nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece doña Ana María Rivera Álvarez, abogada, en nombre de don nombre reservado, trabajador dependiente, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el acto arbitrario e ilegal de rechazar, por reposo injustificado sus licencias médicas.

Expone que el afectado es un hombre de 47 años, ingeniero civil industrial, divorciado con 3 hijos, 2 aún bajo su dependencia económica y trabaja en la empresa Liebherr Chile. Por motivos de salud, se encuentra con licencia médica desde el verano del año 2019, con síntomas de desánimo, depresión, cansancio crónico, desesperanza, angustia, labilidad emocional, sentimientos de inseguridad y baja autoestima, transformándose en el tiempo en depresión severa con síntomas psicóticos y bajo tratamiento farmacológico con Clonazepam 2mg 0-0-1, Sucedal mg. 0-0-1 y Buxon 150 mg. 1-0-0.

Señala que en un principio, las licencias cursadas por el período febrero 2019 a mayo 2020 fueron pagadas y, de ahí en adelante fueron rechazadas.

Refiere que atendidos los graves problemas familiares y de salud de su hijo pequeño, su salud se vio seriamente deteriorada, ya que experimentó una situación traumática y de alto estrés, que se vio agravada por la actual situación sanitaria del país, ya que su mujer e hijo menor padecen una patología de alto riesgo.

Indica que el 15 de agosto de 2020 le comunicó a su psiquiatra que saldría a trabajar, porque la necesidad era demasiada y no le estaban pagando las licencias, lo que no fue aconsejado por su médico, indicando que hacerlo sería bajo su responsabilidad.

Señala que la empresa lo mantuvo “como” 20 días en la casa, diciéndole que estaban preparando las condiciones para subir a faena, situación que le produjo angustia y un pánico tremendo, por lo que tuvo que volver a visitar a su médico tratante.

Relata que el recurrente se desempeña en faenas mineras, realizando trabajo de expeditoría, ingresando y sacando materiales, repuestos y piezas de camiones Caex de las mineras.

Indica que nunca le han efectuado un peritaje y la COMPIN tampoco ha solicitado antecedentes ni informes al profesional que lo atiende, ni ha sido citado a aportar informes, no obstante tener dicho organismo plenas facultades para ello.

Por lo anterior, se vio obligado a retirar fondes de la AFP, con el perjuicio que implica para su futura jubilación, y ha tenido que recurrir a la ayuda de su hijo mayor. Está con sus cotizaciones de salud impagas, lo que aumenta su angustia y, adicionalmente, la forma en que se han tramitado las licencias médicas y la negativa a pagar el subsidio a quien cumple con los requisitos legales, cuando más lo necesita, acrecienta su vulnerabilidad, lo revictimiza, traumatiza e impide que recupere su salud, ya que agrega a su dolorosa condición el ser humillado y mal tratado en forma recurrente por el sistema, quedando en estado de pobreza y sin recursos, tener que interrumpir tratamiento y no lograr su recuperación en tiempo y forma.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, cita las contenidas en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Respecto al N° 1 del artículo referido, sostiene que al rechazar el legítimo derecho a gozar de un tratamiento médico y seguir las indicaciones y recomendaciones de su médico tratante, se ha vulnerado esta garantía, al incrementar sus síntomas y estrés, ya que el rechazo lo ha obligado a tener que realizar presentaciones, reunir antecedentes, realizar gastos inesperados y recurrir a instancias administrativas y judiciales, cuando debiera estar haciendo uso de su derecho a recibir el subsidio por incapacidad laboral.

Respecto a la igualdad ante la ley, la considera infringida, cuando a ciertos trabajadores se les cursa su licencia médica y, a éste paciente se le niega tal derecho.

En cuanto al derecho de propiedad, arguye que la recurrida, al desconocerlo y negar el pago de las licencias médicas, priva al paciente y recurrente de un importante recurso económico, cuando más lo necesita.

Como peticiones concretas, solicita que se resuelva que se ordena el pago de la totalidad de las licencias médicas.

Cita doctrina y jurisprudencia en respaldo de sus argumentos y, previas citas legales, finaliza solicitando que se acoja la acción en todas sus partes, otorgando las peticiones concretas señaladas previamente, con costas.

SEGUNDO: Que, al informar la recurrida, solicita el rechazo de la acción, con costas.

Precisa que la acción se dirige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-55667-2021, de 6 de mayo de 2021 de esa Superintendencia, que se pronunció respecto del reclamo -recurso jerárquico- interpuesto por el recurrente, el 2 de marzo de este año, en contra de la COMPIN Región Metropolitana, por haber confirmado el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, N° 447611992-K, N° RUT reservado y N° RUT reservado (4 en total), extendidas por un total de 120 días de reposo, a contar del 11 de septiembre de 2020, por haber considerado la Comisión que el reposo otorgado resultaba injustificado.

Señala, en primer lugar, que no es efectivo que esa autoridad haya rechazado sus licencias médicas, por cuanto ello, de acuerdo con las normas legales que regulan la materia, es una facultad privativa de las COMPIN e Isapres.

En efecto, las licencias médicas que se reclaman en estos autos fueron rechazadas por la COMPIN Metropolitana, de acuerdo con los antecedentes que obran en el expediente administrativo que acompaña a su informe, el 11 de febrero de 2021, en su calidad de organismo administrador de derecho de seguridad social denominado licencia médica, en el caso del recurrente, FONASA, mucho tiempo antes que los 30 días corridos que antecedieron al 2 de junio de 2021 -fecha de interposición de la acción-, de modo que alega la extemporaneidad.

Hace presente que el 2 de marzo de 2021, el actor recurrió ante la SUSESO, reclamando fundado en que la COMPIN confirmó el rechazo de las licencias médicas indicadas. De esto, concluye que a más tardar, ese mismo día, tenía conocimiento del rechazo de las licencias, optando por reclamar por la vía administrativa.

Cita el artículo 20 de la Constitución, y razona que esta acción no es subsidiaria de otras vías de reclamación, citando fallos en ese sentido.

En subsidio, informa respecto al fondo por carecer de todo fundamento.

Se refiere a la regulación legal sobre la materia, modificada por la Ley N° 20.585, y la distinción que se debe hacer entre el actuar de la COMPIN y esa recurrida.

Hace presente que los casos en que una COMPIN rechaza una licencia médica por reposo injustificado, tal decisión está motivada por el simple hecho que el médico tratante en su informe no justificó suficientemente por qué la enfermedad del trabajador le causa incapacidad laboral temporal o le sigue causando, cuando es prolongación de una anterior, sin que, como lo sugiere la contraparte - necesaria u obligadamente se deba aplicar alguno de los procedimientos contemplados en la Ley N° 20.585, que tienen finalidades distintas pero que son complementarias en la regulación de este beneficio de seguridad social.

Esgrime que no existe acto ilegal o arbitrario en su actuación, relatando que el Sr. nombre reservado compareció ante esa Superintendencia reclamando en los términos ya reseñados, agregando que el actor, junto a su presentación, acompañó copia de las licencias médicas y un informe de su médico tratante, entre otros antecedentes.

Da cuenta que recabados los antecedentes del caso de la COMPIN y del Servicio de Salud, la Superintendencia, previo estudios de los mismos por parte de los profesionales de la Unidad Médica del Departamento Contencioso, por la resolución de 6 de mayo de 2021, confirmó el rechazo de las licencias reclamadas, lo que se explica por cuanto: “...el reposo prescrito por las licencias médicas N°° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 570 días por la misma patología...”.

En la cartola médica del Servicio de Salud, se dejó constancia que el recurrente, en su oportunidad “…Adjunta informe médico no protocolizado, con diagnóstico de trastorno por estrés, en tratamiento médico con psicofármacos, sin mención de ajustes o adecuación del tratamiento, sin informe psicológico o intervenciones psicosociales, sin índice GAF, sin plan de reintegro laboral, sobrepasando rango de días de reposo laboral estimados como adecuados para favorecer la recuperabilidad y el reintegro laboral…”.

Por su parte, revisado el caso por la Dra. nombre reservado, psiquiatra, dejó constancia respecto del recurrente: “...Hombre de 47 años. FONASA. Reclama 4 LMs emitidas por psiquiatra infanto-juvenil libre elección (según dirección de consulta registrada en LM), por un total de 120 días a/c de 11-09-2020. Ya autorizado, por igual evento; extenso reposo de 570 días a contar de 24-01-2019. SUSESO (UNRA) Acoge 60 días a/c de 17-06-2020IMT 08-01-21 --Utiliza logo institucional del Hospital de Calama--. Manuscrito, parcialmente legible. "Dx Ep depresivo grave s/síntomas psicóticos. Paciente con síntomas de angustia elevada debido al riesgo de COVID-19 de hijo inmuno deficiente (?) (HIV +) de 5 años y su madre también portadora del virus (HIV). Actualmente con xxxxx (insomnio?) + xxxxxx preocupado por salud de su familia y temor si vuelve al trabajo a contagiarlos. Se mantiene con tratamiento psicológico". Informa tto: CNZ 2 mg pm + SUCEDAL 10 mg pm + BUXON 150 mg am. Sin datos de evolución, severidad o complejidad del cuadro clínico. Sin FPA. Sin Notificación AUGE ni Certificación Dx GES. Sin evaluación psiquiatria adultos. No adjunta Certificado de Atención por psicólogo. Sin peritaje. Cc: Reposo prolongado, prorroga no fundamentada con antecedentes aportados. Dx y tto no congruentes. Reposo no terapéutico ...”.

En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto, el dictamen mediante el cual se resolvió la reclamación del recurrente resulta legal y suficientemente fundado en cuanto en cuanto explica las razones por la que no se modificó lo antes resuelto por la institución fiscalizada, a saber, la COMPIN de la Región Metropolitana.

Se refiere a la regulación legal de la licencia médica y sus facultades en la materia, para luego, negar la existencia de derechos vulnerados.

En lo que respecta a la supuesta vulneración del derecho a la vida o integridad física del recurrente, manifiesta que tal derecho no es afectado por la decisión de la COMPIN, ratificada por la Superintendencia de Seguridad Social, por cuanto este es un acto médico administrativo que dice relación con la justificación o no de la ausencia del trabajador o trabajadora a su trabajo, pero en ningún caso dice relación con las prestaciones médicas que se le han brindado por su sistema de salud en relación con sus patologías de salud mental, las que mientras resultó procedente le dieron derecho a licencia médica, esto es, mientras se acreditó con los informes y antecedentes médicos estuvo incapacitado temporalmente para trabajar.

En lo que respecta a la garantía constitucional del derecho de propiedad, en este caso relacionado con el potencial derecho a que se le pague al recurrente el subsidio por incapacidad laboral, tampoco existe un derecho de propiedad vulnerado ni siquiera amenazado por la actuación esta Superintendencia y que consistió en aprobar lo obrado por la COMPIN Subcomisión Concepción, respecto de las licencias médicas del ahora recurrente de autos, pues para ello es necesario, como punto de partida, contar con la calidad de trabajador que dé derecho a la emisión de una licencia médica en los casos que la ley señala y solo una vez que la misma haya sido debidamente autorizada, cuestión que no media en la especie.

Argumenta, por último, la improcedencia de la acción de protección en materias relacionadas con el derecho a la seguridad social, reconocido en el artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental, al que se referiría en realidad la presente acción, no protegido por el artículo 20 de la Constitución.

TERCERO: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

CUARTO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, la recurrente reclama respecto de licencias médicas que le habrían sido rechazadas por la recurrida, de las que no precisa en detalle a cuáles se refiere, ni entrega ninguna información objetiva que permita individualizarlas, lo que a su juicio generaría una vulneración de garantías constitucionales, que serían aquellas consagradas en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, en primer lugar, cabe señalar que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

SÉPTIMO: Que, cabe señalar que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

OCTAVO: Que, en este orden de ideas, la acción se dirige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-55667-2021, de 6 de mayo de 2021 de esa Superintendencia, que se pronunció respecto del reclamo -recurso jerárquico- interpuesto por el recurrente, el 2 de marzo de este año, en contra de la COMPIN Región Metropolitana, por haber confirmado el rechazo de 4 licencias médicas, extendidas por un total de 120 días de reposo, por haber considerado la Comisión que el reposo otorgado resultaba injustificado, siendo que el presente recurso se presentó el 2 de junio de 2021, lo que permite concluir que la presente acción cautelar ha sido deducida en forma oportuna y, en consecuencia la alegación de extemporaneidad debe ser desestimada.

NOVENO: Que, asimismo, en lo que toca a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación y contradicción de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas.

DÉCIMO: Que, despejados los aspectos formales de cuestionamiento de la presente acción cautelar, y entrando al fondo del asunto, debe advertirse, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente de los antecedentes administrativos que se acompañan, es posible advertir que la recurrida SUSESO ratificó el parecer de la COMPIN y de la Isapre de origen a la que pertenece la recurrente, que en definitiva rechazaron en todas las instancias las respectivas licencias médicas.

Para ello tuvo en consideración que los estudios clínicos adjuntos, que dan cuenta que recabados los antecedentes del caso de la COMPIN y del Servicio de Salud, la Superintendencia, previo estudios de los mismos por parte de los profesionales de la Unidad Médica del Departamento Contencioso, por la resolución de 6 de mayo de 2021, confirmó el rechazo de las licencias reclamadas, lo que se explica por cuanto: “...el reposo prescrito por las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado.

Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado que no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 570 días por la misma patología...”.

En la cartola médica del Servicio de Salud, se dejó constancia que el recurrente, en su oportunidad “…Adjunta informe médico no protocolizado, con diagnóstico de trastorno por estrés, en tratamiento médico con psicofármacos, sin mención de ajustes o adecuación del tratamiento, sin informe psicológico o intervenciones psicosociales, sin índice GAF, sin plan de reintegro laboral, sobrepasando rango de días de reposo laboral estimados como adecuados para favorecer la recuperabilidad y el reintegro laboral…”.

Por su parte, revisado el caso por la Dra. nombre reservado, psiquiatra, dejó constancia respecto del recurrente: “...Hombre de 47 años. FONASA. Reclama 4 LMs emitidas por psiquiatra infanto-juvenil libre elección (según dirección de consulta registrada en LM), por un total de 120 días a/c de 11-09-2020. Ya autorizado, por igual evento; extenso reposo de 570 días a contar de 24-01-2019. SUSESO (UNRA) Acoge 60 días a/c de 17-06-2020IMT 08-01-21 --Utiliza logo institucional del Hospital de Calama--. Manuscrito, parcialmente legible. "Dx Ep depresivo grave s/síntomas psicóticos. Paciente con síntomas de angustia elevada debido al riesgo de COVID-19 de hijo inmuno deficiente (?) (HIV +) de 5 años y su madre también portadora del virus (HIV). Actualmente con xxxxx (insomnio?) + xxxxxx preocupado por salud de su familia y temor si vuelve al trabajo a contagiarlos. Se mantiene con tratamiento psicológico". Informa tto: CNZ 2 mg pm + SUCEDAL 10 mg pm + BUXON 150 mg am. Sin datos de evolución, severidad o complejidad del cuadro clínico. Sin FPA. Sin Notificación AUGE ni Certificación Dx GES. Sin evaluación psiquiatria adultos. No adjunta Certificado de Atención por psicólogo. Sin peritaje. Cc: Reposo prolongado, prorroga no fundamentada con antecedentes aportados. Dx y tto no congruentes. Reposo no terapéutico ...”.

En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto, el dictamen mediante el cual se resolvió la reclamación del recurrente resulta legal y suficientemente fundado en cuanto en cuanto explica las razones por la que no se modificó lo antes resuelto por la institución fiscalizada, a saber, la COMPIN de la Región Metropolitana.

UNDÉCIMO: Que, por otro lado, el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

DUODÉCIMO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso de la recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, la actividad realizada por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

DÉCIMO QUINTO: Que, finalmente, la recurrente ha alegado la vulneración de los derechos consagrados en el artículo 19 N° s. 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, siendo que no se ha establecido ninguna afectación a su integridad física ni síquica, al contrario, se trata de situaciones que por su particularidad deben ser analizadas caso a caso, dependiendo de la evolución clínica de las dolencias que registre un paciente determinado, su gravedad y recuperabilidad, así como determinar si se trata de una incapacidad temporal o definitiva; tampoco se aprecia de qué manera se afectaría a su derecho a la protección de la salud, ni a la esencialidad de derecho o al de propiedad, ya que no aparece con toda la nitidez que requería la acción cautelar intentada, pues se vincula con una especie de derecho a todo evento a que le sean cursadas las licencias médicas que presente, siendo que como ya se dijo, el marco reglamentario y legal determina controles administrativos de procedencia, por lo que en realidad se estaba en presencia de una mera expectativa, siendo que el presente arbitrio está establecido para amparar situaciones fácticas o jurídicas indubitadas.

DÉCIMO SEXTO: Que así y según lo dispone el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección es una acción destinada a adoptar una medida para que cese una actuación arbitraria o ilegal, esto es, contraria a la ley o que sea producto del mero capricho de quien incurre en ella y dado su carácter excepcionalísimo, está llamado únicamente a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentarse, siendo que, en el caso propuesto, el acto recurrido consistente en la negativa fundamentada a cursar las licencias médicas por parte de la autoridad administrativa determinada legalmente para ello y con plena competencia, no es posible advertir arbitrariedad ni ilegalidad en su proceder.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido nombre reservado, deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Ingreso Corte Protección N° 30.304-2021.