nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERADO:

PRIMERO: Que, recurre de protección don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes por el acto arbitrario e ilegal consistente en efectuar descuentos de sus remuneraciones sin causa ni justificación, vulnerando las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de República.

En cuanto a los hechos que fundamentan su recurso, señala que el recurrente trabaja en Grafton Recruiment Chile y al momento de recibir su remuneración en el mes de febrero del año 2021, dentro de los emolumentos de descuentos previsionales, existe un descuento automático informado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por la suma de $57.423. Su empleador le indicó que ello procedía de un crédito social que fue solicitado en el año 2016 a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por un monto de $2.583.654.

Expone que, el mencionado crédito social lo solicitó a la recurrida y se otorgó con fecha 28 de diciembre de 2016, por un monto de $2.583.654 pagaderos en 36 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de $117.736, con vencimiento la primera de ellas el día 28 de febrero de 2017. Así las cosas, el último pago se efectuó el día 30 de diciembre de 2017, quedando en mora desde la cuota N° 11, adeudando las cuotas 11 a la 36, por lo que, según lo indicado, los descuentos se fundan en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Indica que si bien es cierto que existe un sistema de información de las cajas de compensación para evitar riesgos financieros y ubicar a los morosos que han cambiado de caja de compensación o que han sido desvinculados de la empresa afiliada, el uso de este mecanismo excede sus atribuciones, toda vez que el crédito social que se le otorgó se paga mediante retención de cuotas en su remuneración.

Agrega que la recurrida busca un doble pago de la acreencia por cuanto inicio un juicio ejecutivo con fecha 25 de febrero de 2019 y se encuentra actualmente en tramitación, razón por la cual mientras retiene parte de su remuneración, además busca el pago íntegro de lo adeudado o el embargo de sus bienes.

En mérito de lo expuesto solicita se ordene cesar las retenciones efectuadas desde las remuneraciones del actor, toda vez que los descuentos realizados por la caja de compensación exceden sus atribuciones, declarando además que la conducta es arbitraria e ilegal aun después de cesada su acción y que se ordene restituir las cuotas descontadas de las remuneraciones en su totalidad.

Acompaña a su recurso, liquidaciones de remuneraciones de febrero y marzo de 2021.

SEGUNDO: Que, informa don Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, indicando que con fecha 28 de diciembre de 2016, Caja Los Andes otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código 012CON100162198, por un capital inicial de $2.583.654.-, pagadero en un plazo de 36 meses, cuotas mensuales de $117.736, cuyo primer vencimiento correspondió el 28 de febrero de 2017; las cuotas del mes de febrero a agosto 2017 -N°1 a la N°7-, fueron pagadas regularmente a través de descuentos en la remuneración de dichos meses, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833; luego las cuotas de septiembre a noviembre 2017, N°8 a la N°10, fueron solucionadas a través del seguro de cesantía contratado por el Sr. nombre reservado, cesando en el pago de las cuotas posteriores.

Afirma que, ante la falta de pago, su representada, con fecha 25 de febrero de 2019, dedujo demanda ejecutiva para perseguir el cobro del pagaré suscrito en garantía del pago de la referida operación, en autos ROL C-7489-2019 del 2º Juzgado Civil de Santiago, la que hasta la presente fecha permanece sin haber sido legalmente notificada.

Posteriormente, con fecha 08 de junio de 2020, y con el fin de solucionar su situación de morosidad, el Sr. nombre reservado efectuó una reprogramación de la deuda por la suma de $1.335.981, pagadero en 36 cuotas mensuales de $54.592, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de agosto 2020. Las cuotas de agosto a octubre de 2020, Nº1 a Nº3, fueron pagadas durante el periodo que va desde el 10 de diciembre de 2020 al 18 de marzo de 2021.

Sostiene que, a la presente fecha, la referida operación mantiene en morosidad las cuotas de noviembre de 2020 a febrero de 2021, y aun por vencer aquellas que van desde marzo de 2021 a julio de 2023.

Refiere que, posteriormente habiéndose detectado el ingreso del recurrente como trabajador de una entidad afiliada a su representada, a contar del mes de noviembre de 2020, se informó al empleador para la realización de descuentos en su remuneración para el cobro de cuotas adeudadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº18.833, recaudándose las cuotas Nº2 a Nº5.

Señala que, a la fecha del informe, la referida operación crediticia mantiene en morosidad las cuotas de abril de 2018 a octubre de 2019.

En consecuencia, el crédito se encuentra plenamente vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro no se encuentran prescrita, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno y conforme a la reprogramación, la operación de crédito mantiene por vencer cuotas hasta el mes de julio de 2023.

En cuanto al juicio ejecutivo iniciado en contra del actor, indica que con fecha 25 de febrero de 2019, dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza la operación de crédito 012CON100162198, la que se encuentra en tramitación bajo el ROL C-7489-2019 del 2º Juzgado Civil de Santiago, la cual hasta el momento permanece sin haber sido notificada legalmente, por lo que no cabe hablar de “litigio pendiente”, por cuanto aún no ha sido trabada la litis. Sin embargo, al haber reprogramado la deuda, su representada se desistió de las gestiones tendientes a la notificación de la demanda, archivándose la causa, hasta el 15 de enero de 2021 en que compareció el recurrente notificándose expresamente y oponiendo excepciones a la ejecución. Sin perjuicio de lo anterior, la acción ejecutiva no es óbice para la aplicación de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833.

Expone a continuación que los descuentos a aplicar en una remuneración tienen su asidero en el artículo 22 inciso 1° de la ley N° 18.833, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N° 91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso 1° de la ley N° 17.322 y Circular N° 2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados. Normas que en resumen describen el mecanismo del pago del crédito social, que opera, mediante el descuento y retención de la respectiva cuota a pagar del crédito social, en las remuneraciones del trabajador, por parte del empleador.

Finalmente señala que la obligación es líquida y actualmente exigible, no se ha declarado judicialmente la prescripción, debido a que el procedimiento utilizado es plenamente aplicable.

Niega la vulneración a las garantías fundamentales y solicita el rechazo del recurso.

Acompaña a su informe, COPIA DE REPROGRAMACION suscrita el 8 de junio de 2020, por el recurrente, con timbre de notario y fecha TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

CUARTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental; Se sostiene también, uniformemente, que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

QUINTO: Que, el quid del asunto sometido a conocimiento de esta Corte dice relación con el descuento en las remuneraciones del recurrente, quien las impugna por no corresponder, sin perjuicio que reconoce haber tomado un crédito con la Caja de Compensación de Los Andes.

Por su parte el recurrido expone que con fecha 28 de diciembre de 2016, otorgó al Sr. nombre reservado la operación de crédito código 012CON100162198, por un capital inicial de $2.583.654.-, pagadero en un plazo de 36 meses, cuotas mensuales de $117.736, cuyo primer vencimiento correspondió el 28 de febrero de 2017. Posteriormente, con fecha 08 de junio de 2020, y encontrándose en morosidad, el recurrente efectuó una reprogramación de la deuda por la suma de $1.335.981, pagadero en 36 cuotas mensuales de $54.592, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de agosto 2020.

SEXTO: Que cabe tener presente que los descuentos a aplicar en una remuneración tienen su asidero en el artículo 22 inciso 1° de la ley N° 18.833, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N° 91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso 1° de la ley N° 17.322 y Circular N° 2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados. Así, el pago del crédito social opera, mediante el descuento y retención de la respectiva cuota a pagar en las remuneraciones del trabajador, por parte del empleador.

SÉPTIMO: Que, en este escenario resulta evidente que el recurso de protección deducido no puede prosperar, pues el problema que se ha planteado a esta Corte dice más bien relación con el eventual incumplimiento de las obligaciones emanadas de una convención celebrada entre las partes. De este modo, como primera cuestión fundamental debe señalarse que el recurrente no es titular de un derecho indubitado, en tanto la recurrida controvierte que sean efectivas las alegaciones de ésta y que, a mayor abundamiento, el propio actor es quien suscribió una reprogramación de la deuda con su parte en junio de 2020, lo cual no ha sido desconocido por éste, (acompañada al informe), por lo que la controversia planteada debe, evidentemente, ser desestimada, no existiendo derecho indubitado que permita el ejercicio de la presente acción, ni tampoco se vislumbra acto ilegal y arbitrario imputable a la recurrida, por lo que no cabe más que rechazar por estos motivos el presente arbitrio.

OCTAVO: Que, de acuerdo con lo razonado precedentemente, al haberse descartado la realización de conductas u omisiones arbitrarias o ilegales por parte de la recurrida, y de la ausencia del ejercicio ilegítimo de un derecho, resulta innecesario analizar los derechos denunciados como conculcados por no verificarse los presupuestos del artículo 20 de la Carta Fundamental, para otorgar la cautela requerida.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso interpuesto por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la Ministro (s) doña María Paula Merino Verdugo.

Protección 2998-2021.- No firma el abogado integrante señor Asenjo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile, integrada además, por la Ministra (S) señora María Paula Merino Verdugo y el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.