Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, tres de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Sergio Aburto Mayorga, abogado, en representación de doña nombre reservado, nacional cubana, instructora de danza, N° de Pasaporte NUM000, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado legalmente por don nombre reservado

nombre reservado, por haber sido perturbada la recurrente en el ejercicio de sus garantías constitucionales al negársele la posibilidad de formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada sin la previa obtención de la autodenuncia ante la Policía de Investigaciones de Chile.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que contraviene el principio de no devolución y las disposiciones legales vigentes en materia de refugio, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de asilo que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se ordene al Servicio Nacional de Migraciones ingresar a tramitación la solicitud de refugio de la recurrente.

Expone que la actora ingresó irregularmente a Chile el 2 de febrero de 2025 por el Paso Colchane, proveniente desde Bolivia, sin presentarse ante la Policía de Investigaciones. Desde dicho punto fronterizo viajó a Santiago, donde la esperaba su primo nombre reservado, nacional cubano con residencia definitiva en el país.

Los hechos que motivaron su salida de Cuba se remontan a febrero de 2024, cuando la recurrente, quien se desempeñaba como profesora de danza en la Institución Educativa nombre reservado de la ciudad de Las Tunas desde el año 2011, fue objeto de acoso y agresión sexual por parte del Director de dicho establecimiento, de nombre nombre reservado. Según relata, durante el desarrollo de una actividad pedagógica, el mencionado Director la llamó a su oficina manifestándole que "estaba enamorado de ella y quería tener sexo con ella", tocándose paralelamente sus partes íntimas.

Ante la negativa de la recurrente, quien salió indignada del despacho, fue perseguida hasta su aula donde el agresor intentó violentarla. En la lucha que se suscitó, la recurrente logró defenderse causándole heridas al agresor, pero este le propinó golpes que le ocasionaron síndrome de Meniere. Posteriormente, recibió amenazas para que no denunciara los hechos, por lo que se refugió en casa de su madre junto a su hija menor de edad, quien permaneció en Cuba al cuidado de su abuela materna.

Consecuentemente, y financiada por el padre de su hija, la recurrente salió de Cuba el 14 de noviembre de 2024 hacia Guyana, donde permaneció dos meses trabajando para reunir dinero y proseguir su viaje. El 21 de enero de 2025 salió de Guyana rumbo a Chile, llegando a Colchane el 02 de febrero del año en curso.

Al llegar a Santiago el 3 de febrero de 2025, y dentro del plazo de siete días hábiles establecido en el artículo 26 de la Ley 20.430, fue llevada por su primo al Servicio Nacional de Migraciones, Sección Refugio y Reasentamiento, con el objeto de formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada. Sin embargo, el analista que la atendió le manifestó que no podía dar inicio al proceso de solicitud de refugio hasta que obtuviera la autodenuncia que otorga la Policía de Investigaciones, quedando la recurrente sin posibilidad de ejercer su derecho a formalizar dicha solicitud.

Por tal motivo, el 5 de febrero de 2025 solicitó en línea a la Policía de Investigaciones citación para autodenunciarse, sin que hasta la fecha de interposición del recurso haya sido citada a las dependencias policiales para extenderle la Tarjeta de Identificación de Migrante Infractor, no obstante haber recibido la Declaración Voluntaria de Ingreso Clandestino N° NUM001.

Invoca en primer término que el caso se encuentra subsumido en el artículo 2 N° 2 de la Ley 20.430, que reconoce la condición de refugiado a las personas que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Argumenta que la libertad sexual de la recurrente fue transgredida por una persona que, abusando de su situación de poder y siendo miembro activo del Partido Comunista Cubano, trató de violentarla sexualmente, dentro de un contexto político en Cuba caracterizado por una violación masiva y generalizada de los derechos humanos.

Sostiene que la actuación del Servicio Nacional de Migraciones infringe el principio de no devolución consagrado en el artículo 4 de la Ley 20.430 y en el artículo 6° inciso cuarto del Decreto 837, el cual se aplica desde el momento en que el extranjero manifiesta de forma oral o escrita su intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, sin que el legislador exija requisito adicional alguno para tal efecto. En este sentido, hace presente que el Servicio Nacional de Migraciones dictó la Resolución Exenta N° 21.726 de 11 de mayo de 2023, que aprobó el Manual de Procedimiento Administrativo del Departamento de Refugio y Reasentamiento, el cual establece expresamente que toda persona que se encuentre dentro del territorio nacional puede solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, sea que su ingreso o residencia sea regular o irregular, y que el hecho de que el migrante no se haya presentado ante la Policía de Investigaciones no será obstáculo para iniciar dicha solicitud.

En relación con las garantías constitucionales vulneradas, el recurso sostiene que se ha infringido el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, esto es, la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que la recurrida no ha dado la oportunidad a la recurrente de ser entrevistada y escuchar su testimonio sobre la situación vivida en Cuba, como tampoco ha ofrecido un canal de comunicación objetivo, expedito e inmediato para hacer efectiva la recepción de su testimonio. Igualmente, se vulnera el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece el derecho de toda persona a buscar asilo en caso de persecución, así como el artículo 5° de la Constitución Política que impone a los órganos del Estado el deber de respetar y promover los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se decrete que la recurrida ordene a un funcionario del Servicio ingresar a tramitación la solicitud de refugio de doña nombre reservado, con su timbraje respectivo, para obtener la visa temporaria como solicitante de refugio mientras espera la evaluación de su situación por parte de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.

SEGUNDO: Que evacuando el informe requerido en autos, compareció don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Señala que doña nombre reservado, de nacionalidad cubana, no registra fecha de ingreso al país en sus sistemas, por lo que necesariamente se desprende su ingreso clandestino al territorio nacional, eludiendo los controles migratorios fronterizos. Asimismo, señala que no consta en los registros del Servicio que la extranjera recurrente hubiere realizado solicitud alguna destinada al reconocimiento de su condición de refugiada, como tampoco que hubiese manifestado a la autoridad contralora su intención de solicitar refugio en frontera. Finalmente, hace presente que la autoridad migratoria no ha dictado sanción migratoria alguna en contra de la extranjera recurrente.

Expone en primer término los cambios legislativos operados en la materia, indicando que con fecha 20 de febrero de 2024 se publicó y entró en vigencia la Ley N° 21.655, que modificó la Ley N° 20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Esta normativa realizó importantes modificaciones a la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y estableció nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio, especialmente con la modificación de los artículos 2, 3, 6, 26 y 32, junto con la incorporación de los artículos 28 bis y 28 ter.

Explica que el procedimiento administrativo vigente, se encuentra regulado principalmente por la Ley N° 20.430, la Ley N° 21.665 que la modificó, el Decreto N° 837 que fija su Reglamento, y algunas normas de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. Detalla que la presentación de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra especialmente regulada en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, conforme al cual toda persona se encuentra habilitada para solicitar en Chile el reconocimiento de la condición de refugiado, con independencia de su condición migratoria, siempre que se encuentre en territorio nacional.

No obstante lo anterior, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada con arreglo a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N° 20.430, y a los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento. Los requisitos para la formalización comprenden: que el solicitante haya manifestado su intención de solicitar refugio ante autoridad competente y dentro del plazo legal; que se hayan cumplido los requisitos establecidos para solicitantes que hayan ingresado por paso no habilitado o que ostentan condición migratoria irregular; que la solicitud contenga las menciones mínimas exigidas por el artículo 28 de la Ley N° 20.430; y que del análisis de la solicitud, ésta sea declarada admisible por tener suficientes fundamentos.

Indica que todo extranjero que ingrese al territorio nacional con el objeto de solicitar refugio debe informar a la autoridad contralora de frontera sobre su intención, siendo trasladado posteriormente a la dependencia más cercana de la Policía de Investigaciones. Luego, el solicitante deberá manifestar su voluntad de solicitar refugio en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones en el plazo fatal de siete días contados desde su ingreso al país.

Refiere que el artículo 6 de la Ley N° 20.430 y los artículos 8° y 35° de su Reglamento establecen que aquellos extranjeros que ingresen de manera clandestina o cuya residencia sea irregular pueden formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado sin perjuicio de la infracción cometida, presentándose ante la Policía de Investigaciones dentro del término de 10 días contados desde la infracción migratoria.

Señala toda solicitud debe contener información y documentación mínima según lo establecido en el artículo 37 del Reglamento, y de no cumplir con las menciones y documentos exigidos, se notificará al solicitante otorgándole un plazo de 15 días hábiles para subsanar su solicitud.

Finalmente, como requisito de admisibilidad, la solicitud debe ser fundada conforme al artículo 28 bis de la Ley N° 20.430, verificándose mediante una entrevista de admisibilidad que se realiza en no más de 20 días desde la presentación o subsanación de la solicitud.

Afirma que no existen fundamentos reales que sustenten la pretensión contenida en la acción constitucional, toda vez que la recurrente, según consta en sus registros, no ha presentado solicitud alguna destinada al reconocimiento de la calidad de refugiada en el territorio nacional, ni ha acompañado documentación alguna junto a la acción que permita demostrar lo contrario. A mayor abundamiento, indica que en la actualidad no existe obstáculo para que la recurrente concurra a alguna de las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones para manifestar debidamente su voluntad de solicitar refugio y ser entrevistada por el Departamento de Refugio y Protección Internacional.

En consecuencia, la recurrida concluye que no se vislumbran antecedentes objetivos que reflejen un actuar negligente o una conducta omisiva que infrinja las disposiciones de la Ley N° 20.430 y su Reglamento, ni tampoco se distingue un acto u omisión ilegal o arbitrario por el cual se haya privado, vulnerado o amenazado el derecho fundamental que se pretende cautelar.

Por estas razones, la autoridad recurrida solicita tener por evacuado el informe requerido y el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de alguna de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

CUARTO: Que, en este caso, la recurrente indica en el recurso que ingresó a Chile por paso no habilitado el 2 de febrero de 2025 y, por su parte, la recurrida en su informe señala que la actora se presentó ante la autoridad migratoria, el 3 de febrero de 2025, a solicitar el refugio.

QUINTO: Que, según consta de los antecedentes la extranjera nombre reservado, de nacionalidad cubana, estando en situación migratoria irregular se presentó ante el Servicio recurrido con el fin de requerir la condición de refugiado. No obstante ello, se le habría informado que no procedía ya que no contaba con la autodenuncia ante la Policía de Investigaciones de Chile.

SEXTO: Que, asimismo, consta que la autoridad recurrida no emitió su pronunciamiento atendido que no consta en el sistema ingreso de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, presentada por la extranjera nombre reservado y, encontrándose dicho proceder ajustado a derecho y careciendo de toda arbitrariedad que vulnere la garantía invocada por la recurrente.

SÉPTIMO: Que, en conclusión, del mérito de los antecedentes agregados a la presente causa, y en especial lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, se advierte que la autoridad recurrida, no ha emitido pronunciamiento al no haberse efectuado petición alguna, por lo que no se configura acto ilegal y arbitrario alguno, que pueda constituir una perturbación o amenaza a la garantía constitucional invocada por el por la recurrente de autos.

Por estas consideraciones y lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso deducido en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 2991-2025. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: