Protección contra Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

C.A. de Santiago Santiago, uno de julio de dos mil diecinueve.

A los folios 243282, 243284, 243323 y 244262: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, trabajador, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en razón del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber emitido el Oficio N° 3.275, de 5 de marzo del año en curso -del que tomó conocimiento el día 26 de marzo-, por medio del cual la recurrida rechazó el reclamo formulado por el término anticipado de una suplencia en la que había sido nombrado en la Municipalidad de Renca, por considerarlo extemporáneo.

Expone que en el mes de abril de 2018 fue nombrado en calidad de suplente grado 18° y escalafón auxiliar en la Municipalidad de Renca, entre el día 7 de abril y el 7 de julio de 2018. Refiere que luego es nombrado en esa misma calidad para el periodo comprendido entre el 8 de julio y el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, el día 27 de septiembre se le informó a través de un memorándum que se había decidido poner término a tal suplencia a contar del 31 de octubre de 2018. Agrega que en el mes de diciembre se percató que las cotizaciones de seguridad social nunca fueron pagadas por la Municipalidad y, finalmente, que el día 5 de febrero del presente año recurrió a la Contraloría General de la República para que realizara el control de legalidad de los actos ya señalados, en virtud de lo dispuesto en los artículos 156 y 157 de la Ley N° 18.883, haciendo presente que el memorándum al que se ha hecho referencia no solo es ilegal, sino que también afectó sus derechos constitucionales, lo que implica que el plazo para recurrir no es el de 10 días que prevé el citado artículo 156, sino que el de dos años que la misma ley otorga en su artículo 157, lo que da cuenta, a su juicio, de la ilegalidad del actuar de la recurrida.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, considera que el actuar de la parte recurrida afecta aquellas consagradas en el artículo 19 N° s 24 y 3 inciso 6° de la Constitución Política de la República. Por un lado, indica que los derechos que le confiere la Ley N° 18.883 están dentro de su propiedad y, de acuerdo al artículo 157 del mismo texto legal, el plazo para reclamar su infracción es el de dos años. Asimismo, sostiene que se infringe su derecho de propiedad sobre la estabilidad en el empleo, y la remuneración establecida. Por otro lado, señala que el derecho al debido proceso se ve afectado al fallarse por la recurrida en contradicción al Estatuto Administrativo y sin siquiera pronunciarse por el plazo invocado por su parte.

Por lo antes expuesto, solicita se restablezca el imperio del derecho, dejándose sin efecto el Oficio N° 3.275 recurrido y ordenando que la Contraloría Regional Metropolitana se pronuncie respecto al fondo del asunto.

Segundo: Que mediante presentación de 24 de mayo del presente año, informa la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a través de su Unidad Jurídica, solicitando el rechazo del presente recurso.

Señala que con fecha 5 de febrero de 2019, el señor nombre reservado dedujo un reclamo del artículo 156 de la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en contra de la Municipalidad de Renca, por la determinación de poner término anticipado a su suplencia, pues, a su juicio, tal decisión sería injustificada, y porque dicha entidad edilicia no habría pagado sus cotizaciones previsionales correspondientes al periodo que va desde el 7 de abril al 31 de octubre del año 2018.

Indica que, analizada la presentación del recurrente, emitió el Oficio N° 3.275, de 2019, ahora impugnado, mediante el cual rechazó su reclamo respecto al término anticipado de su suplencia, al constatar que había sido interpuesto fuera del plazo de diez hábiles que fija el artículo 156 de la Ley N° 18.883, para efectos de que los funcionarios puedan reclamar ante ella en contra de los actos que pudiesen afectar sus derechos funcionarios. Además, el oficio recurrido dispuso remitir los antecedentes del caso a las Superintendencias de Salud y de Pensiones, respectivamente, a fin de que esas instituciones fiscalizadoras conocieran de la supuesta morosidad en el pago de las cotizaciones previsionales, por ser los organismos competentes en esa materia.

Alega en primer término la extemporaneidad del recurso.

Explica que, conforme a lo expuesto por el recurrente, la supuesta infracción de sus derechos constitucionales que invoca se habría originado con la emisión del Oficio N° 3.275, de 2019, el cual fue notificado al actor el día 12 de marzo del año en curso, mediante carta certificada enviada a su domicilio, según consta en el link “seguimiento en línea” del sitio web de Correos de Chile. En consecuencia, atendido que el recurso de protección fue presentado el día 23 de abril de 2019, no cabe más que concluir que el plazo fatal de treinta días corridos se encuentra latamente vencido, por lo que la presente acción cautelar debe ser desestimada por haber sido ejercida extemporáneamente.

Por otro lado, arguye la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación impugnada.

Refiere que no advierte de qué manera el oficio impugnado podría ser calificado de ilegal, puesto que en su emisión ha actuado en el marco de las atribuciones que le corresponde, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 98 de la Constitución Política de la República; 6 de la Ley N° 10.336, y 156, inciso primero, de la Ley N° 18.883, funciones que fueron debidamente delegadas por el Contralor General a los Contralores Regionales mediante su resolución N° 1.002, de 2011, circunscribiéndose a la estricta aplicación de las normas que rigen la materia. En efecto, citando el inciso primero del artículo 156 de la Ley N° 18.883, concluye que el legislador, junto con reconocer el derecho que asiste a los funcionarios para formular reclamos ante esta Entidad de Control cuando se afecten sus derechos funcionarios, determinó que esas impugnaciones deben deducirse dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio que se alega. Por tanto, si la reclamación respectiva es interpuesta después de transcurrido el señalado término legal, corresponde que la desestime por extemporánea, tal como aconteció respecto del actor.

Por otra parte, indica que tampoco su actuación puede ser catalogada de arbitraria, ya que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, pues el oficio impugnado fue expedido en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho y que tuvo en consideración las facultades que el ordenamiento le concede. Señala que la simple lectura del oficio recurrido permite advertir que este contiene los fundamentos fácticos y jurídicos que condujeron a tomar la determinación cuestionada. Y el hecho de que el actor no comparta la interpretación jurídica, en ningún caso torna en arbitrario el pronunciamiento en comento.

En consecuencia, estima que la presente acción cautelar no satisface los requisitos de procedencia, en cuanto impugna una actuación legítima de esta Institución Fiscalizadora, ejercida en uso de sus facultades dentro del marco jurídico que regula sus atribuciones, adecuándose plenamente a derecho.

Afirma que el actor yerra al afirmar que al asunto versa sobre el plazo de prescripción de los derechos estatutarios.

En este sentido, reitera que la extemporaneidad del reclamo deducido por el señor nombre reservado tiene su fundamento en lo dispuesto por el precitado artículo 156, inciso primero, de la Ley N° 18.883; entonces, el asunto de que se trata versa sobre el cumplimiento de una norma procedimental, cual es la que fija el plazo para que los funcionarios municipales reclamen ante la Contraloría General, y, en ningún caso, como erradamente lo entiende el recurrente, sobre un aspecto de fondo, como es si su eventual derecho estatutario se encuentra o no prescrito, asunto que ni siquiera se menciona en el pronunciamiento impugnado. De allí que resulte del todo errada y no atingente la invocación que hace el actor en su libelo al artículo 157 de la Ley N° 18.883.

Por último, en cuanto a afectación de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, refiere que el derecho a un justo y racional procedimiento no se encuentra incluido en el catálogo de derechos que pueden ser objeto de la acción de autos, por lo que corresponde que la presente alegación sea desestimada por ser absolutamente improcedente. Luego, en relación al derecho de propiedad, indica que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha declarado que el nombramiento de un funcionario en un empleo no confiere el derecho de propiedad sobre él ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que involucra el dominio, ya que no otorga al empleado ninguna forma de propiedad sobre el empleo sino sólo el de estabilidad, que se mantendrá mientras no opere una causal legal de cesación de funciones o expiración de ella. De esta forma, mal puede alegar el actor un supuesto derecho de propiedad sobre el cargo que desempeñaba en la Municipalidad de Renca. Por lo demás, considera forzoso reiterar que sólo se limitó a señalar que el reclamo del actor resultó extemporáneo, sin que haya emitido pronunciamiento alguno acerca de la decisión de la Municipalidad de Renca de poner término a su suplencia. En consecuencia, no se advierte cómo podría haber vulnerado el derecho de propiedad del recurrente.

Tercero: Que, por su parte, mediante Oficio N° 1428, de 2 de mayo del año en curso, informa don nombre reservado, Administrador Municipal de la Ilustre Municipalidad de Renca, exponiendo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley N° 19.728, el recurrente no se encuentra amparado por el Seguro de Cesantía, que se haya establecido a favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo.

Además, a fin de acreditar la inexistencia de deuda previsional, acompaña certificado de pago de cotizaciones previsionales entre los meses de abril y diciembre de 2018, enteradas por la Municipalidad, junto con la liquidación de sueldo correspondiente a la última remuneración percibida por el actor y el pago del bono de modernización efectuado el pasado mes de diciembre.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, al efecto, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema dispone en su artículo 1° que “el recurso o acción de protección se interpondrá (…) dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”.

Sexto: Que, en la especie, el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario consiste en el Oficio N° 3.275, de 5 de marzo del año en curso, respecto del cual el recurrente afirma haber tomado conocimiento con fecha 26 de marzo, acompañando al efecto una copia de la decisión impugnada, a la que se adjunta una hoja –sin que se aprecie su emisor- donde se leen firmas, apareciendo la del actor, junto a la referida fecha.

Sin embargo, por su parte, la recurrida da cuenta que, conforme al seguimiento de Correos de Chile del envío del Oficio de que se trata, este fue recibido por su destinatario con fecha 12 de marzo del año en curso, lo que no pudo ser desvirtuado por el recurrente, debiendo por tanto acogerse la alegación de extemporaneidad formulada por la parte recurrida.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, la actuación que se tilda de ilegal y arbitraria a través del presente recurso es sólo la declaración de extemporaneidad del reclamo formulado ante la Contraloría Regional Metropolitana, sin que se impugne directamente la decisión adoptada por la Municipalidad de Renca o los eventuales incumplimientos a sus obligaciones previsionales –que igualmente fueron desvirtuados en el proceso-, por lo que las alegaciones del recurrente en tal sentido resultan del todo impertinentes.

Y atendido que lo formulado ante el órgano contralor fue precisamente un reclamo, por estimar que se han producido vicios de legalidad en los actos de la autoridad edilicia que han afectado sus derechos, lo cierto es que la presentación del actor ha de entenderse necesariamente formulada conforme al artículo 156 de la Ley N° 18.883, de lo cual se concluye que el acto que sirve de fundamento al presente recurso, se ajusta a derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por don nombre reservado.

Regístrese y archívese.

N°Protección-30214-2019.