23 PEOPLE SPA con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Santiago, once de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece María Pía Bequer Nuñez, abogada, domiciliada en domicilio reservado, quien actúa en representación de la sociedad 23 PEOPLE SpA, en adelante la recurrente, interpone acción constitucional de protección de garantías constitucionales en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por don nombre reservado , en adelante la recurrida, por el acto arbitrario e ilegal que refiere que conculca a su respecto las garantías constitucionales de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 14 de noviembre de 2018, la recurrente solicitó (aunque no precisa a quién) un certificado de ex adherente para verificar la tasa de cotización adicional y número de antecedentes (debiera decir adherentes) en el certificado que señala (no se indica cuál ni se acompaña) que la empresa no ha tenido accidentes del trabajo ni enfermedades profesionales, verificándose por tanto una cotización errónea.

Con fecha 19 de noviembre de 2018 se le solicita a la Mutual (no precisa cuál) la devolución de cotizaciones pagadas en exceso a la fecha y que, además, se corrija el Código CHU, ajustándose todos los documentos para hacer efectiva la solicitud.

Indica que la Mutual responde en carta con dirección errónea y con fecha 22 de noviembre de 2018, se la emplaza para que fije la tasa adicional de la empresa para corregir el error y enterar lo pagado, lo que se sigue pagando. La actitud de la Mutual, fue dar nuevamente respuesta a la dirección errónea.

La recurrente, se encuentra en una situación de hecho errónea y siendo pyme, no registra accidente laboral alguno y con el giro ingresado en el Servicio de Impuestos Internos como “Servicios Informáticos” es de responsabilidad de la Mutual asegurarse que los usuarios sean ingresados correctamente en el sistema ya que de lo contrario se aprovecha de su falta de conocimiento.

Las cantidades pagadas en exceso y la negación de la Mutual a corregir el Código, le generan ingresos que no corresponden y se produce un enriquecimiento sin causa, a costa de la recurrente sin justificación alguna generándole un daño.

Agrega que el 11 de marzo de 2019, ante la recurrida presentó la acción de reconsideración (no precisa la respectiva resolución) que fue rechazada el 8 de marzo de 2019 por no existir nuevos antecedentes.

Solicita que acogiendo el recurso, la recurrida obligue a la Mutual a la corrección del Código registrado para la recurrente y se le restituya de los dineros pagados en exceso, con costas.

SEGUNDO: Que, actuando por la recurrida, informa a esta Corte el abogado don Tomás Garró Gómez, y lo hace, suponiendo que se le imputa a su representada, arbitrariedad e ilegalidad en la dictación de la Resolución R-010-S-033777-2019 de 18 de marzo de 2019, que no acogió un recurso de reconsideración administrativo interpuesto el 11 de marzo de 2019 en contra de la Resolución N° R 01-ISESAT-01536-2019 de 15 de febrero de 2019, que rechazó un reclamo contra la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, en adelante MUSEG y contra la Asociación Chilena de Seguridad, en adelante ACHS, en materia de cotización adicional de la Ley 16.744 que creó un Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en el marco de un procedimiento de reclamo previsto en el inciso tercero del artículo 77 de esa Ley.

En primer lugar, solicita el rechazo del recurso por Extemporáneo, por los siguientes motivos:

a) El recurso contra la Resolución R-01-S-03377-019 de 18 de marzo de 2019, fue interpuesto el 22 de abril de 2019, en circunstancia que la recurrente a más tardar el 11 de marzo de 2019, fecha en que solicitó la reconsideración, ya estaba en conocimiento del primer pronunciamiento de la recurrida mediante la Resolución N° R-01-ISESAT-01536-2019 de 15 de febrero de 2019 respecto del reclamo presentado. Por ello, el plazo de 20 días para la interposición del recurso debe contarse desde el 11 de marzo y al haber esto ocurrido el 22 de abril de 2019 se encuentra fuera de plazo de conformidad con el Auto Acordado de la Excma Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección.

b) El 14 de enero de 2019, la recurrente reclamó ante la recurrida por la cotización adicional destinada a financiar las prestaciones económicas y médicas contempladas en la cobertura del seguro social obligatorio de la Ley 16.744 que fuera determinada por la MUSEG lo que deja de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de la acción constitucional.

En consecuencia, el presente recurso que persigue rebajar o modificar la cotización adicional, y siendo el requisito del plazo objetivo para su interposición, debe rechazarse por Extemporáneo.

Sin perjuicio de lo anterior, la recurrida señala que lo que se plantea en el recurso, son las implicancias de cobertura del seguro social de la recurrente y los efectos patrimoniales, aspectos específicos del derecho a la seguridad social y por ende, materia excluida de la acción cautelar intentada; no es posible accionar por vía de una protección por improcedente en materias de seguridad social, desde que los derechos establecidos en el artículo 19 Nº 18 de la Carta Fundamental no son exigibles por esta vía y en el caso en comento, el arbitrio versa sobre el porcentaje de cotización de un empleador con respecto al monto de las cotizaciones para la cobertura del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al fondo, en relación con lo planteado por la recurrente, el artículo 30 de la Ley 16.395 establece que a la recurrida le corresponde la fiscalización de la Instituciones que se dediquen al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se rigen por la Ley N° 16.744 y sus Reglamentos.

El Seguro Social en comento, se financia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16.744, mediante una cotización del 0,90% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador a la que se agrega una extraordinaria de un 0,05% fijada transitoriamente por ley y la cotización adicional diferenciada, en función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad empleadora, la que no puede exceder de un 3,4% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador.

La administración de este Seguro Social, corresponde de acuerdo al artículo 11 de la Ley 16.744 al Instituto de Seguridad Laboral como sucesor del Instituto de Normalización Previsional y éste del Seguro Social y a las Mutualidades de Empleadores respecto de los trabajadores de entidades empleadoras y entre éstas, a la ACHS Mutualidad a la que se encuentra adherida la recurrente.

El artículo 12 inciso 5° de la Ley 16.744 dispone que: “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones de conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos.”

La recurrente, sostiene que el 14 de enero de 2019, recurrió ante la recurrida reclamando contra la MUSEG por haberle fijado un 2,55% como tasa de cotización adicional diferencia del Seguro Social contra Riesgos Profesionales, lo que estaría pagando desde octubre del año 2016 y agrega, que estuvo adherida al Instituto de Previsión Social hasta septiembre de 2016 cotizando bajo el Código CIIU N° 6202200 en la actividad económica “Actividades de Consultoría de Informática y Gestión de Instalaciones” que según el DS. N° 110 tendría una tasa asignada de (0). El 13 de septiembre de 2016 se adhirió a la MUSEG y por razones que ignora, se le inscribió bajo el Código de Actividad Económica 454000 “Obras Menores de Construcción (Albañiles, Carpinteros)” por la que corresponde una tasa de cotización adicional de 2,55%, resultando una tasa total de 3,5%.

Señala que en su oportunidad, reclamó a la MUSEG sin tener respuesta y solución al problema, alegando que no recibió la carta de aceptación del proceso de afiliación por error en la dirección, ya que se la enviaron a Nuestra Señora de los Ángeles N° 185 OF. D, Las Condes, siendo la correcta domicilio reservado, Por lo anterior, el 01 de mayo de 2018 se adhirió a la ACHS donde le mantuvieron la tasa fijada por la MUSEG, indicando que no ha tenido denuncias por accidentes del trabajo.

Finalmente, la recurrida pidió informe a MUSEG y ACHS, quienes informaron que las comunicaciones que se dirigieron a la recurrente en que le comunicaron su ingreso y adhesión bajo el Código 45500 (Obras Menores de Construcción) fueron dirigidas al domicilio que ella había registrado de lo Nuestra Señora de los Ángeles N° 185, OF. D, Las Condes.

La recurrida, concluye señalando que no ha incurrido en un acto arbitrario o ilegal en la dictación de las dos Resoluciones señaladas precedentemente, haciendo constar a la empresa que su reclamación era inadmisible por extemporánea por haberse presentado fuera del plazo de 90 días establecido en los artículos 19 del Decreto Supremo N° 67 y 77 de la Ley 16.744.

Termina señalando que no ha incurrido en un acto arbitrario o ilegal y, asimismo, no ha conculcado las garantías constitucionales que señala la recurrente, pidiendo el rechazo del recurso con costas TERCERO: Que, el recurso de protección es una acción cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, en cuanto a la extemporaneidad planteada por la recurrida, acorde con los antecedentes acompañados, la recurrente señala haber reclamado ante ella que MUSEG y la ACHS le aplican, la primera, desde octubre del año 2016 una tasa de cotización por concepto de Seguro Social de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que no era la que correspondía considerando el Código y actividad que desempeñaba, pidiendo el reintegro de lo pagado en exceso.

El reclamo, fue rechazado por la recurrida en Resolución N° R 01-ISESAT-01536-2019 de 15 febrero de 2019 y ante ello, el 11 de marzo de 2019 presentó una reconsideración que no fue acogida en la Resolución R-01-S- 03377-2019 de fecha 18 de marzo de 2019. Por ello, la negativa a lo pedido que se tilda como acto arbitrario e ilegal, ya estaba en conocimiento de la recurrente al tiempo de presentar la reconsideración y desde esta fecha a la presentación del arbitrio que fue el 22 de abril de 2019, había transcurrido en exceso el plazo de 30 días para la interposición del recurso de conformidad con el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, por lo que éste resulta ser extemporáneo.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, la acción intentada es, además, improcedente, si lo que se dice conculcado es un derecho relativo a la seguridad social. En efecto, el artículo 20 de la Constitución Política de la República no contempla entre los derechos protegidos la garantía del N° 18 del artículo 19 de suerte que lo referente a las tasas de cotizaciones que son de cargo de las entidades empleadoras tratándose del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que entre otros factores consideran el código, actividad y siniestralidad del empleador para determinarla y proceder a su integro, por tratarse de una materia de seguridad social, no puede ser revisada por esta vía cautelar.

Si bien es cierto, la recurrente no menciona el N° 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, lo que reprocha es que se le ha conculcado el derecho a que le sean reintegrados dineros que señala haber pagado en exceso por la aplicación de tasas que no son las que debe considerarse a su respecto por la actividad que desarrolla relacionada con la informática y nó con obras menores de la construcción, lo que importa emitir pronunciamiento en una materia de seguridad social.

SEXTO: Que finalmente, no se divisa que la recurrida haya incurrido en un acto arbitrario sinónimo de caprichoso o ilegal contrario a la ley, al dictar las Resoluciones que se han citado, lo que efectuó teniendo en consideración lo informado por MUSEG y ACHS, esto es, que en su oportunidad, comunicaron a la recurrente la aceptación a la afiliación, código y actividad bajo las cuales se integraba a esas Mutuales, calificaciones que no fueron impugnado por la recurrente quien ha alegado cambio de domicilio registrado en esa Instituciones, sin que sea imputable a la recurrida que para efecto de las notificaciones no haya actualizado el domicilio donde desarrollaba su actividad, lo que era procedente teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto Supremo N° 67 y 77 de la Ley 16.744.

En consecuencia, la recurrida actuó en uso de sus facultades contempladas en la ley 20.691, razón por la que recurso será desestimado sin que se estime necesario emitir pronunciamiento sobre las garantías constitucionales que se estiman conculcadas por la recurrente.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, con costas, la acción constitucional interpuesta en favor de la sociedad 23 PEOPLE SpA por la abogada María Pía Bequer Nuñez.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado Integrante señor Guerrero Pavez.

Rol Protección N° 29871-2019.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y por el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.