente sobre posibles hechos constitutivos de conductas de acoso laboral; además aclarar la denuncia del recurrente en contra de nombre reservado con el mismo objetivo, llevándose a cabo diversas diligencias probatorias con la finalidad de fundamentar el dictamen Fiscal.

Expresa que en virtud de lo anterior, mediante la resolución antes individualizada, se resolvió la investigación, estimándose que los hechos denunciados por nombre reservado eran constitutivos de acoso laboral, cometidos por el recurrente, por lo que se ordenó sancionarlo con la medida de amonestación escrita, pues se acreditó que sí hubo acoso laboral y que mantuvo conductas inapropiadas que intervinieron con las actividades propias del servicio, a la luz de lo dispuesto en el artículo 2° del Código del Trabajo.

Agrega que la denuncia efectuada por el actor en contra de nombre reservado, se sobreseyó, no siendo posible imputar responsabilidades administrativas, disciplinarias y otras que pudieran derivarse de los acontecimientos indagados. También lo fue la denuncia de acoso laboral y sexual efectuada por la referida en contra del recurrente por no ser posible imputar responsabilidades por los hechos indagados.

Finalmente, tal como da cuenta el expediente sumarial, fueron notificados todos los intervinientes, los que se declararon conformes Estima que no ha existido ningún acto arbitrario o ilegal de su parte, por haberse ajustado todas las actuaciones a la normativa legal vigente, consistente en el protocolo de denuncias de acoso sexual o laboral en las Fuerzas Armadas (Resolución Exenta N° 6800/76 de 2019, del Ministerio de Defensa y el Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las FFAA).

Alega, en otro orden de ideas, la improcedencia del recurso de protección, por cuanto se pretende a través de un recurso de naturaleza cautelar y excepcional, obtener un pronunciamiento de fondo sobre una situación fáctica que aun se encuentra en desarrollo, que por lo demás requeriría de un juicio de lato conocimiento.

En cuanto a la supuesta creación de una comisión especial para sancionarlo, explica que no es efectivo, sino que la investigación obedeció a la aplicación de las normas antes señaladas, previamente establecidas para esclarecer las denuncias efectuadas Tercero: Que para resolver el presente recurso de protección, debe considerarse en primer término que el señalado arbitrio constitucional, contemplado en el artículo 20 de la Carta Política de 1980, tiene un carácter esencialmente tutelar y de excepción, siendo su prima ratio el resguardo jurisdiccional del legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que con lo expuesto por las partes y los antecedentes aportados al proceso, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

1.-Por Resolución HMS DRRHH FISCADM (R) “E” N°1590/3886/14510 de 16 de agosto de 2021, se dispuso una investigación sumaria, a fin de esclarecer las denuncias formuladas por el ECL nombre reservado, en contra de nombre reservado y para determinar si los hechos podrían ser constitutivos de conducta de acoso laboral, además aclarar la denuncia formulada por el primero, a la Contraloría General de la República en contra de la PAC nombre reservado.

2.-Mediante Resolución HMS DRRHH FISCADM (R) N°1590/1397/4666 de 5 de abril de 2022 se aplicó la medida disciplinaria de amonestación escrita al nombre reservado, por haberse acreditado que hubo acoso laboral y que este mantuvo conductas inapropiadas que intervinieron con las actividades propias del servicio de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 inciso 2° del Código del Trabajo.

3.- La referida investigación sumaria fue notificada al recurrente, quien no dedujo recurso alguno.

4.- El 19 de julio de 2021 se sobreseyó la denuncia por acoso laboral, deducida por nombre reservado, en contra de la PAC nombre reservado.

5.- La denuncia de 4 de agosto de 2021 sobre acoso laboral y sexual fue sobreseída definitivamente, al no haberse establecido Quinto: Que, al respecto, resulta útil señalar que mediante Resolución Exenta N°6800/76, de 12 de marzo de 2019, del Ministerio de Defensa Nacional, se aprobó el Protocolo Conjunto de Denuncias de Acoso Sexual o Laboral en las Fuerzas Armadas, que estatuye un procedimiento de denuncias e investigación de acoso, de carácter conjunto y actualizado, que tiene por objeto unificar criterios, clarificar definiciones y orientar el actuar de todos sus integrantes, independiente de su categoría, grado jerárquico y condición contractual. De este modo al pertenecer el recurrente al Hospital Militar de Santiago, en calidad de funcionario civil, Ley N°18.476, le corresponde la aplicación del mencionado protocolo y, con ello, de acuerdo a lo prescrito en el punto IV N°4, el procedimiento de investigación sumaria que cuestiona. En efecto, la mencionada disposición señala que: “Una vez recibida la denuncia, en un plazo de 24 horas se notificará al denunciado del inicio de una Investigación Sumaria Administrativa (ISA) que se sustanciará de acuerdo con el Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas, contenido en el Decreto 277 de 1974 del Ministerio de Defensa Nacional. Asimismo, el numeral 3 del mismo punto del referido Protocolo contempla la posibilidad de decretar medidas de protección para el adecuado resguardo de la víctima, como su separación del denunciado o denunciada, siempre teniendo en cuenta el favor de la primera.

Por su parte el cuerpo normativo aplicable a la materia es el DNL-910 “Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas, en cuyo artículo 1°señala: “Investigación Sumaria Administrativa es el conjunto de actuaciones y diligencias practicadas en una Fiscalía Administrativa, formada por un Fiscal y un Secretario, nombrados por Resolución competente, para averiguar y establecer las causas, naturaleza, circunstancias y los responsables de aquellos accidentes, irregularidades y otros sucesos que no son de común ocurrencia, acaecidos en el servicio o con ocasión de él, que deben ser conocidos, calificados y resueltos por la Autoridad Militar, Naval o Aérea”.

Sexto: Que de lo anterior, se desprende que el actuar de la recurrida se ajustó a la normativa vigente sobre la materia, al ordenar la instrucción de una investigación sumaria administrativa sobre los hechos que fueron denunciados, dando aplicación al Protocolo y Reglamentos antes mencionados, en un caso y bajo el procedimiento contemplado en dichos instrumentos, el que culminó con una determinación que aparece fundada en el mérito de los antecedentes reunidos en dicha sede, la que le fue notificada al recurrente, quien no la impugnó; todo lo que lleva a descartar la ilegalidad o arbitrariedad que se invoca como fundamento de la acción cautelar intentada.

Séptimo: Que, en consecuencia, y no existiendo en la especie ilegalidad ni arbitrariedad alguna que imputar a la recurrida, que hayan afectado derechos indubitados del recurrente y, con ello, las garantía constitucional que señala, la acción de protección dirigida en contra de la recurrida no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación de los Recursos de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza sin costas el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Hospital Militar de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Carolina Brengi Zunino.

N°Protección-30348-2022.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la ministra señora Graciela Gómez Quitral, e integrada, además, por la ministra señora Carolina Brengi Zunino y por la abogada integrante señora Bárbara Vidaurre Miller, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por ausencia.

En Santiago, catorce de noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.